Editoriales y Opiniones

EDITORIAL 13-08-21 MAS QUE SIMPLES PALABRAS

EDITORIAL 13-08-21 MAS QUE SIMPLES PALABRAS

Por José María Tojeira

Cuando las situaciones políticas son complicadas, el ideal es tender puentes que faciliten la salida positiva de los problemas. La polarización, la manipulación de las instituciones en favor del poder, como está pasando en Nicaragua, no llevan a soluciones adecuadas. Pueden dar un respiro durante un tiempo, pero agravan siempre la situación, garantizando mayores problemas en el futuro. Cuando el poder está muy concentrado, el puente tiene siempre que ofrecerlo el más poderoso. Y lo más conveniente, si se actúa desde la buena fe, es que el poderoso reduzca su poder, ciñéndose a las leyes vigentes o incluso cambiando aquellas que fueron fruto del exceso de poder y la falta de diálogo. El diálogo siempre es bueno para comenzar. Pero no basta. En regímenes o gobiernos autoritarios, la única manera real de tender puentes es caminar hacia una mayor democracia y respeto al estado de derecho.

En general las democracias modernas y abiertas al diálogo con su propia población hacen eso, más allá de la propia ideología o poder establecido en el gobierno. Chile acaba de dar un ejemplo. Un país en el que se han cometido abusos muy graves de Derechos Humanos en el pasado, sabe ahora responsabilizarse frente a ellos. El gobierno de este país ha tenido conflicto con su gente recientemente. Ha habido abusos policiales y grandes manifestaciones de protesta. Pero los políticos no han reaccionado con leyes más duras. Al contrario, han sabido escuchar a la población y han aprobado una ley de responsabilidad civil del Estado cuando se cometan abusos por parte policial, especialmente cuando haya manifestaciones masivas. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó y dejó listo recientemente para pasar a plenario un proyecto de ley que prohíbe el desnudamiento forzado de los detenidos y los tocamientos de contenido sexual en los procesos de detención policial, penalizando a quienes lo hagan o den las órdenes de hacerlo. Y en otro proyecto se prohíbe la utilización de armas letales o que puedan causar graves daños, cuando la policía tenga que supervisar o enfrentar manifestaciones de la población. A eso se le llama tender puentes con una sociedad enfurecida por la dura situación económica y social, y por algunos abusos cometidos desde la policía.

En El Salvador nos cuesta avanzar y tender puentes, especialmente por parte del poder. Y en ocasiones eso desata una posición más dura de parte de aquellos que critican o se enfrentan al poder. Para empezar en nuestra Asamblea no ha habido una comisión de DDHH, ni en épocas anteriores ni en la actualidad. Incluso las comisiones de ética, cuando se han elegido, contaban en sus filas con algunos de los diputados con clara falta de ética y en ocasiones verdaderos delincuentes, solo liberados de juzgamiento por la complicidad de sus colegas de diversos partidos. En la actualidad algunos de los diputados y personajes cercanos al poder ejecutivo se han distinguido por su misoginia y agresividad frente a cualquier tipo de crítica. Y por supuesto no tienden puentes, con ofertas concretas de superar situaciones conflictivas. Aun ejemplo muy claro es la negativa a dialogar sobre el bitcoin, frente a posiciones más lógicas y mejor pensadas, que piden la derogación de la ley que autoriza la criptomoneda, por cierto ya muy próxima a entrar en vigor. Abrir el acceso a la información pública, en vez de negarlo, dialogar con apertura sobre el Estado de Derecho, en vez defender cerradamente situaciones legalmente insostenibles, reconocer el derecho a la presunción de inocencia y tratar a los acusados de cualquier delito en conformidad con la legislación nacional o internacional vigente, podrían ser signos de que se quiere tender puentes. No tenderlos, y más en la actual situación de concentración de poder, solo llevará en el mediano plazo a una polarización creciente en el país. Y la polarización, el insulto, la negativa al diálogo, nunca lleva al desarrollo humano. Y menos a un país endeudado como el nuestro, con graves problemas de desigualdad y pobreza en demasiados ámbitos de la vida ciudadana y social. JMT/IDHUCA

En la encíclica Fratelli tutti, publicada en octubre del año pasado, el papa advierte de la agresividad que se ha desarrollado en las redes sociales. En ellas, dice Francisco, se dan “formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos”. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado preocupación tanto por el lenguaje de odio en las redes como por sus consecuencias: “El odio se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios y con cada norma que se rompe, se debilitan los pilares de nuestra común humanidad. El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz”.

