Editoriales y Opiniones

Las escasas noticias sobre el viaje de la familia Bukele a Turquía y Dubái indican que las expectativas presidenciales no fueron satisfechas. Los medios oficiales solo han registrado el encuentro con el presidente de Turquía, la visita a una fábrica de armamento sofisticado, la comparecencia de la primera dama en la feria de Dubái y promesas vagas de inversión. Si las expectativas presidenciales hubieran sido satisfechas, el oficialismo no se habría mostrado tan parco. El presidente ni siquiera se molestó en relatar a sus seguidores los momentos memorables del viaje, sino que se presentó en San Miguel para inaugurar el área de descanso del personal sanitario de los hospitales nacionales. Un aterrizaje abrupto y modesto en la realidad.

Probablemente, Bukele no fue acogido como esperaba y, en particular, no halló las fuentes de financiamiento que quizás buscaba. Necesita dinero urgentemente para financiar el presupuesto de este año, el cual, pese a sobreestimar los ingresos, presenta un hueco de casi 500 millones de dólares. De ahí el disgusto con el FMI, que se niega a facilitarle 1,300 millones de dólares si no sube algunos impuestos, reduce el gasto y rinde cuentas. Si sube los impuestos, en concreto, el IVA, una receta típica del Fondo, es probable que se aliene a una porción significativa de sus seguidores. Si no sube el IVA, pero sí los otros impuestos que el Fondo recomienda, se aliena al gran capital, el más afectado y cuyo apoyo, aunque silencioso y a regañadientes, es muy conveniente. Reducir el gasto y rendir cuentas sería ir en contra de la naturaleza del régimen.

No obstante, Hacienda dice tener “otras alternativas”. La única conocida es el bitcóin. Los hermanos Bukele confían ciegamente en que la criptomoneda aumentará su valor de manera continua y sostenida, hasta arrojar dinero suficiente para financiar el presupuesto, pagar la deuda e invertir en los megaproyectos. La confianza de los Bukele es tal que han gastado el 1 por ciento del PIB en implementar la criptomoneda y han aumentado la deuda existente en más de 300 millones de dólares para adquirir bitcóin. Apuestan en él como quien acude al casino convencido de que ganará suficiente dinero para cancelar sus deudas y elevar su nivel de vida. Bukele confía, según sus propias palabras, en que cada uno de los 50 millones de millonarios que, según él, existen adquiera uno de los 21 millones de bitcoin disponibles. Dado que la oferta no satisface ni siquiera la mitad de la demanda, el precio de la criptomoneda se disparará espectacularmente y, en ese momento, tendrá más dinero del que necesita. “Es cuestión de tiempo”.

Mientras llega ese momento, el régimen debe rebuscarse, esto es, contraer más deuda, cada vez más cara, para cumplir con los acreedores y para sobrevivir. El supuesto no tiene fundamento. Nadie puede garantizar que los millonarios adquieran bitcóin. Tampoco “los bonos volcán”, dado que el eurobono ofrece una rentabilidad mucho más alta. El juego es arriesgado y la apuesta muy alta. Si fracasa, las pérdidas serán astronómicas. No para los Bukele, que no arriesgan su capital, sino para el país. La única garantía de la operación es —pensando bien— la certeza del iluminado; pero —pensando mal— no se puede negar que la apuesta y su promesa de riqueza fácil sin cuento tienen la apariencia de las grandes estafas.

Los mercados reaccionan negativamente. Temen que el país no pueda honrar sus compromisos financieros. En la actualidad, El Salvador ocupa el tercer lugar en la lista de países de mayor riesgo para invertir, después de Venezuela y Argentina. Esta, que vive una prolongada crisis financiera, ya ha llegado a un acuerdo con el FMI, porque no tiene otra alternativa. Los Bukele, en cambio, confían en que millonarios dispuestos a asumir altos riesgos y afrontar grandes pérdidas los alejen del abismo financiero.

La cuestión aquí no es discutir las políticas del FMI, sino señalar sus razones para no proporcionar el préstamo que los Bukele tanto necesitan. El Fondo se niega por falta de garantías. Paradójicamente, uno de los abanderados del neoliberalismo no se traga el liberalismo de los Bukele. Tampoco los entendidos más lúcidos en criptomonedas, que ven en ellas la gran oportunidad para libertarse de las restricción de los sistemas financieros tradicionales. Las criptomonedas son las monedas del reino de la libertad total. Un reino en abierta contradicción con el autoritarismo de los Bukele. Ni siquiera la fantástica ciudad liberalizada del oriente del país ha conseguido despejar esa sombra. Mientras tanto, a sus pies se abre el abismo financiero. El peor enemigo de El Salvador futuro no es Arena y el FMLN, sino los Bukele del presente.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Es simple: sin transparencia no hay democracia. Aunque el derecho de acceso a la información pública sea más o menos reciente, su concepción siempre estuvo unida a la idea de democracia. Algunos teóricos ubican el origen de la transparencia en el siglo XVI, cuanto en Suecia se estableció que, como un derecho constitucional, los datos gubernamentales fueran hecho públicos. El término “gobierno abierto”, relacionado con la transparencia, se comenzó a usar en los años cincuenta del siglo pasado en Estados Unidos. En El Salvador, el derecho de acceso a la información llegó mucho después.

