Editoriales y Opiniones

Si por acaso el oficialismo perdiera diputados, el régimen de los Bukele quedaría muy debilitado. Si perdiera la mayoría, sería inviable. La defección de una cantidad significativa de diputados lo despojaría de la aplanadora legislativa. La presidencia, que hasta ahora parecía granítica, muestra fracturas. La deserción alerta sobre la inviabilidad del ejercicio autoritario del poder de los Bukele. Los diputados no han salido tan dóciles como el gabinete. En los escaños oficialistas de la legislatura circulan corrientes subterráneas de descontento. Algunos de sus dueños exploran la posibilidad de declararse independientes.

Al menos tres han sondeado las condiciones de la deserción. Aparentemente, no serían los únicos. Las fuentes de la prensa hablan de entre 15 y 25 diputados, y de varios intermediarios en competencia por la cantidad de descontentos que pueden arrastrar. Prescindiendo de la exactitud de los datos, la oferta de desertores indica la extensión y la profundidad de la insatisfacción en los escaños oficialistas. Al parecer, habrían pensado rechazar el proyecto de presupuesto para protestar por el trato que reciben. Una fuente anónima del oficialismo asegura que desde hace un mes los suplentes votan en el pleno debido al malestar de los propietarios. No se trata, por tanto, de una provocación externa. Y aunque lo fuera, esta es eficaz en la medida en que hay quienes se dejan provocar.

Los motivos del descontento, recogidos por la prensa, son reveladores. Muchos llegaron a la legislatura con la idea de aprovechar el escaño para comenzar su carrera política, pero el autoritarismo de Casa Presidencial no se los permite. Solo pueden asentir, aplaudir y salir en la foto. Ni siquiera les han facilitado recursos económicos para saldar las deudas de la campaña electoral. La mayor parte de la asignación se la queda el partido. En esas condiciones, temen ser diputados de una legislatura, pues seguirán siendo tan desconocidos como antes. Si llegaran a continuar, sería por aquiescencia de los Bukele, no por méritos propios. Es comprensible que la frustración de sus ambiciones los empuje a buscar otras opciones.

El oficialismo es ingrato. Les concedió un escaño y sus privilegios, pero les ha anulado la individualidad. No le interesan ni sus opiniones, ni sus sentires, solo su voto. Ciertamente, todos deben la curul a la popularidad de Bukele, ya que eran unos perfectos desconocidos, tal como les echó en cara el testaferro del régimen en la legislatura. Aun así, accedieron al escaño con la ilusión de figurar en la política nacional. Se equivocaron totalmente. Han descubierto con amargura que se vendieron por un plato de frijoles que les sabe a poco. La gratitud por el escaño otorgado ya no contrarresta la desazón. Están dispuestos a abandonar al benefactor, a pesar de la deuda contraída. La reacción de este ha sido fulminante y arbitraria. Dos de los diputados identificados, gracias a la filtración de la grabación de una las conversaciones, han sido reemplazados por suplentes.

Las intenciones de los posibles desertores no son tan limpias, tal como insinúan sus motivaciones. Se subieron al carro del Estado para medrar y vivir mejor a costa de los impuestos de la ciudadanía. También ellos llegaron para quedarse. Así, el malestar legítimo se mezcla con ambiciones inconfesables. Cerrada la puerta del oficialismo, buscan pescar en otros mares. “No me voy a meter al agua sin saber nadar, que me mande un salvavidas” dice uno de ellos. La deserción no está motivada por razones éticas, sino que tiene un precio: “¿Qué quieren y qué número piden y qué es lo que ofrecen?”. Las preguntas están dirigidas a quien puede pagarlo. A juzgar por lo que solicitan a cambio, el interlocutor es la embajada de Estados Unidos. La diatriba de Bukele contra ella no se hizo esperar.

