Editoriales y Opiniones

En el marco del Día del Profesional del Derecho, que se celebra el 30 de junio en El Salvador, condenamos la violación sistemática al Estado de derecho, acentuada con las actuaciones del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa, bajo órdenes del presidente de la República. Este día conmemorativo nos hace un llamado a recordar lo aprendido en las aulas; recordar que el principio de legalidad, la defensa de la Constitución, el límite al poder y la protección de los derechos humanos fueron pilares fundamentales de nuestra educación.

Estamos viviendo una hora oscura, en la que como estudiantes y profesionales del derecho no podemos quedarnos impávidos y en silencio. El considerando III del decreto 108 que estableció el 30 de junio como Día del Profesional del Derecho nos recuerda que estamos llamados a velar “por la justicia y la legalidad en las actividades públicas y privadas, contribuyendo así a la paz y el progreso del país”.

El cuarto y el octavo de los Mandamientos del Abogado, escrito por Eduardo Couture, uno de los procesalistas más influyentes, nos recuerdan el deber de luchar por la justicia, así como la fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, y la fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. A pesar de los tiempos que corren, es fundamental seguir creyendo en el derecho como uno de los mejores instrumentos para la convivencia humana.

Como parte de la ciudadanía, no solo como abogadas y abogados, tenemos el deber de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República (artículo 73 ordinal 2). Además, nuestra profesión nos demanda a alzar la voz cuando los mismos magistrados y jueces del órgano judicial no solo ignoran, sino que vulneraran los preceptos constitucionales al ejercer sus funciones sin ser independientes, sin ser imparciales y sin someterse a la Constitución y a las leyes, tal como lo prevé el artículo 172.

Después de lo ocurrido el 1 de mayo, poco o nada quedará de la función a la que está llamada la Sala de lo Constitucional: ¿cómo será posible afirmar que es un tribunal autónomo, exento de la intervención arbitraria de otros órganos del Estado?, ¿cómo será posible que sus funciones no se vean desnaturalizadas? Y es que los abogados que han participado en los referidos acontecimientos parece que no comprenden —o no quieren comprender— la gravedad de su actuación al levantar la mano y aceptar su supuesto nombramiento como magistrados, sabiendo que no se han respetado las garantías del debido proceso ni los procedimientos establecidos en la Constitución.

A partir de la nueva elección de funcionarios, los jueces, abogados/as y notarios/as quedan a merced de la voluntad del Ejecutivo, pues hay que recordar que la Sección de Investigación Profesional, el Departamento de Investigación Judicial y la Sección de Notariado son parte de una Corte Suprema de Justicia de la cual resultaría muy difícil predicar su independencia. Será entonces importante que los profesionales en derecho, hoy más que nunca, seamos los más arduos defensores de nuestra norma fundamental y exijamos que no se cometan actos arbitrarios no solo al interior del órgano judicial, sino también en el resto de órganos y entes estatales, y se respete el ordenamiento jurídico. No debemos adoptar una actitud pasiva o hacer la mirada a un lado; los derechos fundamentales ahora pisoteados son de todas y todos.

Este día en particular adquiere una connotación más trascendental. Estamos a casi dos meses desde que la Asamblea Legislativa decidió actuar de forma inconstitucional y arbitraria. También estamos a un mes desde que Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas, partió de este mundo. Ese es un llamado para que quienes seguimos acá redoblemos nuestro esfuerzo y compromiso por la defensa del Estado de derecho. Como dijo, san Romero, “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira”.

Uno de los motivos más evocados por el presidente es la originalidad de sus ideas y posturas: lo suyo es totalmente inédito, nunca nadie había hecho como él o él es el primero en dos siglos de historia nacional. El discurso del 1 de junio contiene algunas perlas de esa curiosa conciencia de ser un mandatario inimitable, el primero y el último. El encabezado del twitter presidencial enuncia la autopercepción de esa singularidad: “Escribiendo una nueva historia”. En la arenga del 1 de junio, se destacan dos formulaciones: “Por primera vez en 200 años”, en alusión al bicentenario de la independencia centroamericana, y “Por primera vez en la historia” o, simplemente, “por primera vez”.

Esta es la “primera vez en 200 años” que “la oligarquía perdió [la] oportunidad de controlar el poder formal”, que los oligarcas “no tuvieron otra opción que salir y dar la cara”, que la democracia no es “una pantomima”; “llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal […] pero estamos construyendo una verdadera democracia”, un “destino inexorable que tardó 200 años en llegar”.

