Editoriales y Opiniones

A nivel cultural, la violencia y el sometimiento del otro son atractivos para mucha gente. Los productos mediáticos con altas dosis de violencia suelen ser exitosos. En la cotidianidad, muchas personas disfrutan de la humillación ajena y la exhibición impúdica de la intimidad de terceros. Y en sociedades como la nuestra, ese disfrute perverso se ha institucionalizado. La justicia, por ejemplo, se ensaña con los humildes y con quienes disponen de pocos medios para defenderse, y suele exhibirlos como delincuentes sin haberlos vencido en juicio. Esa exhibición humillante es, en contraparte, una exhibición del poder de quienes manejan el sistema.

En ese marco, la justicia se confunde con la venganza. Bajo la lógica de esta, se responde al mal con una acción equivalente; en cambio, la justicia, al menos idealmente, busca responder a un mal con una acción reparadora que causa bien. El objetivo de la venganza es hacer daño a quien lo ha ocasionado; la justicia intenta reparar el mal. La venganza responde a la necesidad de satisfacer un deseo de castigo, encarna la filosofía del “ojo por ojo, diente por diente”, y produce alivio momentáneo a quien la ejerce, pero solo la justicia da paz permanente, genera armonía y trae consuelo y verdad.

Hoy en día, en nuestro país se está usando el poder para perseguir a opositores y satisfacer deseos de venganza, ya sean propios o porque se piensa que una buena parte de la población reclama el oprobio de quienes están fuera del oficialismo. Este jueves pasado, en un nuevo paso de su esfuerzo diario por consolidar su narrativa de azote de los corruptos (aunque bajo su sombra operen personas de historial y ética más que cuestionables), y probablemente para desviar la atención de temas como la Lista Engel y el próximo uso del bitcóin, el presidente, a través de su fiscal y la PNC, arrestó y exhibió a exfuncionarios del FMLN, acusándolos de lavado de dinero. Durante las capturas, no se respetó el debido proceso.

Obviamente, de ser ciertos los cargos que se les imputan, lo cual deberá ser probado como corresponde, es decir, haciendo que primen los hechos y la legalidad sobre el efectismo y el afán de espectáculo, los acusados deben responder por sus actos ante la justicia. Porque eso es precisamente lo que el país necesita: justicia, una justicia independiente y con todas las garantías legales. No necesita arbitrariedad, sino Estado de derecho. Necesita paz y democracia, no enfrentamiento y dictadura.

Los alegatos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición de dos altos jefes pandilleros, solicitada por Estados Unidos, son esperpénticos. Los magistrados del oficialismo aducen dos tipos de argumentos. El primero sostiene que Estados Unidos no ofrece garantías judiciales respecto a las penas, pues puede imponer unas “más gravosas [que] las de acá”. Tampoco garantiza observar la Convención de los Derechos del Niño, presuntamente aplicable a uno de los jefes por ser menor de edad cuando cometió algunos de los delitos imputados. En suma, estos magistrados piden “trascender del enfoque meramente penal para profundizar el control constitucional” y así librarlos de una sentencia severa. Incluso aducen la conveniencia de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos y de crear una nueva ley sobre la materia.

La otra serie de razonamientos es aún más disparatada. Uno solicita “considerar la situación real [del] país, en torno de los condicionamientos que pueden desencadenar, y la proporcionalidad que puede significar para nosotros, como nación, la imposición de unas penas” más grandes. Otro llama la atención sobre “las reacciones que puedan ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana pueda permitirles a ellos […] no solo nos van a afectar a nosotros como país; sino a la sociedad […] incluso a los habitantes”. Un tercero reitera: “No olvidemos lo que significa la trascendencia a nivel interno de una decisión como [la extradición]”. El lenguaje cantinflesco no consigue ocultar que estos magistrados se oponen a la extradición de los dos pandilleros por temor a las repercusiones internas.

No juzgan conforme a derecho, sino movidos por el miedo a las represalias de las pandillas. Sus alegatos ponen de manifiesto, para asombro de propios y extraños, que estas son más poderosas que el Estado. Muy a pesar del Plan de Control Territorial, las pandillas han secuestrado también a la justicia. En realidad, así ha sido siempre. Ese mismo tribunal tuvo la deferencia de impedir la extradición a España de los militares acusados de la masacre en la UCA. Ahora, sorpresivamente, los magistrados del oficialismo los han colocado en el mismo nivel que los jefes de las pandillas. La justicia tiende a cuidar al poderoso. Por respeto insensato al poder, o por temor a las represalias, o por cohecho, o por todo ello. Por eso, la elección de los magistrados y los jueces es de vital importancia para el poder, ya sea el de los militares, el de los políticos o el de los ricos. Y ahora el de los pandilleros.

