Editoriales y Opiniones

Por José María Tojeira

Hoy disponemos de la ley que llamamos LEIV, por sus siglas, dedicada a proteger de la violencia la vida de la mujer. La Ley ha sido un adelanto claro en nuestra legislación, pero las instituciones no acaban de responder adecuadamente a las exigencias de la normativa. Los feminicidios han aumentado en el año 2021 respecto a los cometidos en el año anterior. Las más de 7 mil lesiones infligidas a mujeres en 2021, las más de 3 mil agresiones sexuales, la gran cantidad de embarazos de niñas y adolescentes, junto con la impunidad existente para estos delitos, nos muestran hoy, Día Internacional de la Mujer, que nuestras instituciones son sumamente ineficientes a la hora de aplicar las leyes. Lo eran en el pasado y lo siguen siendo en la actualidad. El exceso de casos en impunidad lo demuestra. El hecho de que se mantenga en sus puestos políticos o administrativos, sin sanción ni crítica, a acosadores de mujeres muestra la hipocresía de quienes critican la LEIV. Si bien es cierto que funcionarios o políticos acosadores los ha habido en todos los Gobiernos, quienes se llenan hoy la boca hablando de moralidad deberían ser un poco más humildes, dado su tejado de vidrio. Con razón las mujeres han protestado públicamente el domingo, anticipando su reclamo del Día Internacional de la Mujer que este día conmemoramos.

Las masacres del pasado, crímenes de lesa humanidad, en las que con frecuencia se asesinaba a un gran número de mujeres y niños, continúan en la impunidad y son también casos pendientes. Ahí ni funcionan las instituciones, ni hay leyes adecuadas que permitan un enjuiciamiento claro y pronto de lo sucedido. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó la elaboración de una ley de justicia transicional que facilitara el enjuiciamiento de esos crímenes. Pronto se cumplirán seis años del mandato constitucional y la mencionada ley continúa sin aparecer. Cuando hubo un primer intento, el presidente actual la vetó. Sus diputados ahora dan la impresión de que no saben qué hacer. Tal vez les sale una ley de dos páginas como la del bitcóin. La ignorancia de un buen número de ellos sobre el tema, manifestada en diversas declaraciones, hace prever que si algo se llega a publicar, no será de la calidad necesaria para satisfacer los fines de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición. Y mucho menos una ley transicional que ofrezca caminos de reconciliación.

El caso de la masacre en la UCA, hoy en desarrollo judicial, ha adquirido, con las declaraciones desquiciadas de algunos funcionarios, un excesivo sesgo político. Se desaprovecha además, incluso injuriando, los esfuerzos realizados por la acusación privada para llevar adelante el caso en un ambiente de reconciliación, diálogo y coherencia con la justicia transicional. De hecho, no es exagerado decir que en este caso ya se habían dado pasos previos para avanzar en una justicia transicional apropiada a la realidad salvadoreña. Pero al partido en el Gobierno no parece interesarle una justicia que, además de buscar verdad y justicia, trabaje posibles mecanismos de reconciliación. Los que mandan quieren explotar los sentimientos de venganza de un pueblo privado por demasiados años de justicia, y buscan responsables políticos con saña. Y al mismo tiempo se niegan a exigirle al Ejército que pida perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes cometidos o que abra sus archivos al respecto. Porque estos crímenes no fueron “exageraciones particulares” de algunos mandos, sino fruto de un política institucional de exterminio de opositores o de eliminación sistemática de una población civil que pudiera servir de apoyo a las guerrillas por vivir en la misma zona donde estas operaban.

