Editoriales y Opiniones

El gigantismo en nombre de la modernización es característico de los regímenes autoritarios. El deseo de imprimir una nueva realidad en lo existente es irresistible. Destruyen desconsideradamente las estructuras que encuentran y las reemplazan por otras de nuevo cuño. Las nuevas construcciones no modernizan las sociedades, pero satisfacen los delirios de grandeza. Levantan monumentos formidables, la mayoría de veces con poco gusto y muy poca utilidad. Las obras gigantescas o fabulosas ocultan realidades vitales descuidadas o abandonadas a su suerte. Entre más grande el proyecto, más grande el soborno del contratista. La admiración y los aplausos suscitados por la monumentalidad ocultan la corrupción.

El bitcóin ya forma parte de la nueva identidad en la cual el régimen de Bukele está empeñado. Una “pirueta”, dice The Economist, para contentar a dos de sus hermanos, fanáticos de la criptomoneda. Aun así, la reelección es tal vez la invención más extraordinaria de Bukele. Encandilado con tanto ingenio, el oficialismo saluda estos logros como “el camino de las transformaciones”, para “seguir cambiando vidas” y “paso a paso […] construir un mejor futuro”. Así, pues, “la era del futuro y de la nueva historia” ya está aquí. Sin embargo, estas voces, pese a su entusiasmo, no consiguen identificar cuáles son esas transformaciones y cómo han cambiado la vida de las mayorías populares.

Nadie debiera llevarse a engaño sobre las pretensiones del autoritarismo. Bukele ha pedido ayuda a varias de las multinacionales más grandes para construir “un modelo de desarrollo y crecimiento”, “basado en la libertad empresarial e individual”. A cambio, les ofreció “la visión, el capital político y la rapidez para hacerlo”, como en el caso del bitcóin. Irresistible, el gigantismo asoma enseguida: se trata de un modelo “que pueda ser replicado en otras partes del mundo”. La Arena de Cristiani y sus sucesores regresa con la “nueva era de libertad económica”, que Bukele anunció en inglés a las multinacionales. Esa libertad, primero de Arena y después del FMLN, ha llevado al país a la postración actual. La libertad anunciada es solo económica, no es aplicable a la información, a la prensa y a la disidencia. Inevitable recordar el Chile de Pinochet, que heredó una crisis social de grandes proporciones.

Bukele ofrece a las grandes multinacionales globalizadas capitalismo neoliberal salvaje y autoritarismo. No obstante su avidez de riquezas, esas empresas rehuyen la inestabilidad, la inseguridad y la incertidumbre económica y sociopolítica. En las condiciones actuales, las ofertas presidenciales difícilmente las persuadirán para invertir en el país. Si no vienen, poco se pierde, porque no impulsan el desarrollo, sino el aumento de sus ganancias y capitales. La obsoleta tesis del derrame del progreso hace tiempo mostró ser un fraude disfrazado de ciencia económica. El vaso no se derrama nunca. En el mejor de los casos, se escapan algunas gotas por descuido.

La propensión del autoritarismo por el gigantismo es irracional. Levanta pirámides egipcias o zigurats babilónicos en desiertos de hambre, enfermedad y desolación, cuando debiera empeñarse en cambiar las condiciones de vida de las sociedades que gobierna. El ejercicio autoritario del poder enceguece de tal manera que es imposible ver que la salida no está en el gigantismo, sino en la reconfiguración de una estructura social injusta para que las mayorías superen el nivel de sobrevivencia y tengan asegurada la vida. El mismo bitcóin ilustra la importancia de disponer de bases sólidas. La minería de las criptomonedas ha emigrado de China a Estados Unidos, atraída por la solidez de su infraestructura eléctrica.

La tecnología de las multinacionales, por muy avanzada que sea, no contribuirá al bienestar general de la sociedad salvadoreña. Así como tampoco ha contribuido el gran capital local. Aun si Bukele pensara sinceramente que ellas tienen la respuesta para elevar el nivel de vida de la gente, el neoliberalismo salvaje y la represión autoritaria lo impedirían. De lo que no cabe duda es del cambio de las vidas, pero solo de las vidas del círculo del poder autoritario, porque se aprestan a permanecer ahí donde se accede a los privilegios y al enriquecimiento fácil, y las de quienes apenas sobreviven, porque así seguirán, si no empeoran. El argumento más categórico contra “la nueva era” de los Bukele es el voluminoso flujo de emigrantes.

