Editoriales y Opiniones

Nuevas mentiras

Editorial UCA

04/10/2021

En general, la clase política salvadoreña privilegia la mentira sobre la verdad. No todo lo que dice es falso, pero suele mentir cuando promete bienestar, cuando habla de justicia social haciendo propaganda gubernamental y cuando asegura que en el país se respetan los derechos humanos. En el mundo se ha impuesto la época de la posverdad, en la que se confunde la verdad objetiva con el interés particular y en la que se crean emociones y esperanzas para inhibir el uso de la razón. En este sentido, la mayoría de políticos salvadoreños han resultado avezados, pues por tradición han buscado confundir dictadura con democracia, guerra civil con terrorismo, y corrupción y enriquecimiento ilícito con progreso nacional. Y por ello están aprovechando al máximo este tiempo, donde con facilidad la mentira se mezcla con verdades a medias o se hace pasar por una verdad dogmática a base de una propaganda que falsea la realidad.

Asegurar que el bitcóin enriquecerá al país y generará desarrollo para todos es una de esas mentiras con pretensión de verdad. En ninguna parte del mundo una criptomoneda ha conseguido el enriquecimiento general de la ciudadanía de un país. Es un negocio de pocos: en enero de este año, una encuesta realizada de forma virtual revelaba que, a nivel mundial, poco más de 22 millones de direcciones únicas de Internet enviaron o recibieron criptomoneda. Aunque este tipo de transacciones va creciendo, el reducido acceso a Internet en El Salvador y la poca capacidad de seguimiento de las variaciones del valor de las criptomonedas limitan severamente el uso de las mismas. Como en la mayor parte de los negocios, un grupo reducido se enriquecerá con el bitcóin; para la mayoría de la población no significará más que una nueva mentira. Así como también lo es decir que se quiere sanear el sistema judicial mientras se remueve jueces discriminando solo con base en la edad; una mentira que busca hacer pasar el mal como un bien.

Si la mentira crece y la noción de verdad desaparece, se terminará por identificar la verdad con la pura conveniencia personal, eliminando en la práctica la ética y la moral. Y en la medida en que la capacidad racional de buscar y encontrar verdad disminuya en el país, disminuirá también la capacidad de diálogo. Ya sabemos a qué tipo de desgracia y represión, brutalidad y desconfianza lleva la falta de diálogo. Quienes desean establecer puentes para el entendimiento saben que algunos miembros del Gobierno están dinamitando todos los mecanismos de diálogo. Ello queda claro en las redes, con un nivel de agresividad que en la vida real llevaría a la violencia física. Y se ve en la falta de voluntad de hablar seriamente con la sociedad civil crítica, a la que se acusa de aliada de los poderes del pasado. Una sociedad civil crítica que se ha distinguido históricamente por trabajar en favor de la paz y por luchar contra la violencia, la corrupción y la ineficacia gubernamental, desde mucho antes de que nacieran algunos de los diputados actuales. Utilizar la mentira contra un sector de la población solo empeorará la crisis actual.

La intervención del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas tiene una interesante novedad. En ella, Bukele esboza su visión del desarrollo. Aspira a construir una sociedad donde cada uno trabaje en lo que le gusta, ya que, al ser de su agrado, trabajará bien; y donde nadie trabaje “un día más” del deseado. Cuando ese momento llegue, desaparecerá el anciano deslomado por el acarreo de pesados fardos, la mujer que empuja un carrito por la calle lleno de cualquier cosa vendible, el comercio informal en calles y plazas, y el trabajo infantil. “Eso es lo que haremos, poco a poco”, ratificó Bukele, “tratando de construir, poco a poco, las oportunidades y cultivando el criterio para utilizarlas”.