En El Salvador hay demasiados casos pendientes. Todos importantes. Unos muy actuales, como los delitos cometidos contra la mujer, y otros con una larga historia de desdén hacia las víctimas e impunidad. Solamente el Idhuca ha llevado a la Fiscalía en torno a 70 casos que son verdaderos crímenes de lesa humanidad. Y hay muchos más. Basta con visitar el mural-memorial del parque Cuscatlán, leer nombres de personas y de masacres, para darse cuenta de ello. Sin una ley de justicia transicional que facilite el enjuiciamiento de estos casos corremos el riesgo de desvirtuar la justicia, mezclándola con esa especie de “pensamiento único” que quiere imponer el Gobierno y que no es más que una fatua pretensión condenada al fracaso. Poner todo el empeño en el caso jesuitas, sin una ley de justicia transicional que ayude al enjuiciamiento de los casos del pasado, y al mismo tiempo abandonando o entorpeciendo casos como el El Mozote, El Sumpul, la Quesera y otras muchas masacres, no es más que un enmascaramiento del deseo de impunidad, por mucho que digan lo contrario.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es necesario remarcar la necesidad de continuar con un proceso de trabajo serio que coloque los derechos de la mujer en paridad con los de los hombres y que, por supuesto, pare la violencia contra ellas. Si bien en esta materia se han dado avances notables en el país en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, en vez de dialogar sobre el tema, la política gubernamental actual privilegia el espectáculo y la confrontación. En estos día, una diputada de Nuevas Ideas criticó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, muy en la línea del afán de su partido de descalificar todo lo que no sea obra de ellos. Lo cierto es que dicha ley ha contribuido a frenar actitudes y acciones en contra de la mujer, aunque el machismo continúe presente de un modo insultante e hiriente, sobre todo en lo que respecta a los derechos básicos de las mujeres. Basta poner como ejemplo el no reconocimiento estatal de los derechos asociados a las tareas de cuido. En justicia, una mujer que cuida a sus hijos y a sus padres ancianos, dedicando la jornada completa a ello, tiene el mismo derecho a pensión que cualquier trabajador asalariado.

Muchos países han incorporado a la mujer al trabajo asalariado en igualdad de condiciones con el hombre y han organizado las tareas de cuido como parte de la responsabilidad del Estado. En el norte de Europa, se dan dos años de licencia laboral pagada por maternidad, repartiéndose ese tiempo entre el padre y la madre. Por idealista que esa meta parezca, caminar hacia ella es indispensable no solo para el desarrollo económico y social de El Salvador, sino también para su desarrollo ético y moral. Pero avanzar en esa dirección implica más que pequeñas decisiones simbólicas como aumentar ligeramente el tiempo de maternidad a las mujeres y dar unos días de permiso a los padres. Muchos hombres gustan de ponerse líricos al hablar de las madres, pero son reacios a regular los derechos de la mujer. Y da la impresión que en el actual Gobierno tanto hombres como mujeres optan por ese lirismo en lugar de dar pasos concretos hacia la plena igualdad de derechos.

Firmar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un paso que el Gobierno no se atreve a dar. Lo mismo que ratificar el Convenio 189 sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar; o crear una policía especializada en la persecución de los delitos contra la mujer, especialmente los sexuales, que en la mayoría de casos quedan impune. Es irresponsable decir que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres no sirve y que se hará una nueva. Una declaración de intenciones que solo desata preocupación al considerar la baja calidad legislativa del partido oficial. Comprometer al país con la supervisión de la ONU en la protección de los derechos de la mujer sería mucho más sensato y beneficioso que dar golpes de efecto y formular grandilocuencias vacías que dejan inalterada la dura realidad de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, presentó propuestas para reformar el Código Penal, el Código de Familia y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para dar mayor protección a las madres, niños y niñas.

Una de las propuestas es reformar el artículo 254 del Código de Familia para que la cuota alimenticia no sea no sea inferior al 20% del salario mínimo. Actualmente el código no define un monto específico.

Ortiz dice que la propuesta es para mejorar la vida de la gente más vulnerable.

Opinión de P. Rodolfo Cardenal, S.J.

Mientras el mundo se sumerge en un conflicto armado de gran envergadura con consecuencias humanas catastróficas, el presidente Bukele guarda silencio, ajeno a la realidad. “La verdadera guerra”, para él, “no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia… Solo quieren que mires para otro lado”. Y eso es, precisamente, lo que él hace. Mientras la guerra de Ucrania provoca la caída de las bolsas y se disparan hacia arriba los precios de los cereales (en concreto, del maíz y del trigo) y de los derivados del petróleo, lo cual encarecerá aún más la canasta básica y debilitará el crecimiento de la economía nacional, Bukele se complace en su hospital de pago para mascotas, en las condiciones para la maternidad y en megaproyectos cuya conclusión no está garantizada por falta de dinero y de capacidad de ejecución.

