Editoriales y Opiniones

El papa Francisco se ha referido a la corrupción como un gravísimo mal, un virus o un cáncer que lo infecta todo, destruye el tejido social y afecta principalmente a los más pobres y al medioambiente. En este sentido, afirmó: “La corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos”.

El Salvador está infectado con este virus, está enfermo de este cáncer destructivo. Tanto el pasado como el presente están manchados por la corrupción, en múltiples y diversas formas. Miles de millones de dólares han sido sustraídos de los fondos públicos para engrosar los bolsillos de gobernantes, funcionarios, políticos, comerciantes, empresarios, ciudadanos y grupos de mafiosos. Miles de millones de dólares que debieron haber servido para la mejora de los servicios públicos, para elevar la calidad de la salud y la educación, para construir infraestructura que posibilitara un mayor y más equitativo desarrollo nacional.

No hay que caer en la trampa de pensar que únicamente los políticos y los funcionarios son los únicos corruptos y responsables de la corrupción. Esta se da en todos los sectores de la sociedad y en distintos ámbitos. Corrupción es pagar para obtener un favor de una autoridad o un funcionario, o para lograr un negocio con el Estado. Corrupción es utilizar bienes públicos para fines personales; evadir impuestos; vender al Estado bienes y servicios a precios más altos que los del mercado.

Tan encarnada está la corrupción en el país que se acepta como normal, como propia de la dinámica del funcionamiento de la cosa pública y de las relaciones entre los funcionarios y la ciudadanía. Y mientras esto sea así, no se logrará superarla, no será posible alcanzar una cultura de cero tolerancia a la corrupción. En la construcción de dicha cultura juegan un papel fundamental las familias y el sistema educativo; instituciones que tienen el deber de fomentar los valores que son fundamentales para erradicar la corrupción: honestidad, transparencia, responsabilidad, integridad. Para prevenir este flagelo es también fundamental la transparencia en el quehacer de las instituciones y en el uso de los fondos públicos.

Más por presiones internacionales y de la sociedad civil organizada que por convencimiento propio, en las últimas décadas El Salvador creó mecanismos que, de haberse aplicado correctamente, hubieran impedido o al menos dificultado la corrupción, y facilitado la persecución legal de corruptos y corruptores. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Bolsa de Productos y Servicios, los portales de transparencia y las oficinas de información pública son algunos de esos mecanismos. Lejos de ponerlos plenamente en funcionamiento, la administración actual los ha vuelto irrelevantes.

La lucha contra la corrupción requiere que se controle el uso de los fondos públicos y se sancionen los comportamientos indebidos. Las instituciones que en el país deberían velar por ello son el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Hoy día, ninguna de ellas realiza su tarea con la seriedad y la competencia necesarias para disuadir el delito y llevar ante los tribunales a los corruptos. Han sido cooptadas o neutralizadas desde Casa Presidencial para evitar el escrutinio de su gestión. Así, El Salvador ha retrocedido con celeridad en la lucha contra la corrupción; deliberadamente se han tomado acciones que facilitan la corrupción en lugar de combatirla.

En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, es bueno recordar que el histórico déficit de El Salvador con respecto a este tema no ha hecho más que profundizarse. Como afirmó el Papa Francisco, luchar contra la corrupción “implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.

La justicia es entendida y reflexionada, desde hace siglos, como una actividad racional, muy diferente a la venganza. Sin embargo, hay quienes insisten en identificar una con otra. Por supuesto, toda persona tiene derecho a pensar lo que desee, pero ningún Estado moderno, civilizado y democrático puede tolerar que el sistema judicial sea utilizado vengativamente. En El Salvador, la idea de justicia como venganza está muy extendida entre la población y en el Estado. El uso exagerado, muchas veces manipulado, de los testigos criteriados y el aumento de las penas son dos muestras de cómo en el país se aplica la justicia en beneficio del más fuerte e influyente. En los últimos meses, además, se han dado pasos claros para usar la justicia para la venganza política.