En El Salvador, es alarmante cómo crece el odio en las redes sociales, solo ligeramente moderado por algunas demandas contra algunos de sus principales promotores y protagonistas. A la crítica racional se le responde con un lenguaje agresivo y con frecuencia soez que desata una especie de pugna por ver quién es más capaz de despreciar, humillar y burlarse del interlocutor. Se destruye así una de las formas básicas de convivencia, la escucha respetuosa del otro, al tiempo que se desvanecen los valores democráticos de la fraternidad y la igual dignidad de la persona. Ya anteriormente las relaciones sociales se envenenaban por el machismo, la fobia a la diversidad sexual, el desprecio de quien se cree superior a los demás y la violencia en el seno del hogar. Por ello, la multiplicación del lenguaje del odio no solo recoge lo peor de la herencia nacional, sino que la potencia.

Puesto que el lenguaje de odio rompe la confianza interpersonal, siembra miedo y destroza los vínculos sociales indispensables para la sana convivencia, resulta impostergable reflexionar sobre la realidad salvadoreña. Nuestro país se caracteriza por su profunda desigualdad, que se manifiesta, entre otras áreas, en la educación, la salud, el ingreso, la fiscalidad, el empleo, el género y el acceso digital. Es muy difícil que una sociedad tan dividida y separada estructuralmente, y en la que impera la agresividad pueda avanzar en la solución de sus problemas. Dialogar con franqueza, poner a disposición del ciudadano la información pública, frenar toda expresión que rompa las posibilidades de sana comunicación son requisitos para planificar un futuro digno para todos.

Hoy hay dos cuestiones principales que afectan a toda la humanidad: el calentamiento global y la creciente escasez de agua potable. Ambas obligan a profundos cambios en nuestro modo de vivir, pues pueden producir un colapso de nuestra civilización y afectar profundamente el sistema-vida.

Atengámonos a la cuestión del agua, codiciada por las grandes corporaciones para privatizarla y lucrarse enormemente. Ella puede ser tanto motivo de guerras como de solidaridad social y cooperación entre los pueblos. Ya se ha dicho que las guerras del siglo XX eran por petróleo y las del siglo XXI serán por agua potable. No obstante, ella puede ser referencia central para un nuevo pacto social mundial entre los pueblos y los gobiernos con vistas a la supervivencia de todos.

Consideremos los datos básicos acerca del agua. El agua es extremadamente abundante y al mismo tiempo escasa. Hay cerca de 1.360.000.000 km3 cúbicos de agua en la Tierra. Si tomáramos toda esa agua que está en los océanos, lagos, ríos, acuíferos y cascos polares y la distribuyésemos equitativamente sobre una superficie terrestre plana, toda la Tierra quedaría sumergida bajo el agua a tres km de profundidad. El 97% es agua salada y el 3% es agua dulce. Pero solamente el 0,7% de esta es directamente accesible al uso humano. De este 0,7, el 70% va para la agricultura, el 22% para la industria y lo que queda para el uso humano y animal.

La renovación de las aguas es del orden de 43.000 km3 al año, mientras que el consumo total está estimado en 6.000 km³ al año. Hay por lo tanto superabundancia de agua, pero desigualmente distribuida: el 60% se encuentra en sólo 9 países, mientras otros 80 enfrentan escasez.

El problema no es la escasez de agua sino su mala gestión y distribución para atender las demandas humanas y de los demás seres vivos. Brasil es la potencia natural de las aguas, con el 13% de toda el agua dulce del planeta, con un total de 5,4 billones de metros cúbicos.

Por ser escasa, el agua dulce se ha convertido en un bien de alto valor económico. Como hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado, todo se transforma en mercancía.

Se ha creado un mercado de las aguas de más de 100.000 millones de dólares. Ahí están fuertemente presentes Nestlé y Coca-Cola, buscando comprar fuentes por todas partes del mundo.

El gran debate hoy se presenta en estos términos: ¿el agua es fuente de vida o fuente de lucro? ¿El agua es un bien natural, vital, común e insustituible, o un bien económico a ser tratado como recurso hídrico y como mercancía?