El presidente es especialista en mirar a otro lado. En lugar de prestar atención a los desafíos de la realidad nacional, la emprende contra las naciones occidentales, a las que descalifica sin mayor motivo como tiranías. Es así como se le ha ocurrido el siguiente “plan simple”: “Mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”. La tiranía de la que habla no es la de los imperialismos agresivos, como el de Rusia, sino la de la institucionalidad democrática. Liderazgos como el de Putin deben ser dejados en completa libertad para que actúen a su antojo. El concepto presidencial de libertad es compatible con el régimen autoritario, controlador e inquisidor.

El refugio de Bukele está pensado para aquellos que buscan escapar del sistema financiero internacional, es decir, los aventureros de la criptomoneda. En el enclave, podrán ejercer la libertad económica sin ninguna restricción. El refugio no es para los salvadoreños, sino para esos extranjeros que hablan inglés. El uso de ese idioma para anunciar el ofrecimiento de privilegios tributarios, incluso la nacionalidad, no deja duda alguna sobre quiénes podrán encontrar cobijo en el régimen de los Bukele. La idea combina la libertad económica con el férreo control social interno. La contradicción no se les escapa a los usuarios más cautos de la criptomoneda, que toman distancia. Invertir en esas condiciones es demasiado arriesgado, incluso para apostadores como ellos. Se comprende, entonces, la contraposición presidencial entre Putin y los gobernantes de las otras naciones, y entre estos y Bukele.

El saldo de esas comparaciones es claramente positivo para este último. No puede ser de otra manera. Por arte de birlibirloque, Bukele resulta ser más liberal y mucho mejor gobernante, y, por tanto, moralmente muy superior a todos ellos. Pero si su gestión es tan extraordinaria, ¿por qué decenas de miles de salvadoreños siguen abandonando el país rumbo al norte, confiados en encontrar ahí las oportunidades que aquí les son negadas? ¿Por qué confían encontrarlas allá y no se fían de las repetidas promesas presidenciales? ¿Qué tiene el aborrecido norte que los Bukele no posean? La respuesta no es difícil. Aquí les niegan los medios materiales para vivir dignamente; sobreviven malamente en la rebusca, sin futuro. El norte, en cambio, se les antoja más halagüeño. Al menos perciben una posibilidad real, si no para ellos, tal vez para sus hijos. El horizonte que vislumbran suscita más expectativas que las ofertas presidenciales.

No les falta razón. Bukele mira hacia otro lado para eludir los desafíos de las mayorías. El enclave libertario es para quienes invierten en criptomonedas y hablan inglés. A los extranjeros les ofrece condiciones materiales para practicar sin estorbos el capitalismo salvaje, “música para los oídos de cualquier inversionistas”, agrega neciamente el BCIE. Los únicos que se deleitan con esa música son los aventureros, porque los otros exigen seguridades jurídicas que el régimen no puede garantizarles. A los demás, a las mayorías, las abandona a su suerte. Entre más huyan el país, menos presión social. Es la otra cara del capitalismo salvaje. No es claro, entonces, cómo ese enclave libertario pueda estimular el crecimiento económico. El plan es tan simple que carece de contenido.

Hay razones de peso para dudar de la idoneidad presidencial. En su agenda no figura la sociedad salvadoreña, sino los extranjeros. Prefiere el inglés al español. La cercanía con el pueblo le resulta fastidiosa, pero se siente cómodo con los anarquistas excéntricos de la criptomoneda y con la farándula de las redes sociales. Ignora la atribulada vida de las mayorías, pero se complace en exhibir su hábitat palaciego, remedo de la antigua nobleza europea. Utiliza el dinero de los contribuyentes para apostar fuerte por el bitcóin, mientras él y los suyos hacen fortuna con los negocios asociados a la criptomoneda. Un gobernante enajenado de la realidad nacional, de la dura vida de sus mayorías y de las crisis internacionales se encuentra en el sitio equivocado.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Centroamérica es una región convulsa. Históricamente se ha caracterizado por múltiples conflictos sociales y, principalmente, por el grado de inseguridad al que ha estado expuesta su población. En buena medida, la vulnerabilidad y el drama que sufre la mayoría de sus ciudadanos ha sido resultado de la forma de gobernar, es decir, de cómo los dirigentes han optado para construir poder y así llevar las riendas en sus respectivos países.