Se está convirtiendo en tradición cambiar decisiones judiciales que favorecían con medidas sustitutivas a políticos acusados de delinquir. Además, algunos capturados por delitos de muy difícil sustentación son tratados con extrema dureza antes de ser condenados. Encarcelar, aislar y favorecer la apariencia de culpabilidad es la tendencia judicial desde el primer momento en que se acusa a miembros de partidos políticos que estuvieron en el poder. A esto se suma la arbitrariedad. Por ejemplo, mientras a algunos políticos se les encarcela por haber recibido sobresueldos, a otros se les deja en total libertad. Resulta escandaloso que solamente se acuse o investigue a aquellos que de alguna manera pudieran ser críticos u opositores al Gobierno actual. Ello explica que se esté extendiendo la idea de que de nuevo hay presos políticos en El Salvador, como antaño.

A juzgados cercanos al Ejecutivo se les está dando la orden de que investiguen posibles problemas legales que hayan tenido en el pasado tanto políticos como miembros e instituciones de la sociedad civil. Lo que interesa es usar la información para desprestigiar o reabrir casos, por dudosos que sean, contra cualquier persona o institución que sea crítica. Si prohibir la visita familiar a los privados de libertad es de por sí una violación grave de los derechos humanos, aislar a los políticos encarcelados muestra una muy clara voluntad de venganza. Por la pandemia, la visita familiar podría limitarse en número de días o cantidad de visitantes, pero prohibirla absolutamente violenta derechos básicos y rompe con compromisos constitucionales y convencionales de El Salvador. Suprimir la visita familiar es una forma eficiente de dañar psicológicamente a los privados de libertad y dificultarles la rehabilitación en el caso de que fueran culpables de algo.

Convertir la justicia en venganza puede conducir a una espiral de odio, resentimiento e inhumanidad crecientes. Solamente los hombres y mujeres capaces de ver en toda persona, incluso en alguien que ha hecho un daño, a un ser humano con derechos pueden poner un alto a la locura de la justicia entendida como venganza, tanto con su palabra como con su compromiso con la dignidad humana.

El régimen de los Bukele no ha dudado en desconocer las elecciones de Nicaragua y en reprobar la dictadura de Ortega. Sin embargo, sigue de cerca sus pasos. El control de la institucionalidad estatal es total; el hermetismo sobre la gestión pública, férreo; la seguridad ciudadana, militarizada; y la hostilidad y el acoso a la crítica, agobiante. Los dos mandatarios se han erigido a sí mismos en compendio de la soberanía nacional. Ortega hasta aislar a Nicaragua del exterior; Bukele lo sigue de cerca: todo aquel que contradiga su voluntad responde a intereses extranjeros sediciosos. De ahí que los mismos fantasmas irriten a los dos.

Los Bukele enfrentan al “mandante extranjero”, su última creación, un complemento de la sedición promovida por Arena y el FMLN, reforzada ahora con financiamiento externo, esto es, de Estados Unidos. La ofensiva contra “los mandantes extranjeros” irrumpe poco después que Washington avisara que orientaría toda su ayuda financiera a las organizaciones sociales y cobra forma en un anteproyecto de ley, cuyo objetivo es defender la soberanía nacional. La justificación y el contenido del anteproyecto reflejan el miedo del régimen a ver expuesta su incompetencia, sus contradicciones y sus desmanes. El régimen tiene mucho que perder y mucho que ocultar.

El creciente descontento social no proviene de financistas extranjeros, sino del desentendimiento de las necesidades de la gente. Incapacidad o desinterés, el régimen no se hace cargo de ellas. Mira hacia otro lado como la criptomoneda y su ciudad, el hospital de las mascotas y Surf City. Exceptuando la respuesta a la pandemia, en la práctica, ninguno de sus faraónicos proyectos está dirigido a mejorar las condiciones de vida de las mayorías. El régimen no tiene respuesta para el aumento de las desapariciones, la inflación, el desempleo o la violencia social. Por eso, dirigir la mirada hacia estas duras realidades cotidianas es fuente de inestabilidad y una amenaza potencial.

El contenido del anteproyecto de ley dice más de la inseguridad del régimen que de la supuesta conspiración de agentes extranjeros en contra de la soberanía nacional. El texto es vago y equívoco. Quizás por la ineptitud de la inteligencia jurídica de Casa Presidencial. Probablemente porque deja su aplicación al arbitrio de Bukele, quien definirá los conceptos, las atribuciones y las competencias. Él deberá puntualizar cuáles son las “actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país, entre otros”. El uso repetido de la fórmula “o y entre otros” admite cualquier acto que no sea del agrado presidencial. Automáticamente, ese acto es catalogado como injerencia de “mandante extranjero”, una expresión que admite igualmente varias connotaciones. Corresponde también a Bukele determinar qué connotación será sancionada de forma drástica. Una cosa es clara, la soberanía nacional es Bukele y quien ose contradecirlo o desobedecerlo atenta contra dicha soberanía.