Es irónico que en el bicentenario de la independencia de 1821, los Bukele se empecinen en imponer autoritariamente el capitalismo neoliberal sin los atenuantes acostumbrados. Esa forma de explotación es tan depredadora que solo es viable si va acompañada por la coacción y la represión. El Chile de Pinochet dinamizó la economía, pero sumió a la mayoría de los chilenos en la miseria y contuvo la protesta con la represión sistemática. Hace dos siglos, Centroamérica se libró de una monarquía absoluta “ilustrada”. Dos siglos después, los Bukele, con la guía de asesores venezolanos, retoman el proyecto absolutista, muy poco ilustrado, y colocan a El Salvador “en el mapa”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hay ejercicios profesionales muy perniciosos para su gremio y la sociedad. Una mirada al quehacer de los abogados basta para comprobar que mientras el desempeño de una parte de ellos responde a la ética y a las pautas de legitimidad que la ley establece, otros optan por un ejercicio de la profesión que los lleva a ser calificados despectivamente como “leguleyos”: según la Real Academia Española, personas que hacen gestiones ilícitas en los juzgados. Sinónimos de “leguleyo” son “abogadillo” o “picapleitos”, esto último por el afán de algunos de generar confusión y hacer interminables las discusiones. Los leguleyos en general, pero en especial los que se convierten en tales para disfrutar de las migajas del poder, no solo desprestigian a su gremio, sino que son muy dañinos para su país.

Las normas organizan la vida social y orientan a las personas hacia lo que se considera correcto. Por eso, las leyes son un componente esencial para proteger los derechos humanos, defender la vida, hacer justicia y garantizar una convivencia pacífica. Pero cuando la ley es controlada por el poder, la justicia queda en entredicho y los más perjudicados son siempre los derechos de los más pobres, de las víctimas y de los sectores críticos. Cuando se busca dominar sin contrapesos, los agentes del Estado y del partido oficial tuercen la ley para garantizar el monopolio de quien manda. Y en esa dinámica los leguleyos son pieza clave. Por supuesto, no actúan para cumplir la ley, sino para proteger y beneficiar a su patrono. Argumentan con absurdos para hacer que las normas digan sí, donde claramente se lee no; convierten a la justicia en una pasarela donde desfila la impunidad y en la que se contonean los que están envestidos de inmunidad.

En el caso de El Salvador, además de lo anterior, los leguleyos entonan un discurso con doble moral: por un lado, acosan a los opositores del régimen, los denigran, los persiguen, los condenan sin seguir el debido proceso; y por otro, aplauden las prácticas del poder, aunque sean iguales o peores que las que condenan. Buscan con lupa cualquier falta en sus adversarios, pero declaran inexistente las declaraciones de patrimonio de los funcionarios del Gobiernos y se hacen de la vista gorda ante cualquier señalamiento de corrupción. Los leguleyos están para que el rigor de la ley se aplique a los excluidos por el modelo económico y a aquellos que cultivan la verdad.

Los leguleyos de hoy resultan ser en la práctica igual a los fascistas, para los que la ley deja de ser importante en sí misma, porque lo que vale es la voluntad del grupo que detenta el poder. Los malos abogados salvadoreños están construyendo inseguridad e incertidumbre, no solo para sus críticos, sino para toda la sociedad, desde los que callan hasta los que aplauden al régimen. Y en ese sentido, en ese proceso de desmontar lo poco que en democracia e institucionalidad se había alcanzado, cavan un hueco bajo sus pies; el hueco por el que el porvenir de El Salvador se desliza en caída libre.

Desde hace algún tiempo nos llegan quejas al Idhuca de jóvenes campesinos en Chalatenango, sobre el comportamiento de miembros de la PNC y soldados estacionados en zonas fronterizas. A campesinos que tienen tierra en zona hondureña les confiscan semillas y cosechas si les sorprenden en puntos donde la tierra agrícola o ganadera abarca ambas partes de la imaginaria raya fronteriza. Personas que incluso durante la guerra cosechaban sin problemas en sus tierras binacionales, tienen hoy problemas al respecto. Especialmente a los jóvenes se es trata como sospechosos. Les han decomisado motos, insumos agrícolas, alimentos, o incluso les han acusado de diversos delitos sin pruebas. Recientemente el Comité Promotor de Derechos Humanos de la comunidad El Manzano, en el municipio de Dulce Nombre de María, nos ha hecho llegar copia de una carta respetuosa dirigida al Presidente Bukele en el que le solicitan que tome cartas en la situación que están viviendo y les ayude a tener una vida libre de violencia, en este caso ejercida por funcionarios y empleados del Estado.

En la carta, firmada por 46 personas se denuncia la detención de cuatro jóvenes sentenciados a 15 años, acusados de delitos que la comunidad niega. En Enero del presente año las autoridades se llevaron a diez jóvenes más del cantón acusándoles de los mismos delitos que sirvieron para detener a los cuatro anteriores. Uno de los nuevos detenidos, menor de edad, logró ser sobreseído definitivamente, pues el juez de menores manifestó “que no hay prueba para fundamentar dicho delito”. Quienes acusan a los jóvenes lo hacen en un contexto de diferencias ideológicas y políticas, sin dar datos fehacientes del supuesto delito y sin que las autoridades, policía y fiscalía, haya desarrollado una investigación seria de la situación. Los firmantes sienten que están viviendo una situación de verdadera represión que está forzando a muchos jóvenes a plantearse la necesidad de emigrar. De hecho también consta en el Idhuca que en parte por esa situación, en las comunidades cercanas a la frontera se ha acrecentado la migración sin papeles hacia los Estados Unidos. Los 11.000 dólares que cobran los coyotes por colocarle sano y salvo al joven en Estados Unidos no suele ser obstáculo si el migrante tiene los suficientes apoyos de parientes o amigos en el norte que garanticen el pago.