Y es que uno de los grandes males que sufre la región es la corrupción. Investigaciones periodísticas y denuncias de defensores de derechos humanos, publicadas durante estos primeros meses del año, han expuesto más evidencias de que se trata de un problema endémico. Una cultura arraigada en las instituciones y la vida política de buena parte del istmo. Un sucinto repaso permite ver cómo en Guatemala se forjó una red de tráfico de influencias (integrada por funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios) y de cómo se pretende desbaratar la independencia judicial. Por su parte, en Honduras hemos visto la decadencia del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Desde Nicaragua semanalmente se conocen nuevos agravios por parte del régimen dictatorial: persecución política, censura, la libertad de expresión cercenada. En El Salvador, que no se queda atrás en esta desafortunada competencia, se mantiene firme la carrera por desmantelar a las instituciones contraloras y garantes de justicia, además de otras prácticas turbias como el espionaje a periodistas y a opositores políticos. En síntesis, es suficiente la evidencia de que existen abusos de poder para beneficiar a pequeños grupos; de la debilidad de los marcos y mecanismos institucionales, del autoritarismo y de cómo el crimen organizado se ha enquistado.

Ahora bien, el repaso antes expuesto también sugiere algunas ideas, dudas y reflexiones. Por un lado, lo acontecido en Guatemala y Honduras demuestra que tarde o temprano los corruptos caen y que, pese a todos los artilugios por esconder la verdad, esta llega, se conoce y puede llevar a juicio a quienes han abusado desde su cargo público. Deberían tomar ejemplo los homólogos de la corrupción en los demás países. Por otro, es importante pensar en la urgente necesidad de una renovación política e institucional. En la mayoría de los países no se cuenta con un poder judicial y fiscal independiente, de ahí entonces que sea una autoridad externa la que investiga y sanciona. Si bien es verdad, el rol de Estados Unidos, que no es precisamente el mejor ejemplo de solvencia ética, puede contribuir o generar argumentos para determinar, con todas las garantías legales, la culpabilidad de los sospechosos de actos ilegales o de mantener relaciones ilícitas. Por tal motivo, el objetivo debería estar en que cada país juzgue a quienes le han hecho daño. De esta forma se podría sentar precedentes y así instaurar una cultura de transparencia y de orden democrático. Sin embargo, como sostienen algunos, esto plantea una paradoja que reside en cómo actuar en contextos donde la justicia ha sido secuestrada por el régimen. Dicho en otras palabras, en países donde no existen posibilidades reales de acceder a las instituciones políticas; en el que, por ejemplo, las elecciones han sido manipuladas para conservar el poder. En definitiva, ¿Hasta dónde debe actuar la comunidad internacional y cómo debe ser esa cooperación?

Ciertamente, las consecuencias de la corrupción afectan a toda la sociedad. Es evidente que el mayor peso recae en los más desposeídos. Por tanto, por responsabilidad y por justicia, es un problema que se debe afrontar. Considerando la figura del espejo, es fundamental conocer las carencias y todos los artificios que se implementan en la región. En otros términos, verse en el vecino. Para el caso salvadoreño, es determinante apostar por la restitución de un escenario democrático, que incluso supere los vacíos y vicios que ya existían antes del retroceso por el que el país atraviesa. Esto solo lo puede lograr una ciudadanía crítica y organizada. Como se ha dicho en otras ocasiones, se necesita de un planteamiento común e inclusivo que abogue por recuperar el derrotero de la democracia en el que las instituciones se erijan desde su independencia.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 79.