A estas alturas, no sorprende que el discurso de los magistrados del oficialismo contradiga el discurso presidencial, que exige penas más duras para los que llama “terroristas” y “monstruos”. En la práctica, los magistrados de los Bukele han evidenciado que esa dureza no es aplicable a los jefes de las pandillas. Asimismo, mientras exigen a Washington garantizar los derechos humanos de un pandillero acusado de conspiración para colaborar con el crimen organizado, para asesinar y mutilar personas, para cometer actos de terrorismo y narcoterrorismo, y para distribuir sustancias controladas, aquí toleran impasibles el abuso de autoridad, la condena anticipada de presuntos “terroristas”, aun por delitos no cometidos, y la degradación pública de los capturados.

El sinsentido de esta justicia es aparente. El desatino se transforma en acierto si el pacto de Casa Presidencial con las pandillas incluye la no extradición de los pandilleros reclamados por la justicia estadounidense. Así lo dan a entender los magistrados con formulaciones crípticas como “los condicionamientos”, “la proporcionalidad”, “las reacciones [que] nos van a afectar” y “la trascendencia a nivel interno”. En otras palabras, extraditar a los jefes reclamados dispararía de nuevo los homicidios y pondría en entredicho el Plan de Control Territorial, que consume centenares de millones de dólares.

La existencia del pacto ha sido confirmada por fuentes policiales, aún no desmentidas por Casa Presidencial. Esas fuentes denuncian la existencia de colonias santuario, donde tienen órdenes superiores de dejar en paz, “tranquilos”, a los pandilleros: “De noche enciendan las luces y sirena policial para que el pandillero se retire[…] si al momento de patrullar se dan cuenta que un grupo de pandilleros están reunidos […], regresen o tomen otra ruta para no toparse con ellos, tienen prohibido matar a un pandillero”. Más aún, investigadores policiales aseguran que Casa Presidencial mantiene contacto con la cúpula de una de las pandillas a través de un funcionario.

Los disparates del oficialismo tienen su razón de ser. No son simples despropósitos, sino coartadas. Pero entre mayor es el afán por ocultar, más se filtra la realidad. Los magistrados han desvelado inconscientemente que el Plan de Control Territorial descansa en un pacto con las pandillas. El que Bukele hable ahora de “incursionar” con un Ejército ampliado “para sentar ese principio de autoridad en las comunidades, cantones, municipios” no es más que la usual cháchara presidencial mientras los hechos no muestren lo contrario.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En especial a partir de Maquiavelo comenzó a imponerse la idea en el campo político de que el poder debía gestionarse desde sus propias conveniencias. Frente a quienes pensaban que era un instrumento para buscar el bien social, surgían aquellos que trataban de mantener el poder como el fin prioritario y absoluto de la política. Al afán de verdad le sustituía el afán de poder. La apariencia era más importante que la realidad. Hoy, con la apertura comunicativa de las redes, la búsqueda de apariencia y la propaganda, armas siempre de los afanes autoritarios, se han acentuado. La frase de Maquiavelo “Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” se ha convertido en el ideal comunicativo de quienes desean tener el poder lo más absoluto posible como herramienta de control social.

Sin embargo, en las democracias desarrolladas se ha vuelto, cada vez más, y especialmente en ámbitos académicos, a reflexionar sobre los clásicos de la ciencia política, desde Platón y Aristóteles hasta Montesquieu y los ilustrados del siglo XVIII. Releer las reflexiones de alguno de ellos sobre el poder nos puede hacer bien a quienes nos vemos inmersos en un mundo político dominado por la posverdad, la apariencia y el discurso vacío de la propaganda, incluido el parloteo continuo en las redes. Y una de las primeras cosas que llaman a la reflexión en los clásicos es la advertencias sobre los peligros del poder. Aristóteles, con un hondo sentido moral, recordaba en su libro La política que “los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder. Y muchos de ellos sin perjuicio de sus virtudes, porque el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Y para que no quedara duda, añadía que “el poder suele corromper a los hombres, y no cualquiera puede mantenerse virtuoso en medio de la prosperidad”.

La democracia le parecía a este filósofo el mejor instrumento para la recta administración del poder. Pero sabía de sobra que las oligarquías podían apoderarse de los mecanismos democráticos. Las asambleas legislativas, las instituciones estatales, los tribunales y las armas, unidos a la apariencia, en manos de quienes tienen el poder, pueden convertirse fácilmente en “los ardides y artificios por medio de los cuales las oligarquías engañan al pueblo”. Para evitar esto, proponía, en toda democracia, conjugar libertad e igualdad. Su afirmación era clara al respecto: “Si la libertad y la igualdad son, como se asegura, las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”.

En El Salvador, se ha dicho con frecuencia, tenemos un régimen estatal híbrido, que tiene aspectos autoritarios oligárquicos mezclados con elementos democráticos. Si ya veníamos cansados de un régimen que abandonaba la igualdad en favor de la libertad de los poderosos, ahora nos encontramos con otro modo de operar que restringe la libertad de todos al tiempo que ofrece una mayor apariencia de igualdad, repartiendo subsidios en base a deuda y prometiendo el enriquecimiento general a base de bitcoins. Si los regímenes anteriores eran antidemocráticos rompiendo la igualdad, ahora, manteniendo la desigualdad, se quiere restringir la libertad. Si nuestra democracia estaba ya en crisis desde el fin de la guerra hasta hace muy poco, los problemas se agudizan en la actualidad.