Las potencias imperiales no se caracterizan por la ética política. Washington tiene una larga y vergonzosa historia de intervención en la región. Sin embargo, todas sus intervenciones fueron solicitadas por sectores internos o contaron con su connivencia. Los diputados descontentos no son la excepción. La embajada provoca, porque hay quienes están en disposición de ser provocados. Así lo prueba el precio de la deserción: exclusión de la lista Engel, residencia o ciudadanía estadounidense, y asistencia económica para las municipalidades. Un precio alto, por cierto. Los descontentos también quieren emigrar, eso sí, de forma segura. No están muy convencidos de la nación que construyen con sus votos. Por otro lado, sus ambiciones revelan la clase de diputados del oficialismo. En nada difieren de sus antecesores. En lugar de emprenderla contra la embajada, Bukele debiera prestar atención al impacto de sus acciones en sus propias filas.

A primera vista, la disidencia del oficialismo legislativo está en desventaja frente a los Bukele. Sin embargo, posee más poder del que parece, pues puede despojarlos de la mayoría legislativa, una pérdida muy costosa y con consecuencias impredecibles. Por tanto, puede negociar su permanencia desde una posición de poder.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La historia de la UCA evidencia que es una institución que no critica por criticar, sino para defender al pueblo salvadoreño de los abusos del poder y promover un modelo de sociedad democrática, en la que primen la verdad, la justicia, la equidad, la solidaridad con los empobrecidos, el bien común, los derechos humanos y la defensa de la Casa Común. Principios y valores coherentes con la visión cristiana de la vida y a los que la UCA no puede renunciar sin dejar de ser fiel a su misión. La Universidad critica ante el mal que causarán a la población ciertas políticas y acciones gubernamentales concretas. Critica para señalar errores que deben ser enmendados.

Todo régimen autoritario y sin vocación democrática da por supuesto que está en posesión de la verdad y dice actuar por el bien del pueblo que gobierna. Por ello, siempre rechaza la crítica, por muy bien fundamentada y razonable que sea, considerándola como parte de una conspiración en su contra. Un régimen dictatorial o autocrático necesita el poder absoluto y el control de la ciudadanía y de las instituciones para que acepten, aun a regañadientes o a la fuerza, su proyecto de Estado totalitario. Si no tiene más remedio, las hará desaparecer a fin de sostenerse y realizar sus planes.

El ejemplo más cercano es el régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el FSLN en Nicaragua, que ha encarcelado a más de 200 personas por sus opiniones, incluyendo a los principales líderes políticos; ha eliminado la persona jurídica de los partidos que no ha podido alinear a su proyecto dictatorial; y ha organizado una farsa electoral rechazada masivamente por la población y la comunidad internacional democrática. Frente a un régimen de este tipo, que conculca las libertades, irrespeta los derechos fundamentales y no se somete a ningún control, las personas e instituciones que tienen en su razón de ser la libertad y la democracia, y que por tanto asumen la defensa de los derechos humanos, el respeto a la ley, la búsqueda de la justicia social y el bien común, no pueden callar, y por eso resultan molestas.

Para garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos, son imprescindibles la crítica, la libertad de expresión, el poder decir lo que se sabe y piensa sobre cualquier tema sin temor a ser castigado. La defensa de estos principios y valores, y la fidelidad a la verdad llevan a señalar las mentiras y engaños de los poderosos y las autoridades; a denunciar cuando los fines del poder político y económico no son los que se dicen perseguir, sino otros; a pronunciarse sobre la bondad o la perversidad de las acciones del Estado. Ante ello, la respuesta de un régimen dictatorial es siempre que los críticos están equivocados, que tienen objetivos aviesos, que mienten o que no son capaces de darse cuenta de las bondades de su trabajo.

Para sortear la crítica, lo más propio de un régimen autoritario es amordazarla, impedir que se investigue, que se desenmascare la mentira. Y esto es precisamente lo que pretende el anteproyecto de ley de agentes extranjeros que se discute en la Asamblea Legislativa: poniendo obstáculos a la cooperación internacional, impedir el trabajo de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Pero la ceguera del poder les impide darse cuenta de que las personas e instituciones que tienen convicciones profundas no callan nunca, y que están dispuestas a seguir luchando en defensa de sus principios, hasta dar la vida si es necesario, como lo hizo san Óscar Arnulfo Romero, Rutilio Grande y los jesuitas de la UCA.