El arrebato timorato del régimen de los Bukele amenaza con poner fin a la asistencia a las víctimas de las catástrofes, un fenómeno recurrente, y a la actividad de muchas organizaciones dedicadas a atender necesidades apremiantes de la gente; unas necesidades que el presidente tiene descuidadas, por estar ocupado en sus proyectos fantásticos. El régimen no puede suplir esta ayuda internacional por falta de voluntad política y de recursos.

El miedo a la libertad de pensamiento y de expresión le genera tal inseguridad que no piensa con claridad. Si la protesta social no es más que unas cuantas “marchas paupérrimas”, tal como alega el ministro de gobernación, quien tampoco “entiende ni de qué han ido a quejarse”, el anteproyecto de ley es un despropósito. Más aún, el régimen exige a los movimientos sociales una transparencia financiera que él no observa. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Conciencia de su incompetencia, temor a perder el poder, simple inseguridad psicológica o un poco de todo? Las exigencias de la realidad nacional se erigen como obstáculo intolerable para unos Bukele fascinados con proyectos extravagantes, que los colocarían en la cúspide de los retos mundiales.

La tensión entre la realidad y la obsesión mesiánica hace que el régimen se contradiga sistemáticamente. La incoherencia, el desatino y la superficialidad constantes han dejado la credibilidad de Bukele por los suelos. Hoy anuncia la edificación de una ciudad de primer mundo, pero al comienzo de su mandato, prometió convertir El Mozote en un polo de desarrollo. Los privilegios que ahora ofrece en inglés a los extranjeros antes los censuró tajantemente. El adalid de la soberanía nacional promete a extranjeros y nacionales privilegiados por la desigualdad, siempre en inglés y en un tablado de club nocturno playero, un enclave con servicios de primerísima calidad, libre de impuestos y, además, verde. Al resto, la mayoría, lo abandona a su suerte, porque no le resulta atractivo invertir en él.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso

25/11/2021

“Más que los actos, son las palabras las que debemos hacer concordar. ¿Cómo pretendéis que la gran masa de una nación pueda juzgar si su gobierno se guía por la lógica? Basta con decirles que es así”.

Maquiavelo, de Maurice Joly

Recurrir a los autores clásicos siempre nos ayuda a comprender lo que acontece en el país. En esta ocasión Maurice Joly nos permite analizar tres puntos: la desconexión de la realidad del presidente, el mito de las jugadas maestras y la consolidación de la dictadura.

1. Desconexión con la realidad y la “cosificación” del presidente

Como bien dice el Maquiavelo de Maurice Joly, los pueblos y los hombres en los distintos tiempos se han contentado con palabras y les basta con las apariencias. Tanto así, dice Maquiavelo, que a los gobernantes les “es posible crear instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias” que el pueblo termina creyendo que son verdades. El sábado 20 de noviembre en la playa Mizata, en La Libertad, Bukele sacó de su sombrero de mago la llamada “Bitcoin City” que, según sus palabras, planea construir alrededor del Volcán de Conchagua. Antes ya había sacado del mismo sombrero la construcción del Hospital para mascotas “Chivo Pet”. Bitcoin City es una ficción de gran proporción que nos hace pensar que el presidente se ha desconectado de la realidad que vive el país. Y aquí nos referimos a esa realidad que le gritan a Bukele los desaparecidos desde las fosas clandestinas de Nuevo Cuscatlán, Chalchuapa y Lourdes por mencionar las descubiertas recientemente. También es la misma realidad que le gritan los migrantes irregulares salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos y las familias desplazadas forzosamente por el control territorial ejercido por las pandillas.