El futuro prometido es francamente atractivo, pero es igualmente irreal. Si bien Bukele aseguró que avanzará “lo más rápido que podamos”, no indicó cuándo y cómo lo hará. Tampoco los riesgos de esas oportunidades, ni su costo, ni quién pagará. Responder estas preguntas evita crear falsas expectativas. Las primeras piedras de las gigantescas obras que ha prometido colocar el próximo año no conseguirán que cada uno trabaje el tiempo que quiera, en lo que le gusta. Si así fuera, los inmigrantes salvadoreños residentes en Estados Unidos, un país con grandes infraestructuras, ya estarían disfrutando de ese mundo fantástico. Un mundo así requeriría un Estado de bienestar que los países escandinavos, donde los servicios sociales son universales y de excelente calidad, no han alcanzado.

Semejante construcción social requiere redistribuir la mayor parte de la riqueza nacional, algo que Bukele no se atreve a intentar, ni siquiera en escala modesta. Prefiere repartir dólares y alimentos, y confiar ciegamente en la tecnología, la globalización y “el potencial infinito de la imaginación de la creatividad humana” para “continuar el progreso de la humanidad”, como una “carrera de relevos” infinita. Por tanto, el progreso se logra con “la mínima voluntad” y con otros “optimistas del futuro y del potencial humano” como él. Bukele está convencido de que la libertad humana no tiene límites y que, por tanto, puede llegar adonde se lo proponga, así como explotar impunemente la naturaleza. El rechazo de los límites conduce a la desmesura y a la creencia de que todo es explotable y utilizable. Sin embargo, solo ha puesto en práctica su ilusa concepción de la libertad en el ámbito estatal, donde ha suprimido los límites y los controles del poder presidencial.

La censura de la comunidad internacional le ha provocado tal disgusto que le echó en cara no haber sabido aprovechar las crisis mundiales para “analizar si estamos haciendo lo que en realidad debemos” y por no escuchar sus advertencias sobre cuál es el camino correcto. En cambio, cuando él aprovecha la crisis nacional para “hacer las cosas diferentes”, lo critica, “en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino”. Ante tanta insensibilidad, Bukele no solo anunció desafiante “la intención […] de irnos por ese nuevo camino, el camino de nuestro desarrollo”, sino que también presagió que este es “un camino que el resto de la humanidad pudiera seguir”. Asimismo, avisó que no tolerará intromisiones. Solo aceptará la cooperación de quienes respeten su autoritarismo, el camino que conduce a la prosperidad y la felicidad.

El presidente salvadoreño se ha presentado ante la comunidad internacional como el único que conoce cómo superar las crisis de “un mundo cada vez más acelerado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más indigente, un mundo donde nadie sabe hacia dónde vamos”. Pero su presidencia se caracteriza por dividir e improvisar, lo cual genera ansiedad y profundiza la pobreza y la desigualdad. Contradictoriamente, confía en las bondades de la globalización para alcanzar el progreso, pero rechaza cooperar con las otras naciones. Estas deben seguirlo, no indicarle cómo gobernar. Bukele pretende marchar en solitario, como un iluminado, hacia el reino de jauja, acompañado de voluntaristas y optimistas.

Mientras las potencias se esfuerzan por hacer a un lado sus diferencias y encontrar acuerdos para enfrentar los desafíos del mundo actual, desde el calentamiento global, el crimen organizado y el terrorismo, pasando por los regímenes autoritarios y represivos de todos los colores, Bukele las desafía, desde una perspectiva miope. No conoce más crisis que las guerras mundiales y la pandemia de la covid. Y su modelo de optimismo es la década de 1920, cuando, según él, “la humanidad pensaba en el futuro que quería y trabajaba para lograrlo”. En realidad, lo que sobrevino fue la gran crisis del capitalismo de 1929 y la Segunda Guerra Mundial con el holocausto y la bomba atómica.

