Editoriales y Opiniones

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial.

El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial.

El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos.

En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.

Cuando comienza un nuevo año tendemos a llenarnos de buenos propósitos. En los dibujos de los periódicos se pinta con frecuencia un anciano que se retira, plagado de golpes y remiendos, mientras aparece caminando un niño tierno, rebosante de energía. Cada uno de ellos lleva el número del año correspondiente: el que se va y el que se viene. Sin embargo la realidad suele ser muy distinta. Continúan los mismos problemas, los mismos riesgos y las mismas vulnerabilidades. La vida no cambia si no hay esfuerzo, y los cambios sociales son con frecuencia más lentos que los cambios en la propia vida. Los errores del pasado perviven demasiado tiempo y la lucha contra ellos tiene que ser continua. La disminución de la violencia física no ofrece garantía de seguir bajando si persiste la violencia verbal. Las leyes que exigen respeto a la mujer y castigan cualquier tipo de violencia contra ellas ayudan a ir superando el machismo, pero no lo eliminan ni lo destierran de la cultura. Y si el machismo permanece las formas de violencia contra la mujer se irán volviendo más sofisticadas. E incluso no faltarán mujeres que reproduzcan, contra varones o mujeres, nodos de actuar propios del machismo y del racismo. Al final, cualquiera que se sienta superior a otros, sea hombre o mujer, puede reproducir fácilmente actitudes semejantes a las machistas o las racistas.

Si queremos que realmente el año sea nuevo nos queda a todos un largo trabajo por delante que no debemos interrumpir a lo largo de los 365 días que pronto comenzaremos a llamar nuevos, para llamarlo viejos en Diciembre del año próximo. En un país donde se dialoga poco no llegaremos a establecer un verdadero diálogo en los campos más complejos del mismo, como el político, si no tenemos propuestas, las defendemos e insistimos continuamente en ellas. En una sociedad que necesita justicia respecto a su presente y su pasado, difícilmente llegaremos a sentirnos satisfechos sin una ley de justicia transicional que sea fruto de acuerdos y reflexiones serias con las víctimas e, incluso, con los victimarios. En una patria marcada por la desigualdad, la marginación y la pobreza será prácticamente imposible respetar la igual dignidad de la persona humana si no hay un cambio profundo tendiente a la fraternidad, aunque sea lento, en la mayoría de las personas.

Los cambios para bien pueden darse, y algunos se han ido dando paulatinamente en la sociedad salvadoreña. Pero hay que trabajarlos tanto personalmente como socialmente. La capacidad autocrítica es una de las condiciones básicas para un cambio social. Quien se cree superior a los demás, desprecia a quienes considera inferiores y piensa solo en competir, él, ella o a favor de sus hijos, para sobresalir sobre los demás, será incapaz de realizar cambios, aunque crea que tiene las ideas lo suficientemente brillantes para convencer a otros. Y la capacidad de crítica social, especialmente frente a los abusos de los poderosos, sean estos del campo económico, social-cultural o político, resulta siempre y también indispensable. Un filósofo contemporáneo decía que el cristiano, si es fiel al Evangelio, debería ser un ‘deconstructor irónico’ de las narrativas del poder. Porque el poder, siempre que se fija en sí mismo y se obsesiona por su sobrevivencia, se convierte en un perpetuador de diferencias injustas.

Desear que el año 2022 sea nuevo, tanto para las personas como para las sociedades, es positivo. Pero hay que desearlo para todos. Incluso para aquellos que no nos caen bien o piensan distinto de nosotros. No podemos caer en la hipocresía de las frase generales positivas y después maltratar a los migrantes, olvidar los pobres o alegrarnos con el dolor y el sufrimiento de los privados de libertad a quienes se les niega el derecho a la visita familiar. Decir que se merecen el castigo y no reconocer derechos básicos es continuar en lo más viejo del año viejo y de su podredumbre. El Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz insiste en el diálogo intergeneracional, en el trabajo digno y en la educación de calidad para todos. Para nosotros sería un buen comienzo iniciar la construcción de novedad del año 2022 trabajando esos tres puntos.