Hace 32 años, seis jesuitas y Celina y Elba Ramos fueron asesinados por miembros del Ejército por órdenes del Alto Mando y del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ignacio Martín-Baró, Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes y Joaquín López y López trabajaban en la construcción de la paz, promovían el diálogo entre las partes en conflicto, defendían los derechos de los pobres y ponían racionalidad en la locura de una guerra en la que se derramaba sangre fraterna. Tres décadas después, ¿nos dicen algo para el hoy que vivimos? Quizás a la gente dedicada a la vida fácil del dinero, el consumo o el poder no les digan gran cosa. A los cristianos conscientes de lo que significa Jesús de Nazaret y su Evangelio, sin duda les dicen mucho, porque quienes entregan la vida en defensa de la paz y la fraternidad tienen en la Iglesia un significado permanente.

Sin duda, los que ansían imponerse sobre los demás y aman al dinero más que al prójimo no tienen mayor palabra al respecto. A lo sumo, mencionan a los mártires para usarlos contra aquellos que son críticos con el poder. Pero si entramos en el ámbito del estudio y la racionalidad, las víctimas del pasado siempre enseñan el camino para construir un mundo mejor, sin abusos, sin odios y, en la medida de lo posible, sin víctimas. Un mundo capaz de enfrentar a los victimarios, sean quienes sean. Ante las enormes deudas con los graves crímenes del pasado, las víctimas siguen clamando contra una justicia inexistente o plagada de trampas e impunidad. Los jesuitas y Elba y Celina, víctimas repetidas veces de un sistema judicial cobarde e ineficiente, muestran que ese sistema es hoy más corrupto, dependiente de la política y ajeno a la obligación de cumplir con sus responsabilidades.

Además de clamar en favor de la justicia, los mártires nos dicen que no es posible vivir ni desarrollarse humanamente en una sociedad que promueve el odio y el grito. Nos recuerdan que todos debemos tener la valentía de construir una convivencia pacífica y defender principios democráticos básicos como la independencia judicial, el acceso a la información pública y la defensa de los derechos humanos. Como algunos de ellos eran pensadores y amantes de la filosofía, nos recordarían que Aristóteles hace dos mil trescientos años decía que “los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder. Y muchos de ellos sin perjuicio de sus virtudes, porque el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Los mártires de la UCA, pues, hablarían con verdad y con libertad, al tiempo que propondrían, desde el estudio y la racionalidad, caminos de diálogo y solución para los problemas nacionales. Por eso siguen siendo un estímulo para todos en la construcción de una sociedad más justa.

El octavo mandamiento de la ley de Dios de la tradición judeocristiana afirma: “No darás falso testimonio ni mentirás”. La norma busca regular las relaciones humanas para que estén fundamentadas en la verdad, lo que constituye la base para una sociedad en la que hay confianza y justicia. El falso testimonio puede conllevar graves consecuencias, como desprestigiar a una persona o un grupo, generar conflictos, condenar a personas inocentes. No en vano es obligatorio que todo testigo se comprometa a decir la verdad antes de testificar ante un juez: sin esa premisa, los testimonios no tienen ningún valor y no pueden ser tomados en cuenta.

La mentira hace daño tanto al que la dice como al que la recibe. A la persona que la recibe porque la información falsa le impide tomar decisiones atinadas y oportunas. A la persona que la emite porque a la larga acaba sin credibilidad ante los demás. El daño es mayor en la medida que mayor es la autoridad o cargo de la persona que miente, pues esa posición facilita que sus afirmaciones sean aceptadas como verdades. Ese potencial dañino se ha incrementado exponencialmente gracias a las redes sociales. Por ellas circula gran cantidad de mentiras y falsos testimonios que mucha gente, demasiada, da por ciertas sin ningún atisbo de duda.

En El Salvador, mentir se ha convertido en norma común de comportamiento de gran parte de las autoridades. Mienten con ahínco, a diario, a fin de hacer creer a la población que la realidad es distinta a como se percibe. Y como parte de esa estrategia, para evitar que las mentiras sean descubiertas, se oculta la verdad. De ahí la larga lista de temas y materias que han sido declarados como “información reservada”. Uno de ellos es el bitcóin. En diversas ocasiones y por diversos medios las autoridades han afirmado que la subida del precio del bitcóin ha generado varios millones de ganancia en el fideicomiso creado para su implementación como moneda de curso legal. Sin embargo, porque ha declarado reservada toda la información sobre los movimientos de dicho fideicomiso, no hay posibilidad alguna de averiguar si es cierto o no que hay ganancias. Si fuera verdad, se mostrarían las cuentas que lo evidencian. ¿Por qué un Gobierno tan afecto en exhibir logros ocultaría las pruebas de uno de ellos? La única respuesta plausible: está mintiendo.