No debe extrañar, entonces, que su discurso caiga en el vacío. Su planteamiento carece de fundamento y su propuesta es irreal. El sensato recapacitaría y tomaría otro camino. Pero la consistencia no es virtud del mandatario. Incoherentemente, no sigue los consejos que da a la comunidad internacional sobre la oportunidad de las crisis. Los consejos son para los otros, no para él.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El editorial para hoy 29 de septiembre. Para la presente semana habla sobre la importancia de vacunarse.

El mensaje del papa Francisco para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado tiene como lema y horizonte “Hacia un nosotros cada vez más grande”. Sucintamente podemos decir que el texto recoge uno de los principales desafíos que tiene el mundo actual: el “nosotros” está roto y fragmentado, herido y desfigurado. El papa reitera que “los nacionalismos cerrados y agresivos [...] y el individualismo radical [...] resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia”. Asimismo denuncia que el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados.

La reconstrucción del “nosotros” tiene para el papa un referente de fe esencial: el Dios de la Biblia quiso salvar a la humanidad, pero no persona a persona, individualmente, aisladas entre sí, sino organizándolas en un pueblo. “Un nosotros destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos: ‘¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos’”. Desde esta inspiración, el papa habla de la necesidad de una Iglesia cada vez más católica, de un mundo cada vez más inclusivo y de una posibilidad histórica de soñar juntos un mundo nuevo.

Respecto a lo primero (unidad en la diversidad), el papa señala que “los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los apóstoles”. El anuncio de la cercanía del reinado de Dios implicará para la Iglesia salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias, puntualiza Francisco, encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación, mostrándose solidarios con ellos.

En cuanto a la construcción de un mundo cada vez más incluyente (donde se derriben muros y construyan puentes), el obispo de Roma hace un llamado a todos los hombres y mujeres del mundo a recomponer la familia humana para construir juntos un futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido. En esta línea, recuerda que el futuro de nuestras sociedades es uno “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. El papa afirma que “las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande”.

Finalmente, exhorta a soñar juntos. A hacerlo “como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas”. Este soñar juntos implica, según lo refiere en varios de sus escritos, la búsqueda de economías que permitan a todos el acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida: tierra, techo y trabajo. Supone políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. Comprende la existencia de un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo. Un movimiento, en fin, que proclame que ser compasivos, tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de vida (utopía de la civilización del encuentro y el cuidado).

En suma, las siguientes palabras que encontramos en el texto plasman el núcleo de este mensaje: “Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad”.

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

La supuesta depuración de jueces corruptos es en realidad un mecanismo de control político: se expulsa a un buen número de jueces independientes y se le da más poder a magistrados corruptos plegados al Ejecutivo. Si en algo podría estar de acuerdo la mayoría de la población con el Gobierno es en que se necesita una depuración tanto en el sistema judicial como en la Fiscalía General de la República. Pero la depuración impulsada va por un camino equivocado que destruye la poca seriedad que había en ambas instituciones. Si honestamente se quisiera depurarlas, la ruta debería ser otra, no en base a despidos masivos, sino evaluando a cada juez o fiscal de manera independiente, legal y con criterios consensuados previamente. De hecho, la Constitución ofrece criterios de evaluación que no se están tomando en cuenta en este desastroso e ilegal proceso de depuración.

La moralidad notoria, el respeto a la presunción de inocencia, la transparencia informativa y la capacidad de enjuiciar crímenes de lesa humanidad podrían ser, entre otros, acápites de una buena evaluación. Pero, para los depuradores, este tipo de criterios poco importan. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa impuso como miembro de la Sala de lo Constitucional a un exfiscal que coaccionó a una persona acusada de ser parte del entramado de corrupción de Antonio Saca. La Asamblea Legislativa, muy probablemente por ignorancia irresponsable, y la Corte Suprema de Justicia, simplemente por corrupción, han preferido un sistema de depuración que desprecia la capacidad e historial de los jueces, que no distingue entre buenos y malos profesionales, y que, para colmo de males, viola flagrantemente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita y ratificada por el Estado salvadoreño el 18 de abril de 2018.