En Mizata, Bukele se dirigió a su club de alabanza, conformado en su mayoría por extranjeros (bitcoin bros), y presentó su gran apuesta (Bitcoin City) que salvará a la humanidad, según sus palabras. En ese discurso en inglés -como parte del cierre de la semana del bitcoin- Bukele se convirtió en un producto de marketing, en una marca, o mejor dicho, en una cosa. Al presidente se lo devoró o engulló su misma propaganda política y lo convirtió en una especie de marioneta de las empresas que están detrás del negocio del bitcóin a nivel internacional. Al final de su discurso, Bukele presentó al CEO de la empresa Blockchain para que explicara el plan financiero que tienen entre manos, así como el funcionamiento de la emisión de los “bonos volcán”. Nada de ese proyecto es viable ni de beneficio para las mayorías pobres del país, todo es pura ilusión. ¿A quién le habla el presidente cuando lo hace en inglés? ¿Por qué oculta información? ¿Por qué esconde sus proyectos si son de beneficio para todos los salvadoreños? La única respuesta es que todo es mentira y engaño. Bukele usa el bitcóin como sombrero de mago del cual sacará cualquier proyecto ficticio que le sea de utilidad para mantener a las masas “encantadas” con una falsa prosperidad.

2. El mito de las jugadas maestras

Parte del mito creado alrededor de Bukele, que es repetido por sus seguidores, es que el presidente es un hombre que piensa fuera de la caja (“Out of the Box¨) y que todas sus acciones son una especie de “jugadas maestras”. Todo esto no es más que una estrategia de comunicación política de los organismos de propaganda del Gobierno que se encuentran en los manuales que siguen y aplican los líderes populistas. Al respecto de la creación de estos “super poderes” atribuidos al líder, dice Maquiavelo: “Por lo tanto, deseo que las diversas fases de mi política sean presentadas como el desenvolvimiento de un pensamiento único en procura de un fin inmutable. Cada suceso previsto e imprevisto tiene que parecer el resultado de una acción inteligentemente conducida [...] El acontecimiento último será presentado como la conclusión lógica de todos los anteriores.”. Cualquier acción del presidente será presentada -por sus organismos de propaganda- como una gran jugada maestra en beneficio del pueblo. Aquí nuevamente la realidad terminará gritándole al oído de la población que no se dejen manipular ni desinformar por charlatanes de la comunicación política cuyo único afán es destruir el país y concentrar el poder político para satisfacer sus ambiciones e intereses económicos.

3. La dictadura no descansa en su afán de concentrar todo el poder y de establecer un pensamiento único

Ante la pregunta de ¿Qué hacer para consolidar el poder? Maquiavelo dice: “Deberá en primer término dedicarse a destruir los partidos, a disolver, dondequiera existan, las fuerzas colectivas, a paralizar en todas sus manifestaciones la iniciativa individual; a continuación, el nivel mismo de temple decaerá espontáneamente y todos los brazos así debilitados, cederán a la servidumbre”. Dos días después de la fiesta del bitcoin en Mizata, la FGR y la PNC desataron la persecución polìtica a oenegés de la sociedad civil y allanaron sus instalaciones, se discute la Ley de Agentes Extranjeros que ya ocasionó el retiro de algunos cooperantes internacionales, se aprueba la ley que facilita la expropiación de inmuebles por parte del Estado, se destruyen instituciones que buscaban la descentralización de fondos y proyectos para municipalidades y se concentra el manejo del Fodes en una instancia que será dirigida por el Ejecutivo. Sin lugar a dudas lo que está en marcha es el aniquilamiento de las fuerzas colectivas e individuales y el desarrollo de la preponderancia del Estado en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, en la consolidación de una dictadura. Ojalá estos hechos griten al oído de las masas de que el país va aceleradamente en la dirección incorrecta.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 71.

El caso de la masacre en la UCA toca las fibras más hondas de esta universidad, como lo sabe todo mundo. Por eso quedó claro desde un principio qué buscaban los operadores de justicia del régimen al apropiarse del caso prescindiendo de las víctimas. Esperaban que la Universidad reaccionara inmediatamente ante la petición de declarar nulo el fallo de la Sala de lo Penal, para seguir con su campaña de mentiras y calumnias, pero se equivocaron. Es difícil creer que la justicia les interesa a funcionarios que ocupan sus cargos gracias a la injusticia. Hacer justicia les es ajeno porque han sido impuestos precisamente para lo contrario, para impedirla y ponerse al servicio de la máquina de intolerancia que pretende arrollar a todo aquel que dice la verdad y denuncia las mentiras.

