Editoriales y Opiniones

El golpe de mano en la Corte Suprema de Justicia lanza un mentís a la integridad del régimen de los Bukele. La revuelta palaciega muestra no solo que el régimen no es tan sólido como quisiera, sino también que sus prácticas están reñidas con su publicitada probidad. La sublevación de los magistrados contra su presidente, todos ellos afines al oficialismo, es otra fractura en el bloque oficialista. El presidente de la Corte Suprema de Justicia defenestrado llegó al cargo con la bendición presidencial y perdió sus facultades administrativas con la misma bendición. Un dedazo lo puso y otro lo redujo a la insignificancia.

La caída en desgracia no tiene motivaciones de idoneidad para el cargo o de integridad, sino de poder. Impuesto por Casa Presidencial, quiso imitar a su patrón y ejerció el poder sin contar con sus colegas, también impuestos. A estos les resultó intolerable que “no estaba tomando las decisiones administrativas adecuadas”, es decir, que no les diera parte en el reparto del botín. El presidente despidió a los cuadros administrativos estratégicos y en su lugar colocó a sus incondicionales. Pero fue demasiado lejos al no dar participación a sus colegas magistrados, quienes se coaligaron y le ganaron el pulso en Casa Presidencial. Conseguido el aval de Bukele, lo despojaron de sus facultades administrativas, depusieron a sus incondicionales y, en su lugar, colocaron a los suyos.

Estos movimientos ponen al desnudo la dinámica del poder institucional. La facción victoriosa no solo se repartió los cargos administrativos, sino que los recién llegados hicieron lo mismo con los puestos inferiores. Así fue antes y así sigue siendo. Lo mismo ha ocurrido en la presidencia de los otros poderes del Estado. Llegó Bukele y, con él, sus hermanos, sus amistades, sus socios, los venezolanos y, últimamente, una corte de otros extranjeros anarquistas de la criptomoneda. Todos ellos, siguiendo la lógica de la corrupción institucional, han promovido a la cúpula de la estructura estatal a sus prosélitos. La única diferencia importante entre el ayer y el hoy es que antes se podían conocer algunas de estas movidas; ahora, esa posibilidad está cerrada.

La ideología del régimen es incapaz de mantener la disciplina en sus filas. A medida que pasa el tiempo, los militantes caen en cuenta de que no son más que simples peones del jefe supremo. Quienes se apuntaron con la expectativa de hacer carrera política han descubierto que eso no les está permitido. Quienes se apuntaron para hacer algo de provecho para sus electores han encontrado que esas aspiraciones están sujetas a la voluntad del patrón. Quienes se apuntaron para medrar lo tienen mejor, mientras sean obsequiosos con él. El error estratégico de funcionarios y diputados ha sido olvidar que el escaño o el sillón que ocupan se lo deben a que Bukele fue elegido presidente del poder ejecutivo. No los eligió el voto popular ni fueron elegidos por sus méritos. La ideología oficial, que pregona la inexistencia del pasado y un nuevo comienzo sin parangón en la historia nacional, en su machacona simpleza, no consigue someter a los inquietos y a los ambiciosos.

No es la primera vez que los reclutas se salen de la fila, insatisfechos con la porción que les ha tocado del botín. Corrientes de descontento subterráneo socavan los escaños de la legislatura. El régimen ha reaccionado de manera expedita y drástica, y ha desaforado a dos indisciplinados. La disputa interna entre los magistrados por la influencia, los privilegios y el dinero ha remecido la presidencia de la Corte Suprema. Estos movimientos indican que no hay que dar por supuesta la solidez del régimen y, en consecuencia, tampoco su futuro. La ambición, las rivalidades y los celos de unos colaboradores sin integridad y sin vergüenza ha resultado ser más poderosa que la pobre ideología cyan.

La revuelta en la Corte Suprema muestra, para quien quiera ver, la verdadera naturaleza del régimen. En lugar de la honestidad, que brilla por su ausencia, reinan la ambición, la deslealtad y la oscuridad. El oficialismo devora a sus propios peones. Primero fue un ministro, siguieron dos diputados y el último es el presidente de uno de los poderes del Estado. Cuestión abierta es si la represión interna podrá contener el descontento y las frustraciones.