La democracia decae cuando la libertad se oprime, y más cuando el culto al poder se desborda, se insulta a la crítica racional, se persigue a quien piensa y opina distinto, y se habla más pensando en intereses que tratando de reflexionar seriamente sobre la realidad. Cuando el poder corrompe, se impone recordar la máxima de un sociólogo del siglo XX, que sí leía a los clásicos: “La primera tarea de los intelectuales debería ser la de impedir que el monopolio de la fuerza se convierta en el monopolio también de la verdad”. Tarea esta no solo de los intelectuales, sino de todos los que amamos la democracia como sistema de gobierno.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Editorial UCA

Como mostró Ignacio Ellacuría, hacer verdad implica estudiar y entender las realidades y dolores que encorvan las esperanzas de las mayorías. Esa tarea implica construir un pensamiento que toma partido por los que sufren (no puede ser neutral) y que lleva a enfrentar a quienes generan injusticia y coerción. Hoy en día, en el país, el poder quiere silenciar todo tipo de pregunta incómoda e impedir el conocimiento de la realidad, mientras hace alarde de descubrir lo que ya todos saben sobre la corrupción de Gobiernos anteriores. Condena el pasado y critica a los partidos tradicionales, pero hace alianzas con lo más abyecto de la partidocracia salvadoreña. Funcionarios que alababan a los corruptos y que fueron protegidos por ellos regresan ahora, revestidos de un aura angelical, para hablar de decencia. Por su lado, los pobres continúan migrando, empujados por una situación en la que contrastan las promesas y afirmaciones de bienestar con las dificultades y miedos vividos a diario desde la pobreza y la violencia.

Si hay que empezar de nuevo, decía el papa recientemente, habrá que hacerlo desde los últimos. La única tarea histórica decente es cargar, encargarse y hacerse cargo de los oprimidos, nos repetiría Ellacuría. Si se reconoce a los muertos su derecho a la justicia, diría en otro contexto un autor contemporáneo, “entenderemos la injusticia sobre la que está construida nuestra felicidad y nos capacitaremos para hacer la historia de otro modo”. En El Salvador, en cambio, existe una negación sistemática a debatir en serio tanto los crímenes de la guerra civil como los problemas estructurales. Las respuestas a estos son reactivas. Se aplican pequeños remiendos sociales que ayudan a sobrevivir, pero que no corrigen la fuente de la pobreza y la violencia. Y ello agravado por la tendencia a la utilización oportunista de la historia

El obispo de Roma advertía en su última carta encíclica que

en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz.

Frente a esta situación, urge dejar la chabacanería, como la contemplada recientemente en un comisión de la Asamblea Legislativa, y comenzar a dialogar y a buscar verdad en los datos objetivos. Y el dato con mayor objetividad en El Salvador es el sufrimiento de gran parte de la población. Dejar hablar al sufrimiento, decía Theodor Adorno, es la condición de toda verdad. Por ello, a quienes gobiernan les toca escuchar los múltiples sufrimientos del país y buscar soluciones fraternas. El insulto y el grito solo producen división social, la cual abona a una cultura violenta ya insoportable.

La destrucción de la estatua de tamaño natural del fundador de Arena, ordenada por el presidente, no ha suscitado ninguna reacción entre su militancia. En uno de sus arranques típicos, Bukele anunció que fundiría la estatua para convertirla en tapaderas de alcantarilla. ¿Quién habría imaginado hace tan solo unos años que semejante afrenta al mayor quedaría sin respuesta? El agobio de la deuda electoral y del embargo de las propiedades no explica la indiferencia de Arena. En sus tiempos de esplendor, por mucho menos, su dirigencia y sus frentes agropecuarios, femeninos y anticomunistas, indignados e iracundos, insultaron, dinamitaron y soltaron a sus escuadrones de la muerte. La apropiación del “Patria sí, comunismo no” ensoberbeció a Arena, que asumió como deber patriótico eliminar a la oposición: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”. Hoy, nadie ha levantado la voz ni el puño cerrado para defender al fundador del partido.

El veredicto presidencial que manda destruir la estatua del mayor recuerda la historia de otra estatua, recogida en el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey del extenso y poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El rey soñó con una estatua enorme y radiante, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. La estatua refulgía y la combinación de metales la hacía parecer invencible. De repente, sin intervención humana, una piedra se desprendió y golpeó los pies de la estatua, que se desplomó al suelo, sin dejar rastro. El mensaje es claro: muchos se levantan desde el anonimato y alcanzan el poder y la gloria, pero luego caen sin dejar señales de su paso. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (St 4,6).