Desde el mismo día en que se perpetró la masacre en 1989, la UCA y la Compañía de Jesús dijeron claramente que pedían justicia, no venganza. También dijeron sin ambigüedad que para hacer justicia tenía que conocerse primero la verdad, y que después vendría el perdón. Pero para el régimen y sus asociados esto no es fácil de entender, pues confunden la justicia con la venganza. Ambas son radicalmente distintas: lo propio de la primera es buscar el bien; la venganza persigue dañar. La confusión no es puramente conceptual. Menos aún en un contexto donde se atiza el odio y el desprecio, y se pretende enmascarar con un discurso de justicia el mal que se busca causar.

La UCA y la Compañía de Jesús estiman que en el caso del coronel Benavides se ha dicho verdad y se ha hecho justicia. Se ha reconocido judicialmente la responsabilidad de Benavides, él ha pasado más de cinco años en prisión y es un adulto mayor que padece enfermedades crónicas. Ahora, después de la verdad y la justicia, corresponde el perdón. Por eso, en 2017, la UCA solicitó la conmutación de la pena, nunca el indulto, como asegura la maquinaria del régimen. Que funcionarios sin mayor formación no sepan la diferencia, no extraña, pues solo repiten lo que se les ordena. Pero que lo digan quienes están en el máximo organismo de justicia, indigna.

El indulto borra la responsabilidad en el crimen, y lo concede la Asamblea Legislativa. En cambio, la conmutación de pena no borra la responsabilidad, sino que la reconoce; y la concede la Corte Suprema de Justicia por las condiciones particulares del sancionado. Además, los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no son indultables, tal como lo estipula el derecho internacional de los derechos humanos. La UCA está dispuesta a perdonar siempre y cuando se reconozca judicialmente la verdad y se haga justicia. Esto vale para los autores intelectuales de la masacre, sean quienes sean e independientemente del sector al que pertenezcan. Estos matices son irrelevantes para quienes no buscan justicia, sino la manipulación política de la institucionalidad pública.

La UCA quiere justicia, verdadera justicia, y ha luchado incansablemente por ello. La actual administración comparte con las anteriores su desprecio por las víctimas. Los Acuerdos de Paz fueron discutidos, aprobados e implementados sin la participación de las víctimas de la guerra. Desde entonces, la impunidad cobró carta de ciudadanía en el país. Casi 30 años después, el Gobierno de Nayib Bukele hace suya esa tradición a través de su fiscal y su Corte Suprema. Ya demostró su desprecio por las víctimas de la masacre en El Mozote y por todas las víctimas de la guerra. Quieran o no, las víctimas en el caso de la masacre en la UCA son los familiares de los asesinados, la Compañía de Jesús y la misma Universidad. Ninguno de ellos ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía.

Si buscan verdadera justicia, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada con respecto a las más de 70 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil que ha interpuesto el Idhuca desde hace años? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ha actuado ante la denuncia por prevaricato, interpuesta por la Universidad, contra dos magistrados que apoyaron el cierre del caso de la masacre en la UCA? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ordena la entrega de todos los archivos militares para esclarecer la masacre en El Mozote y muchas otras barbaries que ocurrieron durante la guerra?

Que sectores políticos que siempre han estado en contra de hacer verdadera justicia y que ahora se dan baños de pureza pretendan apropiarse del caso de la masacre en la UCA es despreciable, inhumano. Está tan claro lo que buscan que no es difícil anticipar un final en el que se exonera a los acusados que pertenecen a alguno de los grupo aliados del Gobierno, mientras se condena a otros para alimentar la farsa de justicia. Más allá de estas mezquindades, la UCA seguirá buscando verdad y justicia tanto para este caso como para otros, y seguirá denunciando las artimañas y corruptelas del poder. No la callarán.

Un principio básico de la gobernanza es la subsidiariedad. Así como lo que puede hacer el individuo o la familia no debe ser sustituido por el Estado, tampoco el Estado debe sustituir lo que pueden hacer las instancias sociales más pequeñas. El caso de las alcaldías es típico. Lo que ellas pueden hace no debe ser sustituido por el Estado. Y lo mismo podríamos decir de asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro tipo de institución que ayude a crear vínculos sociales o persiga el buen funcionamiento de la convivencia ciudadana. Organizaciones locales que defienden sus derechos, asociaciones defensoras de derechos humanos, juntas de administración de aguas o bosques comunales prestan un servicio importante a la vida social de un país. Por supuesto, tienen que ser respetuosas con el marco legal y constitucional nacional. Pero sus aportes no deben ser menospreciados por el Estado. Al contrario, el buen gobierno debe siempre apoyar y facilitar el trabajo de las instituciones y organizaciones intermedias.