Impotente ante los hechos consumados, el presidente defenestrado invocó tímidamente la ley. Un gesto inútil, porque él y sus compinches la hicieron saltar por los aires. La institucionalidad anulada no puede protegerlo ahora de la voluntad del supremo. Aparte de la hipocresía de invocarla en la desgracia. En un régimen dictatorial, nunca se sabe cuándo se perderá el favor del patrón. Al magistrado presidente, inesperadamente y muy a su pesar, le dieron una cucharada grande de su propia medicina amarga. El mínimo de vergüenza y de dignidad exige renunciar a una presidencia donde solo se ocupa un sillón.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La justicia social es un deber del Estado para con la ciudadanía. En el primer numeral de la Constitución se describe a la persona humana como fundamento del Estado y se señala las responsabilidades básicas de este con los ciudadanos. Pese a ello, los políticos y los funcionarios apenas hablan de justicia social. Menos aún la empresa privada. Es un término constitucional casi olvidado, muy poco desarrollado en las leyes y en las instituciones públicas de El Salvador. En el siglo XIX, cuando se acuñó el concepto, la justicia social se definió como el establecimiento de la igualdad para todos los seres humanos en los derechos básicos que se desprenden de la dignidad de la persona. Tal como se le lee en el documento fundacional de la OIT, “La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”.

Al ser la justicia social una obligación constitucional del Estado salvadoreño y un derecho de cada ciudadano, resulta necesario corregir la desigualdad de acceso a los derechos básicos. ¿Todos los salvadoreños tienen el mismo derecho a la salud? Es evidente que no. La existencia de dos sistemas públicos de salud con diferente capacidad de atención y cuido muestra que en este derecho básico hay desigualdad. Con respecto a las pensiones, la cuestión es aún más grave: tres cuartas partes de la población está excluida de ese servicio. Por otra parte, una alta proporción de los estudiantes no termina el bachillerato y la baja calidad de muchos institutos y colegios priva a un buen grupo de jóvenes de una formación adecuada. Además, es obligatorio preguntarse si es justo que el Estado pague a algunos de sus funcionarios el equivalente a 20 salarios mínimos. Si el Estado se ciñera a la justicia social que le exige la Constitución, esa exhibición de desigualdad sería imposible.

La creencia de ser superior a otras personas, y por tanto con mayores derechos, está culturalmente muy incrustada en las élites salvadoreñas. Los altos salarios estatales y los variados sobresueldos, aunque legales, son socialmente injustos, violan un principio constitucional. Igual sucede con una ley de impuestos que permite acaparar mucha riqueza mientras otros ciudadanos, con los mismos derechos, pasan hambre. La indiferencia y desprecio de las élites a la justicia social es, entre otros factores, una de las causas de que con tanta facilidad los políticos violen la Constitución de la República y haya tanto beneplácito ante la adopción de medidas populistas.

En 1931, el papa Pío XI decía que la distribución de la riqueza debía regirse por los principios de la justicia social. El destino universal de los bienes y, por tanto, el acceso a ellos tiene prioridad sobre la propiedad privada. No la excluye, pero la pone al servicio de que todos tengan al menos la posibilidad de satisfacer sus derechos básicos y desarrollar plenamente sus capacidades. Acaparar y despojar son correlativos. La justicia social habla de otra cosa: satisfacción plena de los derechos. El derecho a la libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de la gente, ni de la dignidad de los pobres, ni del respeto al medio ambiente. Sin justicia social no hay desarrollo equitativo y sostenible.

Monitorear el acontecer nacional lleva una y otra vez a una realidad marcada por la violencia, expresada tanto en los homicidios y las desapariciones como en la dinámica de las relaciones interpersonales ante situaciones de conflicto. Una violencia que forma parte de la cultura machista profundamente enraizada en la sociedad salvadoreña; tan arraigada que ya se considera natural. La violencia y el machismo son parte de los elementos estructurales que condicionan a nuestra sociedad, causan un profundo daño a sus miembros e impiden el desarrollo humano.

Actuar con violencia no se limita a causar daño físico a otra persona. También es imponer a la fuerza una idea o una forma de pensar, ser indiferente ante el sufrimiento y las necesidades de los demás, despreciar a otros. Violencia es todo aquello que le impide a las personas desarrollar a plenitud su potencial y vivir de forma fraterna y armónica con sus semejantes. El papa Pablo VI, hace ya 55 años, afirmó que el desarrollo integral de la persona y los pueblos es el nuevo nombre de la paz, pues ambos factores están interrelacionados: “Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres”.