En repetidas ocasiones desde el Idhuca hemos insistido en la necesidad de una política de juventud que impida la transmisión intergeneracional de la pobreza y que dé a los jóvenes no solo el respeto que se merecen, sino la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. Sin embargo, si miramos el mundo de los jóvenes en pobreza, vemos que son los más acusados de delitos, los más encarcelados, los que tienen los peores salarios, los que sufren serias privaciones tanto en el campo educativo como en el de la salud, los que sufren más agresiones sexuales, especialmente las mujeres jóvenes, los que más se ven obligados a emigrar dada la ausencia de un verdadero interés del Estado de enfrentar con seriedad el problema de la pobreza y la marginación. Las zonas agrícolas y las barriadas marginales de las ciudades grandes carecen en la práctica de la presencia del Estado. Y el Estado parece apostar simplemente por priorizar en todo caso la presencia represiva y violenta, muchas veces ajena a las garantías constitucionales. Es precisamente en las zonas marginales, incluidos los cascos urbano de municipios de fuerte marginalidad, y en zonas rurales, donde se da el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas claramente atribuidas a la PNC. La voz de la comunidad del Manzano debe ser escuchada. Estas zonas rurales cercanas a la frontera han sufrido especialmente la guerra, continúan sufriendo la pobreza más extrema del país. Perseguirlas hoy con brutalidad solo pone las semillas de un Estado y una convivencia nacional organizada no solo desde la ley del más fuerte sino desde el abuso represivo y brutal de quienes las armas y las instituciones. Nuestros campesinos de los lugares más alejados se merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad. La carta de nuestros hermanos de El Manzano es un grito en búsqueda de justicia que debe ser escuchado.

Los acontecimientos de la semana pasada no son más que avances de un proceso que con celeridad conduce al país hacia la instauración de un sistema político dictatorial, diseñado hace algunos años y puesto en escena desde el 1 de junio de 2019 por Nayib Bukele. Dicho proceso exige que el presidente de la República tenga el control de los tres poderes del Estado. Con la victoria en las elecciones presidenciales, Bukele adquirió el control del Ejecutivo. El 1 de mayo de 2021, la contundente victoria en las elecciones legislativas, que le entregó más de dos terceras partes de los curules de la Asamblea, le permitió hacerse del poder legislativo. Quedaba pendiente apoderarse del órgano judicial, y a ello se dedicaron los esfuerzos desde el primer día en que los diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión de sus cargos.

Primero se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar se nombró a personas afines al oficialismo. También se removió de su puesto al fiscal general para sentar en su lugar a alguien que solo responde a los deseos del presidente. El 30 de junio, la Asamblea Legislativa tuvo una nueva oportunidad con la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, los diputados de Nuevas Ideas siguieron lo establecido en la ley, pero asegurándose de que los elegidos hubieran dado pruebas de su voluntad de cooperar con el proyecto presidencial. No satisfechos con tener el control de dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidieron jubilar a todos los jueces mayores de 59 años de edad o con 30 años de carrera judicial. Todo apunta a que sus sustitutos impartirán la justicia que les dicte el Ejecutivo.

El 3 de septiembre, la ilegal Sala de lo Constitucional, tergiversando burdamente el texto de la Constitución, dictaminó que la máxima ley nacional permite la reelección consecutiva a la presidencia. Este paso no solo viola el espíritu de la la Constitución, sino que contradice lo que por 37 años han defendido unánimemente todos los expertos en la materia: en El Salvador no hay reelección presidencial inmediata. La resolución de la Sala no es más que una copia con variantes de lo dictaminado por las cortes supremas de justicia de Nicaragua y Honduras para permitir la reelección de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández, también prohibida en aquellos países; cortes que fueron puestas bajo el control y al servicio de los mandatarios.

Nada de innovador tiene este proceso hacia la dictadura; es solo una adaptación de los caminos seguidos en Venezuela y Nicaragua. En ese sentido, los pasos que se den para consolidar el proyecto dictatorial no serán una sorpresa, pues basta ver lo que ocurre actualmente en Nicaragua para saber qué le depara a El Salvador. Más temprano que tarde, Bukele buscará controlar el Tribunal Supremo Electoral para garantizar su victoria cuando se presente a reelección y eliminar de la contienda a los partidos y candidatos que puedan hacerle sombra. Además, se impondrán limitaciones a la libertad de expresión y de manifestación, y se perseguirá a los críticos del régimen, de lo cual ya hay precedentes recientes.