En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue catalogada como una de las mejores a nivel internacional. Casi dos años después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. En pocos años, este derecho se fue haciendo parte de la cultura de la gestión oficial, pese a que la mayoría de la población no lo hiciera suyo de manera significativa. Muy pronto, la labor del Instituto se volvió molesta para los Gobiernos del FMLN, porque aquel procuraba hacer cumplir la ley cuando se declaraba, sin fundamentos, la reserva de alguna información.

La democracia se distingue de los absolutismos, entre otras cosas, por el respeto a las libertades humanas y por perseguir el bien común. La democracia es incompatible con el secretismo de Estado porque el ocultamiento de la información buscan esconder que los funcionarios trabajan en beneficio de intereses particulares, no del general. Por ello, la transparencia se ha vuelto un presupuesto del Estado de derecho, en tanto que hace posible el control y la rendición de cuentas de todos los ámbitos de la gestión pública. A ningún régimen autoritario le conviene que la gente sepa cómo se manejan los asuntos públicos, porque la información es fuente de poder.

Una ciudadanía informada se empodera para pedir que se le rindan cuentas. Por el contrario, una ciudadanía pasiva, que solo observa lo que hacen los gobernantes, facilita los actos de corrupción y la violación de sus mismos derechos. En este punto radica la defensa que hacen muchos políticos de la democracia representativa y el rechazo a la democracia participativa. La democracia representativa se basa en la creencia de que la población da una especie de cheque en blanco a los funcionarios que elige. Sin embargo, si bien la democracia se basa en la elección de representantes, estos no tienen un poder absoluto y deben rendirle cuentas a la ciudanía que los eligió. La gente tiene el derecho y el deber de participar en la dinámica nacional exigiendo cuentas claras tanto del uso del dinero público como de las decisiones políticas que se toman.

Los autoritarismos contemporáneos ocupan la democracia para llegar al poder. Una vez en él, apelan a la voluntad popular para hacer lo que quieren sin rendirle cuentas a nadie y destruir la misma democracia que les permitió ser elegidos. Es claro que El Salvador vive un grave retroceso en materia de transparencia y, por tanto, de democracia. Si algo caracteriza al ejercicio del poder en la administración actual es la opacidad en el manejo de los recursos públicos y en el proceso de toma de decisiones, la eliminación de los organismos de control del ejercicio del poder y un discurso que condena los vicios más rancios de la vieja política mientras en en la práctica se les repite e incluso supera.

Una de las primeras víctimas del Gobierno de Bukele fue el Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente, a través del nombramiento de subalternos suyos, convirtió en un florero decorativo a la que fue una de las instancias protagónicas en el avance de la democracia. Después se trastocó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a fin de, entre otras cosas, dar más poder al titular del Instituto y así obstaculizar el acceso a la información. La última estocada es desnaturalizar la misma ley, volviendo reservada la información que de oficio debe ser pública. Cuando ese paso se dé, no quedará nada de la ley que fue motivo de orgullo hace más de una década.

José María Tojeira

Una de las tácticas propagandísticas del Gobierno actual, entre las muchas que ha desarrollado, es preguntarles a los sectores críticos por qué no criticaban a los anteriores Gobiernos. Cerrado a la crítica política, el liderazgo color turquesa trata de presentar cualquier diferencia de opinión con el Gobierno actual como alianza con políticos trasnochados y corruptos del pasado. En ese contexto, bueno es recordar lo que muchos decíamos en los últimos 30 años a los políticos que se turnaron en el poder.

A Arena la acusábamos, entre otras múltiples cosas, de su falta de sensibilidad social frente a la pobreza, de cómo favorecía a los ricos y creaba desigualdad en el país, de su permisividad con la corrupción y de sus políticas de mano dura contra el delito en vez de enfocarse en las causas estructurales de la violencia delictiva. Hablarle a Arena de justicia para las víctimas del pasado o de renunciar a la tradición prepotente y escuadronera de su fundador era poco menos que un delito.

Al FMLN le criticábamos las contradicciones entre su discurso social y la poca capacidad de establecer reformas económicas y sociales que llevaran al desarrollo. Les decíamos, además, que eran permisivos con la corrupción propia y ajena, y que, probablemente por miedo, favorecían a los militares en todo lo que podían, mantenían la impunidad del pasado y continuaban con las políticas clientelistas y populistas que habían caracterizado a su contrario, Arena. A ambos partidos les pedíamos siempre una reforma fiscal progresiva, en la que quienes tienen más contribuyeran de un modo mucho más eficiente y con mayor cantidad de recursos a las finanzas públicas. Por supuesto, nunca nos oyeron.