La sociedad salvadoreña está lejos de ese orden querido por Dios, en el que, como señala Pablo VI, todas las personas puedan aspirar a su legítimo deseo de “verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de ser humano; ser más instruidos;(...) y los pueblos aspiran a la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones”.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2022, el papa Francisco propone tres caminos para conseguir y mantener la paz, o en otras palabras, tres caminos que conducen hacia ese desarrollo integral al que aspira toda persona: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. Pareciera que al escribir su mensaje el papa hubiera pensado en El Salvador, señalándonos el camino a seguir para superar la violencia, el desempleo y los profundos déficit de la educación.

Para el papa, “dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”. El diálogo busca, pues, el entendimiento, la comprensión, la construcción de algo nuevo que surge de poner en común diversas ideas o posiciones, para avanzar hacia un futuro mejor. Una dinámica que debe ser incluyente: “Los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria ?los mayores? y los continuadores de la historia ?los jóvenes?; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”.

Y tan importante como el diálogo es ofrecer a la población una educación que haga “a la persona más libre y responsable” y sea la “base de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso”. Por ello, nos dice el papa, invertir “en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo”.

Por último, Francisco llama a reconocer la importancia del trabajo para la plena realización de la dignidad humana, en tanto que “es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso”. De ahí la vital necesidad de garantizar el acceso a un trabajo “en condiciones dignas y decentes, orientadas al bien común y al cuidado de la creación”.

Para el papa, toda persona tiene la obligación de ser artesana de la paz para “la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”. Ojalá El Salvador atendiera ese llamado; en particular, aquellos que obcecada y estratégicamente insisten en sembrar discordia, odio, división.

Los anuncios de obras públicas extraordinarias no podrán ocultar la realidad por mucho tiempo. La gente no come del anuncio de ser el primer país de la región en lanzar un satélite al espacio. La construcción de un grandioso hospital para mascotas no esconde la precaria situación de los hospitales para la población, al contrario, la hace más dolorosa. Un estadio con instalaciones del primer mundo choca con el déficit de vivienda digna para los más pobres y con el deplorable estado de las escuelas por el que se rasgan las vestiduras los funcionarios después de estar más de dos años y medio en el poder. Y no es que esos proyectos no sean buenos, pero en la situación en que está el país son como dar solo un vestido elegante a una persona desnutrida. Además, los grandes anuncios publicitarios que presentan al país convertido en una especie de paraíso con la introducción del bitcóin, no pueden disimular que la mayoría de la población lo ha rechazado y que sus cajeros tienen casi como únicos clientes a los soldados que los cuidan más que a la gente.

A toda la parafernalia mediática le resulta cada vez más difícil enmascarar que la principal piedra en el zapato del gobierno es la economía y que el aumento del costo de la vida, sobre todo de los servicios y de la canasta básica, son la principal cruz para las familias salvadoreñas. Y aunque las declaraciones oficiales hablen de bonanza y relativicen la crisis, los números están ahí y no mienten.

Visto desde las finanzas públicas la situación no es menos que crítica. El país alcanzó niveles nunca vistos en la deuda de corto plazo en el 2020 y en el 2021. El saldo de este tipo de deuda alcanzó los 2,638 millones de dólares. El endeudamiento es tan grande, que el pago de la deuda le ha ganado terreno a la inversión social. En el presupuesto 2022, la asignación para pagar el servicio de la deuda es la segunda más grande, solo un poco menos que el destinado a educación y supera a lo que se ha destinado a salud y seguridad. Esto le ha traído consecuencias al país. En la segunda semana de febrero, la deuda soberana se convirtió en la peor calificada de todos los países de Centroamérica. La calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de El Salvador de B (altamente especulativo) a CCC que quiere decir que la posibilidad de no poder pagar la deuda es muy real. Pero la decisión de bajar la calificación no se debe solo al factor económico. La calificadora también tomó en cuenta, según su informe, el debilitamiento de las instituciones y la gran incertidumbre que se vive sobre todo por la concentración de poder en la presidencia de la República, que ha aumentado la imprevisibilidad de las políticas y la adopción del bitcóin.

La baja calificación del país en esta materia, se traduce en que es difícil conseguir préstamos y, si se consiguen, no es en condiciones favorables. Nadie quiere prestar dinero a quien se cree no podrá pagar y esa es la situación del país. De igual forma, cuando se encuentra alguna fuente de préstamo, el interés es más caro. Pero hay otro efecto del riesgo. Los inversionistas privados no invierten en los países que tienen una calificación baja. Una pequeña prueba de esto es que el 14 de enero pasado, el Ministerio de Hacienda convocó a la primera subasta de LETES del año 2022. De los $70 millones que se ofrecieron para refinanciar, el país solo pudo colocar $45.3 millones en dos tramos.