Para empezar es importante reconocer que el agua no es un bien económico como cualquier otro. Está tan ligada a la vida que debe ser entendida como algo vital y sagrado. La vida no puede ser transformada en mercancía. Es uno de los bienes más excelentes del proceso evolutivo y unos de los mayores dones divinos. Además, el agua está ligada a otras dimensiones culturales, simbólicas y espirituales que la hacen preciosa y cargada de valores que en sí no tienen precio.

Para entender la riqueza del agua que transciende su dimensión económica, necesitamos romper con la dictadura de la razón instrumental-analítica y utilitarista, impuesta a toda la sociedad. Ésta ve el agua como mero recurso hídrico con el cual se puede hacer negocios. Atiende sólo a finalidades y utilidades. Pero el ser humano tiene otros ejercicios de su razón. Existe la razón más ancestral, sensible, emocional, cordial y espiritual. Este tipo de razón va más allá de finalidades y utilidades. Esta razón está ligada al sentido de la vida, a los valores, al carácter simbólico ético y espiritual del agua.

En esta perspectiva, el agua se considera un bien común natural, como fuente y nicho donde hace 3.800 millones de años surgió la vida en la Tierra. El agua es un bien común público mundial. Es patrimonio de la biosfera y vital para todas las formas de vida. No existe vida sin agua.

Obviamente, las dimensiones del agua como fuente de vida y como recurso hídrico no necesitan excluirse, pero deben ser rectamente relacionadas. Fundamentalmente el agua pertenece al derecho a la vida.

La ONU declaró el día 28 de julio de 2010 que el agua limpia y segura, así como el saneamiento básico, constituye un derecho humano fundamental.

Pero ella demanda, sí, una compleja estructura de captación, conservación, tratamiento y distribución, lo que implica una innegable dimensión económica. Ésta, sin embargo, no debe prevalecer sobre la otra, la del derecho, sino que debe hacer el agua accesible a todos. Se debe garantizar a todos gratuitamente por lo menos 50 litros de agua potable y sana al día. Corresponde al poder público, junto con la sociedad organizada, crear la financiación pública para cubrir los costos necesarios para garantizar ese derecho de todos. Las tarifas para los servicios deben tener en cuenta los diversos usos del agua, ya sea doméstico, industrial, agrícola o recreativo. Para los usos en la industria y en la agricultura, evidentemente, el agua esta sujeta a precio.

Para discutir todas estas cuestiones vitales se creó en 2003 en Florencia, Italia, el Fórum Mundial Alternativo del Agua. En él se propuso la creación de una Autoridad Mundial del Agua. Ella sería una instancia de gobierno público, cooperativo y plural para tratar del agua a nivel de las grandes cuencas hídricas internacionales así como su distribución más equitativa según las demandas regionales.

Paralelamente, se formó una articulación internacional con vistas a un Contrato Mundial del Agua. Como no existe un contrato social mundial, podría elaborarse en torno a aquello que efectivamente une a todos, que es el agua, de la cual depende la vida de las personas y de los demás seres vivos. De manera semejante ahora con la irrupción de la Covid-19, urge un contrato mundial de salvaguarda de la vida humana, mas allá de cualquier soberanismo, visto como algo superado, de otro tiempo histórico.

Leonardo Boff

En los días previos a la fiesta patronal de El Salvador y, por supuesto, de San Salvador, ha habido multitud de festividades, más extendidas unas, más particulares otras. El 25 de Julio muchos pueblos de nombre y origen indígena celebraron sus fiestas patronales en honor a Santiago (Chalchuapa, Tenancingo, Texacuangos, uno de los Nonualcos, Apastepeque, Santiago de María, La Laguna...). Santa Ana celebró el 26 a su patrona. Los jesuitas y los redentoristas a sus fundadores. Sin embargo, la actual situación de pandemia, aún no controlada y con un severo repunte a pesar del buen manejo de la vacunación, ha forzado a que los aspectos más externos de la celebración se hayan reducido. Especialmente las fiestas patronales han ido acompañadas siempre con procesiones, juegos, encuentros sociales, etc. Hoy la necesidad de cuidarse y de cuidar al prójimo nos impone algunas restricciones. Y precisamente esa especie de pausa, nos puede ayudar a reflexionar sobre el sentido profundo de la alegría que invade nuestras festividades.