Ahora viene el color turquesa y cuando se le hace alguna crítica, acusa a la sociedad civil de aliada del pasado y de no entender esta especie de renovación absoluta y casi perfecta del actual Gobierno. Ningún Gobierno anterior le dio tantas cosas buenas al pueblo como el actual, nos suelen decir. Pero el nuevo liderazgo no cambia el clientelismo, ni la permisividad con la corrupción de los propios, ni los altos salarios de los funcionarios. No entiende, o no parece entender, lo que es una estructura injusta, y mucho menos la necesidad de cambios estructurales. No necesitamos reforma fiscal, dicen, mientras continuamos con el sistema impositivo regresivo e injusto en el país. Y se nos presenta el bitcóin como una esperanza de salvación. Criticar el autoritarismo es apoyar a los delincuentes o al pasado, que para muchos de los nuevos funcionarios parece ser lo mismo. El nuevo amanecer del azul turquesa pide un compromiso absoluto. Y la crítica, por propositiva que sea, merece un rechazo también absoluto.

Ningún Gobierno hace todo mal. Ni todas las personas que han trabajado en un Gobierno que no nos gusta son por ello malvadas. Nuevas Ideas, al igual que las administraciones del pasado, está tomando decisiones buenas y decisiones malas. Pero al igual que a sus predecesores, le resulta muy difícil entender que la crítica brota siempre del deseo de cambio. En muchos aspectos, incluso muestra mayor intolerancia frente a la crítica que Gobiernos anteriores. Y ahí es donde sería importante un cambio de actitud. Porque en El Salvador hay demasiadas realidades complejas que no se pueden solucionar sin decisiones que pueden ser difíciles, pero que requieren pensamiento, conocimiento de datos y racionalidad.

La gente que critica no es fundamentalmente malvada. La gran mayoría quiere ayudar. Y además, conocen la historia de El Salvador, tienen actitudes éticas, conocimiento técnico y capacidad. Es probable que no tengan toda la razón, al igual que el Gobierno, que tampoco tiene el don de la infalibilidad. Pero en la medida que desean justicia social, Estado de derecho, beneficiar más a quienes tienen menos, cambiar estructuras que marginan, merece la pena que sean escuchados. Dividir a la sociedad en amigos y enemigos es el peor camino para el desarrollo humano. La amistad social, por el contrario, que implica capacidad de escucha, diálogo y aprovechamiento de todo lo que en la opinión ajena se pueda hallar de bueno y de justo, es el mejor camino para un desarrollo sostenible. Atender y responder con políticas adecuadas y acciones civilizadas a las críticas que vienen realizándose desde hace tiempo sobre economía, justicia social y Estado de derecho daría en el mediano y largo plazo mucho mejor resultado que los insultos, la propaganda, las medidas y regalos populistas, o el manejo manipulador de las redes.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La coyuntura nacional, especialmente si atendemos a las publicaciones en medios y en redes, ha estado marcada por dos acontecimientos muy distintos: por una parte, la beatificación de Rutilio Grande, Cosme Spessotto, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, y por otra el trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, mezclado con la polémica de sustituir el día de los Acuerdos por el día nacional de las víctimas del conflicto armado. En ambos casos, el esfuerzo gubernamental trata de reescribir la historia a su gusto y para su propia propaganda. Mientras la Iglesia celebra en los mártires la fe profunda que llevó a unir la labor religiosa y la labor social, incluso hasta derramar su sangre, algunos partidarios del actual régimen trataron, en un primer momento, de insistir en que a estos mártires los habían matado los mismos de siempre. Pero el peso moral de la Iglesia impidió cualquier tipo de utilización que se saliera de la objetividad de los hechos: los mártires fueron asesinados por personas sin conciencia, pero sobre todo fueron víctimas de una situación de injusticia estructural denunciada y enfrentada por ellos desde principios evangélicos. Injusticia estructural que llega hasta nuestros días, por más que se diga que se quiere combatir.

El debate sobre el nombre del día 16 de Enero, Día de los Acuerdos de Paz o Día de las Víctimas del Conflicto Armado muestra también el deseo gubernamental de manipular la historia a su gusto. De hecho, la petición de declarar un Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es una antigua aspiración y propuesta de la comunidad de defensores de Derechos Humanos que nunca fue satisfecha. Los defensores de DDHH insistían siempre, en el día de los Acuerdos, en que el protagonismo de la celebración debía ponerse, más que en los firmantes, en las víctimas de la guerra y en aquellas personalidades que empeñaron su propia vida, e incluso la dieron, para defender la paz y lograr la finalización del conflicto por la vía del diálogo y la negociación. Masacres como las de El Mozote, tan mal tratadas por el Gobierno actual, hicieron más por la finalización de la guerra que los propios firmantes de los Acuerdos. Las víctimas de las repetidas masacres cometidas por la

Fuerza Armada crearon la conciencia nacional e internacional de que la guerra salvadoreña no tenía sentido y de que era mucho mejor para el país una paz con justicia que la locura de una guerra injusta con masacres de la población civil.