Desde la perspectiva de la población más pobre, la situación no es distinta. En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) solo hay dos unanimidades. Cerca del 100% de la población opinó que el bitcóin debe ser algo voluntario y no obligatorio y, en casi la misma proporción, la gente percibe que el costo de la vida ha aumentado. La gente siente cada vez más dificultad para hacerse con lo indispensable para la sobrevivencia. En efecto, los números macroeconómicos lo confirman. La inflación en El Salvador también registró números históricos. El pasado mes de enero, la inflación cerró con 6.49% y el aumento en el precio de los bienes y servicios llegó a 6.12%, la tasa más alta desde que el país se dolarizó en el 2001.

El gobierno ha mostrado experticia en el manejo de publicidad haciendo que la gente le crea y se alegre por el anuncio de grandes obras que solo existen en la boca de los funcionarios y que difícilmente se podrán hacer sin recursos. Una de dos. O consigue recursos para seguir haciendo clientelismo político con las necesidades de la gente o sigue con su estrategia mediática alienando a la población con anuncios de ficción que no llenan el estómago ni la dignidad. Al final tendrá que darse cuenta que decir cosas bonitas que toquen sentimientos y hacer grandes anuncios que distraigan a la gente no serán suficientes porque por ahora su problema (y el de la gente) es la economía.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 78.

El Gobierno pretende invisibilizar el drama de los presos políticos; fuera de los familiares y amigos de estos, apenas se habla del tema. Muy probablemente ello obedece a que en muchas personas pesa el temor de que al abogar por los presos políticos se les acuse de defender a Arena o al FMLN. Otros quizá piensan que los privados de libertad por el actual Gobierno no responden a la definición clásica de preso político: una persona confinada en una cárcel debido a sus ideas o su actividad política.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establece que 5 factores definen a un preso o presa política. El primero, que en la detención se hayan violado las garantías fundamentales. El segundo, que la privación de libertad esté motivada por razones puramente políticas, sin conexión con delitos. El tercero, que la duración del encarcelamiento o sus condiciones no guarden relación con lo que dicta la ley. El cuarto, que la persona sea recluida de manera distinta a otros. Y el quinto, que la detención sea resultado de procedimientos claramente injustos. Los exfuncionarios detenidos por el Gobierno de Nayib Bukele cumplen con varios de esos factores.

Es evidente que se está ante una persecución dirigida a miembros de partidos a los que el presidente quiere liquidar. Queda claro que esa persecución obedece a motivos políticos porque, en contraste, no incluye, por ejemplo, a funcionarios del actual Gobierno que ganan más de lo que el presupuesto establece para su cargo, ni a otros vinculados a actos de corrupción cometidos durante los primeros meses de la pandemia, ni a los señalados en la Lista Engels. Además, a los detenidos no se les ha respetado el debido proceso que manda la ley para que puedan defenderse.

En el caso de Ernesto Muyshondt, un tribunal le dictó arresto domiciliario mientras esperaba juicio; la medida fue ratificada por un tribunal de apelaciones. Sin embargo, el director general de centros penales se negó a liberarlo argumentando razones disparatadas. Luego, cuando Nayib Bukele hubo nombrado, a través de sus diputados y diputadas, a sus magistrados, estos decretaron que el exalcalde siguiera en prisión. El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador ha denunciado que a los detenidos se les han violado sus derechos fundamentales. Hasta la fecha, no han podido ver a sus parientes ni a sus abogados. Es tan extrema la situación que los familiares han tenido que recurrir a las redes sociales y a los medios de comunicación en un intento de que a los detenidos que padecen enfermedades crónicas les entreguen medicamentos.

Por supuesto, la inocencia o culpabilidad de los detenidos deberá determinarse en un juicio, pero para que tal cosa sea posible, los acusados deben tener todas las garantías legales, algo que no está sucediendo. Con premeditación, se les está infligiendo un castigo severo, irracional, sin asidero legal; muy similar al que Daniel Ortega aplica en Nicaragua a sus opositores. En las verdaderas democracias, no hay presos políticos. En un país libre, nadie guarda prisión con independencia de lo que dictan los jueces y las leyes.