Desde hace muchos años hemos denunciado la exhibición de los detenidos por parte de la PNC, con frecuencia mal vestidos y semidesnudos. Especialmente los pobres eran los peor tratados. La prensa amarilla de aquellos tiempos incluso nos mostraba supuestos delincuentes capturados en la noche en sus viviendas y en alguna ocasión incluso con el pie de un policía encima. Hoy las cosas han cambiado muy poco. La experiencia de quienes damos seguimiento al funcionamiento de la justicia es clara: La Fiscalía y la PNC detienen a jóvenes acusándolos de muy diversos crímenes. Se les exhibe semidesnudos y como si fueran culpables. Se les tiene durante un lento y engorroso proceso durante dos años en la cárcel, mezclados con las personas ya juzgadas y condenadas a privación de libertad, y al final se les termina liberando o absolviendo por falta de pruebas. Aunque se logran algunas condenas, son más los que salen liberados que los que se quedan, al menos si contamos todas las denuncias. Y la violación de Derechos Humanos en el modo de actual policial y fiscal queda patente. Incluso en algunos aspectos ni se respeta el código procesal penal.

La Fiscalía, además, utiliza con frecuencia testigos criteriados. En ocasiones verdaderos asesinos que por tener un alivio en sus condenas están dispuestos a decir lo que se les pida. En otras ocasiones verdaderos mentirosos o simplemente expertos en ser testigos criteriados, a veces acusando a cuarenta, cincuenta o más supuestos delincuentes. El abuso de poder fiscal, la tendencia a plegarse a los intereses del Poder Ejecutivo, ha sido una enfermedad constante en El Salvador. Algunos casos exitosos no ocultan el mal funcionamiento de una Fiscalía con labores contradictorias, acostumbrada a defender al Estado en las instancias de Derechos Humanos internacionales, y a violar esos mismos Derechos internamente.

Los malos procesos de detención se están además ahora mezclando con temas políticos. En el caso de los sobresueldos se está exhibiendo a los políticos detenidos e incluso declarándolos culpables de delitos complejos, como son el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Lo cierto en el caso de los “sobresueldos” es que todos los que los han recibido deberían pagar los impuestos que evadieron, muchas veces porque los mismos oficiales del Gobierno que les daban el sobre les decían que no declararan ese dinero a Hacienda. Pero eso es una cosa, y otra unas acusaciones que, al menos en algunos casos, no son justificables. El uso de testigos criteriados contra personas que claramente carecen de poder y en un caso con color político, muestra el estilo manipulador de la Fiscalía. Mientras deja en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad, trata de elevar con testigos criteriados el rango de los delitos cometidos por los políticos.

Ciertamente es sano y necesario en una democracia que todas las personas, políticos, empresarios o de cualquier oficio que sean, paguen sus impuestos. Y si los han evadido, aunque haya sido por consejo de sus superiores jerárquicos, que se les obligue a pagar lo evadido e incluso que tengan algún tipo de multa añadida a la deuda. Ser político y evadir impuestos es más grave que hacerlo desde otras posiciones sociales. En ese sentido incluso debería haber algún tipo de sanción mayor. Pero lo que no se puede hacer es confundir automáticamente la evasión de impuestos con el lavado de dinero y mucho menos exhibir como culpables a los acusados. Alguna persona mal intencionada podría decir con cierta razón que los políticos de ayer, que respaldaban la exhibición de detenidos calificándolos de culpables, están recibiendo el mismo tratamiento que ellos respaldaron. Pero en El Salvador la “ley del talión” es ilegal. Si algo es injusto para unos, es injusto para todos. Y cuando la injusticia se lleva a cabo contra políticos de supuesta oposición, con lujo de propaganda, con insultos, con manipulación de la normativa vigente y con condenas anticipadas a las sentencias judiciales, el papel de la Fiscalía, ineficiente en otros crímenes más graves, puede ser calificado éticamente como corrupto.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Navidad y justicia

Hace ya bastantes años el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy cantaba en estas fechas navideñas un nuevo tipo de villancico que nos deseaba a todos una feliz Navidad en justicia y libertad. Han pasado más de 40 años y la libertad, escasa para los pobres, sigue en riesgo para la mayoría. La justicia, especialmente la justicia social, continúa siendo el gran déficit de nuestras sociedades, construidas sobre el poder del dinero, de la propaganda y de las armas de una minoría. Antes se hablaba de oligarquía, una palabra culta, para definir a estos grupos minoritarios. Hoy, en la pobreza de los análisis existentes, incluso las palabras cultas se han desechado. Se ha sustituido la reflexión y el debate por el insulto, la mentira y la falta de perspectiva.