Dar a conocer la verdad es una tarea que le corresponde por oficio al sistema judicial, pero también a algunas instituciones de la sociedad civil, como los medios de comunicación social y los centros de pensamiento. Por ello resultan tan incómodos para el poder abusivo y autoritario. Toda dictadura busca eliminar la independencia del poder judicial y silenciar a cualquier voz independiente y crítica, pues son obstáculos para mantener un estado de mentira y de ocultamiento de la verdad. A este respecto, el Gobierno salvadoreño se está retratando con crudeza.

Desde que se conoció que el gobierno de Bukele tiene contratados a asesores venezolanos, lo que fue noticia pasó a ser parte de la cotidianidad y no ha dejado de aparecer constantemente en la coyuntura nacional. Una muestra de ello fue la referencia directa a la supuesta líder de los asesores que se hizo en carteles en las multitudinarias marchas de septiembre y octubre. El tema también ha pasado a formar parte de las conversaciones coloquiales que llegan a asegurar que ellos y ellas-los asesores- tienen poder de decisión sobre temas de país.

Lo cierto, de acuerdo a las investigaciones de El Faro y de lo que se ha ido conociendo desde las diferentes áreas del gobierno en las que actúan los asesores, es que estos personajes no están por encima del presidente ni del círculo de sus hermanos, pero sí de los miembros del gabinete. Los asesores venezolanos serían ejecutores de las decisiones del presidente y de ese círculo. La lideresa del grupo sería el máximo enlace entre el presidente y los asesores que, a su vez, transmiten las decisiones a los miembros del gabinete.

Sin embargo, si los asesores venezolanos no toman decisiones, sino que solo ejecutan lo mandado por el presidente, ¿Por qué no encomendar esa ejecución a los funcionarios salvadoreños? La respuesta puede estar en un profundo desprecio a lo nacional y en la desconfianza del presidente en los funcionarios de su gabinete. Un personaje que solo se encargue de ejecutar las órdenes recibidas, una especie de mercenario de la política, es mejor si es extranjero. El no nacional no tiene compromisos con el país, no aspira a candidaturas de elección popular, no teme que cuando deje de ser funcionario la ciudadanía o el mismo Estado le pase factura. Termina su contrato y se va. Por eso su lealtad no depende más que de una buena paga por la que se vende y que, además, es costeada con dinero de todos los salvadoreños. Si además de esto, su paga y condiciones de trabajo son secretas, no corren el riesgo de salir trasquilados. Esta también sería la razón del porqué el presidente no es aficionado a rodearse de gente capaz y con criterio propio en su gabinete, para que nadie pueda llegar a opacar su liderazgo.

Pero la no valoración de lo nacional no se remite solo al tema de los asesores. Esto no es solo porque el presidente no es una persona popular, que no le gusta la calle, ni pisar los mercados, ni tocar a la gente de a pie, ni cargar niños. Es porque en el fondo parece no tener un compromiso real con la población salvadoreña. En lo que va de su mandato, casi dos años y medio, no ha dado una entrevista a ningún medio nacional que no repita lo que su gobierno quiere. Tampoco ha dado entrevistas a periodistas internacionales caracterizados por la acuciosidad de sus preguntas. El presidente prefiere pagar influencers, youtubers, que tienen muchos más seguidores que cualquier medio nacional, traerlos de fuera del país, hacerlos acompañar con su escolta y que le pregunten lo que sus comunicadores les dictan. Al único entrevistador de una cadena internacional que le concedió una entrevista fue a un aliado del expresidente Donald Trump, antiinmigrante como él, y que en un juego de palabras apoyó la frase del exmandatario norteamericano cuando aseguró que El Salvador, junto a Haití y a naciones africanas, eran países de mierda. Con esto, queda claro que al Gobierno no tiene respeto ni le interesa rendir cuentas a su propia gente.