El soberbio anhela dejar huella para la posteridad. Ansía que lo recuerden como el gran benefactor. En ese afán, hace girar el quehacer a su alrededor y promueve el culto a su figura. Sus obras no buscan aliviar necesidades y sufrimientos, sino la admiración y la alabanza. Mas no sabe que esa actuación pone en grave peligro aquello que más desea: ser recordado y apreciado. En el momento menos insospechado, la piedra se desprende y el monumento se desploma sin dejar rastro. Si en lugar de centrarse en sí mismo se consagrara a liberar a las mayorías de su miseria, entonces sería grande. Mons. Romero y los mártires de la Iglesia salvadoreña fueron asesinados por los escuadrones de la muerte del Ejército y de la oligarquía para borrarlos de la faz de la tierra. Pero, en vez de pasar, se han erigido en referentes de la verdad, de la justicia y del amor al pueblo.

El orgullo pierde al soberbio. Está tan seguro de sí mismo que no atiende a razones. Impone su voluntad como ley universal. La arrogancia lo ciega de tal manera que, más pronto que tarde, cae víctima de la insensatez. Entonces, se derrumba como la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuyo hijo vio aterrorizado cómo, en medio de un gran festín, una mano misteriosa escribió en la pared: “Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite”. Asimismo, la estatua del mayor, que se creía poderosa, ha sido sentenciada. El culto de sus fieles no ha bastado para librarla de la caída estrepitosa.

Los Bukele y su círculo no se comportan de modo diferente que el mayor y sus seguidores de Arena. Están convencidos de estar en posesión de la verdad y del futuro, lo cual los habilitaría para imponer sus deseos. Cabe, sin embargo, apuntar una diferencia. Mientras el mayor decía defender al país del comunismo internacional, los Bukele dicen que como “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo” (GN 1,2), han decidido crearla de nuevo. Algo nunca visto. No habría habido nadie como ellos, ni lo habrá, pues piensan haber llegado para quedarse, al igual que el mayor y los suyos.

La gran debilidad del soberbio es la prepotencia y el autoritarismo, que lo ciegan de tal manera que no tiene capacidad para rectificar. Camina en la oscuridad, enceguecido por un poder que, por su naturaleza, es pasajero. Se siente poderoso y eterno. El mayor y sus seguidores más furibundos nunca pensaron que pasarían y caerían en el olvido. Sus discursos rabiosos y amenazadores se los llevó el viento. De sus obras y de las de sus seguidores no quedan más que calamidades, incluido el régimen de los Bukele. La vanidad suele pasar relativamente pronto. Aun cuando la estatua del mayor no acabara en el horno, como tampoco la escultura monumental del parque escultórico dedicado a la reconciliación, también condenada a la fundición, el régimen de Buele pasará. Cuestión abierta es cuánta destrucción dejará a su paso.

El ministro de Seguridad y Justicia ha mandado al infierno a quienes lo cuestionan. No satisfecho con insultar y asediar a la crítica y a la prensa independiente, les ha recetado las penas del infierno. Ignora que es muy difícil condenarse. No, en todo caso, por motivos políticos, y mucho menos por llevarle la contraria. Más aún, según algunos entendidos, el infierno estaría vacío. La misericordia de Dios es incompatible con la perdición de sus hijos e hijas. Dios aguarda pacientemente el regreso de los descarriados. Incluso sale en su busca. No los castiga ni los destruye como quisiera este funcionario que, en su sinrazón, lanza condenas eternas.

Esta clase de argumentaciones nacen de la impotencia y la torpeza. El ministro arremete contra la prensa independiente, porque no puede dar cuenta del aumento de las desapariciones. Un hecho que pone en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El funcionario atribuye la información sobre las desapariciones a “profetas de la desdicha”, “mentes morbosas que están promoviendo la zozobra”. Por eso, desea que la población “se informe por los canales oficiales”, “los profetas de dichas inconmensurables”. Así, pues, la seguridad estaría mejor servida si la sociedad se refugiara en el mundo maravilloso creado y difundido por el oficialismo. El ministro anhela una opinión pública acrítica, resignada a las desapariciones, a la extorsión, al abandono forzado de su vivienda por el acoso de las pandillas o a la huida del país, y también a la indiferencia y el maltrato de fiscales y policías. Al parecer, solo así se salva el Plan de Control Territorial.

El ministro “no [entiende] qué hay detrás de esas mentes morbosas”, que siembran “la zozobra en nuestras comunidades”. Pero eso no le impide identificarlas como “poderes fácticos”, un tópico de Casa Presidencial para esconder sus fracasos. Si esos poderes han conseguido someter a los Bukele y a sus más estrechos colaboradores, como alega este funcionario, su ministerio, la Policía, el Ejército y el resto de la institucionalidad estatal están agotados. Es incomprensible que todo un ministro de Seguridad admita públicamente que esos poderes le han ganado la batalla de la seguridad ciudadana.

No son “las mentes morbosas” las responsables del fracaso del Plan de Control Territorial, sino el aumento de las desapariciones. El ministro ha resuelto el caso de una esposa asesinada por su marido y, aparentemente, también el de Chalchuapa, pero le quedan centenares de desapariciones por esclarecer. En lugar de pedir “penas más grandes para estos monstruos”, Bukele y su ministro de Seguridad y Justicia debieran emplearse a fondo en la resolución de las desapariciones que aún permanecen en el limbo. La “zozobra” que tanto inquieta al ministro la generan los fiscales, que no atienden las denuncias de las desapariciones como es debido. Mucha indiferencia y demasiadas denuncias para pocos fiscales.