El mayor enemigo de este principio de subsidiariedad, fundamental para la amistad social y el funcionamiento fraterno y ágil de nuestras sociedades, suele ser el Estado autoritario. A este le gusta ver como a menores e inferiores a todo tipo de organizaciones secundarias. Y tiende siempre a desarrollar un paternalismo y una dependencia que no solo impiden crecer a las instancias sociales pequeñas, sino que reproducen las pautas autoritarias del propio Estado. Se puede decir que sin subsidiariedad no puede haber democracia, porque las personas no solo desean que el Estado regule la convivencia ciudadana en beneficio de todos, sino que permita la creatividad y el desarrollo de los distintos grupos que surgen de modo espontáneo ante las necesidades de la vida social.

En El Salvador se está viendo con preocupación una tendencia al centralismo estatal autoritario que no solo daña la subsidiariedad, sino que incluso agrede a toda institución que critica las deficiencias del Estado y a sus poderes constituidos. Una muestra de este deseo de control es la reducción del Fodes a las municipalidades y la constitución de un organismo estatal central de desarrollo municipal que determine y controle el uso de los fondos dedicados a las alcaldías. La ley de agentes extranjeros es otra muestra de la incapacidad del Estado de dialogar con instituciones intermedias y buscar el bien común junto a ellas. Con el agravante de que es una ley orientada a severos controles ideológicos y punitiva para quien disienta de los gustos arbitrarios del Estado. La subsidiariedad no funciona así.

Históricamente, los políticos salvadoreños han tratado de funcionar uniendo de un modo autoritario el poder y el capital. Cuando se ha intentado aumentar la participación ciudadana y los poderes establecidos perciben en ello una reducción de sus capacidades de control social, las respuestas suelen ser agresivas. En la situación actual, el Gobierno ha pactado con un serie de personas o grupos económicamente poderosos, al tiempo que busca imponerse en todos los demás campos, olvidándose del papel importante de las organizaciones intermedias y, por supuesto, del principio de subsidiariedad. Produce con ello una severa limitación a la riqueza social del país. Y no conviene engañarse: sin riqueza social no habrá riqueza económica. Además, al cambiar el diálogo por la ofensa y la mentira contra quienes piensan diferente, el propio Gobierno comienza a cavar la fosa de su desprestigio y fracaso. Algo lamentable dado que tiene capacidad de hacer bien algunas cosas. Si dialogara, en vez de imponerse con la amenaza y el insulto, tendría muchas más posibilidades de reconocimiento.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La salud es uno de los temas que más preocupan a la población salvadoreña, no solo debido al covid-19, sino también por otras enfermedades de larga data e incidencia: insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, distintos tipos de cáncer. Enfermedades que se conjugan con las enormes dificultades que enfrentan las mayorías para recibir adecuada atención y tratamientos médicos, tanto en la red de salud pública como en el Instituto del Seguro Social.

El cierre de facto de las escuelas debido a la voluntariedad de la asistencia a clase y la implementación de la educación a distancia está impactando en el aprendizaje de los niños, generando un mayor rezago educativo y obstaculizando el desarrollo de habilidades sociales, lo que tendrá graves consecuencias para estas generaciones. La entrega de equipos tecnológicos, la formación en educación en línea para los maestros, los programas educativos televisivos y la elaboración de guías de aprendizaje no han logrado mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje al nivel prepandemia.

En general, el costo de la vida se ha disparado considerablemente en lo que va de este año, golpeando de manera clara la economía familiar. Han subido los precios de los alimentos, la gasolina, los servicios básicos, con lo que el aumento al salario mínimo ha quedado neutralizado.

Decenas de miles de salvadoreños no tienen otra alternativa que viajar hacinados en el transporte público, especialmente en las horas pico; viajes que se eternizan por el creciente caos vehicular y los congestionamientos. Por su lado, los empresarios del sector vuelven a reclamar un incremento en las tarifas, asegurando que la disminución de la demanda, el alza del precio de los combustibles y los costos de operación hacen inviables a sus empresas.