Aquellos que todavía tienen puestas sus esperanzas en Nayib Bukele harían bien en conocer el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua, saber del enorme número de personas arrestadas y condenadas por defender la libertad, exigir el respeto a los derechos humanos o criticar al régimen. Para tomar lección, hay que tener claro que en el vecino país no hay un conflicto entre derechas e izquierdas, sino un aplastamiento de la libertad y la democracia por parte de una dictadura opresiva. Si en El Salvador la ciudadanía sigue permitiendo que se viole la Constitución y calla ante los atropellos, el futuro nacional será de corte nicaragüense.

El presidente y sus voceros niegan la autenticidad de las nuevas revelaciones de El Faro sobre la negociación con las pandillas. Sin embargo, el rápido secuestro de los registros de las prisiones después de la primera entrega deja sin fundamento sus descalificaciones. El presidente de la legislatura, uno de los voceros más autorizados del régimen, lo confirma al reconocer, en un descuido, que la información procede “de una investigación […] seria” de la Fiscalía. Y, por si fuera poco, El Faro incluye fotografías, para disgusto de Bukele, que desestimó la primera denuncia como “cortinas de humo […] porque nunca van acompañadas de videos, fotos, audios o acusaciones formales”. La nueva versión reproduce fotografías que muestran al carcelero mayor deambulando por las prisiones al frente de grupos encapuchados.

Más allá de los desmentidos y del escándalo, las demandas de las pandillas para contener los homicidios son material valioso para reflexionar sobre cómo poner fin a este fenómeno social. Una serie de exigencias piden al régimen respetar los derechos del prisionero: atender a los enfermos graves y a los discapacitados; prestar asistencia médica; proporcionar alimentación adecuada; ventilar las celdas; establecer una comisión permanente para evitar el abuso de la fuerza y la tortura por parte de policías, soldados y custodios; facilitar educación técnica y superior; crear iglesias y facilitar la presencia de empresas que empleen internos; restablecer la visita familiar e íntima, y el desplazamiento en el interior de la prisión. Asimismo, solicitan mejorar las facilidades para la detención provisional, “un centro de tortura”, las celdas de máxima seguridad y de castigo, y los llamados sectores especiales, y limitar la permanencia en dichas dependencias. Así, pues, no piden privilegios, sino derechos negados por un régimen represivo.

Otra serie de demandas tiene como finalidad las familias y los pandilleros en libertad. Solicitan cooperativas y micro y pequeña empresas, becas para la educación superior de sus hijos, cese del hostigamiento policial y militar a sus familias y a los pandilleros libres, y programas de reinserción para quienes salen de la cárcel. Aunque más escuetas, estas peticiones apuntan a algunas de las motivaciones más fuertes para ingresar en la pandilla: el desempleo, la inaccesibilidad a la educación superior y la represión; en pocas palabras, la falta de alternativas.

La observancia de los derechos del detenido no debiera ser objeto de transacción, porque es una obligación gubernamental. En segundo lugar, las demandas ponen en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El descenso de los homicidios se debe más a concesiones de Bukele, como la no extradición a Estados Unidos y la contención de la persecución contra los pandilleros, que a la represión. Fuentes policiales confirman la orden de contener la represión y los testimonios de diversas comunidades ratifican la presencia operativa de las pandillas en sus vecindarios. Estos hechos convierten el abultado financiamiento del Plan de Control Territorial en un despilfarro.

En tercer lugar, las pandillas, a juzgar por sus demandas, no aprecian los publicitados “cubos” gubernamentales como medios para prevenir la violencia social. Estos no solo no son mencionados, sino que los pandilleros hacen otras demandas que consideran más eficaces para combatir la exclusión y la desigualdad —algo que Bukele no puede entregar, porque carece de ideas, de fondos y, sobre todo, de capacidad de ejecución—. De todas formas, los llamados “cubos” sirven bien a los propósitos del mandatario, ya que son relativamente baratos y crean la impresión de que la prevención es asunto serio.

En la agenda presidencial no figuran las cooperativas, las empresas, el empleo, los programas de inserción y las becas. Los Bukele y su círculo prefieren utilizar el poco dinero de que disponen en ampliar el Ejército, adquirir tecnología para vigilar, introducir una criptomoneda y divulgar el genio presidencial. Por tanto, las pandillas no desaparecerán. De hecho, evolucionan con determinación y creatividad sorprendentes. Mal que bien, ofrecen un medio de vida y un sentido para una vida sin sentido. En ellas, la juventud encuentra identidad, sentido de pertenencia, acceso a bienes ahora vedados y la prepotencia asociada a la posesión de un arma de fuego.