También contribuye con ella su colega de Defensa Nacional, que pide “drones estratégicos” para vigilar la zona norte, “porque la geografía […] no permite que haya presencia física” del Ejército ahí, mientras esta brilla por su ausencia en el territorio urbano, donde las pandillas campean por sus respetos. Otro colega, el de Trabajo y Previsión Social, se jacta de no necesitar “planteamientos técnicos”, razón por la cual Casa Presidencial decide a ciegas. Entretanto, son cada vez más frecuentes los informes acerca de la convivencia de policías y pandilleros, que se divierten y beben juntos.

Si alguien vive “un infierno”, ese es el ministro de Seguridad y Justicia. Al aumento de las desapariciones se suma ahora la lista Engel con catorce funcionarios, políticos y empresarios, a quienes Washington acusa de corrupción, de prácticas antidemocráticas y de fraude. En la lista hay de los de siempre, pero también de los nuevos, que son igual que los de siempre y sucederá lo de siempre. El fiscal no se da por enterado. El ministro se desentiende de la justicia que le compete por cargo. Mientras Bukele sentencia que solo cuenta su lista, que no incluye a los suyos ni a los empresarios, solo a Arena y al FMLN. Y como si la lista no bastara, Washington señala al país por no cumplir con “el mínimo de estándares” para eliminar la trata de personas.

El único poder fáctico que ha derrotado al ministro es la realidad, que se impone inexorablemente, sin respetar los deseos de los Bukele y sin conmiseración con sus seguidores, afectados directamente por la violencia social. La obstinada negación de la realidad ha conducido a este pintoresco funcionario al infierno. No consigue conciliar los deseos de su patrono con la inseguridad que acecha a la población, ni su impotencia e incapacidad con la humildad necesaria para encargarse de la realidad tal como es. No es cierto que “a nosotros nos tiene sin cuidado”. Si así fuera, no mandaría al infierno a quienes cuestionan la narrativa oficial. La única manera de transformar la realidad es actuar sobre ella.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José María Tojeira

06/07/2021

Con la Reforma Agraria, la hacienda Normandía fue transferida a una cooperativa, que adoptó el mismo nombre, pagó las tasas del derecho a la tierra y está en plena propiedad de los terrenos. A mediados de los años noventa, un alcalde corrupto de Jiquilisco, miembro del PDC, extendió tres títulos supletorios falsos e ilegales a tres sedicentes derechohabientes. Desde entonces, la cooperativa viene luchando jurídicamente en defensa de sus tierras. La ambición de particulares, junto con sus trampas y mentiras, unido todo ello a la negligencia y lentitud, incapacidad y probable corrupción del sistema judicial mantienen en inseguridad jurídica a un amplio colectivo cooperativista de trabajadores del campo y sus familias. Los tres particulares que reclaman terrenos más parecen testaferros de otros intereses que sujetos particulares dañados en la real posesión de sus tierras. Los testigos que utilizaron para conseguir los títulos supletorios fueron legalmente insuficientes. El alcalde era legalmente incapaz de dar títulos supletorios, puesto que estos los tiene que otorgar un juez. Y en el Registro Nacional de las Personas Naturales no aparece ninguna huella de las personas reclamantes.

Analizar un caso como este nos lleva inmediatamente a considerar el tipo de sociedad en la que vivimos. La prepotencia del fuerte se impone con demasiada frecuencia sobre el débil. La justicia cierra los ojos ante las manipulaciones de los poderosos y evade su responsabilidad de defender a las víctimas cuando los victimarios gozan de relaciones, poder o prestigio social. Aunque no se acepte oficialmente, quedan todavía impregnados en las mentes de un buen número de personas acomodadas los resabios de un antiguo racismo propio de la colonia española y su sociedad de castas. Y ello sin diferencias de ideología, partido o conocimiento. Solo que ahora, en vez de mirar el color de la piel, se mira la pobreza de unos y el color del dinero reflejado en la billetera de los poderosos y sus abogados sanguijuelas. Al contemplar las manipulaciones legales a favor de los fuertes, podemos darle la razón al jurista, político, humanista y santo Tomás Moro. En su libro Utopía, en el que pretendía describir una sociedad perfecta, decía que en la isla de Utopía la profesión de abogado estaba prohibida, dadas las mentiras, engaños y venalidad tan consustanciales al gremio. Bastaba, decía él, con elegir a gente sabia y anciana temporalmente para que mediaran en los pleitos y protegieran a las víctimas.