La criminalidad campa a sus anchas. Las extorsiones están a la orden del día; sus montos se han incrementado, así como la presión para pagarlos. Se ha incrementando también el número de personas reportadas como desaparecidas; una situación que parece no preocupar a las autoridades. Estas no solo han ignorado el hecho, sino que han tenido la desfachatez de culpabilizar del delito a las propias víctimas. El encuentro de diversas fosas clandestinas evidencia con crudeza que el control de los territorios y la baja de homicidios son solo un mito, un recursos publicitario.

Pese a su gravedad y ubicuidad, estas realidades de las familias salvadoreñas no encuentran eco en las autoridades. Sus intereses y prioridades parecen estar puestos en otros grupos: los surfistas, los dueños de mascotas o los fanáticos del bitcóin; y en otros temas: acabar con las ONG que han suplido los déficits del Estado en la atención a la población más vulnerable, ahogar a los municipios disminuyendo sustancialmente su financiamiento, apropiarse de los fondos de cooperación internacional, expropiar con facilidad, acusar falsamente, acosar a quienes defienden los derechos humanos y el sistema democrático. Ya lo decía un refrán castellano muy antiguo: “Cosas veredes, amigo Sancho, que harán hablar a las piedras”.

23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN

23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN

23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La violencia contra la mujer es un problema mundial. En El Salvador, el hecho de que la mayor parte de las víctimas de violaciones o desapariciones sean niñas y adolescentes muestra una fuerte tradición de abuso que no se ha podido frenar y que en la mayoría de los casos queda en la impunidad. Es muy común, además, el acoso, tanto presencial como virtual; se encuentran ejemplos en la calle, el transporte público, la empresa y las oficinas gubernamentales. No faltan los funcionarios que exhiben un machismo insultante y desvergonzado en las redes sociales. Enfrentar con claridad las diversas formas de violencia contra la mujer no solo es signo de civilización y decencia humana, sino una de las maneras más eficaces de romper con la tendencia del fuerte a abusar del débil.

Superar en el país esta enfermedad social pasa, en primer lugar, por reconocer el pésimo estado de la cuestión. Aunque a nivel legal ha habido indudables avances en los últimos años y organizativamente la experiencia de Ciudad Mujer ha sido positiva, los homicidios de mujeres no disminuyen de forma significativa y las denuncias de violencia sexual en la Fiscalía oscilan en torno a los 6 mil casos al año. Si las alarmas se encendían cuando los homicidios en general alcanzaban o superaban la cifra de 80 por cada 100 mil habitantes, la violencia sexual llega a esa misma proporción sin causar mayor reacción. Esto a pesar de que estudios realizados en diversos países señalan que por cada denuncia de agresión sexual contra la mujer hay al menos cuatro que no se denuncian.

El machismo expresado en bromas, comentarios y frases de doble sentido goza de excesiva tolerancia en la sociedad salvadoreña, lo que propicia un ambiente que le resta importancia a la igual dignidad de la persona y favorece el irrespeto. La impunidad dominante frente a los delitos de violencia sexual muestra un sistema fiscal y judicial incapaz de enfrentar esta plaga. La formación escolar no aborda en serio el problema; peor aún, la propia escuela suele ser lugar donde se inician los abusos. La presencia de mujeres en los cargos de decisión estatal es muy escasa. Y no faltan los hombres que tratan de relegar a las mujeres, especialmente a las bien preparadas, a puestos secundarios.

Cambiar esta cultura machista es uno de los desafíos que todas las instituciones en el país, públicas o privadas, deben enfrentar. Sin transformar esta cultura deformante y atentatoria de la dignidad humana no habrá auténtico desarrollo humano, ni coherencia con la democracia, ni respeto a los valores constitucionales de bien común y justicia social.

Los servicios de inteligencia han dejado al régimen de los Bukele a merced de “fuerzas oscuras” y “agentes externos”. Unos agentes que, según el vicepresidente, “siguen lineamientos estructurados con recursos bélicos y financieros” y, según el oficialismo, ejecutan acciones “misteriosas” que responden a “intereses oscuros o mezquinos”. El fiscal, tan perdido como sus colegas, solo acierta a advertir “una serie de amenazas, principalmente de gente anarquista que en un determinado momento puede afectar la seguridad […] gente que está siendo influenciada o puede ser influenciada para atentar contra las autoridades”. El jefe del Estado Mayor, que debiera estar al tanto de la situación, tampoco sabe identificar a esas fuerzas, que “estarían contando con financiamiento externo”. La inteligencia del régimen es tan incompetente que, pese a ser tan peligrosas, desconoce la identidad, los planes y las fuentes de financiamiento de esas fuerzas. La ignorancia costó la vida a más de 40 personas en 72 horas.