Todo país que quiere un futuro digno lo planifica con base en la realidad. Y puesto que la capacidad de acceder a datos objetivos ha aumentado enormemente en esta época, la dificultad de dicha planificación radica más bien en encontrar la voluntad de reflexionar adecuadamente sobre las cifras y estudios con los que se cuenta. En el caso de nuestro país, abundan los datos sobre la economía, la productividad, la población, los recursos naturales, el mercado laboral y las necesidades educativas. Pero se suele rehuir el estudio de la realidad, prefiriendo prometer y presentar renders de un futuro espléndido sin considerar costos y beneficios. La represa de El Chaparral es un ejemplo. Anunciada a un costo de poco más de 200 millones de dólares, terminará requiriendo el triple. La rentabilidad de la obra quedó en el área de los sueños: pura imaginación.

Sobre todo en lo relativo al desarrollo y la protección social, la planificación nacional es prácticamente inexistente. Una buena muestra se encuentra en el tema del envejecimiento de la población. Los cálculos de la Cepal sobre el incremento de la población adulta mayor en los próximos decenios deberían ser motivo de alerta y de acción. Según el censo de población, en 2020 había un poco menos de 800 mil personas mayores de 60 años; en el año 2050, afirma la Cepal, habrá un millón y medio de personas con esa edad. Pese a que ese aumento de la población adulta mayor generará nuevas necesidades y problemas, la ausencia de pensamiento y de planificación al respecto es notable. En la actualidad, solo un 25% de la población mayor de 60 años tiene pensión. La Cepal calcula, basándose en datos oficiales, que el porcentaje de mayores de 60 años con discapacidad severa es del 13.2%. En otras palabras, unos 100 mil ancianos padecen un nivel de incapacidad que necesita cuido; dentro de 30 años serán 300 mil.

Los datos disponibles son suficientes para planificar un sistema de pensiones y una economía del cuido que contribuyan a solucionar los problemas que se derivarán del escenario que se avecina. Por desgracia, es casi seguro que nada se hará. La mayoría de quienes tienen dinero velan en exclusiva por sus inversiones y ganancias; los políticos, por la permanencia en el poder. Y cuando miembros de la sociedad civil critican esa incapacidad gubernamental de pensar el futuro y esa tendencia de los poderosos a centrarse solamente en sus intereses, se les ignora o se les ataca sin tregua, buscando desprestigiar a quien alza la voz. Si no se planifica el futuro, no habrá salida a la violencia, la marginalidad, la corrupción y la vulnerabilidad. La planificación requiere transparencia, realismo y participación ciudadana. Sin ello, los proyectos gubernamentales se reducen a puras promesas o especulaciones. Los pequeños avances que El Salvador ha logrado hasta el presente han tenido como base el diálogo, el estudio y la información. Dejar a un lado ese camino solo llevará al fracaso.

El contraste entre el mundo presidencial y la realidad es muy notable. Mientras la última oleada de la covid golpea fuertemente a la población, los derivados del petróleo suben de precio y con ellos el costo de la vida, más de cien mil trabajadores retiran la cuarta parte del ahorro de su pensión, aumentan las familias que buscan a un desaparecido sin obtener respuesta y el flujo migratorio crece imparable, el presidente Bukele anuncia “10 impulsos económicos” y coloca las primeras piedras de algunos megaproyectos, rodeado de maquinaria pesada y de excéntricos extranjeros promotores de criptomonedas. Estos pocos trazos ponen de manifiesto la contraposición entre el mundo de los Bukele y el de la gente.

El contraste tiene características darwinistas. El pajarito presidencial, de un tiempo a esta parte trilingüe, pregona trivialidades en español, inglés y turco, pero enmudece ante la expansión de los contagios de la covid-19 y el aumento de los fallecimientos, ante la inflación, ante los miserables salarios urbanos y rurales, ante el desempleo y la masa de trabajadores informales, la mayoría mujeres. El abandono de la mayoría de la población a su suerte, en unas circunstancias muy apremiantes, es dejarla en manos de la selección natural, donde solo sobreviven los más fuertes. Los débiles no tienen ningún futuro en el mundo de los Bukele. Los grandes proyectos presidenciales son para el disfrute de los más recios.