En el caso Normandía se han suspendido audiencias preparatorias con excusas inaceptables. El miedo de los jueces a ofender al poderoso declarando inválidos los títulos supletorios mal habidos es más fuerte que el famoso imperio de la ley con el que se suelen llenar la boca quienes exaltan un sistema corrupto, tratando de disimularlo con palabras huecas. La justicia sigue, como decía en su tiempo monseñor Romero, el ejemplo de la serpiente, que solo muerde el pie de quien anda descalzo. Nuestra Constitución tiene como norma la indemnización por retardación de justicia (art. 17), pero nuestros diputados han sido incapaces durante 38 años de emitir una ley secundaria que estipule los tiempos y las responsabilidades concretas de los jueces en los casos de retardación. Todo está listo para desesperar a los débiles en un sistema que se alarga en el tiempo en favor de los poderosos.

La seguridad jurídica es un tema de ricos y poderosos, y por los tiempos que corren, va camino de convertirse en patrimonio del poder ejecutivo. Las mujeres pobres y violadas, los campesinos en problemas de tierras, quienes son asesinados en ejecuciones extrajudiciales vinculadas a grupos de exterminio no tienen seguridad jurídica. El caso Normandía es un ejemplo más que debe llamarnos a todos a exigir una reforma legal y judicial que ofrezca garantías a los débiles y marginados de nuestro país. Instalar servilismo en la cúpula del sistema judicial no resuelve problemas; al revés, es un paso más hacia la mayor corrupción del sistema. Esperemos que en el caso Normandía por fin se haga justicia y que no se suspenda una vez más la audiencia preparatoria. Estar atento a este caso es cuestión de ética básica, de agradecimiento y de solidaridad con los más débiles de nuestro país: los campesinos que nos alimentan desde sus labores agrícolas.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

En un día común, una persona promedio de El Salvador se levanta temprano para bañarse, desayunar, tomar café e irse a trabajar. Si es una mujer en edad adulta, seguramente también le toca bañar a sus hijos o hijas, preparar el almuerzo, hacer la limpieza, lavar la ropa, regar las plantas y realizar otras actividades domésticas. Si es joven, su rutina es básicamente la misma, pero en lugar de trabajar, posiblemente tiene que desplazarse a un centro de estudios y muy probablemente debe ayudarle a su mamá antes de salir de la casa. Si es un niño, o una niña, aunque no esté en edad de ir a la escuela, no cabe duda de que sigue los mismos patrones de aseo personal y alimentación que su familia. Estos roles responden a una clasificación bastante general, pero pueden diversificarse muy ampliamente al cambiar el enfoque del análisis e incluir otros factores importantes como la capacidad adquisitiva, el estrato social, la etnia, el género, el tipo de vivienda y la educación, entre otros. Sin embargo, hay una característica innegable que todos estos arquetipos salvadoreños tienen en común: no existe ninguno que pueda prescindir del agua.

De hecho, si lo pensamos a profundidad, veremos que el agua está presente en casi todo. Es un elemento tan común y ordinario que, como sociedad, muchas veces olvidamos que puede llegar a agotarse y nuestro olvido es reflejado en la inactividad política, la falta de conciencia ambiental y el desinterés por las campañas de protección y recuperación de las reservas hídricas del país. A tal punto llega esta desidia que tampoco nos incomoda permanecer impávidos, mientras las grandes élites económicas se terminan las últimas fuentes de agua del país sin que el gobierno haga algo para detenerlas y sin que podamos dimensionar que la falta de este recurso va a afectarnos a unos más que a otros. Creemos con facilidad cualquier discurso rimbombante o mentira que sale de la boca de los funcionarios y dejamos que se tomen decisiones importantes sin generar una opinión crítica y sin exigir que seamos tomados en cuenta. Para hacernos reaccionar, muchos grupos ambientalistas, iglesias, ONG, organizaciones civiles, universidades, especialistas y activistas -a los cuales el presidente Bukele se refirió como “organizaciones de fachada”- han venido advirtiendonos desde hace varias décadas que el agua se está acabando, que las autoridades quieren hacer negocio con ella y que lo poco que nos queda está severamente contaminado. En el contexto actual, la errada visión de desarrollo que el Gobierno pretende usar para justificar la sobreexplotación del medioambiente y para la aprobación de sus nuevas malas ideas, nos mueve a atender con mayor urgencia esos llamados en defensa de la vida y a repasar la realidad del agua en El Salvador.

Desde el 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha publicado informes sobre la calidad del agua de los sitios de muestreo que conforman la red de monitoreo permanente en 55 ríos del país. Estos estudios determinan si el agua analizada cumple con las condiciones para utilizarse en actividades de riego, ser potabilizada por medios tradicionales (filtración, sedimentación o desinfección por cloración o ebullición) o entrar en contacto con humanos, y, además, clasifica su estado en cinco categorías: clasifica su estado en cinco categorías: excelente, buena (ambas facilitan el desarrollo de la vida acuática), regular (limita el desarrollo de la vida acuática), mala (lo restringe) y pésima (lo hace imposible). Al escudriñar esta información, los datos muestran que el agua de la mayoría de los ríos muestreados no es apta para riego, potabilización por medios convencionales o contacto con humanos (ver Figura 1), y que su calidad oscila principalmente entre las categorías de “regular” o “mala” (ver Figura 2).