Eso no quita que los Acuerdos de Paz puedan y deban celebrarse. Pero personalidades como Monseñor Rivera o Ellacuría, así como las víctimas de numerosas masacres, o las personas que dieron su vida en defensa de los derechos humanos, deberían estar mucho más presentes en la celebración del día. El protagonismo en la formación de una conciencia de paz, que condujo a los Acuerdos y forzó su firma, fue de ellos, y no tanto de los firmantes. Y eso sin querer quitarles a los firmantes su parte importante en el proceso de paz. El Gobierno, en cambio, habla de las víctimas sin honrarlas. Sus funcionarios, incluidos Magistrados de la Corte Suprema, se presentan como defensores de las víctimas, al tiempo que rechazan dialogar con los sobrevivientes de la barbarie y con quienes han defendido a las víctimas sistemáticamente cuando la ominosa ley de amnistía trataba de sepultarlas en la impunidad y el olvido. Las huestes gubernamentales odian a los firmantes, quieren borrarlos del mapa histórico de El Salvador, e intentan utilizar a las víctimas como propaganda de su novedad arbitraria y caprichosa. Si algunas embajadas felicitan a quienes celebran los Acuerdos de Paz, el propio presidente les termina diciendo que eso es injerencia en el país, a pesar de que los pueblos de las embajadas mencionadas jugaron un papel importante en el impulso salvadoreño hacia la paz y continúan apoyando nuestro desarrollo social y democrático.

Las élites del gobierno actual tienen un conocimiento muy escaso de la historia de El Salvador y no dan muestras de interesarse en ella. Son, en su mayoría, miembros de una generación burguesa y superficial, escasamente comprometida con la justicia. Ni siquiera se les ve la intención de estudiar seriamente posibles soluciones a los problemas estructurales del país. La propaganda es la reina y emperatriz de la ideología de los llamados miembros de Nuevas Ideas. Desde su propio vacío necesitan reescribir la historia presentándose como redentores de una política irredenta; la de sus predecesores, con los que en algún momento, brindaron y celebraron en el pasado. Y si en algún tema o acontecimiento importante no han tenido protagonismo, tratan de destruir el prestigio ajeno y presentar con espectacularidad decisiones y discursos que terminan chocando con la realidad pobre y sumida en la injusticia que sufre nuestro país. No advierten que la propaganda, los insultos a la oposición crítica, o la espectacularidad de las presentaciones y discursos nunca podrán sustituir el trabajo permanente de quien analiza con seriedad la realidad o de quien se esfuerza en hacer historia desde la promoción y defensa de la dignidad humana y de la justicia social.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 75.

El Salvador no es patio trasero ni delantero de ningún país, tampoco es propiedad privada de una familia y sus allegados. El patrioterismo presidencial no logra esconder esta escandalosa realidad. El presidente Bukele rechaza que el país sea patio de las potencias extranjeras, pero obvia que su grupo familiar y sus socios lo han convertido en su propiedad privada. Y como toda propiedad privada, han levantado una cerca para impedir el ingreso de indeseables como Estados Unidos y la Unión Europea, han intensificado la vigilancia interior con tecnología sofisticada para retener su dominación y la expolian con la mentalidad liberal tradicional, según la cual los recursos son inagotables y el progreso ilimitado.

De esa manera, los dueños de la propiedad han secuestrado la voz de sus habitantes. El pueblo perdió su voz para expresar sus pareceres, para manifestar sus desacuerdos y para reclamar sus derechos civiles y políticos. La delegación que las urnas entregaron a Bukele para gobernar con el criterio del bien común ha sido transformada en derecho para hacer antojadizamente en nombre de un pueblo que no es consultado ni escuchado. Solo le está permitido aplaudir mecánicamente. Los diputados, en teoría representantes del pueblo, que dicen legislar para su bienestar, solo representan a Bukele y legislan para él, ya que le deben el escaño y sus prebendas. Una creciente mayoría de magistrados y jueces administra justicia según los dictados de Casa Presidencial. El pueblo no debe esperar la justicia debida, porque esta solo es concedida con la venia presidencial.

El pueblo eligió presidente a Bukele y eligió también a los diputados, y una mayoría significativa de la ciudadanía, seducida por la promesa de portentos nunca vistos, celebra que gobiernen el país como propiedad privada. Su dueño desea que crea que la llevará al bienestar y la felicidad. Tal como han cantado las comunidades cristianas en estos días de beatificación de cuatro mártires salvadoreños, “nosotros pensábamos que era la verdad”. Por eso, las palabras del cardenal Rosa, quien señaló, en su homilía, que los acuerdos de 1992 indican el camino por recorrer y que, por tanto, es necesario recuperar su espíritu, cayeron como balde de agua fría en la nutrida representación gubernamental. La reacción de sus seguidores fue instantánea.

El oficialismo desea que los pastores contribuyan a mantener a la ciudadanía callada, pasiva y resignada con su suerte, que cambiará cuando el mundo prometido se materialice. Sin embargo, la proclamación de los mártires anunció lo contrario, tal como continúa el canto: “Vino tu palabra y nos hizo cambiar”, en referencia a los padres Rutilio Grande y Cosme Spessotto, a Mons. Romero y a muchos otros. La palabra que portaban despertó las conciencias, iluminó los entendimientos y desató las lenguas paralizadas por la opresión y el terror estatal. El oficialismo teme esa palabra, que amenaza con anunciar otra vez que el destino del país debe ser decidido por el pueblo, no por intermediarios. Mucho menos por quienes lo han privatizado.