El régimen no tiene respuesta para las dificultades cotidianas enfrentadas por las mayorías, entre las cuales figuran muchos de los seguidores más fieles del mandatario. El silencio tiene mucho de incompetencia y de insensibilidad. El régimen permanece impasible ante la desaparición de personas y el encuentro de tumbas clandestinas, ante los hospitalizados y los muertos, ante los emigrantes y los hambrientos. Es incapaz de compadecerse de la zozobra, el sufrimiento y el desvalimiento del pueblo, en cuyo interés dice gobernar. La inteligencia y el sentir presidencial de la realidad humana del país no cambiarán mientras la mayoría de los descartados por el oficialismo aplauda sus promesas y sus contados logros, aun cuando estos no los beneficien directamente.

Los fieles aguardan confiados el cumplimiento de que no está lejos el día en que “El Salvador […] por fin será lo que siempre merecimos”. Sin embargo, cada vez son más los que buscan en el norte las oportunidades que aquí les son negadas. La cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento del 475 por ciento en los dos últimos años. Los detenidos en las primeras semanas de este año son casi 20 mil. Si la novedad fuera tan bondadosa, tal como asegura el oficialismo, el flujo de emigrantes no solo habría disminuido notablemente, sino que muchos de los radicados en Estados Unidos se dispondrían a regresar. Curiosamente, en los planes de los admiradores de Bukele en aquel país, no figura regresar voluntariamente a El Salvador.

El anuncio de megaproyectos y la colocación de las primeras piedras no convencen. Los descartados venden lo poco que poseen o se endeudan para pagar al coyote y emprenden una travesía, acechados por el fracaso y la muerte. Los riesgos son altos y reales, pero si logran sortearlos, encuentran una oportunidad única, que aquí es inexistente. La alternativa es contemplar impotentes cómo se los traga el darwinismo presidencial. Ni los que huyen, ni los que no regresan confían en que “El Salvador […] por fin será lo que siempre merecimos”. Otros optan por las diversas modalidades que ofrece el crimen organizado.

La intuición popular capta la realidad muy certeramente. La anunciada inversión de 1,510 millones de dólares en obras públicas este año, para impulsar el crecimiento económico, es irreal. Desde 2009, incluido los años de los Bukele, esa inversión ha rondado los 700 millones de dólares anuales. En gran parte, por falta de capacidad de ejecución. Ni siquiera Fomilenio pudo superar esa cantidad. Los dos programas, cuya gestión fue supervisada por Washington, invirtieron 200 y 600 millones de dólares, respectivamente, en cinco años. Así, pues, no hay forma de que el régimen de los Bukele pueda ejecutar más de mil millones de dólares en un año, si es que dispone de ellos. Algo muy dudoso, ya que no tiene dinero suficiente para financiar el presupuesto y para pagar las obligaciones de la deuda.

“No estamos aún donde queremos, porque nuestros sueños son muy grandes”, anunció triunfal la esposa de Bukele en Dubái, en una feria de turismo. En efecto, los sueños de la pareja presidencial son grandes, tanto que su concreción es prácticamente imposible. Mientras la pareja sueña, lo más pequeño, lo de diario, que más afecta negativamente a la mayoría de la gente, es silenciado, escondido y olvidado. Es incuestionable que los Bukele no han llegado a donde quisieran, pero es muy discutible que “estamos avanzado y muy rápidamente”, como agregó la primera dama. Si así fuera, el flujo de emigrantes tendería a la baja. No tiene sentido emigrar si se está bien en el hogar.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

De la esperanza a la locura

Editorial UCA

11/02/2022

En enero se cumplieron tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz. Un hito histórico que puso fin a una guerra fratricida de 12 años y que posibilitó iniciar el camino hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Desde la firma de los Acuerdos hasta febrero de 2020, el sistema político salvadoreño fue avanzando hacia la democracia formal y el Estado de derecho. Pese a la lentitud de los avances, pasó a ser normal la celebración de elecciones libres y abiertas a todas las opciones e ideologías políticas. Los eventos electorales celebrados a partir de 1994 respetaron la voluntad popular y permitieron que llegaran a las alcaldías, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República aquellos candidatos y partidos a los que la población dio su confianza, sin excluir ninguna tendencia política.

Sin embargo, los avances en la democracia política no fueron acompañados de una democracia social y económica. La aplicación de políticas del más estricto neoliberalismo, la falta de solidaridad de los más pudientes y la ausencia de una visión común para la construcción de un país con igualdad de oportunidades, equidad de derechos y con justicia social impidieron que se realizaran las transformaciones estructurales necesarias para la inclusión de las grandes mayorías. Esas mayorías a las que El Salvador de posguerra ha sido incapaz de ofrecerles una mejor calidad de vida, un trabajo decente, una vivienda segura, una educación de calidad. Los derechos económicos y sociales fueron dejados a un lado, y con ello la población perdió la esperanza.