Aparte de buscar los votos y obsesionarse con que la diáspora siga apoyándolo, el gobierno de Bukele no ha dicho ninguna palabra en defensa de los migrantes, ni siquiera cuando sus derechos fueron violados flagrantemente en la frontera sur de los Estados Unidos en julio del 2019. De hecho, fueron voces al interior de los Estados Unidos, incluyendo la de la congresista Ocasio Cortez, las que denunciaron el trato inhumano a los migrantes detenidos por el gobierno de su país. Al contrario, Bukele aceptó, sin objetar absolutamente nada, las medidas migratorias draconianas de Trump -piénsese solo en el acuerdo de tercer país seguro- a cambio del respaldo político del magnate norteamericano, con quien el presidente salvadoreño sentía gran afinidad. Su inclinación por valorar más lo no nacional se extiende también a pretender solucionar los problemas de fiscalidad del país con una criptomoneda extranjera que ha impuesto como moneda de curso legal en contra del sentir de la mayoría de la población. En fin, las palabras hay que cotejarlas con las medidas que se toman de hecho. En ellas descubrimos que el amor que se dice profesar por el país no pasa el examen de realidad.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 68.

La ministra de turismo dice trabajar para proporcionar al turista una experiencia de primer nivel. Aun cuando así fuera, el objetivo es inalcanzable, excepto en enclaves pequeños y exclusivos. En cualquier caso, los turistas tendrían que ser trasladados por vía aérea para ahorrarles la experiencia de circular en el caos del transporte terrestre, de recorrer calles agujereadas e irregulares, y de observar el bullir de la miseria.

Mientras la funcionaria construye la experiencia de primer nivel, sus colegas no solo se desentienden de unos recursos naturales bastante devastados, sino que facilitan la profundización de la depredación en aras del progreso. Algunos proyectos de infraestructura como vías de comunicación o escenarios deportivos, o como el bitcóin y la Chivo, son también enclaves, que conviven con servicios públicos descuidados o en ruinas, un medioambiente insalubre, el desempleo, las desapariciones, las extorsiones y la emigración. El entorno hace de la declaración ministerial simple propaganda para entusiasmar a unos creyentes que toman la parte por el todo; extrapolan los enclaves de primer nivel al país.

El dictador de Corea del Norte juega con misiles balísticos hipersónicos mientras pide a su gente comer menos para enfrentar la crisis alimentaria. Bukele sueña con un satélite. Una fantasía más, ya que el nivel educativo y tecnológico del país no está preparado para esa clase de empresas. Más asequible es el Chivo Pets, un centro asistencial público para animales, financiado con las supuestas ganancias del bitcóin. La aberración es muy similar a la norcoreana, que apuesta fuerte en geopolítica mientras la mayoría de su gente padece hambre. Las experiencias de primer nivel de Bukele están rodeadas de precariedad, miseria y violencia. Puede objetarse que el turismo trae divisas, muy necesarias para mantener en circulación el dólar, pero esa no es la cuestión, sino la sabiduría de crear espacios privilegiados que excluyen a la mayoría de la población.

El primer nivel debe ser para esa mayoría, y su construcción puede comenzar por la educación, la salud y el empleo. Son proyectos de mediano y largo plazo. Por tanto, proyectos de Estado, no de un mandatario. Las metas de primer nivel requieren amplitud de miras y compromiso con la gente. Pero Bukele ha reservado ese nivel al Ejército, que se lleva el mayor incremento del presupuesto del próximo año, aun cuando el país no está en guerra. Otro sector igualmente privilegiado, según revela la información periodística, es el de la familia Bukele, sus socios y sus allegados. La información que se filtra con dificultad delata que ellos monopolizan la inversión pública, las concesiones y la corrupción.

El ascenso del oficialismo actual muestra la gran habilidad de los oportunistas para medrar. Se dan maña para alinearse en el bando ganador. El alineamiento no es ideológico. De hecho, no hay ideas. De ahí que un diputado pregunte, muy seguro de sí mismo, si “los pagos en efectivo realmente se hicieron en efectivo”. Los parásitos proliferan donde vislumbran oportunidades para hacer dinero fácil. Por tanto, el oficialismo no debiera sorprenderse de que algunos de sus diputados se ofrezcan a otro que pague más que Bukele. Y este no debe culpabilizar a terceros, sino subir su oferta si desea conservar la aplanadora legislativa. La debilidad está en sus propias filas, no en el exterior. El no tener ideas, una supuesta virtud que sirvió de carta de presentación, ahora resulta un vacío peligroso. Es la misma “democracia” de siempre. No es necesario retornar a ningún pasado, porque este es todavía presente.