Y es “la primera vez en la historia” que “realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino”, que “tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos [...] romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo”; que varios de los proyectos viales más grandes […] se están realizando”; que “nuestra historia empezó a cambiar para siempre”; que “no hay izquierda ni derecha”; que “9 de cada 10 salvadoreños apoyan una visión, a un gobierno, a un presidente”; que “el pueblo es parte de este movimiento, de estas transformaciones”; que “el pueblo es el único poder fáctico terrenal al que el gobierno obedece”; que “somos sede de un campeonato mundial de surf. El primero en la historia que clasificará atletas a los juegos olímpicos”. Y, más recientemente, el país es “uno de los 14 acontecimientos más importantes en 12,000 años de la ‘Historia del Dinero’”.

Estos prodigios, según la heterodoxa interpretación presidencial, se deben a que “es la primera vez que tenemos una providencia que sí nos ampara”. La afirmación roza la herejía. La Providencia divina cuida por igual de todos los seres humanos de todos los tiempos, esto es, no privilegia al mandatario salvadoreño. Dios “hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5,45), porque es Padre de todos, no solo de los Bukele, sus socios y sus seguidores. Ese Padre bondadoso no discrimina a nadie, contrario a la práctica presidencial. Por tanto, si, como asegura Bukele, “no nos debemos a nadie, ni debemos quedar bien con nadie, más que con Dios y con la gente”, debe cambiar radicalmente su conducta. Quien cree, en un arranque de insolencia, que el Dios de Jesús solo se complace en él, no camina “con Dios por delante”.

Apropiarse de la Providencia divina es una acción tan disparatada como la de los constructores de la torre de Babel, que en su vanagloria quisieron alcanzar el cielo e igualarse a Dios, pero se perdieron en la confusión. Es la desmesura de una naturaleza humana desordenada, que, confiada en una falsa seguridad ilusoria, cree que el futuro es infaliblemente suyo. De ahí la insistencia en su índole única e inimitable. En el fondo de esa creencia hay mucho de superstición. Al igual que Marx, Bukele cree en la existencia de una ley infalible que conduce la historia al paraíso y que él es el partero que acelera el nacimiento del edén salvadoreño.

Esa supuesta seguridad obedece, según el papa Francisco, a un voluntarismo autorreferencial y prometeico, que confía fanáticamente en sus propias fuerzas y se siente superior a los demás. Esa engañosa convicción adolece de un elitismo narcisista y autoritario, que siente fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, se vanagloria de su propia gestión, encasilla a los demás y gasta energías en controlar. “Ni Jesucristo, ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico” (EG 94, 95).

La superstición de Bukele vuelve perezosos a sus seguidores, encandilados por el disfrute inmediato de las delicias del paraíso. Pero el progreso no es inexorable ni infinito. Los liberales del siglo XIX, que comulgaron con esa superstición, colocaron los fundamentos de la sociedad de la cual Bukele ahora reniega. El progreso se da, pero también el retroceso. En cualquier caso, progreso habrá cuando se dediquen a la educación las mejores energías, entendiendo por educación no una mera capacitación técnica, cerrar la brecha digital; ni parcial, la primera infancia, sino el esfuerzo para que cada persona dé de sí lo mejor.

La pereza hace que muchos deseen ser dictados por quienes quieren ser dictadores. Un hecho confirmado por las intervenciones fanáticas y los entusiasmos delirantes de las redes sociales que acompañan al partero del paraíso nacional.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los derechos humanos son no solo una ética que asegura la convivencia pacífica, sino también un camino de desarrollo humanizante y fraterno. Pese a ello, en nuestra caso, la tendencia gubernamental a despreciarlos viene de lejos. A lo largo de los años, El Salvador ha recibido toda una serie de recomendaciones por parte de las agencias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitan cumplir estándares ratificados vía pacto o convenio internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA presentó recientemente una investigación sobre el incumplimiento sistemático de dichas recomendaciones. La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó nuestro país en 2018 y dejó 51 recomendaciones al Estado salvadoreño, de las cuales solamente el 11% se han cumplido parcial o totalmente.

De las más de 100 recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal realizado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solamente se ha cumplido una quinta parte de ellas; una suerte parecida han tenido las más de 40 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo a El Salvador tras su visita a finales de 2019. En un nuevo ciclo del Examen Periódico Universal, ya en los años 2019-2020, el Estado aceptó 159 de las 207 recomendaciones que el Consejo le presentó; entre ellas, mejorar el marco legal salvadoreño tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. En este marco, el evidente deterioro de la institucionalidad democrática y el retiro de legislación ya avanzada en temas de derechos humanos desnudan la despreocupación oficial ante las recomendaciones internacionales.