Sin embargo, aun en medio de la barahúnda política y de la propaganda comercial, la Navidad vuelve a llegar a nosotros. Y llega siempre con su mensaje original. El Dios grande y poderoso, misericordioso y bueno, se hace humano y nace pobre para enriquecernos con su pobreza y darnos la salvación. Podemos adornar el nacimiento de mil maneras, ponerle en los cuadros y en las imágenes vestidos más o menos bonitos a José y María, pero el niño siempre está semidesnudo y recostado entre pajas. Dios quiso resaltar de tal manera la dignidad de la persona humana que decidió hacerse carne en una familia de migrantes pobres, perseguidos, y nacer en el abandono de un mundo insolidario que no tenía sitio en la posada para una mujer embarazada y a punto de dar a luz.

No sería cristiano mirar al Niño, al divino Niño que nos gusta llamarle, y no sentir solidaridad, deseo de estar allí, aunque sea con la simple solidaridad del niño tamborilero del villancico. Y de la misma manera, tampoco es cristiano celebrar la Navidad olvidándonos de los que sufren. Nos gusta hablar de paz en la Navidad, y eso es indudablemente bueno. Pero la paz que el Señor nos trae no es simple reconciliación entre los desavenidos. Es la paz que se desprende de la justicia del Reino de Dios. Monseñor Romero, hoy nuestro San Romero, Rutilio Grande, que pronto será beatificado, lo entendían muy bien. De Rutilio son aquellas palabras que, hablando de la Eucaristía, insistían en que cada cual tendría su taburete y a nadie le faltaría el conqué.

Hoy, cuando estamos golpeados por una pandemia, cuando la pobreza y el desempleo han crecido en El Salvador, cuando no vemos por ninguna parte un plan serio y consensuado de recuperación del país, debe surgir, a la luz del Niño recién nacido, una pregunta y cuestionamiento; ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Hay respuestas evidentes: en familia, en armonía, con espíritu de descanso y esperanza, después de un año duro. Están bien las respuestas, pero nos quedan otras preguntas ¿qué más puedo hacer por mi hermano en necesidad? ¿cómo puedo contribuir a frenar mentiras, odios e indiferencias ante el dolor de los pobres? ¿dónde debo poner mis esfuerzos, mi palabra y mi acción para que El Salvador avance hacia una mayor justicia social? Son preguntas siempre pendientes, pero que se vuelve urgentes en Navidad. No podemos continuar sin cuestionarnos lo poco que hemos hecho por los más pobres, y sin recordar y comprometernos con lo mucho que nos queda por hacer. ¿Habrá que esperar otros doscientos años más para lograr la paz con justicia? Pensar en El Salvador, en todos los que componemos y hacemos este país, y especialmente en los empobrecidos y los vulnerables, y al mismo tiempo pensar un El Salvador distinto, más fraterno, igualitario y justo es, en estas Navidades, una urgencia cristiana.

Por José María Tojeira

En 1963 Hannah Arendt publicó el libro Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. La tesis que la filósofa desarrolla en dicho texto reside en que no hace falta padecer un desequilibrio mental, ser psicópata, cruel y perverso para llevar a cabo acciones terribles en detrimento de la humanidad. Arendt construyó su reflexión a partir del juicio a Adolf Eichmann (1906 -1962), oficial nazi y responsable de la organización de la “solución final” que acabó con la vida de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, la publicación suscitó polémica. Una serie de controversias que la llevarían a dar continuidad al debate. De esta forma, años más tarde publicó otro artículo titulado Verdad y política. En este, la autora repara en la cuestión de si siempre es legítimo decir la verdad; en la relación entre mentira y política y, no menos importante, en los efectos de la falsedad deliberada que caracteriza a los regímenes autoritarios.