Sin entrar en mucho detalle sobre las múltiples violaciones que se cometen contra una convención internacional que legalmente tiene más importancia que la ley secundaria salvadoreña, baste recordar que la “discriminación por edad” está prohibida por esa normativa, que dice que “la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”. Además, la Convención establece que solo “las exigencias propias de la naturaleza del cargo” pueden servir para establecer diferencias en las obligaciones de las personas. Violar la ley para purgar el sistema judicial es un sinsentido que tendrá graves efectos sobre la de por sí escasa probabilidad de conseguir pronta y verdadera justicia en el país.

Que un juez detenga decisiones de las más altas autoridades por considerar que violentan derechos humanos no es nada frecuente en El Salvador, como sí lo es en Estados Unidos. Valgan dos ejemplos. En agosto de este año, un juez federal de Texas declaró nulas las disposiciones para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuviera a migrantes indocumentados. El Gobierno de Joe Biden obedeció el fallo. En octubre de 2018, otro juez federal bloqueó la orden de Donald Trump de suspender los TPS a los nacionales de cinco países. A regañadientes, pero la orden fue acatada. Este tipo de acciones solo pueden darse en un país donde la ley tiene prioridad sobre la voluntad política. En El Salvador, en cambio, vale más la palabra del poderoso. En este sentido, que la Cámara de Familia de la Sección de Oriente le ordene a la Corte Suprema de Justicia, y por extensión a la Asamblea Legislativa y al presidente de la República, suspender la aplicación de la reforma de ley que jubila a 249 jueces es un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad y el decoro.

El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa, contraviniendo la independencia de poderes, aprobó el decreto 144, que reforma la Ley de la Carrera Judicial para forzar a retiro a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años o más de servicio. Utilizando una narrativa humillante para los letrados, el Gobierno justificó la decisión como una limpieza del sistema judicial. Evidentemente, este urge de cambios profundos, pero asegurar que todos los jueces mayores de 60 años son corruptos es tan injusto y descabellado como afirmar que todos los funcionarios jóvenes son honestos. La Corte Suprema de Justicia no solo bajó la cabeza ante el decreto legislativo, sino que también puso entre la espada y la pared a los afectados. En un comunicado, les planteó la disyuntiva de renunciar a sus cargos antes del 25 de septiembre para recibir una bonificación económica o ser despedidos. De acuerdo a diversos reportes, cuando se conoció la decisión de la Cámara de Familia ya 77 jueces habían renunciado y 80 habían solicitado estar en régimen de disponibilidad.

Desde la primacía de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Cámara ha ordenado dejar en suspenso la aplicación de la reforma. Es decir, aplicó el principio de jerarquía normativa, que implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establece una de rango superior. En El Salvador, la ley superior es la Constitución de la República, le siguen los convenios internacionales que el Estado salvadoreño ha suscrito (la Convención es uno de ellos) y después las leyes secundarias. Es decir, la Cámara de Familia de San Miguel ha actuado conforme a la ley. Su acción obliga al presidente, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia a elegir entre cumplir con la legalidad o hacer que la ley diga lo que ellos quieren que diga, como fue el caso de la reelección presidencial. Nada indica que el poder de la ley triunfará sobre la ley del poder.

La oposición al Gobierno de Bukele: ¿qué falta?

Álvaro Artiga*

En las marchas del pasado 15 de septiembre (15-S), entre las consignas más pegajosas estaba esta: “¡¿Cuál es la ruta?!”. Entre las respuestas había dos muy sonoras. La primera se expresaba mal del presidente; la segunda, “¡Sacar al que recluta!”. La pregunta “¿Cuál es la ruta?” expresa un desafío para los sectores y organizaciones sociales opositoras a varias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia: el desafío de dilucidar la estrategia para impedir el establecimiento y consolidación de una dictadura en El Salvador.