Nos alegramos muchas veces con la música y la comida y olvidamos las dimensiones más hondas de la celebración. Santiago respondió con un “podemos” cuando Nuestro Señor les preguntó a él y a su hermano Juan si podían beber el cáliz de su Maestro. Fue después el primer apóstol decapitado por su seguimiento del Señor. Santa Ana, con San Joaquín, representan la sabiduría de los ancianos y la capacidad de los mismos de transmitir lo mejor de la espiritualidad a sus descendientes. María, ejemplo de fe para todo cristiano, fue hija de estos santos. Y Jesús de Nazaret, en su dimensión de Salvador del mundo, es para todos nosotros “camino, verdad y vida”, y fuente segura de salvación. Si los cristianos olvidamos estos aspectos, las fiestas, aun con todos sus aspectos positivos, pierden una buena parte de su sentido.

La vida cristiana está llena de festividades. La misma Iglesia nos ha animado siempre celebrar con alegría esos días dedicados a los seguidores de Jesús y a nuestro propio Maestro y Señor. El Papa San Gregorio Magno, cuando aconsejaba a los evangelizadores de los pueblos paganos del norte de Europa, les decía que continuaran con los aspectos festivos que éstos tenían en honor a sus dioses. Pero que le dieran un sentido diferente. Si antes sacrificaban toros a sus divinidades, una vez convertidos debían seguir celebrando a los santos matando algún torete para compartir la comida fraternalmente con toda la comunidad. La alegría de vivir compartiendo ideales y caminos debe traducirse siempre en la alegría del banquete compartido, “cada cual con su taburete” como decía nuestro próximo beato Rutilio Grande.

La alegría y la fiesta es consustancial al cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Y entre las múltiples herencias recibidas de nuestros hermanos judíos está la palabra “aleluya”, símbolo de alegría de quienes alabamos permanentemente al Dios que nos amó primero. Si el dolor, la injusticia y las pruebas nos remiten siempre a la cruz del Señor, las fiestas nos recuerdan el triunfo del resucitado y de todos nuestros hermanos y hermanas que nos precedieron uniéndose a la resurrección del Señor. La fiesta nos da siempre fuerza para seguir en esta vida de peregrinos caminando al encuentro del “Cordero degollado que permanece de pie”, como le llama el Apocalipsis a Jesús, anunciando su cruz y su triunfo en la resurrección. Vivir nuestras fiestas cristianamente, compartiendo la alegría, el amor y la generosidad, es también parte de nuestro testimonio y esperanza. Y es parte fundamental del descanso en el caminar y de la esperanza de llegar a la meta, en la que Dios será todo en todas las cosas.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

El 20 de julio de 2021, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 73 votos a favor, reformar la Ley de Símbolos Patrios para que la frase “Puesta nuestra fe en Dios”se coloque en espacios visibles de las instalaciones del recinto legislativo. Estas referencias religiosas ya han sido utilizadas por funcionarios del Gobierno en actos oficiales. De ahí que surja la pregunta: ¿Existe algún problema con esta reforma legislativa y con el uso de Dios en el discurso de los funcionarios del actual Gobierno?

El presidente y sus funcionarios han recurrido a múltiples referencias religiosas entre las que destacan aquellas utilizadas para justificar el poder y el liderazgo de Bukele y donde se mezclan la confianza en Dios y en el presidente. Por ejemplo, el 20 noviembre de 2020, Mario Durán, entonces candidato a alcalde de San Salvador, dijo: "Señor presidente Nayib Bukele, servir a El Salvador en uno de los momentos más cruciales de su historia ha sido una verdadera bendición que agradezco a Dios".

También en la pasada campaña electoral, Henry Flores, candidato a alcalde de Santa Tecla por Nuevas Ideas, en una entrevista declaró: "Después de Dios, Nayib Bukele es el líder al que seguimos. Es la esencia de todo un pueblo". De igual forma, el entonces candidato a diputado, Ernesto Castro, durante una visita al municipio de Soyapango, dijo: "Tenemos un compromiso con Dios, con el pueblo y con el futuro de nuestro país". Otro ejemplo fue cuando el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que solo rendiría cuentas a Dios, a Bukele y al "pueblo", luego de haber sido señalado por socavar la democracia y debilitar el Estado de Derecho en la Lista Engel.

Captura de pantalla tomada de la cuenta de Twitter del Ministerio de Trabajo: @TrabajoSV

La religión produce esperanzas y orientación en la vida, además de ser un elemento importante para la cohesión en la sociedad. En los ejemplos mencionados anteriormente, hay situaciones que llaman la atención. En primer lugar, las menciones de Dios realizadas por los funcionarios del Gobierno, se hacen en abstracto y sin contextualizar ni aterrizar a qué Dios se refiere. No se mencionan formas, cualidades o acciones concretas de fe. Si el pueblo es la voz de Dios, los funcionarios deberían confiar en hacer transparente su gestión pública a ese pueblo, así como combatir la corrupción dentro del mismo partido de gobierno y sus aliados.