Ciertamente, las ideas filosóficas y políticas de Arendt constituyen un aparato teórico importante para pensar y comprender la realidad actual. En Verdad y Política, por ejemplo, sugiere cómo la verdad se enfrenta a una falacia cuyo argumento (sustentado ya sea en una ignorancia endémica o en una mendacidad perversa) orienta a toda una comunidad política a embarcarse en una mentira organizada, esto es, una sociedad que gira alrededor de una realidad falsa. Una realidad fabricada desde quienes ostentan el poder y que tiene por esencia o naturaleza el engaño y la manipulación.

Pensar El Salvador, su realidad política y el pasado, desde algunas de las categorías que Arendt plantea permite alcanzar más elementos para iluminar tal reflexión. Recientemente el régimen ha manipulado el pasado (y el sufrimiento de las víctimas por ese pasado) para establecer su agenda de ataque y debilitamiento a las voces críticas. Hace menos de un mes, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, pidió a la Corte Suprema de Justicia (también impuesta por el oficialismo) reabrir el caso de la masacre en la UCA. Aseguró “retomar el camino de la verdadera justicia”. En otras palabras, se adjudicó una lucha que ha sido sostenida no sólo por los familiares de las víctimas y por esta universidad, sino por otras víctimas salvadoreñas y por muchos representantes de la comunidad internacional. Sin duda, se trata de una inclinación por la justicia que es falsa y a conveniencia. No obstante, la manipulación y el desinterés por el pasado en pocos días ha quedado en evidencia. ¿Cómo se puede obtener justicia cuando el mismo régimen desprecia a las víctimas y a sus asociaciones? Y es que representantes del grupo parlamentario oficial han manifestado la posición de no escuchar a las asociaciones de víctimas en la formulación de la Ley de Justicia Transicional. Para mayor agravio, se han dedicado a atacar a las organizaciones que históricamente han realizado el trabajo que competía al Estado.

Por otra parte, en la presente semana, se conmemoran cuarenta años de lo impensable. Una de las peores masacres de América Latina. Alrededor de mil personas, civiles, fueron asesinadas en El Mozote y sitios aledaños. Una fecha trascendental. Una fecha oportuna para reparar ese pasado luctuoso y para pensar en herramientas sociales que permitan avanzar en el camino de la reconciliación. Evidentemente la realidad es opuesta. Ya en el 2020 el presidente se encargó de cerrar esa posibilidad.1 Dio ejemplo de cómo manipular la verdad del pasado para incidir en el presente político. Demostró que no importa cuánto haya que negar o evadir para multiplicar la mentira. Exhibió que su interés y el de sus adeptos está en función de acumular poder. Y que ese interés nada tiene que ver con el sufrimiento de las víctimas si no es para utilizarlo a favor de sus propósitos.

Enfrentar la mentira es una tarea ineludible. Las víctimas del conflicto armado tienen mucho que aportar. Promover su exclusión es revictimizarlas. No escucharlas también lo es. De ahí la importancia de reconocer su experiencia, su trayectoria y su trabajo que ha estado centrado en el deber de memoria y en la búsqueda de la verdad. Retomando a Hannah Arendt: “hagan lo que hagan, los que ejercen el poder son incapaces de descubrir o inventar un sustituto adecuado para ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla”.2 Las víctimas, desde el ejercicio de memoria, recuerdan que en esos crímenes y esas violaciones existieron. La búsqueda de la verdad y la justicia no es una estrategia política ni publicitaria, es un compromiso y una responsabilidad.

______________________________________

Notas

1. El presidente Bukele llevó la campaña electoral a El Mozote. Disponible en https://elfaro.net/es/202012/el_salvador/25092/El-presidente-Bukele-llev%C3%B3-la-campa%C3%B1a-electoral-a-El-Mozote.htm

2. Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, (Barcelona: Austral, 2018), 396.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 73.