El P. Grande, en concreto, se negó a desempeñar el papel tradicional atribuido al pastor, porque el Evangelio no tolera la opresión. Su rebeldía fue castigada con el asesinato, ejecutado por un escuadrón de la muerte de la Guardia Nacional. El orden oligárquico y militar le exigía predicar “un Cristo mudo y sin boca, para pasearlo por las calles. Un Cristo con un bozal en la boca. Un Cristo fabricado a nuestro antojo y según nuestros mezquinos intereses”. Pero él hizo lo contrario. Se desvivió para que los campesinos de Aguilares no fueran seguidores de tradiciones muertas, la de los “meros enterradores y sepultureros”, que cada año pasean imágenes de madera, sino verdaderos adoradores del Dios vivo, presente en cada ser humano.

El pintor de El Paisnal que lo ha representado como un campesino más, en medio de sus dos acompañantes en el martirio, ha conjugado expresivamente el pasado y el presente. En el bolsillo de su camisa asoma la Constitución, atravesada por una bala. En San José de la Montaña, el beato explicaba a los jóvenes seminaristas los derechos y deberes constitucionales del pueblo salvadoreño. Luego, en Aguilares, en sus homilías más proféticas, cuando denunciaba cómo los poderosos violaban la Constitución, “los caínes” los llamaba, sacaba a relucir el ejemplar que le había regalado el coronel presidente, el 6 de agosto de 1970, después de su homilía sobre la falta de transfiguración por causa de la desunión y de la opresión reinantes.

Mientras en San Salvador se proclamaban los cuatro mártires, en el otro extremo del planeta, el presidente Bukele se disfrazaba en Twitter de empleado de McDonald’s para anunciar la abrupta caída del bitcóin. Mientras el oficialismo se revolvía incómodo en El Salvador del Mundo, amplios sectores populares cristianos se regocijaban con la exaltación de los mártires. La ceremonia fue profética. Inquietó a quienes temen a la palabra creadora de vida, pero alegró a quienes tienen su esperanza puesta en ella.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA

28/01/2022

Honduras estrenó Gobierno el 27 de enero y su pueblo celebra. Xiomara Castro ha sido noticia no solo por convertirse en la primera mujer que presidirá el país centroamericano, sino también por poner fin a los 12 años de una administración conservadora con características autoritarias, plagada de corrupción y con vínculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. El pueblo hondureño ha sufrido tanto por las inclemencias de la naturaleza como por la acción y la inacción de sus gobernantes a lo largo de los años. Por eso, la alegría y la esperanza que ahora inundan a Honduras son justificadas. El reto de Castro no es nada sencillo. Primero, porque sobre sus espaldas carga el compromiso de responder al histórico clamor por cambios genuinos que redunden en mejores condiciones de vida; y segundo, porque la corrupción sigue enquistada en el Estado y en los poderes fácticos del país. Tan enquistada que sus agentes están intentando bloquear el Congreso Nacional, cuya correlación de fuerzas supuestamente favorecía a la presidenta.

El régimen de Juan Orlando Hernández, admirador confeso del dictador hondureño Tiburcio Carías Andino, significó un profundo retroceso para su país en materia de democracia. Hernández dinamitó el Estado de derecho poniendo toda la institucionalidad pública al servicio de sus intereses. Eliminó la separación de los poderes del Estado, dominó a su antojo el Congreso Nacional y destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nombrando en su lugar a subalternos suyos. A través de estos, manipuló la Constitución hondureña para validar su reelección, que además fue fruto de un fraude electoral. Los titulares de los poderes del Estado, junto al alto mando militar, formaron el llamado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que respondía, sin tapujos, a las órdenes presidenciales.

Hernández se alió con la banca privada para otorgarle la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y le cedió el control de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Pisoteó los derechos de los trabajadores al emitir una ley de flexibilización laboral. Aplicó el modelo neoliberal es su versión más cruel, la extractivista, depredando bosques, impulsando la minería metálica y entregando bienes naturales a explotadores privados. Para gobernar según su voluntad, Hernández pactó con la cúpula empresarial más conservadora, con las Fuerzas Armadas y con líderes de las Iglesias católica y evangélicas.

El triunfo de Xiomara Castro, por tanto, se debió en buen grado al rechazo a la política dictatorial. La campaña de la hoy presidenta se centró en denunciar todas las leyes aprobadas para mantener en el poder a Hernández, criticar las zonas especiales de desarrollo y rechazar al modelo neoliberal y la corrupción. En este sentido, la campaña de Castro tuvo muchas similitudes con la que Nayib Bukele desarrolló en su momento. De hecho, el entonces aspirante a presidente llamó dictador a Juan Orlando Hernández, equiparándolo con los mandatarios de Nicaragua y Venezuela, aunque muy poco después terminó haciendo todo lo que en un principio criticó.

Por el bien del pueblo hondureño, el Gobierno de Castro debe alejarse del populismo autoritario que impulsa su par salvadoreño y concentrarse en democratizar de verdad la política y la economía, impulsando cambios que transciendan la esfera mediática. Honduras, como El Salvador, no necesita promesas grandilocuentes ni excesos personalistas.