Algo muy grave sucede en una sociedad donde las pandillas utilizan la tasa de homicidios para negociar derechos y sobrevivencia, y donde el negociador gubernamental acepta el juego, en lugar de emplearse en atacar la raíz de la violencia social. A juzgar por los hechos, la existencia de pandillas sirve bien a la ambición de poder de Bukele. Por un lado, alimenta la demanda de represión violenta. Por otro, la negociación crea la falsa impresión de que controla el territorio, mientras preserva intacta la injusta estructura social que levanta barreras y cierra futuros. En definitiva, Bukele tiene poder, pero no sabe, no puede o no quiere gobernar.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La política salvadoreña está plagada de frases vacías. Se utilizan ciertas palabras para nombrar realidades contrarias a lo que aquellas significan. Los ejemplos son muchos. Se habla de seguridad jurídica y ciudadana cuando es la inseguridad y el riesgo lo que reina. Especialmente en las altas esferas del sistema y según sean los casos, se habla de justicia para referirse a procesos de impunidad o de venganza política. La democracia equivale al autoritarismo del más votado y al uso arbitrario de los bienes comunes. La transparencia administrativa busca la reserva y ocultación de datos estatales. La moralidad notoria, una de las la frases que más se repite en la Constitución para definir los puestos públicos, no tiene nada que ver con la moral ni con la ética. Mentir y manipular es costumbre inveterada.

Desde el fin de la guerra y hasta la fecha, cada vez que han dado su voto a un partido político, los salvadoreños han terminado encontrándose con más de lo mismo. Las aparentes buenas intenciones de los líderes políticos desembocan las más de las veces en negociaciones amistosas con la parte más dócil del capital y en el enriquecimiento de los funcionarios, que salen del Estado mejor de como entraron, más allá de lo que diga la Corte de Cuentas. La pobreza y la vulnerabilidad de la gran mayoría conviven con la irresponsabilidad social de los millonarios y la indiferencia consumista de los sectores acomodados, políticos incluidos. A los pobres y excluidos solo les queda escuchar la propaganda de lo mucho que el poder, sea estatal o privado, dice hacer, compartir y regalar.

Con todo, no faltan en el país luces de esperanza. Un buen grupo de ciudadanos mantienen su libertad crítica frente al coro de los poderosos y sus aduladores. Muchas personas en las Iglesias trabajan a diario en la solidaridad, la creación de comunidad fraterna y el desarrollo de la conciencia. Asociaciones de jóvenes desean un futuro mejor para todos y se comprometen a objetivos concretos de ayuda a los necesitados. Surgen nuevas organizaciones defensoras de derechos y se crean mesas participativas en las que se analiza la situación del país y se proponen leyes que puedan resolver problemas. El derecho de acceso al agua aglutina muchos esfuerzos, al igual que la lucha contra la minería lo hizo en el pasado. Hay motivo para la esperanza a pesar de los graves retrocesos en el Estado de derecho y la débil o nula moralidad de los altos funcionarios. Las calles y las encuestas empiezan a decir que algo está cambiando.

Ante un régimen que ya no oculta sus afanes antidemocráticos y sectarios, es fundamental establecer vínculos y compromisos de acción conjunta, impulsar un liderazgo solidario, democrático y libre que compita con la mentira, el abuso y la manipulación. Enraizarse en las necesidades de las mayorías pobres y vulnerables, acompañarlas en sus luchas y en sus sueños, aportar conocimiento y técnica a sus esfuerzos, es tarea de todos, pero especialmente de las nuevas generaciones. Es tiempo de juntar fuerzas y esperanzas. Tiempo de no perder el ánimo y de que “el pueblo haga oír su voz”, como decía Ignacio Ellacuría. Tiempo de abrirse al diálogo con todos, buscando construir una sociedad solidaria en la que el verdadero respeto a la dignidad humana dé consistencia a la dinámica social. Hay momentos en la historia en los que toca resistir y no venderse; resistir diciendo la verdad, defendiendo y promoviendo el diálogo, y teniendo como objetivo el desarrollo de las capacidades de todas y todos los salvadoreños. Hoy, El Salvador pide eso.

La situación económica es, según la opinión de la gente, el principal problema tanto del país como de las familias. Así lo revela el más reciente estudio de opinión del Iudop. El 54% de los encuestados piensa que los problemas que más le afectan directamente son la economía, el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida. En la actualidad, en lo que más gastan los salvadoreños es en alimentos (60% de los consultados) y en los servicios básicos (24%): agua, energía y teléfono. En sintonía con lo anterior, el 45.1% afirma que lo que más ha subido en este año son los alimentos, seguidos de la gasolina (28.3%) y de los servicios básicos (20.3%). Además, el 65% de los que expresaron deseos de irse del país lo atribuyen a razones de índole económica. Es decir, la economía del país no está bien, y menos aún la familiar. Con el agravante de que la perspectiva de la población (78 de cada 100) de cara al resto del año es que, sean cuales sean las medidas que tome el Gobierno, la situación empeorará.