El nuevo comienzo, el primer nivel y la democracia son expresiones sin contenido ni compromiso. El oficialismo no representa ni sirve otros intereses que no sean los suyos. El error garrafal de los diputados cyan no ha sido salir al mercado, sino intentar ingresar en un nivel que los Bukele se han reservado. Olvidaron que no tienen más competencias que las que estos les asignan. La ambición pudo más que la cláusula de exclusividad del contrato firmado con ellos. En cualquier caso, el conato de deserción evidencia la enorme debilidad interna del régimen. Sus diputados, sus magistrados y jueces no militan en sus filas por convicción, sino por dinero y por privilegios, como los vehículos que el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia repartió entre los leales. La ambición no conoce la ética ni la circunspección. En una palabra, los peones del régimen no son de fiar. Desertarán si alguien ofrece más. El régimen lo sabe y por eso los espía. Así descubrió las conversaciones delatoras.

Hacer pasar la parte como el todo oculta la realidad y proyecta la falsa sensación de que el país avanza en la dirección deseada. Pero los únicos que avanzan y prosperan son los asociados a la parte. Los demás, la mayoría, se hunden en sus desventuras. Aquellos que piensan que avanzan con la parte descubrirán su equivocación si miran con honestidad a su alrededor.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Como se sabe, el pasado 17 de octubre se realizó una numerosa manifestación en contra de los tres poderes estatales. Ciertamente, el número de asistentes fue menor a la sucedida el 15 de septiembre. Sin embargo, a juzgar por las imágenes y videos que circularon por medios de comunicación y por redes sociales, la protesta, pese a retenes policiales que obstaculizaron la afluencia desde el interior del país,1 logró convocar a una multitud. Al igual que las acciones de septiembre, la de aquel domingo congregó a una multiforme oposición. Feministas, víctimas del conflicto armado, representantes de iglesias evangélicas, activistas LGTBI, sindicalistas, jueces, residentes en Estados Unidos, entre otros. Del mismo modo ocurrió con las causas y reivindicaciones abanderadas por las personas manifestantes: descontento frente a la privatización del agua, preocupación y repudio ante las desapariciones, exigencias de justicia para las víctimas de Chalchuapa y las del conflicto armado, rechazo a la imposición del bitcóin como moneda de curso legal, rechazo al irrespeto de la Constitución, así como a la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Esas y otras causas más.

Una de las primeras dudas que emergen tras estos hechos políticos, tal como ya se ha sugerido en este semanario y en otros espacios, es el rumbo y el talante de la oposición. En otras palabras, plantea un desafío para la población organizada en las diversas expresiones de resistencia. Dicho desafío se manifiesta en dos direcciones. La primera, discernir la estrategia y, fundamentalmente, la discusión del país que se busca construir. Es decir, más allá de señalar los errores, negligencias y abusos del gobierno, que es necesario, requerirá de un esfuerzo por proponer un proyecto colectivo, inclusivo y que atienda las verdaderas necesidades de las mayorías. Un esfuerzo político que garantice el respeto a la Constitución. Esto sugiere el segundo desafío: trascender de las demandas sectoriales, específicas y pasar a una unidad que busque el bien común. ¿Cuál es o será ese punto de encuentro? ¿Bajo cuáles criterios? ¿Qué capacidad de diálogo existe entre estos sectores? Evidentemente, son dudas e interrogantes que quedan tras la muestra del descontento y que, probablemente, no tendrán respuesta en el corto plazo.

Por su parte, la reacción del oficialismo también evoca una serie de preguntas. Algunos indicios, además de constatar el semblante autoritario, despiertan otras dudas y, en consecuencia, provoca pensar o conjeturar posibles escenarios. Una de esas reacciones que más llama la atención es el decreto de “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”, promovido por diputados del partido Nuevas Ideas. La disposición, aprobada el pasado 20 de octubre, tiene como objetivo prohibir toda concentración masiva ya sea de carácter público o privada. Asimismo, faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para actuar de oficio ante el incumplimiento del decreto y, a su vez, sancionar e incluso procesar penalmente a quienes convoquen a tales actos.