La decepción ante las promesas incumplidas, que en muchos mutó en hondo resentimiento, aupó en 2019 a Nayib Bukele a la Presidencia de la República. Él decía tener las ideas, la juventud y la energía necesarias para lograr lo que la población deseaba: más seguridad y mejores condiciones de vida. Pero antes de que finalizara el primer año de su mandato, el domingo 9 de febrero de 2020, Bukele mostró su verdadero rostro: no es un demócrata, no le importa el Estado de derecho ni la independencia de poderes que establece la Constitución. La toma militar de la Asamblea Legislativa para mostrar su poder fue el primer acto significativo de un proceso hacia el autoritarismo y el ejercicio autocrático del poder.

La toma de la Asamblea Legislativa marcó el inicio de la ruptura democrática en nuestro país, del irrespeto a la institucionalidad y de la implementación de un régimen político que avanza por la fuerza y el avasallamiento, prescindiendo de las leyes, el diálogo y la racionalidad. Hace dos años, cuando se dio ese amago de golpe a la democracia, algunos no lograron vislumbrar su verdadero significado e incluso tildaron de exagerados a quienes dieron la alarma y criticaron el hecho. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a los que entendieron la toma de la Asamblea como la primera acción del régimen autocrático que día a día ha ido cerrando los espacios democráticos que con tanto esfuerzo se habían alcanzado.

El 9 de febrero de 2020 se inauguró una nueva época política en las historia del país; una época caracterizada por la opacidad y el ocultamiento de la verdad, la total ausencia de rendición de cuentas, la intolerancia a la crítica, la desacreditación de todo tipo de oposición, la negativa al diálogo con la sociedad civil, la instalación de tribunales inquisitoriales, las constantes improvisaciones de un líder carismático y populista con enormes deseos de poder y concentrado en desmontar toda institución que pueda ponerle límites. En el supuesto de que el régimen no desmonte también toda posibilidad de celebrar elecciones libres y competitivas, este ciclo puede durar hasta junio de 2024 si la población es capaz de darse cuenta de que sin democracia, sin Estado de derecho, sin transparencia, todos perdemos. Si no, es muy probable que luego ya sea demasiado tarde y no exista más la posibilidad de un cambio por la vía democrática.

Las grandes masacres casi siempre necesitaron fosas clandestinas. Muchas de ellas se fueron descubriendo después de las guerras que generaron las matanzas. Así actuaron los nazis en vastas zonas de la Europa oriental contra judíos y gitanos, o los soviéticos en zonas polacas o en su propio territorio cuando Stalin exterminaba opositores. Los nazis, preocupados por no dejar huella, pronto cambiaron las fosas comunes de los campos de exterminio (no todas) por los hornos crematorios. Hoy los campos de concentración nazis se han convertido en una especie de centros de reflexión, auténticos santuarios, del “nunca más”. Sin embargo, las fosas comunes continuaron siendo frecuentes en diversas guerras del siglo XX, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, desde Yugoslavia a Camboya, pasando por otros muchos lugares, incluida América Latina. En una escala mucho más pequeña, las fosas comunes siguen presentes en algunos países como señal y signo de que la locura homicida no está extirpada de la historia humana. Uno de estos países es el nuestro, El Salvador.

Las fosas comunes, independientemente del tamaño que tengan, presuponen siempre una organización criminal que siempre será más amplia de lo que podemos imaginar, si contamos a los que colaboran, callan o no se atreven a hablar. Por eso resulta indispensable reflexionar sobre el tema. En un intervalo de tiempo corto, hemos visto en El Salvador la aparición de dos fosas clandestinas. Una con aproximadamente 20 cuerpos y otra de 26, según información oficial. En el caso de la primera, se capturó rápidamente a uno de los supuestos perpetradores, pues la tenía en su propia vivienda. Se habló inicialmente de una red, pero pronto el silencio cayó sobre la investigación y al capturado se le dio la calidad de “testigo criteriado”. En el caso de la segunda, tampoco hay mayor información sobre la autoría, conexiones y cómplices necesarios para disponer de esa especie de cementerio tan cercano a zonas densamente pobladas del gran San Salvador.