Esta percepción de la población contradice la versión del Gobierno, que afirma que se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia, que la economía nacional crecerá a los niveles de la panameña y que el costo de la vida no subirá. En el fondo, la percepción de la población desnuda la falta de voluntad política para aliviar la precariedad económica de las familias. Los precios de los alimentos y de los servicios básicos son dos campos en los que el Estado podría intervenir directamente sin salirse de la política económica liberal. Por ejemplo, reduciendo los impuestos a la canasta básica, o eliminando el IVA a los productos esenciales de la dieta familiar, o quitando impuestos a la gasolina, orevisando la estructura de los subsidios a los servicios básicos de manera que se beneficie a las familias que más lo necesitan. También se podría implementar una política fiscal progresiva por la cual pague más el que tiene más. Un Ejecutivo comprometido de verdad con mejorar las condiciones de vida de la población no regalaría víveres (una medida que más bien potencia el clientelismo político), sino que aplicaría algunas de las medidas anteriores.

A este panorama complicado se suma la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, hasta ahora la acción más impopular de la actual administración. Casi 4 de cada 10 no se dieron cuenta de la aprobación de la ley y desconocen el valor de la criptomoneda; no saben qué es y cómo se maneja una billetera digital. De lo que sí está al tanto la gente (77.6%) es de la volatilidad del activo, y eso provoca temor. El desconocimiento hace que se rechace el bitcóin: 83 de cada 100 personas le tiene poca o ninguna confianza y el 71.2% dice que prefiere seguir usando solo dólares. El 95.9% cree que su uso debe ser voluntario. Además, solo 6 de cada 100piensan que esta medida beneficiará a toda la gente. 71.3% opina que su situación económica seguirá igual o empeorará con la introducción del bitcóin, y el 54.3% que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán. Por todo lo anterior, el 65.2% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con los treinta dólares que ha ofrecido el presidente como incentivo para el uso de la billetera digital del Gobierno, el 78.3% está nada o poco interesado en descargarla y el 66.7% piensa que la ley bitcóin debe derogarse.

La imposición inconsulta del activo digital ha expuesto la falsedad del discurso oficial. Prácticamente todo lo aprobado por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa y todas las actuaciones de instancias del Ejecutivo se han justificado aduciendo que “es la voluntad del pueblo”. Si es así, ¿por qué se hacen oídos sordos al rechazo masivo al bitcóin? ¿Por qué el empeño de seguir adelante pese al clamor popular?

Este año se cumplen dos siglos desde aquel 15 de septiembre de 1821 en que se firmó el acta de independencia. El bicentenario presenta una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, sobre las luces y sombras que han condicionado los destinos de El Salvador, los errores y aciertos a lo largo del camino, las fortalezas y debilidades de nuestra sociedad, así como los retos que enfrenta el país para consolidar el sueño libertario y emancipador que dio lugar a la independencia y al surgimiento de las naciones centroamericanas. Este análisis no debe realizarse con un espíritu triunfalista o nacionalista, pues ello dificultaría sacar las lecciones pertinentes para diseñar un mejor futuro.

El sueño de un país independiente y soberano implica por necesidad una sociedad verdaderamente inclusiva, fraterna, libre, con seguridad y paz, con igualdad de oportunidades para todos, con respeto a las diferencias y la diversidad, con un alto nivel de desarrollo humano y con plena justicia social. Un país independiente y soberano es aquel que promueve la igual e inalienable dignidad de toda persona a través de la plena vigencia de los derechos humanos en lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Por ello, para evaluar estos doscientos años de independencia, las preguntas claves son qué tan capaces han sido el Estado y la sociedad de construir un país para todos, cuánto han contribuido al desarrollo humano del pueblo salvadoreño.

Desde esta perspectiva, El Salvador ha fallado, puesto que no ha logrado avanzar en la consolidación del desarrollo humano, la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos en beneficio de la mayorías. En estos doscientos años hemos sido incapaces de construir un Estado y una sociedad que velen por el bien común, que fomenten la fraternidad y la participación de todos en el progreso y el bienestar del que hoy solo goza una pequeña porción de la población. La comunidad académica y las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en ello.

El sector académico y educativo no ha hecho lo suficiente por inculcar en los jóvenes, en los futuros profesionales, un espíritu crítico y los valores de entrega, servicio y solidaridad. No ha insistido lo suficiente en la importancia de preservar la ética y fomentar la cultura de paz; en la necesidad de contribuir a la búsqueda del bien común y al respeto a los derechos humanos; en generar conciencia de que culminar estudios universitarios es un privilegio que obliga a trabajar por una verdadera justicia social.

Es importante que el sistema educativo en su conjunto reflexione al respecto y asuma un mayor y más eficaz compromiso con la formación de los líderes que el país requiere para caminar por el camino correcto. Si se quiere un futuro como el que esboza nuestro himno nacional: la libertad como dogma, la paz como dicha suprema, el progreso como camino de un feliz porvenir, el respeto a los derechos extraños y el apoyo en la recta razón como más firma ambición, es necesario que se trabaje arduamente en la siembra de estos valores en las mentes y corazones de la gente, comenzando por aquellos que están en edad de formarse.