Más allá de los anuncios espectaculares, de algunas medidas medianamente positivas pero más de orden populista que estructural y de la propaganda y el autobombo, lo que se percibe en la actual coyuntura es una enorme pasividad ante la problemática real de El Salvador. Algunas publicaciones recientes lo dejan ver con claridad. Una de ellas es el último informe del PNUD sobre desarrollo humano. El documento expone, con toda propiedad, los graves problemas medioambientales del país. Recuerda, una vez más, el hecho de que Centroamérica será una de las regiones más golpeadas por el cambio climático. Señala que siete de cada diez hogares salvadoreños “presentan al menos una carencia ambiental”. Advierte que la degradación del medioambiente, unida al cambio climático, afectará con mayor severidad a los pobres. Deja constancia de que el modelo económico vigente ha sido poco eficaz para mantener de forma sistemática el desarrollo humano. Y afirma que aún no hay respuestas adecuadas ante el déficit ecológico nacional y la “alta degradación del suelo y la tierra”.

Por su parte, la Cepal acaba de publicar un informe en el que coloca a El Salvador entre los cuatro países con menos desarrollo a nivel latinoamericano, lo cual contrasta con la insistencia de diversos miembros del Gobierno en que el país es de desarrollo medio-alto, a punto de entrar en la comunidad de naciones de desarrollo alto. Para el BID, alcanzar niveles adecuados de desarrollo requiere de la confianza entre la ciudadanía, las instituciones y los gobiernos. Aunque de momento la mayoría confía en el liderazgo de Nuevas Ideas, tiene serias reservas sobre muchas de las instituciones gubernamentales, los empresarios y ciertas instituciones privadas (como el sistema bancario y el de pensiones). Para colmo, el Gobierno se dedica a sembrar desconfianza sobre toda organización, grupo o persona que tiene una visión crítica de la realidad y que propone diálogo y racionalidad. No tolera ningún comentario crítico a la gestión política de los problemas nacionales. Pese a que los informes internacionales multiplican sus advertencias de riesgos, no hay un plan de desarrollo y prevención adecuado para enfrentar las vulnerabilidades del país. Al contrario, se persigue a defensores del medioambiente, se favorece un tipo de productividad económica ecológicamente insana, se mantiene una economía excluyente y se persigue cualquier tipo de oposición.

El Gobierno necesita cambiar de actitud. De la extrema agresividad y de la seguridad absoluta respecto a su proceder debe pasar a un afán dialogante. La ebriedad del poder no construye historia fraterna. Reconocer los problemas es el paso elemental para corregir situaciones que pronto o tarde conducen al conflicto. Los informes internacionales están hechos por personas a las que les interesa el país. Y la mayoría de ellas coincide en que El Salvador tiene serias deficiencias en el campo del desarrollo y el bienestar. Recurrir al diálogo es el único camino seguro para salir del estancamiento causado por la división y el enfrentamiento constantes.

Los Acuerdos de Paz son muy incómodos para el régimen, porque constituyen un hecho histórico trascendental en el cual el presidente Bukele no figura, sino sus adversarios, cuya denigración sistemática le ha facilitado un alto nivel de popularidad. Así lo expresan sus voceros, que dicen haber suprimido su conmemoración nacional para que sus suscriptores no “se sigan auto-glorificando”. Bukele no solo desprecia la guerra y los Acuerdos, sino también se mofa cínicamente de estos últimos. “Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo, porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”. La grotesca argumentación contra los Acuerdos pone de manifiesto la profunda amargura del oficialismo por no figurar en las fotos de enero de 1992.

No solo las partes que los negociaron y los suscribieron se beneficiaron. La detención de una larga guerra irracional e inhumana benefició al conjunto de la sociedad; sobre todo, a las mayorías urbanas y rurales. No es cierto, por tanto, que “después de los Acuerdos de Paz no tuvimos paz, tuvimos más muertos”. La violencia social emergió progresivamente, a lo largo de los Gobiernos de Arena. Tampoco es cierto que “la verdadera paz ha comenzado con la reducción de homicidios”, porque no existe paz donde hay desapariciones, extorsión, cementerios clandestinos, desempleo, hambre y enfermedad. Los datos indican que Bukele y su plan de seguridad no han traído la paz.

La guerra no es solo responsabilidad del FMLN, como aduce el oficialismo, sino también de la oligarquía, la Fuerza Armada y los partidos políticos de ambos. La mayoría de los muertos de la guerra no los causó el FMLN, sino la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad militarizados y los escuadrones de la muerte. Y nadie se ha beneficiado más de la impunidad que la Fuerza Armada, uno de los pilares del régimen de los Bukele. Si alegan que la institución militar ha cambiado, su transformación se debe a los Acuerdos de 1992. Al atribuir la guerra y la mayoría de los muertos solo al FMLN, el régimen expresa, implícitamente, que el orden militar y oligárquico era el mejor posible.