Además, existe un contraste entre la fe en Dios que los funcionarios del partido de gobierno dicen tener y la desconfianza en hacer pública la información del Estado. Por ejemplo, el Gobierno del presidente Bukele se niega a transparentar los salarios de los funcionarios que tienen doble cargo. Además, el Gobierno, a través de la Fiscalía, investiga a funcionarios del pasado por actos de corrupción, pero no actúan de la misma manera con aquellos aliados señalados como corruptos en la Lista Engel. Como si la justicia divina fuera selectiva.

En segundo lugar, estos políticos buscan crear un monopolio de la verdad y resaltar a una figura política y no a una creencia religiosa. Incluso, esto lo ha hecho el mismo presidente Bukele al autoproclamarse en redes sociales como instrumento de Dios, mientras solicita a los diputados de su partido respaldo

político en nombre de Dios, tal como lo hizo un día antes de que los diputados tomaran posesión. Sin embargo, ningún proyecto político puede adjudicarse el monopolio moral de la representación ya que no existe un "mesías" o salvador absoluto en la política.

Captura de pantalla tomada de la cuenta del presidente de la República: @nayibbukele

En tercer lugar, este lenguaje religioso, utilizado de forma simple, puede convertir a los seguidores de un líder político en fanáticos mesiánicos, ya que utiliza también elementos autoritarios, de tal modo que los simpatizantes podrían llegar a justificar decisiones injustas de autoridad, denigrar o insultar otras formas de pensamiento o incluso ejercer violencia física en contra de personas que disienten con el Gobierno. Debido a ese peligro, en las democracias se prohíbe que miembros de los ejércitos o de organizaciones religiosas (que no se eligen democráticamente) participen en actividades políticas, ya que estos pueden utilizar la fuerza o el sometimiento ideológico para justificar su poder y luego limitar o sustituir el poder de las autoridades civiles en una democracia.

En conclusión, el uso político de la religión es más fácil que hacer políticas públicas eficientes y transparentes. En este gobierno, la religión se ha utilizado principalmente para exaltar al líder político de turno, para apelar a la emotividad religiosa de la población y, principalmente, para evitar ser concreto al momento de explicar las obras o acciones del Gobierno. Dentro de los que creen este mensaje religioso, hay personas bien intencionadas, gente sufrida, necesitada, que han sido víctimas de engaños de otros proyectos políticos, pero también hay aduladores, fanáticos y oportunistas. Cualquiera que sea el caso, se debe tener cuidado en la creación de un mito en torno a un redentor político, ya que esto solo alimenta el culto a la personalidad y, por tanto, estaría alejada tanto de la religión como de la democracia. Ya muchos gobernantes han demostrado que no bastaba con decir que tenían su fe puesta en Dios, ya que sus obras terminaron evidenciando lo contrario.

* Luis Eduardo Aguilar, del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 55.

“La política democrática, en cuanto política civilista y civilizada, es la antítesis de la vocación por el conflicto, típica de aquellos que profesionalmente son formados no para tratar con el adversario, sino para eliminar al enemigo”

José Rodríguez Iturbe

Segismundo, en el libro La vida es sueño de Calderón de la Barca, se “soñó” como un dictador y luego, al “despertar”, recapacitó y gobernó muy bien a su reino. Así termina esta magistral obra de teatro. De manera similar, se esperaba que Bukele, dado el gran apoyo popular con el que ganó la elección presidencial en 2019, usara este capital político para hacer una política democrática orientada al bien común. Sin embargo, después de dos años en el gobierno, no hay señales de que el presidente Bukele “despierte de su mal sueño” (como Segismundo), sino que, más bien, ha terminado por disfrutar del gozo del poder y ha intentado consolidar el pensamiento único y ha destruido la pluralidad política, a través de la militarización de la sociedad y del empoderamiento de los militares. Además, el Gobierno ha ajustado las leyes a su favor, se encuentra redactando una nueva constitución y busca deslegitimar a las personas y grupos que piensan y sueñan con un país diferente al de él. En resumen, Bukele, en lugar de “despertar”, terminó ajustándose muy bien el traje de dictador.