No es fácil reflexionar sobre el imperialismo en El Salvador, pues quedan todavía demasiadas semillas de una historia donde nos enfrentábamos con la simpatía de uno u otro de los dos países imperiales de la segunda mitad del siglo XX. Aunque los problemas que nos dividían eran muy propios y endémicos, nos gustaba demasiado gritar contra uno u otro imperio que directa o indirectamente colaboraban con las simpatías enfrentadas. Cuando resurgen los debates antiimperiales con motivo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, es bueno recordar una palabras de Juan Pablo II en el documento “La preocupación de la cuestión social”. En él, el papa hoy santo nos dice que las naciones más poderosas deben superar “los imperialismos de todo tipo y los propósitos por mantener la propia hegemonía. Las naciones más fuertes y más dotadas deben sentirse moralmente responsables de las otras, con el fin de instaurar un verdadero sistema internacional que se base en la igualdad de todos los pueblos y en el debido respeto de sus legítimas diferencias”. Centroamérica, que de tantas formas ha sido víctima de fuerzas imperiales, debería aceptar la necesidad de acabar a nivel mundial con cualquier forma de imperialismo y mantener relaciones con todos los países construidas sobre la colaboración, la igualdad y la solidaridad.

Por estas tierras centroamericanas anduvo uno de los primigenios padres del moderno antiimperialismo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas. Puso la dignidad de los indios por encima de los intereses de los conquistadores. Se opuso radicalmente a la superioridad de los fuertes sobre los débiles. Anunció y defendió frente a ideologías imperiales la igual dignidad de la persona humana. Pero también por nuestras tierras pasaron, de un modo abusivo y opresivo, los imperialismos inglés y norteamericano, además del español. Muchas veces ni siquiera supimos defendernos, porque unas oligarquías insensibles al dolor del pobre pactaron con ellos el control político y los negocios. Hoy, aunque nos movemos en un mundo en el que el estilo imperialista de los países desarrollados y poderosos no ha desaparecido del todo, la conciencia de la autonomía de los pueblos y de la dignidad de las personas nos ha ayudado a superar dependencias y sumisiones indebidas. Pero todavía nuestros políticos, junto con otras personas formadas en las dependencias del pasado o en las superficialidades del presente, tienden a hacer cálculos de con quién les conviene estar, más allá de los valores democráticos y de los derechos humanos.

Casos como el de la opresión y maltrato a los palestinos, las destructivas y abusivas guerras en Yemen impulsadas desde Arabia Saudita, el maltrato a los uigures en China, la presencia en África de algunas empresas trasnacionales europeas abusivas (apoyadas políticamente desde Europa), el embargo norteamericano a Cuba y sus abusos en Guantánamo, o la agresión de Rusia a Ucrania nos muestran que persiste el imperialismo en la actualidad. Las Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad mediatizado por la capacidad de veto de nuevas y viejas potencias imperiales, mantiene aún la huella de la prepotencia y los privilegios de los fuertes. A la ciudadanía mundial solamente nos queda la palabra, la crítica y una sana rebeldía contra todo lo que desde el poder de los fuertes constituya menoscabo o abuso de la dignidad de los pobres.

La educación de la ciudadanía en la libertad, la igual dignidad y la racionalidad humanista, los derechos humanos como moralidad externa a todo poder, la democracia consciente, la educación y la cultura de paz son las armas de los pacíficos contra las mentalidades imperialistas y contra los oportunistas que se prestan siempre a la obediencia del más fuerte. La religión, en la medida que desarrolla fraternidad, concordia y solidaridad, puede y debe también oponerse a todo tipo de agresión imperial. Impulsar una autoridad y un sistema internacional de relación entre países y pueblos basado en la igualdad de derechos y en la solidaridad es la única forma de superar las formas de abuso imperialista que privilegian los intereses de los poderosos sobre las necesidades de los débiles.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La guerra tiene una larga historia de debate dentro del pensamiento cristiano. En Jesús de Nazareth, evidentemente, la guerra no tenía lugar: se sentía hijo de un padre amoroso que solamente exige que se le corresponda amándole sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. Jesús les dice a sus discípulos que se amen unos a otros como Él los ha amado. Un amor así elimina la posibilidad de la brutalidad y del odio que la guerra genera. Durante los tres primeros siglos de cristianismo, los cristianos se oponían radicalmente a la guerra. Atenágoras, un apologista cristiano de mitad del siglo II, prohibía a los cristianos acudir al circo romano a presenciar las luchas entre gladiadores, porque “ver matar es casi como matar”. Tertuliano, otro gran escritor de casi la misma época, insistía en que no se podía ser soldado y ser cristiano, dado que el soldado tiene el oficio de matar. El pacifismo cristiano fue una de las fuentes permanentes de conflicto con el Imperio romano en los primeros siglos.