Sin duda, es normal que un país, en medio del contexto global pandémico, busque proteger a sus habitantes. Ahora bien, ¿La disposición aprobada el 20 de octubre está centrada en controlar la propagación del virus? ¿Existe un trasfondo en ese decreto? Y es que la narrativa oficial (y voces afines) lleva a sospechar, y cuestionar, que las motivaciones de ese decreto no radican, únicamente, en asuntos relacionados a la salud pública. De ser así, hace tiempo hubiesen regulado, con medidas más drásticas y efectivas (aunque poco populares), eventos deportivos de gran convocatoria; por citar solo el mayor de los ejemplos. Como ya han apuntado algunas voces críticas, el decreto busca silenciar, e incluso, criminalizar el descontento social. Si bien es cierto, representantes de la bancada oficialista señalaron que no persiguen prohibir marchas, dada la correlación institucional de la actualidad, construida a la medida, no es arriesgado sospechar que las motivaciones del decreto son otras y que las consecuencias pueden atentar contra derechos esenciales.

Toda esta reacción lleva a especular acerca de la lectura que ha realizado tanto el gobierno y sus apéndices. Sugiere pensar que la popularidad del presidente y de su partido están a la baja. Hace pensar que existe temor a la crítica, al diálogo transparente y a los reclamos de la población. En fin, al descontento social que crece y que cada vez se hace más evidente en los distintos canales de expresión. Reiteradamente, las autoridades y sectores afines han demostrado que estas acciones políticas han impactado.

En definitiva, la coyuntura sugiere dudas y reclama desafíos a la oposición y al sector oficial. A la primera, le anuncia la necesidad de crear, a base de mínimos acuerdos, un proyecto político que denuncie, proponga y represente. A los poderes del Estado, en cambio, les demanda una actitud de respeto y escucha. Sus reacciones no solo les exhibe, sino que, además, sigue cavando el declive democrático. Efectivamente, hasta ahora es un panorama de especulaciones. La única certeza es que manifestarse es un derecho que ningún artilugio jurídico puede contener. La experiencia de este país ha demostrado que la frustración y la reprimenda no es el mejor binomio para la construcción social. Termina mal. Se puede evitar.

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Nota

1. "Pese a los retenes policiales, miles volvieron a protestar contra Bukele", El Faro: https://elfaro.net/es/202110/ef_foto/25796/Pese-a-los-retenes-policiales-miles-volvieron-a-protestar-contra-Bukele.htm

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 67.

Los nicaragüenses han sido convocados a asistir a las urnas el 7 de noviembre para una elección sin contrincantes. Daniel Ortega y su régimen se han encargado de anular a todos los candidatos relevantes provenientes de movimientos ciudadanos y partidos políticos democráticos, quitándoles sus derechos políticos, metiéndolos en la cárcel o sometiéndolos a arresto domiciliario. Por ello, lo que tendrá lugar en Nicaragua el próximo domingo es una verdadera farsa electoral en la que ya todo está decidido y en la que, una vez más, Daniel Ortega y Rosario Murillo se proclamarán vencedores.

Cuando Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua, a principios de 2007, ya lo hizo sin contar con el voto de la mayoría de la población. En aquel momento, volvió al Ejecutivo con apenas el 38% de los votos, sin necesidad de una segunda vuelta gracias al pacto corrupto con Arnoldo Alemán. Un pacto que estableció que ganaría la presidencia el partido más votado, aun cuando no alcanzara la mitad más uno de los votos; bastaría con que en primera vuelta lograra alcanzar el 35% de los sufragios y que la diferencia con el segundo partido más votado fuera de 5 puntos. Según el acuerdo, Ortega y Alemán se repartirían el poder: el primero controlaría el Ejecutivo y el segundo, el legislativo. Pero una vez en la presidencia, Ortega acusó a Alemán de corrupción y lo metió en la cárcel, aniquilándolo políticamente y haciéndose con el control absoluto del poder.