El 29 de marzo de 2017, la población salvadoreña celebró con alegría, esperanza y orgullo la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Esta victoria histórica de un país conocido principalmente por los altos niveles de violencia social, la sobrepoblación, la migración y el deterioro ambiental, convirtió a El Salvador en la primera nación del mundo en analizar con responsabilidad los altos costos de la industria minera y decir “No”. Sin embargo, a pesar de la vulnerabilidad ambiental de El Salvador, de la amenaza que representa la minería metálica y del fuerte y claro rechazo de la ciudadanía a esta industria, hay señales preocupantes que sugieren que el Gobierno de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa títere están considerando abrir la puerta de nuevo a la exploración y explotación de metales.

El Gobierno ha mostrado poco interés hasta la fecha en los temas ambientales y sus políticas y prácticas confirman la ausencia de una conciencia ambientalista. Frente a la crisis financiera del país, el Gobierno ve a la minería metálica como fuente de ingresos para un Estado profundamente endeudado, y es ampliamente conocido que el presidente mantiene relaciones cercanas con grandes inversionistas en esta industria.

En lugar de cumplir con la actual Ley de Prohibición de la Minería Metálica, exigiendo poner fin a este tipo de minería en todas sus formas, buscar opciones alternativas de vida para los mineros artesanales de San Sebastián y recuperar sitios mineros del pasado, el Gobierno ha promovido un Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sostenible invitando a miembros de la junta directiva de la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) para abrir un debate en el país sobre la “minería para el desarrollo sostenible”, revelando una intención clara que atenta contra los intereses del pueblo salvadoreño.

Aún más preocupante es la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Entre sus objetivos plantea autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.

La nueva ley menciona una sola vez la Ley de Prohibición de Minería Metálica, planteando que “los reglamentos, instructivos, resoluciones, normas, acuerdos y otras disposiciones generales […] mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente, mientras no sean derogados o modificados expresamente”. Esta ambigüedad abre la puerta al retroceso en la garantía de derechos lograda con la prohibición de la minería metálica en 2017.

El tema central en el debate sobre la minería metálica en El Salvador siempre ha sido el agua, con la consigna “Sí a la vida, no a la minería”. Es ampliamente reconocido que El Salvador sufre de una crisis hídrica de enormes proporciones en términos de cantidad, calidad y acceso. Los ríos se están secando, los acuíferos más estratégicos de la nación están bajando de nivel en más de un metro por año, más de 90 % de los lagos y ríos están contaminados y comunidades sin acceso a este vital líquido, fuente de toda vida, están tomando la calle.

La minería metálica es una amenaza para el agua por el enorme consumo y por la contaminación con materiales tóxicos, tales como cianuro (un químico que puede matar a un ser humano en cantidades menores a de un grano de arroz), mercurio, ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, plomo, arsénico, cadmio, magnesio y otras sustancias. Según un estudio de Oxfam América, Metales Sucios, “Cuando se trata de emisiones toxicas, la minería metálica es una de las industrias lideres”.

Dada esta realidad, grandes coaliciones sociales, junto con la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas, instituciones académicas, organizaciones de pueblos indígenas y de mujeres y otros sectores importantes de la población apoyaron una propuesta de ley presentada el 6 de febrero de 2017 para prohibir la minería metálica en el país. Un sondeo de la UCA realizado en 2015 mostró que el 79.5 % de la población encuestada creía que El Salvador no era un lugar apropiado para la industria minera. En el mismo sondeo, 76 % de los encuestados se mostró inconforme con la apertura de proyectos mineros en sus municipios; 77 % consideraba que el Estado Salvadoreño debía prohibir definitivamente la minería metálica en el país y, a pesar de la crítica situación de desempleo en las comunidades encuestadas, el 86 % indicó que no tenía interés en trabajar en una mina.