Por otra parte, sabemos que hay grupos de exterminio en el país, en los que se juntan sicarios, algunos policías o expolicías, y algunos comerciantes y medianos empresarios. En pura lógica racional, no resulta difícil establecer un nexo entre las fosas y la existencia de grupos ilegales de exterminio, a cuyo servicio están sin dudas dichosas fosas. Aunque los homicidios hayan bajado ostensiblemente en el país, esta doble presencia de grupos y fosas clandestinos muestra una fuerza del crimen organizado y una capacidad de acción del mismo que debería ser objeto de investigación prioritaria y de información pública trasparente.

Los crímenes concretos podrán sufrir reducciones, pero que un poder paralelo al Estado tenga la posibilidad de matar impunemente y “administrar” en el tiempo fosas o cementerios clandestinos, señala una vulnerabilidad estatal en el campo de la seguridad ciudadana realmente peligrosa. Y más en estos tiempos de tensión en los que se fomenta el odio contra la crítica política con una vocería con frecuencia agresiva. En este contexto, resulta indispensable para la ciudadanía señalar esta situación como una auténtica emergencia. Y al mismo tiempo exigir al Estado que asuma su responsabilidad a la hora de investigar a fondo tanto las fosas como los grupos de exterminio, y sus posibles vinculaciones. Por su parte, al Estado le corresponde garantizar la seguridad ciudadana, que siempre será débil si no se investiga con transparencia y se lleva a juicio a todos los implicados en esta doble y conexa situación de grupos y cementerios organizados al servicio del crimen.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Nayib Bukele aprovechó el tercer aniversario de la elección que lo llevó a la Presidencia para anunciar una lista de obras de infraestructura que, dijo, se realizarán en el país en los próximos meses. En realidad, la mayoría de ellas requerirá de mucho más que unos meses para su arranque, construcción y finalización, pues, por su número y calado, demandan acuciosos estudios técnicos y de factibilidad, así como los correspondientes procesos de licitación y contratación (en el supuesto de que se cumpla la ley). De hecho, el mismo Bukele ha inaugurado obras públicas (como los bypass de la Libertad y de San Miguel, y el periférico Claudia Lars) gestionadas por el Gobierno anterior, pero que por su complejidad y tamaño solo pudieron finalizarse durante la presente administración. Algo que el presidente ha sabido utilizar a su favor.

Poco cabe objetar ante proyectos de mejora de la red vial que buscan facilitar la circulación a lo largo y ancho del territorio nacional, propiciando así el desarrollo más allá de la capital. Pero este no es el caso: la mayoría de las obras anunciadas están orientadas al área metropolitana. Además, los problemas de tráfico de la capital y sus alrededores no se resolverán con dichas obras, por muy importantes y necesarias que sean algunas de ellas. La solución en estas zonas tan densamente pobladas pasa por la construcción de un sistema de transporte colectivo y público que tenga preferencia en todo sentido. Un sistema que sea cómodo, eficiente, no contaminante, rápido y accesible al bolsillo de las personas con menos recursos. De momento, no se ve que esta sea la apuesta del Gobierno.

Por otra parte, no puede obviarse la tendencia de esta administración a destruir sin necesidad las infraestructuras existentes para construir otras nuevas. El ya demolido edificio que albergaba la biblioteca nacional no solo era un patrimonio nacional que estaba en muy buen estado, sino que había sido construido para resistir terremotos, por lo que que le quedaban muchos años de vida útil al servicio de la ciudad y la cultura. La nueva biblioteca bien se hubiera podido edificar en alguno de los muchos predios baldíos o con construcciones dañadas del centro de la ciudad. Lo mismo ocurre con el nuevo estadio. Demoler la Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios es un despropósito, pues se incurrirá en un gasto mayor al tener que construir nuevas instalaciones para trasladarla. Hubiera sido más sensato buscar un terreno vacío para ese estadio. Eso sin preguntarse sobre el impacto medioambiental y sobre la coherencia de emprender esa obra ante las muchas necesidades del país, en especial de la población más pobre.

Invertir en infraestructura es algo bueno para fomentar el empleo y crear condiciones para un mayor desarrollo. Pero ello debe ir acompañado de planes de desarrollo sustentable que prioricen las áreas más deprimidas del país. Esos planes a nivel nacional, departamental y municipal son fundamentales si se desea que el país avance hacia una mayor equidad y los salvadoreños puedan realizar aquí sus proyectos de vida. Esa debe ser una tarea a la que el Gobierno de Nayib Bukele debería ponerle el principal interés; similar al que lo movió a asignar 200 millones de dólares para la remodelación de escuelas.