Cada día y de manera acelerada en el país, el dilema democracia-autocracia se decantó por la autocracia o, mejor dicho, por la instauración de una dictadura. Bukele ha dejado a un lado las prácticas democráticas y el respeto al Estado de Derecho y ha optado por el conflicto permanente, en donde ya no se dialoga con los adversarios políticos, sino que se les trata como enemigos que deben eliminarse (Iturbe). En esto se parece mucho a otros dictadores que consideraban como enemigos del pueblo a todo aquel que no comulgaba con sus ideas y, también se parece al mayor Roberto d'Aubuisson que consideraba a sus adversarios como “delincuentes terroristas” que debían ser eliminados. La exclusión política de actores que piensan diferente tiene a la larga implicaciones desastrosas para las sociedades. Solo basta recordar el “Pacto de Puntofijo” en Venezuela que -después de un golpe de Estado- tuvo como objetivo crear una pluralidad política, pero que excluyó a actores políticos importantes, principalmente de izquierda y, después de de vivir 40 años en una “democracia de mentira”, Venezuela llevó a Chávez al poder. La historia de lo que vive a diario Venezuela la conoce muy bien Bukele y todo indica que sigue el mismo camino de Maduro.

También hay que señalar que las decisiones políticas de Bukele son muy propias de una mentalidad militar y cada vez se aleja más de mostrar algo de racionalidad en su praxis política. Ante el evidente fracaso de su Plan de Control Territorial -como lo demuestran las fosas clandestinas encontradas en Chalchuapa y la masacre de cuatro jóvenes estudiantes en Turín, Ahuachapán, Bukele anunció la fase cuatro del desconocido plan, con el cual pretende duplicar el número de militares en la Fuerza Armada. De igual manera, como reacción a la lista Engel que señaló a funcionarios corruptos y a personas que han minado la institucionalidad democrática del país, la Fiscalía al servicio de Bukele comenzó la persecución de opositores políticos, a quienes ahora acusa de cometer actos de corrupción. Como es bien conocido, Bukele hace una política de guerra: siembra odio y terror, apela a despertar los instintos y emociones más bajas de la población, oculta información que debería ser pública, establece un aparato de propaganda que desinforma diariamente y que impone la mentira como verdad. Asimismo, el presidente ha fanatizado a muchos de sus seguidores, los cuales, de manera irreflexiva, le dan hasta 23 mil “likes” a sus tuits con contenido basura.

La retórica agresiva de Bukele parece fascinar a sus seguidores, quienes celebran el irrespeto a las leyes y las muestras excesivas de poder del presidente, ejercidas con la complicidad de la PNC y la FGR. Ahora Bukele manda a encarcelar a sus opositores y los seguidores lo celebran. Luego lo hará con cualquiera que no comulgue con sus ideas. Algo parecido a lo que vivimos en la década de los años 80, cuando los escuadrones de la muerte mataban a bandas de ladrones (y la gente celebraba y aplaudía) y después, estos mismos escuadrones, asesinaron a cientos de opositores políticos. No hay que repetir la historia de guerra del país. El enfoque debería estar en mejorar la economía y en tener una educación y salud de calidad. Lograr un país en el que se sientan bien todos implica inclusión política y participación.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 55.

Todos conocemos la ley de la acción y la reacción, formulada por Newton. Pero, por si acaso, es bueno recordarla. Decía el físico que cuando un objeto aplica una fuerza sobre otro objeto, la reacción del segundo es de la misma intensidad, pero en sentido contrario a la fuerza aplicada por el primero. Desde Max Weber, esa ley se utiliza para analizar los dinamismos sociológicos. Y puede servirnos, al menos parcialmente, para explicar algunas de las situaciones coyunturales por las que estamos pasando. Evidentemente, podríamos recorrer casi toda la historia de El Salvador haciendo arreglos entre la ley de la física y nuestra historia nacional. Pero en este momento nos remitiremos exclusivamente a los últimos 30 años y la situación actual.

Durante los tres últimos decenios hubo una fuerte acción por construir un Estado formalmente democrático, pero plagado de corrupción, prepotencia por parte de los económicamente poderosos e impunidad ante crímenes de lesa humanidad. Esa contradicción permanente entre la formalidad democrática, en la que hubo avances, y la permanencia del abuso del poderoso y de la despreocupación real por los pobres fue levantando una indignación social y un cansancio ciudadano que determinó el triunfo electoral del actual presidente, que se presentaba como el único que podía reaccionar contra la corrupción reinante y el abuso de los fuertes. Su partido, apoyado en el nombre y la figura del mandatario, consiguió un triunfo electoral espectacular en las elecciones legislativas.