Sin embargo, iniciamos la celebración del bicentenario con muchos nubarrones en el horizonte, que presagian tormentas, ponen en duda el porvenir nacional y anuncian la repetición de capítulos tristes y dolorosos de nuestro pasado. Estamos siendo testigos de decisiones gubernamentales que niegan los principios de libertad, paz, respeto y uso de la recta razón de los que habla el himno nacional. Ello obliga a los ciudadanos en general, pero especialmente a las instituciones que buscan la verdad y que se identifican con la inteligencia y la razón, a estar alertas y señalar con claridad todo lo que vaya en contra de los principios democráticos, el Estado de derecho y el bienestar nacional. Deben trabajar con responsabilidad y a través de alianzas, desde un diálogo abierto y comprometido con la democracia, la libertad y la paz, para afrontar los retos de nuestro país.

En El Salvador, no siempre el diálogo estuvo bien visto. Los Acuerdos de Paz, aunque no le gusten al actual presidente, marcaron un antes y un después, al menos al impedir que los problemas sociales se arreglaran exclusivamente con la fuerza bruta. Abrieron posibilidades de diálogo, aunque quienes los firmaron quedaron en una situación de privilegio y no siempre hablaron con los pobres y necesitados. Las reformas en el sistema judicial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la diversidad del pensamiento político e instituciones con menor peso facilitaron que algunos sectores de la población comenzaran a ser más escuchados. Se empezó a hablar con mayor fuerza de la sociedad civil, aunque una buena parte de ella estuviera sujeta y dependiente del poder económico. Pero lo cierto es que las posibilidades de diálogo aumentaron.

En este contexto fueron surgiendo grupos de defensores de derechos concretos, que se fueron sumando a las organizaciones que desde el tiempo de la guerra habían jugado un papel importante en defensa de derechos fundamentales de la población. Los derechos de la mujer, del medioambiente, de la diversidad sexual, de sectores marginados, migrantes, desplazados o personas con discapacidades se fueron añadiendo a temas más clásicos y generando grupos muy diversos de defensa de derechos humanos. Todos ellos, basados en la igual dignidad humana y profundamente unidos en torno a la misma, han visto la necesidad de una ley que los proteja. De hecho, la ley se propuso hace años, pero fue enviada a archivo por la actual Asamblea Legislativa bajo el pretexto de que todo lo tratado anteriormente no servía. Despreciar el trabajo de defensores de derechos humanos es grave: indica un desconocimiento de los mismos y de cómo se avanza en su promoción. Rectificar y dialogar con quienes trabajaron la ley honraría a los actuales diputados.

Pero más allá de ese error político, que esperamos se enmiende, lo que se puede constatar es que los defensores de derechos humanos continúan decididos a realizar su tarea. Y cualquier diputado o diputada que tenga conciencia de sus obligaciones debe saber que la defensa de derechos humanos no es para los políticos un tema accidental u optativo. La actual Constitución, aun con todos los cambios que le quieran hacer, tiene como punto de partida la doctrina de los derechos humanos. El Estado salvadoreño ha firmado una muy variada serie de convenios y tratados internacionales en los que se obliga a promover y respetar derechos humanos. No dialogar con quienes han reflexionado, estudiado y entendido este tema es en cierto modo una contradicción con el oficio de cualquier legislador decente. Pensar en una Constitución que no tuviera sus raíces en la doctrina y pensamiento de los derechos humanos no solo sería una opción despótica y dictatorial, sino una completa estupidez política.

Los actuales legisladores son en general muy jóvenes. Eso es bueno, porque les tocará cargar con los problemas del futuro y podrán buscar con más facilidad soluciones a la problemática que se nos viene tanto en el campo ecológico como en el social (envejecimiento de la población), o el económico, por la impresionante deuda que cargamos. Pero también es muy posible que estos nuevos diputados, dada su juventud y el hecho de que administraciones anteriores no se preocuparon de propiciar el conocimiento de los derechos humanos, sepan muy poco de estos y no hayan reflexionado sobre los mismos. La mesa de defensores y defensoras de derechos humanos tiene el deseo de conversar y dialogar con los diputados. Responder positivamente a ese deseo de diálogo, reflexionar con los defensores sobre una ley que los proteja, crear con ellos nuevos acuerdos que amplíen los derechos de la población y promuevan el conocimiento de los derechos basados en la igual dignidad humana, sería importante para la propia maduración política del país y para que los diputados aprendan a manejar con mayor capacidad el arte de la construcción del bien común. Ese bien común del que al final depende siempre la buena política y la credibilidad de la Constitución, tanto reformada como sin reformar.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Los funcionarios del oficialismo son de la opinión que pueden hacer lo que les venga en gana, en virtud de la cantidad de votos captados en la elección presidencial y en la legislativa y la municipal. Esos votos los habrían investido de un poder incuestionable para proceder no solo según su saber y entender, muy deficientes, por cierto, sino, sobre todo, para su provecho y beneficio. El hermetismo tras el cual se han atrincherado facilita la actuación impune. El ejercicio autoritario del poder hace verosímil el planteamiento. Si el régimen lo hace, no solo se puede, sino que incluso es un derecho.