Tomando como base las tasas de consumo diario per cápita de otras regiones y los niveles de producción de agua potable reportados en las memorias de labores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) del 2008 al 2017, también es posible hacernos una idea del déficit que hay en materia de abastecimiento. Por ejemplo, si ajustamos el número de habitantes que había en El Salvador durante los años que ANDA publicó esos documentos a las tasas de consumo de Noruega y Estados Unidos -que siempre se han ubicado en las primeras posiciones del Índice de Desarrollo Humano- y al promedio calculado para la región de Latinoamérica, es posible observar que en ningún escenario El Salvador es capaz de suplir la demanda de agua de sus habitantes con el nivel de volumen producido anualmente (ver Figura 3). En otras palabras, este análisis muestra que si los salvadoreños y salvadoreñas tuviéramos la misma calidad de vida de los noruegos y estadounidenses o si, por lo menos, nos acercáramos al promedio de la región latinoamericana, el agua potable que producimos no nos alcanzaría para vivir. Más allá de esta comparación hipotética, los resultados generados también respaldan y denuncian que en El Salvador hay un mal manejo y distribución del agua, que hay escasez y que nos enfrentaremos a graves y peores desafíos si no solucionamos esta problemática en el corto y mediano plazo.

Ante estas carencias evidentes que ya afectan a la gran mayoría y que son muy sensibles en nuestra realidad cotidiana, ¿Por qué el gobierno a cargo del presidente Bukele se empeña en imponer y apoyar proyectos ecocidas que pueden llegar a perjudicarnos? ¿Por qué ha propuesto una Ley de Aguas inconsulta, verticalista y llena de contradicciones que, en esencia, favorece los intereses económicos de unos pocos? ¿Por qué prefiere invertir en cosas innecesarias y no en mejorar algo tan esencial y vital? ¿Por qué sigue amparándose en el sensacionalismo y el populismo para tergiversar y validar posturas insostenibles y fácilmente refutables? ¿Por qué no les ha dado prioridad a los problemas con el agua si se jacta tanto de ser diferente a los gobiernos anteriores? En este tema, más nos vale empezar a reconocer que lo que le pase al agua puede llegar a poner en peligro nuestro bienestar y el de las futuras generaciones, y que los efectos de nuestro accionar y de las decisiones estatales van a ser de magnitudes catastróficas para los sectores más vulnerables e históricamente desatendidos de todo El Salvador. Solo una ciudadanía atenta, responsable, informada y organizada puede frenar los grandes peligros que se avecinan, pero para ello debemos dejarnos acompañar por las voces que desde hace años han defendido nuestros derechos y volver siempre a la historia inalienable de nuestro país.

Después de mucho anunciarse, Estados Unidos publicó la Lista Engel, dedicada a los corruptos del Triángulo Norte. Catorce salvadoreños están en ella, políticos y funcionarios en su mayoría. Aunque el número es pequeño considerando la realidad, la Lista merece ser asumida en serio, pues la lucha contra la corrupción hay que darla acá y debe estar liderada por las instituciones nacionales. De hecho, el Estado debería respaldar la labor de académicos y periodistas que investigan el entramado forjado a lo largo de nuestra historia por políticos, empresarios y militares para beneficio de minorías y que ha causado la profunda desigualdad socioeconómica actual. El conocimiento de esta historia ayudaría a combatir, con mayor claridad y convicción, esa práctica secular. Las instituciones se resisten casi siempre a reconocer sus errores; se animan a pedir perdón públicamente e iniciar un proceso de cambio solo cuando las víctimas o investigadores ponen al descubierto sus delitos.

La corrupción, tan cacareada hipócritamente por los políticos como bandera de lucha, es un tema de trabajo y lucha esencial para regenerar la vida pública en El Salvador. Con independencia del nivel y rol que se desempeña, nadie puede servir al mismo tiempo a la corrupción y a la democracia. Los soldados que en las fronteras chalatecas roban a los campesinos salvadoreños cuando traen granos desde tierras que tienen en Honduras son parte del entramado de la corrupción. Lo hacen tranquilamente porque están armados, representan al Estado y están acostumbrados, como una buena parte del país, al predominio de la ley del más fuerte, más allá de las normativas legales. Lo mismo hacen algunos millonarios para conseguir contratos o tratos de favor cuando sobornan a funcionarios o cuando se imponen desde una justicia legal fácilmente convertible en farsa.

En los últimos tiempos, ningún partido político ha llegado al poder sin criticar la corrupción ajena. La Democracia Cristiana llamó corruptos a los Gobiernos del PCN; Arena ganó su primer elección criticando la corrupción de la Democracia Cristiana; el FMLN hizo lo propio al desbancar a la derecha; y Nayib Bukele logró un triunfo espectacular insistiendo en que el FMLN y Arena devolvieran lo robado. Pero ¿han cambiado las cosas? Todo apunta a que no, y no solamente en lo que a partidos políticos respecta, incluido Nuevas Ideas, sino también a grupos empresariales que no solo conviven con la corrupción, sino que la alientan. Es obvio: la corrupción no se puede combatir sin órganos de control independientes. Y en muchos de ellos, como el sistema judicial o la Corte de Cuentas, han tenido su nido personas serviles al poder que se han esmerado en proteger los vicios de siempre, aunque protagonizados por diferentes caras y discursos. Solamente un acuerdo político serio entre partidos, instituciones y ciudadanía para mantener los órganos de control con la debida autonomía e independencia librará al país de esta plaga tan antigua como presente.