Aunque hasta aquí todo podría parecer claro, el problema surge cuando vemos el tipo de reacción a la acción de los 30 años de abuso. La reacción no se ha dirigido a combatir los males estructurales con los que se había oprimido a los más pobres y vulnerables de la sociedad, sino simplemente a destruir las fuerzas políticas que habían servido de instrumento validador de los abusos. Algunos ejemplos nos ayudan a entender esto último. La pobreza y la desigualdad son parte del abuso sufrido, pero no se las combate con una buena ley progresiva de impuestos. Se toca la riqueza adquirida por los políticos, pero no la de los millonarios a cuyo servicio estaban. La corrupción no solamente fue patrimonio de los políticos de la hoy llamada oposición, pero se les castiga exclusivamente a ellos.

Gozan de amnistía de facto quienes abandonaron sus partidos corruptos para sumarse a Nuevas Ideas, no importando que hayan participado en la corrupción. El poder económico amigo de los partidos tradicionales queda ahora impune. Aunque haya sido parte del abuso, si pacta amistosamente con el nuevo poder, puede seguir destruyendo reservas ecológicas o enriqueciéndose inmoderadamente en medio de la pobreza del país. El sistema judicial y fiscal fue, en su condición de sistema, no solo un gran aliado de la corrupción, sino parte de la misma. Aun teniendo personal decente en sus filas, bastaba controlar, muchas veces con dinero, las cúpulas del sistema para convertir en corrupta la institucionalidad.

No se persigue a quienes dictaron sentencias injustas o inconstitucionales, a quienes recibían 20 mil o más dólares mensuales para mantener la fidelidad de la Corte Suprema de Justicia. Simplemente se pone al frente del sistema a personas dóciles ante el Ejecutivo y se mantiene el mismo esquema de control judicial. Se persigue, y con razón, a quienes recibieron sobresueldos mientras mentían descaradamente al pueblo salvadoreño, pero se deja en la impunidad a quienes también se lucraron de la partida secreta si cambiaron el color de su camiseta partidaria por el cian.

La reacción a una acción previa es normal. Pero en política lo fundamental es que las reacciones frenen la violencia de los futuros movimientos reactivos. En ese sentido, las reacciones a los abusos del pasado requieren siempre diálogo con las víctimas y garantías de no repetición. Poco de eso se ve en el actual Gobierno reactivo. Para el desarrollo humano es indispensable lograr que las reacciones toquen las causas de los problemas, corrijan estructuralmente las injusticias y eviten ser arbitrarias, violentas, vengativas o furiosas. Si eso no se consigue, el fenómeno acción-reacción puede convertirse en una espiral de subdesarrollo.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Una sociedad que funciona bajo los principios y valores democráticos requiere de un Gobierno abierto, dispuesto a rendir cuentas de sus decisiones y acciones, pues el acceso a la información de la gestión pública es tanto un derecho como un medio para conocer cómo se administra el Estado. En este sentido, el acceso a la información pública divide a los Gobiernos en dos: aquellos que han implementado mecanismos para que los ciudadanos tengan libre acceso a dicha información y aquellos que la mantienen en reserva. Son las sociedades más democráticas las que se encuentran en el primer grupo y las más autoritarias y con menos derechos las que están en el segundo. Estos gobiernos cerrados, opacos en su quehacer, buscan tener control férreo sobre la población, invierten en servicios de inteligencia para lograrlo y abundan en corruptelas.

La sociedad civil, esa a la que tanto denigra el presidente Nayib Bukele, después de tres años de intenso trabajo y cabildeo logró en el año 2011, para alegría de quienes creen en la democracia, la aprobación en la Asamblea Legislativa de la ley de Acceso a la Información Pública. Muy poco después se vieron los resultados: gracias a ella, salieron a la luz diversos casos de corrupción y los funcionarios quedaron expuestos al escrutinio ciudadano. Los Gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sanchez Cerén adversaron la Ley e intentaron limitar la información a disposición de la ciudadanía. El de Bukele no se ha diferenciado de ellos; más bien, los imita y supera: ha logrado reducir los alcances de la Ley y anular el papel contralor que tenía el Instituto de Acceso a la Información Pública.