El poder concedido en las urnas es innegable, pero los elegidos solo tienen competencia para aquello que la ley ordena. El poder delegado, por muy abultado y popular que sea, comporta obligaciones que lo limitan. Cuando ese límite es traspasado, el ejercicio del poder y el sufragio que le da origen se envilecen. Invocar un derecho que, en realidad, es inexistente y lanzar expresiones altisonantes no eximen de la obligación de no ir más allá de lo que la ley dicta. Si ese derecho se aduce para explotar las oportunidades de enriquecimiento que ofrece la gestión pública, el poder se prostituye.

Pese a ello, el régimen utiliza ese derecho para intentar preservar la legitimidad de su gestión. Se escuda en él para disimular el ansia de poder, el egoísmo desmedido y la insensibilidad social. Se apropia ilegítimamente de unos recursos escasos que debieran ser invertidos en mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sociales. En definitiva, el oficialismo no hace aquello para lo cual está habilitado, sino lo que legalmente no le compete, y encima lo suele ejecutar de manera torpe, ineficaz y deshonesta. Las voces que se quejan de servicios descuidados o inexistentes se escuchan cada vez más y más alto.

Esta manera de administrar los bienes públicos menoscaba su poder de convocatoria, tal como lo ha podido experimentar el vicepresidente. Su borrador de Constitución no ha sido recibido por el sector privado y el académico. En parte, por verticalista. En parte, porque su contenido es muy discutible y suscita sospechas fundadas de intenciones aviesas. En parte, porque el vicepresidente y su jefe no han mostrado mayor respeto por la Constitución vigente. Y, sobre todo, porque es un sinsentido convocar para exponer un texto cuya aprobación es un hecho, pero cuyo cumplimiento queda al arbitrio del amo. Desairado, el partero mayor achaca la indiferencia a “un exceso de soberbia y de prepotencia de pequeños grupos”. Ciertamente, son pequeños, pero lo suficientemente relevantes como para buscar su asentimiento pasivo. Su “soberbia” no es más que reacción a la “soberbia” primera del vicepresidente, que se arrogó facultades para elaborar, junto con los suyos —ninguno de ellos constitucionalista renombrado, excepto un extranjero—, un nuevo ordenamiento jurídico.

En la reacción negativa de los mercados, el segundo de abordo avista “agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del gobierno, sobre todo su imagen internacional”. El funcionario es incapaz de ver cómo su proyecto aumenta la incertidumbre predominante. El único responsable del deterioro de la imagen es el régimen mismo, que pierde credibilidad a ojos vistas. El asilo concedido por México a un exministro del FMLN es más perjudicial que la fuga de un presunto corrupto, porque pone de manifiesto ante la opinión internacional la existencia de persecución política. Asimismo, la confirmación de la negociación con las pandillas para disminuir los homicidios ya ha trascendido a la prensa internacional.

El curso tomado por el bitcoin, presentado por Bukele como una de sus ocurrencias más geniales, es otro indicador de la volatilidad que merma su credibilidad. La introducción forzada de la criptomoneda es quizás la apuesta más fuerte de los hermanos Bukele. Pese a ello, la legislación y la normativa son insuficientes, confusas y contradictorias. Ahora pretenden apaciguar la aprensión del mundo financiero con disposiciones propias del lavado de dinero, inaplicables a una criptomoneda. El desenlace de la apuesta queda en manos de una opinión pública recelosa, que decidirá si le conviene la flexibilidad y el ahorro de comisiones prometidos por Bukele. En definitiva, si es beneficioso convertir dólares en bitcoin para luego convertirlos en dólares.

El derecho de gobernar conlleva obligaciones para con la ciudadanía, sobre todo con la más desfavorecida. Entenderlo como vía libre para satisfacer caprichos y veleidades es ingenuo, temerario y, en definitiva, egoísta. Ejemplo claro de ello es el abortado proyecto de reforma de la legislación del Seguro Social. La dirección de la institución no busca mejorar una prestación muy deficiente, por su limitada cobertura y por la mala calidad del servicio, sino concentrar aún más el poder para disponer con mayor libertad de las contribuciones de los asegurados.

El proceso de decisión deber tener muy presente las consecuencias para la población. La obligación primera y más importante del gobernante es el bienestar real de las mayorías. Ellas constituyen el límite infranqueable de su derecho de gobernar.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.