Es cierto que “los salvadoreños siguieron en las mismas condiciones de pobreza, injusticia y abandono”. En gran medida, porque el interés de Arena era terminar el conflicto para introducir el neoliberalismo económico, una novedad que el régimen de los Bukele explota al máximo. En dos años y medio de presidencia, Bukele no ha dado un solo paso eficaz para desterrar la pobreza y el hambre. No cuenta con un plan para reactivar la economía, expandir el empleo y disminuir la desigualdad. En consecuencia, no tiene respuesta para contener la inflación, que ya erosiona gravemente los exiguos ingresos de la mayoría de las familias. La gente ha optado por emigrar o por enrolarse en alguna de las modalidades del crimen organizado.

Sustituir la conmemoración de los Acuerdos por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es un despropósito, ofensivo para las víctimas a las que dice honrar. De hecho, el régimen dejó pasar el primer 16 de enero rebautizado en silencio. Se contentó con cambiar el nombre. No tiene interés, tampoco capacidad, en investigar los crímenes de lesa humanidad ni en hacer justicia. De esa manera, ha dado continuidad al legado de impunidad de sus enemigos. Las partes de los Acuerdos, presionadas por la Fuerza Armada, pactaron la impunidad en nombre de la estabilidad política. A medias y a regañadientes, el Ejército depuró a algunos de sus oficiales más señalados. Dicho de otra manera, la institución en la que los Bukele se apoyan y a la que privilegian con menoscabo de la inversión en educación y salud exigió la impunidad de la que aún goza. El régimen de los Bukele utiliza a las víctimas para intentar deshacerse de unos Acuerdos donde no figura y para alimentar su retórica propagandística. Más que Aguilares sea capital por un día, al P. Rutilio Grande le hubiera gustado que ya se hubiera hecho justicia a las víctimas de las masacres y de los escuadrones de la muerte.

La decisión de anular la conmemoración de los Acuerdos es de Bukele: “La inmensa mayoría de los salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz”. Pero esa mayoría no ha sido consultada. La decisión ha sido totalmente suya, suscrita obedientemente por sus incondicionales. Bukele ha secuestrado la voz del pueblo. Paradójicamente, esto ocurre en vísperas de la beatificación de un salvadoreño como el P. Rutilio Grande que luchó para que el pueblo dejara oír su voz, sin intermediario ni intérprete. Y el pueblo de entonces descubrió que tenía voz y se hizo escuchar. Por eso, el terrorismo de Estado se lanzó contra él y contra quienes le abrieron los ojos.

Los Acuerdos de 1992 no son “espurios”, como Bukele desearía. Otra cosa es que no hayan ido más allá de acabar con el conflicto armado. El régimen de los Bukele tampoco ha hecho nada para hacer justicia y para elevar el nivel de vida de las mayorías empobrecidas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

No siempre los problemas más grandes de un país son los más sentidos por su gente, así como no siempre los logros nacionales coinciden con los de cada familia o persona. Por ejemplo, en algunos períodos de la historia, la economía salvadoreña a nivel macro presentaba cifras exitosas mientras la mayoría de familias vivía en la pobreza. Sin embargo, a veces coinciden. Según los resultados de la última encuesta del Iudop, el principal problema del país es también el principal flagelo de las familias salvadoreña: la precariedad de la economía.

Para el 43% de la población, el principal reto de El Salvador tiene que ver con la situación económica (desempleo, alto costo de la vida y pobreza). El porcentaje se eleva hasta el 54.6% cuando la gente responde cuál es el principal problema que le afecta a su familia. La situación económica es también la principal preocupación de la gente. Un 56.2% cree que el aumento al salario mínimo ayudó poco o nada a aliviar la economía familiar y un 63.5% opina que en 2021 la economía siguió igual o empeoró con respecto al año 2020.

Lo que más reciente el bolsillo de los salvadoreños es el alto costo de la canasta básica. 93 de cada 100 encuestados creen que aumentó en 2021; en particular, 79 de cada 100 piensan que se incrementó algo o mucho. Esta problemática está amarrada a la principal política económica del país. Cuatro meses después de haberse implementado la circulación del bitcóin, 70 de cada 100 personas le tienen poca o ninguna confianza; 76.4% piensa que la economía sigue igual con la introducción de la criptomoneda y 11.1% piensa que ha empeorado.

En la encuesta, más de la mitad de la gente dijo que había bajado la billetera electrónica gubernamental solo para canjear los 30 dólares de bienvenida. Con respecto al bitcóin, el punto en que hay más unanimidad es en que su uso debe ser voluntario: así lo cree el 97.5% de los encuestados. La gente no está en contra del bitcóin per se, sino de su imposición y de que se utilice dinero público para comprarlo.

Desde la perspectiva de los ciudadanos, el otro gran problema del país es la inseguridad y la criminalidad. Aunque la población tiene una opinión muy favorable sobre el rol de la Policía y del Ejército en el combate a la delincuencia, reconoce que este problema se les escapa de las manos. En comparación a 2020 y 2019, más gente se siente insegura. En 2020, 63% de los encuestados creía que la delincuencia había bajado; en 2021, el 40.2% de los encuestados opinó así. Asimismo, menos gente cree que el Plan de Control Territorial ha ayudado a recuperar las localidades. En 2020, 30% de los encuestados dijo que el Plan de Control Territorial ayudaba poco o nada a recuperar los territorios, mientras que en 2021 ese porcentaje llegó al 42%.