Antes hubo otras manifestaciones de protesta en espacios públicos, pero no fueron tan numerosas como la del 15-S. En las redes sociales era frecuente encontrar el reclamo para dejar la zona de confort y pasar a la calle. El irrespeto a la Constitución por parte del Gobierno y sus aliados no lograba expresarse masivamente en las calles. Algo faltaba en las convocatorias opositoras para que muchos más se animaran a expresar su descontento en el espacio físico, no solo en el virtual. La aprobación de la ley del bitcóin, las reformas a la ley de la carrera judicial, el aval de la Sala de lo Constitucional para la reelección del actual presidente de la República fueron decisiones gubernamentales que activaron emociones y sentimientos de una parte importante de la ciudadanía opositora al Gobierno.

La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, la destitución y nombramiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, la propuesta de una reforma constitucional, la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la opacidad en el manejo de los fondos públicos durante la pandemia, la negativa al traslado de fondos a las municipalidades como lo establece la todavía vigente ley del Fodes, las violaciones a los derechos humanos en los primeros meses de la gestión de la pandemia, el ataque a periodistas etiquetados como “incómodos”, el cierre de operaciones de la Cicies... nada de ello activó la movilización callejera.

¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Se ha llegado a un punto de inflexión en la popularidad del presidente? Las encuestas de opinión que se dieron a conocer inmediatamente antes del 15-S mostraron una disminución en la popularidad de aquel. Pero retirarle el apoyo a alguien no implica necesariamente pasar a la oposición. Una alternativa podría ser simplemente pasar a la indiferencia, distanciarse. Dar el paso a la movilización callejera es algo más.

En general se dice que las acciones de protesta en la calle son acciones políticas no convencionales. Es decir, se recurre a medios no institucionalizados para expresar una posición sobre asuntos de interés público. Y ello puede obedecer, o bien, a una estrategia política planificada, o bien, a que los espacios y medios institucionales para expresarse no logran canalizar ese descontento. La estrategia política del presidente y sus aliados optó por acabar con la eficacia de esos canales. En otras palabras, es la misma estrategia presidencial la que está provocando la movilización y la protesta callejera. Culpar a la cooperación internacional de financiar a la oposición al Gobierno es anunciar medidas para cerrar más espacios institucionales para que el descontento se exprese.

El cierre de canales institucionales para expresar el descontento empujará hacia el uso de canales y métodos no convencionales. Así fue cuando los militares gobernaban el país. Es el mismo régimen el que lleva a los opositores a buscar canales no institucionales para hacerse escuchar. Si el Gobierno de Bukele y sus aliados son necios en seguir por esta ruta, lo que hoy es una expresión espontánea de rechazo a sus políticas mañana será expresión organizada contra el Gobierno y, según evolucione el proceso, contra la dictadura.

Una nueva oposición política está naciendo, pero no hay que esperar que su desarrollo sea un proceso lineal de avance sin retrocesos, de éxitos sin fracasos, de pura cooperación sin conflictos, sin sectarismos ni ambiciones de protagonismo. Nada de eso. Así lo muestra la experiencia del desarrollo de la oposición social y política de la década de 1970 de nuestra historia política. Se trata de un proceso dialéctico lleno de acciones y reacciones, tanto desde el polo de Gobierno como desde el polo opositor. Y, sin embargo, no hay recetas, solo experiencias y memoria.

¿Cuál es la ruta? No hay una ruta preestablecida. Como dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Ello no quiere decir que se ha de caminar a ciegas. Las reivindicaciones particulares y las metas compartidas han de servir de mojones para no dar vueltas en el mismo lugar. Las experiencias pasadas también sirven para orientar el caminar. Entre estas experiencias hay dos que deben estar a flor de piel: una referida a la temporalidad y la otra a la propia constitución de la acción colectiva.