Si el bitcóin atrae divisas, inversiones y turismo, “genera multiplicación del dinero” y otros “muchos beneficios y será una de las tantas cosas que nos ayudará a sacar adelante al país”, ¿por qué nadie más lo ha adoptado hasta ahora como moneda de curso legal? ¿Será que ningún mandatario es tan visionario como el salvadoreño o que no están interesados en que sus pueblos gocen de sus muchos beneficios? ¿Son tan torpes o egoístas que prefieren mantener a sus pueblos sumidos en la miseria cuando bien podrían aumentar la circulación del dinero? ¿Será que la banca internacional y las bolsas son tan cortas que no alcanzan a ver las innumerables ventajas del bitcóin o será que son tan codiciosas que se las quedan para ellas? Si los beneficios del bitcóin son tantos y tan extraordinarios, es insensato no convertirlo en moneda nacional.

El bitcóin, según la narrativa presidencial, es la llave para ingresar en el reino de la abundancia. No solo se satisfarán las necesidades básicas de la población, sino también sus caprichos: la disponibilidad de dinero disparará el consumo y las ganancias del comercio crecerán como espuma. También la recaudación fiscal. “Al final, todos van a ver los beneficios una vez esto empiece a funcionar”. “Millones de salvadoreños van a ser beneficiados”. Así como parece difícil poner resistencia a tanto portento, es también difícil concebir que eso sea posible con la simple adopción del bitcóin.

Algo sórdido encierra la criptomoneda. Su principal promotor dice que “no le estamos mintiendo a los salvadoreños”, pero obvia que el capitalismo financiero, en su salvajismo, no contempla la distribución equitativa de la riqueza. Al contrario, la concentra cada vez más. Una criptomoneda especulativa, creada para aumentar la ferocidad capitalista, no puede, por definición, beneficiar a “millones de salvadoreños”. Más bien, como denuncia el papa Francisco, “los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente”. Y agrega, acusadoramente: “Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas”.

La información sobre la criptomoneda es fragmentada e incompleta, contradictoria y confusa. Cuando Bukele y su ministro de Hacienda intervienen para aclarar o ampliar, la confusión es mayor. El embuste es mayúsculo. La transferencia de las remesas, “una de las razones por las que hicimos la ley bitcóin”, no será gratuita. En el capitalismo, nada es gratuito. Los datos indican que la remesa será más cara, lo cual tiene más sentido para la lógica de acumulación capitalista. Tampoco será de libre uso, tal como justificaron los diputados oficialistas, mientras su jefe, en inglés y a un auditorio extranjero, anunciaba que sería obligatorio. Así lo aprobaron aquellos, aunque ahora lo niegan. La retórica presidencial anuncia como éxito anticipado la llegada de inversionistas, que “poseen capital en bitcóin”, y de turistas, atraídos “porque somos el único país del mundo que [lo tiene] como moneda de curso legal”. No son más que especuladores y, seguramente, algunos facinerosos, deseosos de aprovechar la oportunidad para hacer dinero. El reino de jauja está reservado a pocos.

Bukele ha debido intervenir para intentar apaciguar el revuelo. Ha asegurado que “en ningún momento va a afectar a nadie”, “ningún salvadoreño está obligado a recibir bitcóin”, “nadie recibirá bitcóin si no quiere”, “es una opción”. Y no será utilizado con fines contables. Entonces, si “los comercios están obligados a aceptar bitcóin, pero no a recibirlos”, ¿qué sentido tiene imponer la criptomoneda? Lo más probable es que alguien del círculo de los Bukele haga mucho dinero con el periplo dólares-bitcóin-dólares. La última ocurrencia presidencial afectará negativamente a bastantes, mientras los operadores de las transacciones se enriquecerán.

Los silencios, las omisiones y las contradicciones no presagian nada bueno. Bukele y sus funcionarios pasan verdaderos apuros cuando venden la criptomoneda. Eso a pesar de ser, supuestamente, “una ley sencilla, que no tiene nada escondido y es fácil de entender”. Desestiman la “mucha incertidumbre y confusión, algunas dudas” como algo normal, dado que “se quiere aplicar algo nuevo e innovador”. “Esta es una ley que nos abre al mundo; que nos pone en los ojos del mundo por algo bueno e innovador”. Si así fuera, ¿por qué los perturban tanto los cuestionamientos?

La promesa de riqueza fácil y abundante es como el canto de las sirenas, que atrae a los navegantes incautos a los rompientes y a la muerte. Ante el ensimismamiento de la humanidad, el papa Francisco avisa que, “así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata”. Y agrega: “El dinero es el estiércol del diablo”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.