El pueblo salvadoreño no la está pasando bien. La vida se le hace difícil tanto por la situación económica como por la delincuencia y la violencia. Por eso no es tan optimista como hace un año. Solo una tercera parte (33.9%) cree que la situación económica nacional mejorará en 2022; el 61.9% cree que estará igual o peor. Por otra parte, 73% piensa que la situación política estará igual o peor este año y el 60% piensa lo mismo con respecto a la economía de su familia.

A pesar de este realismo y de lo difícil de la situación, 66 de cada 100 encuestados sienten esperanza cuando piensan en el futuro. En general, la gente sigue apostando por el país y espera que los grandes problemas comiencen a resolverse de una vez. El Gobierno de Bukele goza del respaldo de la mayoría de la población a pesar de que esta todavía no ve cambios concretos. Si muchos salvadoreños siguen creyendo es porque esperan que esos cambios se den. Si ello no sucede, no habrá estrategia mediática capaz de contener el malestar ciudadano. Un malestar que, como muestran los datos, va creciendo.

El próximo 22 de enero celebraremos la beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spessotto,y los dos laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Los cristianos podemos decir con plena convicción que son santos para nuestros días. Y los no cristianos pueden ver en ellos a personas ejemplares en el campo de la solidaridad, de la conciencia humana y de la fortaleza que nace de las convicciones profundas. Al final, son santos para nuestros días porque supieron vivir su vida con espíritu de servicio, con fidelidad a sus ideas y con capacidad de asumir los riesgos con esperanza. No son personas alejadas del mundo, sino personas, cada una a su modo, insertas en la historia y ofreciendo en medio de ella luz para caminar y fuerza solidaria para amar. Reflexionar brevemente sobre ellos resulta indispensable para quienes deseamos un El Salvador más justo y más fraterno.

Rutilio se pasó una buena parte de su vida dedicando su tiempo a quienes se preparaban en el Seminario San José de la Montaña para sacerdotes. Los animaba en sus estudios y trataba de prepararlos para el servicio sacerdotal que más tarde desempeñarían. Después pasó a Aguilares, donde fue párroco. Se encontró allí con un gran número de campesinos en pobreza, con una proporción alta de analfabetismo, con una fe grande, pero desvinculada de sus responsabilidades sociales. No despreció a nadie. Al contrario, se unió a los más pobres ayudándoles a descubrir sus capacidades, su dignidad y sus derechos desde la fe y desde el Evangelio. Cuando los pobres se hicieron visibles como fuerza social organizada, el odio a la fe de Rutilio, que unía amor a Dios y amor al pobre, se le echó encima. Lo mismo le pasó a Cosme, preocupado siempre, como buen franciscano, por la productividad agrícola y la adaptación de cultivos para bien del campesinado pobre.

Los dos laicos que acompañaban a Rutilio nos muestran el valor de los sencillos, que apoyan lo que sienten bueno, que acompañan al que hace el bien, que respaldan desde sus posibilidades al que sirve. Dieron la vida con el mismo espíritu con el que comulgaban, el espíritu de Rutilio, que era también el Espíritu del Señor Jesús. Y son santos para nuestros días porque El Salvador continúa necesitando personas que luchen en favor de la erradicación de la pobreza y del reconocimiento de los derechos de los débiles y olvidados. Cada uno desde su puesto en la vida y sus posibilidades. Sin que nadie se sienta más porque hace más. Nelson y Manuel son tan mártires como Rutilio y Cosme. No son mártires por casualidad, sino porque estaban en la misma línea del Evangelio y del amor de Rutilio. Desde la condición de niño y desde la condición de anciano, ambos acompañaban y apoyaban desde sus posibilidades al profeta de los pobres. Eran parte de la profecía como lo son todos los que acompañan a lo bueno, sirven, aman y buscan con generosidad —sin presumir de cachimbones— la justicia social y el entendimiento fraterno.

“Mártir” significa “testigo” en griego, y “martirio”, “testimonio”. En el mundo cristiano se acabó llamando mártires, con la palabra griega, a los testigos del Evangelio asesinados por ser fieles al mensaje de Jesús. Hoy seguimos necesitando testigos de honradez, de decencia, de fidelidad a la propia conciencia, de humanismo solidario y fraterno. Testigos de la búsqueda permanente del bien. En otras palabras, personas preocupadas por el bien común y la convivencia fraterna, construidos sobre la igual dignidad de la persona humana. Y necesitamos también que los cristianos demos un mayor testimonio de generosidad, altruismo, amor al prójimo oprimido y compromiso liberador de todo lo que margina, excluye o rebaja la dignidad humana. Nelson, Manuel, Cosme y Rutilio son hoy, desde el Reino de Dios, signos permanentes del camino hacia Él.

* José María Tojeira, director del Idhuca.