Sobre la temporalidad hay que estar abiertos a la asincronía propia de un movimiento diverso como el que se expresó el 15-S. Algunas reivindicaciones adquieren legitimidad social más rápido que otras y sus portadores encuentran distintas oportunidades para crecer en términos organizacionales. No todas las reivindicaciones que se expresaron el 15-S tienen igual peso político. Dotarse de legitimidad, crecer organizativamente y aumentar la capacidad de influencia en la opinión pública toma tiempos distintos según sea la reivindicación. Estas diferencias pueden tener consecuencias para alcanzar metas previstas, objetivos planteados, respuestas favorables por parte del Gobierno. La asincronía al interior de un movimiento social diverso debe ser interpretada como tal y no convertirla en motivo de discordia, de sectarismo, de exclusión.

Por otro lado, aunque se trate de una relación dialéctica entre Gobierno y oposición, eso no quiere decir que la temporalidad en la capacidad de acción y respuesta de cada polo sea igual. La mayor disponibilidad de recursos en el polo gubernamental le da ventaja, pero ello no quiere decir que esa ventaja se traduzca necesariamente en victoria. Si así fuera, nunca en la historia podría haberse acabado con regímenes totalitarios y autoritarios.

En cuanto a la constitución de la acción colectiva hay que decir que se trata de constituir una entidad, que no es la mera agregación de partes. Si las marchas del 15-S quedan como acontecimientos de agregación de grupos y personas en una actividad común, muy probablemente no se avance más allá del simbolismo. La tarea siguiente, como parte de la ruta, es dotarse de vínculos de coordinación que permitan mantener en el tiempo una acción colectiva capaz de alimentarse del potencial descontento que las decisiones políticas del oficialismo vayan generando. El desafío acá será dotarse de una coordinación adecuada a las circunstancias, los medios y los fines establecidos con sus respectivas temporalidades. El presidente lo sabe y tratará de impedirlo. Ya lo anunció.

* Álvaro Artiga, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

Criticar es siempre más fácil que proponer. Y en El Salvador se ha ejercido tradicionalmente la crítica con más fuerza que la propuesta. Por eso ahora cuesta oponerse a las propuestas presidenciales, por absurdas que sean. Porque, además, las decisiones presidenciales se dirigen hábilmente contra muchas de las cosas que tanto el liderazgo intelectual y político como la población habían criticado en años anteriores. El problema es que las imposiciones presidenciales, aunque se dirigen a instancias ampliamente criticadas, no cambian las instituciones. Al contrario, si antes eran malas, las vuelven peores. Si había magistrados corruptos en el sistema judicial, ahora se coloca caprichosamente a personas no menos corruptas que las anteriores y, para colmo, más serviles y menos preocupadas por la apariencia democrática.

Si había jueces lentos, corruptos o miedosos de otros poderes, ahora se quiere introducir en el sistema a jóvenes abogados tan inexpertos como obedientes al partido en el poder. Y para asustarlos se hace una especie de masacre laboral de jueces en la que no importa ni la capacidad, ni la calidad, ni el trabajo, ni la experiencia adquirida. Basta que tengan 60 años para correrlos a la fuerza. Ya habíamos visto con preocupación el gusto que tiene la Presidencia de la República por los castigos generales y arbitrarios, como los emprendidos en varias ocasiones contra los privados de libertad. Pero la arbitrariedad de someter a los jueces a una “limpia pareja”, como decían los militares antes de masacrar, raya en lo absurdo y somete a un sistema judicial, ya de por sí débil, a un estado de postración y debilidad que sin duda pagaremos caro.