Después vinieron los tiempos en que la Iglesia, al convertirse en poder terreno, introdujo en ella el pecado de la guerra. Las cruzadas, las alianzas políticas y guerreras con los príncipes de la época justificaban la guerra contra el enemigo. Ya en el siglo XVI, a raíz de la brutal conquista de América, dominicos como Francisco de Vitoria llegaron a la conclusión de que solamente las guerras defensivas podían ser legítimas. Añadían, además, varias cosas: las guerras ofensivas son casi siempre “delirios” de los príncipes (“líderes”, decimos hoy); se puede iniciar una guerra defensiva para proteger a personas de un país tratadas injustamente de un modo sistemático; y en toda guerra defensiva, la respuesta a la agresión debe ser siempre proporcional a la ofensa. En otras palabras, si un ofensor ocupaba belicosa e injustamente un territorio, la respuesta guerrera terminaba con la recuperación de dicho territorio.

En la actualidad, el pensamiento de la Iglesia ha avanzando hacia la idea de que toda guerra es injusta por la brutalidad que implica, aunque, por supuesto, la guerra de agresión se considera el mal mayor. Por eso, desde hace algunas décadas, los papas han insistido en la necesidad de una instancia mundial con suficiente autoridad para resolver mediante el diálogo los conflictos entre pueblos y naciones. El papa Francisco, en su encíclica Fratelli tutti, afirma lo siguiente: “La posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [...] debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”. Y añade que ante el potencial mortífero y destructivo de las armas actuales, “es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa”.

Un “no” a la guerra y un “sí” a la defensa de los derechos humanos más allá de cualquier tipo de imperialismo o de prepotencia nacionalista son hoy parte normativa de la conciencia católica. Ante la guerra rusa contra Ucrania, los cristianos deben exigir diálogo entre las partes y búsqueda de mediación si estas no se ponen de acuerdo. La guerra siempre conlleva muerte y destrucción; por tanto, no es cristiana ni humana y debe erradicarse de la historia.

Uno de los antiguos líderes y también funcionario del FMLN desenmascaró el talante de algunos de los diputados que, convertidos en jueces, lo emplazaron. Durante el interrogatorio, consiguió que uno de ellos admitiera que había trabajado durante casi tres décadas en los Gobiernos de Arena y del FMLN. Calló, sin embargo, que, además del salario, recibía varias dietas e incluso reclamó un aumento del monto. Al final del interrogatorio, el emplazado envió saludos a “la gente del Alba” por medio de otro diputado, que había trabajado en esa empresa del FMLN. Estos diputados, comisionados para investigar los sobresueldos y los subsidios estatales a entidades privadas, no son muy diferentes de los antiguos funcionarios de Arena y del FMLN, el compendio más completo de corrupción y maldad según el oficialismo. Cabe preguntar, entonces, cuándo estos diputados abandonaron ese camino de perdición y tomaron el de la innovación insólita. La única conversión posible, a juzgar por las obras, el criterio incontrovertible, es haber cambiado de bando a tiempo para seguir en las mismas. No tienen, pues, solvencia moral para acusar a sus antiguos colegas de malversación de fondos públicos.