Las empresas mineras, para ganar mentes y corazones, hablan de una nueva forma de hacer minería en armonía con el medio ambiente. Usan términos como “minería verde”, “minería moderna” y “minería responsable”, pero la práctica en Centroamérica, y a nivel mundial, nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol. Las minas de Centroamérica utilizan más de un millón de litros de agua diariamente. La mina Marlin en San Miguel Ixtlahuacán en Guatemala, considerada por el Banco Mundial como la más moderna en Centroamérica, usa más de seis millones de litros de agua al día, cantidad que usa una familia campesina en 30 años. Una mina de níquel a la orilla del Lago Izabal en el mismo país utiliza diariamente trece veces la cantidad de agua requerida para el pueblo cercano de El Estor. Según los pobladores de Valle de Siria en Honduras, una zona históricamente ganadera y de producción de granos básicos, la mina San Martín, en nueve años de operaciones, secó 19 de los 23 ríos originales de la zona. Y en El Salvador, solo en la etapa de exploración, la empresa minera Pacific Rim secó más de 20 nacimientos históricos de agua en la comunidad San Isidro, en Cabañas.

En lugar de reconocer la profundidad de la crisis y buscar soluciones duraderas, como la aprobación de una Ley General de Aguas y la reforma constitucional que reconoce al agua como derecho humano, la administración de Nayib Bukele sigue priorizando los intereses de la gran empresa sobre los intereses de las comunidades pobres, aprobando proyectos que amenazan sitios estratégicos de recarga hídrica mientras los defensores del agua en localidades, como Valle de Ángel en Apopa, la comunidad La Labor en Ahuachapán, y tantos más, son perseguidos, encarcelados y acusados de terrorismo.

Frente a todas estas realidades tan preocupantes, hay que resistir de nuevo los avances en políticas y prácticas rechazadas en el pasado y que pone en peligro la viabilidad de nuestra nación y la vida misma de nuestra ciudadanía.

* Andrés Mckinley, especialista en temas de agua y minería de UCA. Texto fue publicado originalmente en el periódico digital El Faro. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 73.

Estados Unidos es tan soberano como El Salvador, y en el ejercicio de su soberanía ha impuesto sanciones a algunos altos funcionarios del régimen de los Bukele. Este, en otro ejercicio soberano similar, ha negociado con las pandillas, una expresión del crimen organizado, y ha tolerado y encubierto la corrupción. Es un ejercicio de la soberanía propia contra otro ejercicio de la misma soberanía, pero de signo opuesto. Las dos naciones son igualmente soberanas. Las sanciones de Washington comprenden el retiro de la visa estadounidense, un derecho soberano de las naciones; el bloqueo, no la confiscación, de los activos en territorio estadounidense; y la prohibición de contratar o negociar con las empresas o los ciudadanos estadounidenses. No hay, pues, ninguna injerencia indebida en los asuntos internos del país ni razón para que el presidente se irrite, ya que las sanciones se apegan estrictamente a su concepto de soberanía.

Más allá de la sinrazón de la cólera presidencial, se vislumbran dos motivos. El primero, el más obvio, es que las sanciones impiden que los funcionarios señalados y sus familiares más cercanos viajen a Estados Unidos, que accedan a sus activos en territorio estadounidense o que traten con empresas estadounidenses. La reacción presidencial pone de manifiesto cuán importante es para todos ellos la relación con Estados Unidos, a pesar de su actitud de falsa indiferencia. Si tanto les importa viajar a ese país, debieran haber actuado con prudencia. Si tanto les importuna la política estadounidense, por qué acumulan activos en su territorio o contratan los servicios de sus empresas.

El segundo motivo que ha disparado el arrebato presidencial es la contundente acusación de Washington contra el régimen de los Bukele por negociar con las pandillas la reducción de los homicidios, la colaboración en la imposición de la cuarentena y la ayuda en la recién pasada campaña electoral; y por la corrupción asociada a la pandemia y al reparto de alimentos. Ocultar los hechos y obviar la investigación policial y fiscal no han impedido que Washington confirme las denuncias de la prensa nacional. La embajadora y los costosos cabilderos en Washington, y la campaña desinformativa en las redes sociales no han podido esconder verdades de bulto. Descartar las denuncias como “absurdas […] acusaciones diarias” compromete más aún la ya maltrecha credibilidad del régimen.