Criticamos hace años, y con razón, a los banqueros y a sus bancos nacidos de otra medida plagada de corrupción, como lo fue la privatización del sistema bancario público. Ahora el bitcóin se utiliza para librarnos, supuestamente, de lo que nos quitan los bancos en las transferencias monetarias. Si el sistema bancario salvadoreño nunca fue ejemplo de empresas preocupadas por el desarrollo social del país, ahora se quiere iniciar un proceso de sustitución de moneda que puede llevarnos fácilmente a distintas situaciones de bancarrota o de inseguridad monetaria. Hemos dicho tantas veces que el pasado era malo que ahora se nos vende fácilmente un futuro peor. Por supuesto, siempre adornado con frases grandilocuentes, hoy todavía más rotundas y sonoras que las promesas de antaño. Una muestra: se dice que todos vamos a enriquecernos a un ritmo maravilloso con el bitcóin sin necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva que propicie una mayor inversión en los sectores desprotegidos y semi abandonados del país.

Pero el abuso y la mentira tienen siempre un límite. Entre las personas que votaron por el actual presidente hay muchas que esperaban algo más que propaganda. Aunque no hay duda de que este Gobierno ha hecho algunas cosas buenas que otros fueron incapaces de hacer, el afán de poder y el exceso de propaganda están comenzando a cansar a la gente, incluido un sector que votó por el mandatario. Se vio en la manifestación del 15 de septiembre, se percibe en la migración que continúa desangrando al país, se advierte en el comunicado de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se echa de ver en una polarización que, impulsada desde el inicio por los sectores gubernamentales, no ha conseguido asustar a la gente, sino que se ha encontrado con cada vez más personas dispuestas a manifestar sus críticas.

Falta todavía una capacidad de propuesta que aglutine a los descontentos. Una propuesta democrática, con amplio contenido social, con institucionalidad independiente de los caprichos políticos, con austeridad real para poder así invertir más en quienes más lo necesitan, es imprescindible para que la fuerza real manifestada el 15 de septiembre se convierta en capacidad orgánica que obligue al Gobierno a tenerla en cuenta. Solo entonces se podrá hablar de tú a tú con el Gobierno y refrenar la actual política de decisiones rápidas, poco consultadas y creadoras de situaciones que no pueden ser llamadas justas ni democráticas.

El 12 de septiembre, en el contexto de las fiestas de la independencia y teniendo en cuenta la situación política, la Conferencia Episcopal de El Salvador presentó un comunicado en el que se señalan temas que requieren tanto reflexión como diálogo. Aunque los obispos creen, y con toda razón, que es importante una depuración del sistema judicial, insisten en que esta debe hacerse desde el respeto a la legalidad constitucional. Recuerdan que el fin no justifica los medios y que reformas arbitrarias y anticonstitucionales no traerán paz ni desarrollo democrático al país. Defienden, pues, el imperio de la ley y, por ello, rechazan la reelección presidencial. Insisten en dejar libre el uso del bitcóin y, apoyándose en las palabras del episcopado latinoamericano, advierten que “no puede haber democracia verdadera y estable sin justicia, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho”.

Tres días después, el 15 de septiembre, una multitudinaria manifestación se tomó pacífica y cívicamente las calles. Jueces, estudiantes, víctimas de las masacres del pasado, organizaciones feministas, defensores del medioambiente, ciudadanos descontentos con el rumbo autoritario del Gobierno reclamaron juntos temas muy semejantes a los del comunicado de los obispos. Aunque no hubo conexión, sí hubo coincidencia. La reacción presidencial fue la esperada: quitar importancia y descalificar. El mandatario acusó a Gobiernos foráneos de financiar la manifestación y afirmó que un buen número de manifestantes fueron traídos a los lugares de concentración sin saber a dónde y a qué iban. Sin embargo, la realidad se impone sobre la propaganda. Y ese tipo de respuesta no hace más que visibilizar la incapacidad gubernamental de atender la realidad.

El hecho es simple y contundente: hay hoy más gente molesta o indignada con las medidas arbitrarias y con la concentración de poder del Ejecutivo que la que el Gobierno calculaba. Además, la Conferencia Episcopal, una de las instituciones con mayor peso moral y ético del país, le está diciendo al presidente que debe ser más respetuoso con el Estado de derecho y abrirse al diálogo. Quizás deban pasar algunos días para que las autoridades digieran racionalmente los acontecimientos recientes. Si antes, amparado en la alta aceptación que marcaban las encuestas, el presidente podía prescindir del diálogo, hoy la situación ha cambiado. No se le están pidiendo cosas extraordinarias. Nadie le pide imposibles, sino actuaciones legales y éticas.