Tampoco tienen solvencia técnica. Carecen de formación y de experiencia para investigar el delito. Una tarea que, por otro lado, compete a la Fiscalía y a la Policía. Un buen ejemplo de la ignorancia prevaleciente entre los comisionados es confundir el contrato de servicios con la donación y el convenio. Una confusión de la que hicieron gala en la comparecencia del rector de la UCA. Ni siquiera son buenos polemistas, un vicio que socava sus intenciones malévolas. No saben argumentar. Insisten cansinamente en las mismas preguntas, la mayoría de veces redundantes, puesto que la respuesta se encuentra en los documentos que tienen delante. Pierden fácilmente los estribos y amenazan con acusar de desacato si el emplazado no se inculpa. Sin argumentos y sin capacidad para la controversia, no les fue bien con el antiguo funcionario del FMLN y mucho menos con el rector de la UCA, mejores polemistas que ellos.

Cuando los comisionados no dan con lo preestablecido en el guion proporcionado por los manejadores del espectáculo, introducen temas ajenos a la comisión encomendada. Cuando no pudieron demostrar que la UCA había recibido subsidio gubernamental, cuestionaron su sistema de cuotas estudiantiles y sus contribuciones fiscales, materias que no eran de su competencia, puesto que la Universidad es una institución privada. Todo con el propósito de sentar la idea de que la UCA es una universidad para ricos mientras la educación nacional yace postrada. Acorralados, obviaron que la educación nacional no corresponde a la UCA, sino a ellos mismos, pues son los legisladores de Bukele, y que este, en lugar de invertir en ella, gasta innecesariamente en el Ejército, en armamento y en criptomoneda. En sus manos está, si se atrevieran, detener semejante aberración.

Las comisiones legislativas proceden inquisitorialmente.El inquisidor está en posesión de una denuncia —en este caso, provista por los operadores de Casa Presidencial— que da por verdadera si más, y cita al acusado para que se inculpe. Este no tiene derecho a la defensa ni a conocer la identidad del denunciante, y se le presupone culpable. En la inquisición medieval, la inculpación, muchas veces obtenida con tortura, era un requisito para poder otorgar el perdón divino al transgresor. Las comisiones del régimen intentan arrancar la inculpación con el acoso verbal y mediático, con el infundio y la tergiversación, para humillar al acusado y enaltecer a Bukele. El método inquisitorial no es nada nuevo, pero contradice a un Bukele que, con exenciones fiscales, pretende convertir al país en “un refugio de libertad”.

Los inquisidores del régimen están más allá de estas contradicciones. Estiman que, al girar en la órbita del poder absoluto, no están sujetos a rendir cuentas, a decir verdad y a actuar racional y decentemente. Su misión es complacer al foco de poder para permanecer en su órbita. El plano orbital en el que se mueven los hace sentirse todopoderosos. Sin embargo, no debieran perder de vista lo que ocurre en el vecindario. El expresidente Honduras ha pasado de la cima del poder a la muy probable sima de la prisión estadounidense. Es ilusorio pensar que el régimen de los Bukele durará siempre. Los privilegios del poder que ahora disfrutan cínicamente, los pueden perder mañana. Basta una leve indicación del jefe supremo para caer en la desgracia.

Las comisiones inquisitoriales de la legislatura no son más que fuerzas de choque del régimen. Agitan para ocultar el descalabro de la gestión gubernamental de los Bukele. Su entrega es ciega, sin importarles el ridículo que hacen. Exigen honestidad, pero han vivido del Estado como muchos de los acusados. Exigen respeto, pero no se dan a respetar, al poner en evidencia su pobreza intelectual y su perversidad. Exigen acatamiento, pero sin autoridad o legalidad que las respalde. La cordura y el sentido común empalidecen ante la tentación de la riqueza fácil, del prestigio y del poder.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todo Gobierno se desgasta políticamente con el paso del tiempo. Aunque el de Bukele todavía mantiene altos índices de respaldo social, los signos de desgaste ya son evidentes. Lenta pero gradualmente la población se va desencantando de las promesas que en un inicio entusiasmaron, pero que hoy contrastan con la realidad diaria. Cada vez más gente cae en cuenta de las negativas implicaciones de dejar la suerte del país en manos de un muy reducido grupo de clara tendencia autoritaria. Frente a lo que pasa en El Salvador, hay al menos cuatro tipos de personas.