Es poco probable que Washington haya procedido atolondradamente. De hecho, aporta más información que la prensa nacional. El régimen recompensó los servicios de las pandillas con dinero, teléfonos y acceso a prostitutas. La exjefa del gabinete y vocera principal del régimen ha dirigido también “una estructura de corrupción multimillonaria”, con ramificaciones en las dependencias gubernamentales. La esposa del embajador en Italia autorizó adquisiciones sospechosas relacionadas con la pandemia, contratos inflados y sobornos a funcionarios y asesores presidenciales. Además, utilizó la distribución de alimentos durante la pandemia para promover las candidaturas del partido oficial. Mientras que el carcelero mayor y su madre robaron y vendieron esos alimentos y manipularon la planilla del sistema penitenciario para enriquecerse. Es inverosímil que los Bukele desconocieran estas actividades de su gente de confianza.

Existen, pues, razones para los arrebatos presidenciales. Sin embargo, puede despejar las sospechas y las acusaciones si investiga la corrupción y esclarece las responsabilidades. No lo hará, porque traicionaría a sus servidores más fieles y porque, de hacerlo, alguno, en venganza, podría hablar más de lo conveniente. Perdido en su desvarío, el régimen acusa ahora a Washington de “financiar movimientos comunistas” y amenaza con represalias judiciales a quien hable del tema por herir el honor de los señalados. La mejor defensa del honor es la investigación creíble que los exonere de responsabilidad.

En su extravío, el régimen ni siquiera acierta a definir el estado de su relación con Washington. Desde el vicepresidente para abajo la relación es amistosa. Pero para el presidente “está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada”. En realidad, Bukele reclama lo mismo: “sometimiento absoluto” a su voluntad “o nada”. En este plan se plantó en El Mozote, rodeado de aeronaves y soldados fuertemente armados. Emplazó su podio y sus banderas, destruyó la casa comunal y los puestos de los artesanos locales, y repitió las promesas del año pasado. La colaboración, la amistad y la alianza parten de coincidencias; entre más colaboración y amistad, más intereses compartidos. Pero Bukele exige colaboración, amistad y alianza unilaterales.

Este camino ha introducido al régimen en un callejón sin salida. Pareciera, pues, que es el momento de repensar el concepto de soberanía. Hasta ahora, esta ha sido esgrimida para justificar el curso arbitrario y corrupto del régimen de los Bukele. En un mundo globalizado, es inviable sobrevivir en el aislamiento radical estilo Corea del Norte. La apertura, el compromiso y el sentido común son presupuesto fundamentales para entablar relaciones sólidas y fructíferas para los pueblos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los cristianos nos preparamos para celebrar la Navidad. La invitación que nos hace el Evangelio es a la conversión, es decir, a abandonar las actitudes y comportamientos contrarios al proyecto de salvación de Dios para la humanidad. Para esta preparación, encontramos en el Evangelio una figura clave: Juan el Bautista, el profeta que clama en el desierto y cuya misión es preparar los caminos del Señor. En su mensaje, el Bautista enseña de manera muy sencilla qué actitudes adoptar para recibir bien al Mesías.

En primer lugar, Juan el Bautista hace un llamado a compartir con el prójimo en necesidad dos elementos fundamentales para la vida: vestido y alimento. Compartir con el que no tiene es una exigencia de Jesús en todos los evangelios. Por otra parte, ante las preguntas que le hacen distintas personas que han escuchado su llamado y que parecen interesadas en enderezar sus vidas, la respuesta del Bautista es bien clara: sean justos, no abusen de su poder, no hagan mal a nadie, no cobren más de lo que está ordenado, no sean corruptos, no acusen a nadie falsamente, confórmense con su salario. En definitiva, lo que pide el Bautista es un comportamiento recto, solidario y fraterno.