¿O será más bien que esas fuerzas son tan poderosas que están fuera del alcance de cualquier servicio de inteligencia medianamente competente? Según la narrativa presidencial, el país habría caído en sus garras y ellas serían las responsables de los 47 asesinatos perpetrados en tres días. Unas fuerzas de esa índole solo podrían ser contrarrestadas por otra de igual naturaleza, pero de signo contrario. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido, según la interpretación presidencial. Los homicidios desaparecieron tan oscura y misteriosamente como comenzaron, 24 horas después del despliegue del Ejército y la Policía. Esos instrumentos de la luz habrían realizado “múltiples capturas” y habrían hallado “maletas con grandes cantidades de dinero”. Al frente de estas fuerzas de la luz se encuentra el mismo Bukele. “Dios está con nosotros y nos lo volvió a demostrar, permitiéndonos recuperar el orden”, dijo. Así, pues, el país es escenario de una nueva versión de La guerra de las galaxias, donde las fuerzas de la oscuridad, caracterizadas por la perversidad, la destrucción y el miedo, confrontan a las fuerzas de la luz, creadoras de valor, de tranquilidad y de rectitud.

La narrativa presidencial es tan fantástica como incoherente. Las innominadas “fuerzas oscuras” no son otras que los “enemigos antiguos, pero con nuevos aliados y financiamiento”, que “quieren que nuestro país regrese al pasado. De hecho, estos tres días de violencia fueron iguales a los tres días normales de los Gobiernos anteriores”. Claramente, se trata de Arena y del FMLN, el sumo de la maldad y la perfidia, ahora aliados con Washington. Ellos serían los responsables de los homicidios. Pero estas fuerzas de la perdición se dieron de bruces con un Bukele imbuido de sabiduría, de nobleza y de bondad irrebatibles, que las habría derrotado. En realidad, Arena y el FMLN están arruinados y sin rumbo desde hace tiempo. En la actualidad, no tienen capacidad para cometer semejante crimen. El misterio que rodea las capturas y la discrepancia sobre el destino de “las grandes cantidades de dinero” halladas ensombrecen el portento de las fuerzas de la luz. Según la Policía, es el rescate de un secuestro; según Bukele, es de las fuerzas del mal. La narrativa embrolla lo extraterrestre con lo terrenal.

La fugacidad de la curva de homicidios sugiere la existencia de una veda para matar, que así como se levanta, se implanta de nuevo. Las pandillas utilizan los asesinatos para presionar el cumplimiento de lo pactado o para exigir nuevos privilegios. La elevación de los homicidios a la esfera cósmica oculta la crisis de Bukele con las pandillas al mismo tiempo que lo proyecta nacional e internacionalmente como un mandatario que controla con mano firme a las fuerzas de averno. Si esto último fuera cierto, pudo haber evitado el derramamiento de sangre. En cualquier caso, sacrificar vidas humanas es deleznable y patibulario.

Si algo queda claro es que el régimen no controla el territorio. Las pandillas deciden cuándo subir o disminuir los homicidios, mientras la extorsión y las desapariciones continúan inalteradas su curso. La verdadera lucha de Bukele no es contra Arena y el FMLN, ni contra sus críticos y los descontentos, sino contra las pandillas. Más aún, está en desventaja, porque aquellas tienen la iniciativa, a pesar de la millonaria inversión en el Ejército y la Policía. De ahí que esté en lo cierto al reconocer la necesidad de “mejorar nuestros equipos de inteligencia y rastreo para que esto no vuelva a pasar”.

La interpretación presidencial del precario estado de la seguridad ciudadana en términos similares a los de La guerra de las galaxias oculta el conflicto verdadero e inviste a Bukele de poderes prodigiosos. Y de paso, alimenta el odio contra unos enemigos ya vencidos e intenta atemorizar al creciente descontento popular, el caldo de cultivo de la oposición política. Irónicamente, las pandillas se mueven en la misma oscuridad que los Bukele. Ambos ocultan el rostro, causan daños irreparables y prevalecen por el miedo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.