Por un lado, las que gracias a la propaganda del mandatario han establecido un vínculo emocional con él que les impide ver los signos antidemocráticos, la corrupción y la falta de humanismo del régimen. Para ellos, todo lo que venga del presidente y de quienes le rodean —sin importar la trayectoria y catadura moral de estos— debe ser respaldado, porque persigue el bien del país. Según las últimas encuestas, este grupo sigue siendo mayoritario, pero su tamaño se ha reducido. Un segundo tipo es el de las personas pasivas: las que observan lo que pasa, se dan cuenta de que el país no va por buen camino, saben que los pronósticos económicos no son halagüeños, están en contra de muchas medidas gubernamentales, pero no hacen ni dicen nada. Muchos no quieren expresarse o comprometerse por temor a represalias mediáticas o laborales. De este modo, por omisión, terminan avalando las actuaciones de Bukele y sus funcionarios.

El tercer grupo es el de los que activamente alertan sobre la situación y resisten la embestida autoritaria. Estas personas expresan su descontento, protestan en la calle, se movilizan para hacer sentir su oposición, pero aún no tienen una propuesta o alternativa ante el estilo autoritario de gobernar. Su afán es resistir hasta que pase la tormenta. Finalmente, el cuarto tipo es el de quienes se oponen a lo que está haciendo el Gobierno, desaprueban la actitud del presidente, lo denuncian y buscan alternativas para que el país se enrumbe en un camino más prometedor, más democrático, inclusivo y humano.

Aunque todavía faltan dos años para las elecciones generales de 2024, el régimen ya está en campaña. El ejemplo más claro es el perfil partidario de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una artimaña diseñada para restarle alcaldes a los otrora partidos mayoritarios. Algunos sectores descontentos con el Gobierno también tienen puestos sus ojos en 2024. Unos proponen crear nuevos partidos o reciclar los existentes; otros buscan posibles candidatos o candidatas. Tienen en común su oposición a que se consolide un régimen autoritario, pero poco más. Y en los dos años que le restan a la administración de Bukele, pueden pasar muchas cosas, demasiadas.

De cara al bien del país, el primer paso es contar con una propuesta que beneficie a la mayoría de la población y tenga en su centro los derechos humanos y la justicia social. Cuando se actúa con el único interés de salir de un problema, se corre el riesgo de crear otro igual o peor, tal como sucedió en Guatemala con la elección de Alejandro Giammattei. Es fundamental tener claro qué se ofrece o busca como alternativa a lo que hay, y actuar de manera coordinada, superando las diferencias sectoriales y los esencialismos. La dispersión solo favorece a quien ostenta el poder. Sin un proyecto claro y unificado, difícilmente cambiarán las cosas.

En el cantón La Joya, de Meanguera Morazán, se están buscando los restos de al menos 5 personas. Aunque no se descarta que el total sea de 7, quienes fueron asesinadas por militares durante la masacre realizada entre el 9 y 12 de diciembre de 1981 en El Mozote y sitios aledaños.

Específicamente, esta diligencia se orienta a encontrar los restos de 5 personas, una adulta y cuatro niños y niñas. La adulta era doña María Francisca Reyes, conocida también como María Marcos Reyes de 25 años de edad y 3 de sus hijos: José Francisco Luna Reyes, de 5 años de edad; María Nely Luna Reyes, de 3 años de edad; Evaristo Luna Reyes, de 7 meses y Emelinda Hernández, de 11 meses de edad. Esta última era hija de María Lorena Hernández. La menor había sido entregada en la casa, la noche de los hechos, buscando protección para la bebé mientras el padre y la madre de la niña buscaban refugio entre el monte. Lamentablemente, cuando el padre llega a buscar a su hija, un día después, encuentra que la familia había sido masacrada y no localizó a su hija.

Unos días después la familia de doña Francisca llegó al lugar en la noche y enterró los cuerpos, no pudieron identificar por el tiempo que había pasado y porque ya los restos estaban en estado de descomposición. Algunos animales habían empezado a devorar los cuerpos de quienes estaban ahí, entre los que había menores de muy corta edad.

Al respecto, la abogada de Cristosal, acusadora en el caso El Mozote, Guadalupe Hernández, puntualizó los principales objetivos de la búsqueda de los restos de las víctimas.