Es evidente que lo que el Bautista rechaza siguen dándose hoy en día. El egoísmo de aquellos que tienen mucho más de lo que necesitan y no son capaces de compartir con el necesitado ni siquiera aquello que les sobra. Los políticos y los funcionarios que acusan falsamente a los ciudadanos que critican sus actitudes y acciones. Los policías y militares que abusan del poder que les da su uniforme y su arma para acosar, intimidar, sobornar. Los fiscales y jueces que se corrompen y tuercen la justicia para favorecer al poderoso, aunque ello suponga condenar al inocente o promover la impunidad de los delincuentes. Estos son solo algunos ejemplos que muestran lo torcidos que están los caminos en nuestro país y lo mucho que se debe hacer para construir una sociedad coherente con las enseñanzas del Evangelio.

El Mesías que viene a salvar al mundo requiere tanto de una conversión personal como social. En la Biblia se narra cómo la ciudad de Nínive fue capaz de escuchar el llamado a la conversión del profeta Jonás; toda la ciudad, incluidas las autoridades, hizo penitencia, se arrepintió de sus pecados y enderezó el camino para abrazar una vida agradable a Dios. Nínive es un buen ejemplo para El Salvador, que requiere con urgencia abandonar todo aquello que lo están destruyendo política, social, económica y moralmente. Ello supone una conversión a nivel nacional, abandonar el odio entre hermanos, la mentira, el abuso, la corrupción, la violencia, la ley del más fuerte, para sustituirlos por la justicia, el respeto a la dignidad humana, la fraternidad, la transparencia y la verdad, el servicio generoso, el diálogo y la participación democrática.

Solo de esa manera será posible pensar en un mejor futuro para el país. Un futuro al que parece que muchos han renunciado, pero que es posible alcanzar si la mayoría lo desea y trabaja arduamente por conseguirlo. Vivir con hondura el Adviento implica esforzarse para que todos los salvadoreños y salvadoreñas gocen de los mismos derechos y tengan los mismos deberes, sean felices y se desarrollen en paz en su patria, reconozcan en cualquier persona a un hermano o hermana. Sin libertad, dignidad humana, amistad, justicia social, participación democrática y respeto a la diversidad y a los derechos humanos no habrá salvación para El Salvador.

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial.

El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial.

El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos.

En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.

Artesanos de la impunidad

Editorial UCA

10/12/2021

A mucha, demasiada gente en el país no le preocupa la impunidad que, al igual que un cáncer, carcome a nuestra sociedad. Literalmente, “impunidad” significa ausencia de castigo. Por ejemplo, ante una violación a los derechos humanos, el sistema judicial está ausente, no actúa. Así, los responsables de violar derechos y la ley quedan impunes, es decir, sin castigo. La impunidad y la corrupción están intrínsecamente relacionadas: una es condición para la otra. Gracias a la corrupción, un crimen permanece impune. A la raíz de los males nacionales está la impunidad, porque socava, entre otras cosas, el Estado de derecho, que presume que nadie, ni los funcionarios, ni los gobernantes, están por encima de la ley.

En la actualidad, una de las herramientas preferidas de los funcionarios para garantizar la impunidad es aplicar la justicia selectivamente. Toda la institucionalidad a su servicio se vuelca contra ciertos políticos y contra quienes denuncian y dicen la verdad, pero no hace nada contra aquellos de los suyos que quebrantan la ley. A los corruptos de larga data, que camaleónicamente cambiaron de color, no se les toca. Utilizan el sistema de justicia para criminalizar a los que protestan, a los que no respaldan todas sus decisiones, a quienes denuncian la impunidad.

Mientras mantienen un discurso contra la corrupción y la impunidad, en la práctica impiden combatirlas. Reservan toda la información; no dan participación a la ciudadanía; cuando se destapan casos de corrupción, levantan cortinas de humo y protegen y defienden a los señalados. No hay comisión internacional contra la impunidad porque precisamente lo que se quiere es afianzar la impunidad. La Fiscalía General de la República, la instancia que debería combatirla, se dedica a perseguir opositores; no se ocupa de los grandes problemas que agobian a la población, como la violencia criminal, las desapariciones, los homicidios. En un contexto en el que el Ejecutivo ha cooptado todos los poderes, la Fiscalía no responden a las víctimas, sino a los intereses del poder. Toma en cuenta a las víctimas solo cuando ello beneficia a la narrativa oficial.