¿Por qué el Gobierno de Bukele está tan interesado en acabar con la poca transparencia que había en el país? ¿Por qué aquel que ha afirmado querer un país sin corrupción está desmontando uno de los mejores instrumentos para luchar contra el flagelo? ¿Por qué el mandatario busca con tanto empeño mantener la opacidad de los asunto públicos y evitar que la población conozca las interioridades del quehacer gubernamental? Estas preguntas tienen una única respuesta: porque, al igual que en Gobiernos anteriores, se está asignando contratos evadiendo la ley a grupos empresariales afines, se está malversando fondos públicos y se está comprando voluntades con dineros del Estado. La razón de la apuesta por la opacidad y por la destrucción de los mecanismos de control no puede ser otra que esconder una estructura corrupta y corruptora. Sería absurdo que un Gobierno en verdad honesto y eficaz no quiera mostrar con claridad sus cuentas, de forma que se evidencie su rectitud.

Por lo anterior, la persecución a las tropelías de Gobiernos anteriores emprendida por Bukele es más un acto populista de venganza que la expresión de un genuino compromiso de luchar contra la corrupción. Si existiese ese compromiso, el mandatario tendría que investigar también los actos de malversación, peculado y cohecho , entre otros, que se sospecha se están dando en su administración. Ninguna persona honrada y honesta teme a la transparencia y a la rendición de cuentas; al contrario, la favorece y promueve.

Desde su fundación por decreto ejecutivo durante la presidencia de Alfredo Cristiani, el Órgano de Inteligencia del Estado (OIE) ha sido profundamente opaco. Contra toda normativa, nunca ha aparecido con los gastos desglosados en la ley del presupuesto. No faltan los constitucionalistas que insisten en que si alguien presentara una demanda por esta irregularidad, se tendría que declarar inconstitucional el presupuesto nacional mientras en él no apareciera el OIE con sus gastos desglosados. En los países que respetan la institucionalidad y las reglas de la democracia, las agencias de inteligencia, como la CIA en Estados Unidos, por poner un ejemplo, aparecen en los presupuestos nacionales. En El Salvador, la tendencia autoritaria y el afán de no dar cuenta de los gastos ha mantenido en la opacidad al Organismo, desde el primer Gobierno de Arena hasta el actual de Nuevas Ideas.

Es claro que el país no necesita un organismo de inteligencia con las características del actual, pues no tiene enemigos externos y para combatir a aquellos que traman o cometen delitos basta con una buena Policía. De hecho, hasta ahora, el OIE se ha dedicado, al menos en parte, a espiar a políticos, periodistas e incluso a empresarios. Y ha servido para disimular gastos inadecuados o ilícitos, como los sobresueldos. Pero es importante no perderse: la corrupción gubernamental ha sido y es más amplia y dañina. En obras públicas, en bancas estatales, en contratos con empresas privadas, siempre se ha favorecido a los amigos, ha circulado dinero ilícito y los fondos públicos se han utilizado a conveniencia y discreción. La bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, si deseara ser coherente con lo que dice, tendría que emitir una ley que declare imprescriptibles los casos de corrupción que afecten al Estado. No hacerlo solo refleja afán de espectáculo y manipulación política del tema. Para luchar contra los corruptos, hay que darle armas a la justicia.

En el país, la mayoría de los políticos y las élites se han caracterizado por un discurso abierto a los valores democráticos y, simultáneamente, por prácticas antidemocráticas. La corrupción expone claramente ese actitud hipócrita. Todos condenan la corrupción, pero, al final, muchas cosas se terminan resolviendo al calor del dinero. La legislación es insuficiente, la moralidad notoria que exige la Constitución para los funcionarios no pasa de ser una frase vacía, la investigación de los delitos económicos se realiza más desde los intereses de los grupos dominantes que desde el amor a la justicia. Hoy, cuando un solo partido político ha adquirido un poder político tan fuerte y dominante, no hay excusa para no proceder con seriedad contra la corrupción. Legislar al respecto y eliminar los términos de la prescripción es un paso; acabar con la confidencialidad en toda partida presupuestaria y devolverle la independencia al Instituto de Acceso a la Información Pública son otros. Refugiarse en la denuncia de un pasado corrupto que la población ya conocía y repudiaba mientras se sigue trabajando de la mano con varios de los que lo protagonizaron, no producirá ningún cambio. Al contrario, continuará creciendo el descrédito moral y la ineficiencia de la cosa pública.