Desde entonces, las elecciones nicaragüenses han sido una farsa organizada por el régimen a través de un Consejo Supremo Electoral que solo defiende los intereses del FSLN, bajo control de Ortega y su grupo. Desde 2007, el Consejo ha organizado cinco elecciones presidenciales —contando la del próximo domingo—, y en todas ellas, sin excepción, ha cometido o permitido fraudes evidentes y bien documentados, e imposibilitado cualquier tipo de observación electoral independiente. Además, Ortega logró que la Corte Suprema de Justicia lo avalara para presentarse a reelección, a pesar de la prohibición constitucional correspondiente. De este modo, lleva ya 15 años como presidente ilegítimo, y va por 5 más.

La evidencia más cruda de que en Nicaragua gobierna una dictadura se dio en abril de 2018, cuando los jóvenes se tomaron las calles para exigir que Ortega abandonara el poder. La respuesta fue una brutal represión que se saldó con cientos de muertos. Muchos de los que sobrevivieron fueron acusados de conspiración y traición a la patria en juicios amañados, sin defensa y sin garantías. Desde entonces, la persecución a los opositores no ha cesado, la libertad de expresión ha sido conculcada y los presos políticos sufren maltratos y torturas en las cárceles. Vana resultó la esperanza de que en las próximas elecciones el pueblo nicaragüense pudiera recuperar la libertad y la democracia.

Frente a todo este proceso, los países centroamericanos han permanecido impasibles; en particular, los demócratas salvadoreños han mostrado poca solidaridad con el pueblo nicaragüense y sus sufrimientos. “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, dice el saber popular. En El Salvador, el tiempo del remojo ya pasó; nuestra de por sí débil democracia está siendo recortada a diario por el ansia del poder total. Qué tan lejos se llegará es hoy la cuestión.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acaba de publicar un informe titulado “Desastres y desigualdad en una crisis prolongada”, en el que se recomiendan acciones para superar en el mediano-largo plazo los efectos de la pandemia de covid-19. Aunque en 2021 El Salvador ha experimentado un crecimiento económico extraordinario en comparación con la fuerte caída del año pasado, nada permite suponer que la tendencia se mantendrá en 2022. La prolongación de la crisis sanitaria, que continúa llenando las salas de cuidados intensivos y limitando las posibilidades laborales, hace prever un estancamiento. Y la crisis podría agudizarse si el Gobierno pierde posibilidades crediticias, no responde a los reclamos sociales y sigue abonando a la inseguridad jurídica.

En el informe se señala que Latinoamérica se encamina hacia el aumento de la población en situación de pobreza o de vulnerabilidad (personas que perciben un ingreso medio-bajo o inferior). Esta tendencia afecta especialmente a nuestro país, que hace unos años tenía prácticamente a un 80% de sus habitantes en situación vulnerable o de pobreza. Si a ello se suma el riesgo de desastres naturales propio de Centroamérica, el aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad se vuelve una verdadera amenaza.

Frente a este panorama, la Cepal propone establecer sistemas de protección social universales y dignos. Proteger el ingreso familiar, garantizar la seguridad alimentaria, asegurar condiciones laborales y salariales igualitarias para la mujer, y defender el medioambiente son elementos también indispensables. Asumir con seriedad estas tareas para establecer un futuro diferente, más humano, más incluyente y justo, implica reconocer las graves deficiencias del país. Si los Gobiernos anteriores fueron lentos e irresponsables, el actual, tras dos años de ejercicio del poder y con un control casi total de la institucionalidad del Estado, carece de planes y proyectos para enfrentar los factores productores de riesgos.

La alianza con algunos sectores del gran capital y proyectos como el del bitcóin, el ferrocarril costero y el aeropuerto en el oriente del país son meros parches si no existe un plan de desarrollo bien establecido, evaluable y que contemple propuestas como las de la Cepal, que en muchos aspectos coinciden con los Objetivos del Milenio. La incapacidad de elaborar planes de desarrollo humano hace más urgente un diálogo nacional. Sin diálogo nacional, no habrá desarrollo humano. Gritar e insultar, discutir quién es peor hace perder un tiempo precioso y agudiza una crisis que no beneficia a nadie.

27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS

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