El reclamo de que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no se conviertan en maquilas de leyes o sentencias en favor del Ejecutivo obedece a un deseo hondamente democrático. Un mayor diálogo con la sociedad civil, con defensores y defensoras de derechos humanos y con las Iglesias mejoraría el panorama de El Salvador. La observancia de estándares internacionales democráticos y de derechos humanos no solo beneficiaría al país, sino también al Gobierno, hasta el presente tan poco letrado en hacer cosas con decencia, tino y eficacia.

Sin duda, el Gobierno vive su peor momento desde que inició su gestión, pero no se da cuenta o, lo más seguro, no quiere reconocerlo. Ante la efervescencia en las calles el 15 de septiembre, el mandatario tuvo que conmemorar el bicentenario intramuros, rodeado de militares equipados para el combate y manteniendo de pie, mientras hablaba, a todos los asistentes, incluidos los diplomáticos. El presidente no habló del bitcóin, ni de la reelección, ni del pacto con las pandillas, ni de la Lista Engel, ni de algo importante y real. El Gobierno está en negación y sigue anclado en el discurso grandilocuente de ser la salvación del país; no repara en que el mito del respaldo social se está cayendo porque lo que dice no tiene nada que ver con la cotidianidad de la gente.

Hay inconformidad en el gremio médico, los ganaderos, los veteranos de guerra, los excombatientes, los gremios empresariales, los estudiantes, los jueces, el movimiento feminista, la comunidad LGBTI+, los ambientalistas y un largo etcétera. Cada sector tiene razones para estar descontento, pero, además, hay un descontento generalizado en la sociedad por la imposición del bitcóin como moneda de curso legal. El Gobierno logró lo que se veía muy difícil en estos tiempos de dispersión: unificar en una marcha a movimientos y ciudadanos de procedencias e intereses diversos.

Por el momento, la más grande amenaza para el Gobierno es el Gobierno, así como el presidente es el mayor enemigo de sí mismo. Sus actuaciones, sus aires de suficiencia, su altanería, sus mentiras desmesuradas y constantes, su desprecio al adversario y la falsa creencia de que saben todo lo que requiere el país —por lo cual sobran el sentir ciudadano y la opinión de los especialistas— han hecho posible que se tambalee el mito del respaldo social. Cada día es más claro que las actuaciones de este Gobierno superan a los vicios y artimañas de sus predecesores. Atribuir la masiva manifestación del 15 de septiembre al financiamiento de países extranjeros o a la ignorancia de la gente es no querer entender nada. El discurso del presidente reveló que las grandes demandas por las que la gente salió a las calles no serán escuchadas ni atendidas.

El presidente se quejó porque a su gestión se le califica de dictadura, cuando él entiende que dictadura sería reprimir a los que protestan en las calles. Saludable sería que sus asesores le acercaran textos académicos sobre el tema. Por ejemplo, el de José Fernando Valencia y Mayda Soraya Marín, que afirman que los dictadores latinoamericanos suelen “considerarse salvadores, caudillos y regeneradores de la sociedad, [...] generalmente [son] de carácter conservador, a pesar de que en algunos casos asumen como miembros de partidos de izquierda, tiene grandes alianzas de carácter militar o han sido militares de cuna [...] Pretenden pacificar una nación, crear un solo partido, acabar con los otros [...] controlan la economía, la justicia, el Gobierno e imponen leyes y constituciones”. Que el presidente no se entere de que su deriva dictatorial es tan de manual que resulta caricaturesca solo da un toque grotesco a lo que ya apunta a una nueva tragedia nacional.