Este comportamiento conduce al descrédito en la escena global, por más que la maquinaria propagandística del Gobierno se esfuerce en presentar un panorama diferente. El respeto a los derechos humanos es un principio que la comunidad internacional impulsa a todo nivel. El desconocimiento de la normativa sobre el tema y el desdén a la misma no solo muestra una enorme pobreza democrática e intelectual, sino que además ubica al país en inferioridad de condiciones frente a naciones que entienden la importancia fundamental de los derechos humanos y son consecuentes en la práctica con ello. Comprometerse solo de manera propagandística con el respeto a los derechos humanos, incumpliéndolos o desdeñándolos en el día a día, solo llevará en el mediano plazo a una mayor división y deterioro social del que el país ha sufrido en el pasado.

Así como un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se opuso antes a la extradición de los militares acusados de la masacre en la UCA, hoy la Sala de lo Constitucional impuesta ilegalmente se opone a la extradición de un pandillero acusado de asesinato. Ello muestra el deterioro radical del pensamiento y el accionar jurídicos. No por casualidad ha desaparecido de la propaganda oficial la expresión “los mismos de siempre”: los viejos vicios continúan activos, sin que haya ninguna diferencia entre las nuevas caras y las “de siempre”.

“Todo venezolano debe tener su wallet petro, porque en cualquier momento, a partir de ahora, le cae su petro. El petro es la solución para Venezuela”, dijo Nicolás Maduro el 19 de noviembre del año pasado cuando anunció que su Gobierno daría a cada trabajador de la salud medio petro, equivalente a $30 dólares. El petro es la criptmoneda que el presidente venezolano creó el 3 de diciembre de 2017; ante la poca receptividad de la población, se vio obligado a promover su uso regalando dinero a la gente. Más de tres años después de su creación, la divisa digital no tuvo ningún impacto en la recuperación de la devastada economía del país suramericano. Más bien, la criptomoneda ha sido utilizada como un sistema de control social y financiamiento temporal de la deuda interna. El Salvador no es Venezuela ni el petro es el bitcóin, pero las similitudes son llamativas.

Las finanzas públicas salvadoreñas están maltrechas; de no ser así, no serían necesarios los cientos de millones de dólares en préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo. Además, no hay señales de avance en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de un préstamo de $1,300 millones a través de un acuerdo de servicio ampliado. La capacidad de endeudamiento de El salvador está llegando a su fin. A esto se suma la caída en los precios de los bonos y la baja calificación del riesgo país debido a la inseguridad jurídica nacional y la falta de un plan económico serio. El Gobierno urge de dinero y se está quedando sin opciones razonables.

Ante este panorama, el presidente Bukele, a través de sus diputados, aprobó la legalización del bitcóin como moneda de curso legal en el país. La respectiva ley, un texto de no más de tres páginas plagado de vacíos y ambigüedades, ha desatado muchas críticas y dudas. Para intentar disipar la incertidumbre y defender su proyecto, Bukele llamó a cadena nacional. El presidente acusó a la oposición de tergiversar la ley y sembrar temores entre la población. Según esta lógica, serían miembros de la oposición todos los actores externos que han cuestionado el uso del bitcóin como moneda, entre ellos varios premios Nobel de economía y funcionarios de organismos financieros internacionales. El presidente no dijo nada acerca de que el bitcóin es apetecido para lavar dinero mal habido. Tampoco aclaró a quién y a qué precio comprará El Salvador los bitcóin que repartirá entre quienes descarguen la aplicación gubernamental para el manejo de la criptomoneda. No habló de la comisión que se cobrará por convertir los bitcóin en dólares y viceversa.

Que el bitcóin y su ley hayan sido motivo de cadena nacional y que se ofrezca un incentivo monetario a cada persona que se sume a la aventura presidencial refleja que el tema es de primer orden para Bukele. Lo que no se entiende, lo que el presidente no sabe o no quiere explicar es por qué tanto interés. Si todas las transacciones son en dólares, ¿para qué se necesita el bitcóin? ¿Cuál es la necesidad de implementarlo desoyendo todas las advertencias de expertos? ¿Quién se quedará con las comisiones que se cobren por el manejo del bitcóin? Si todo el que reciba la criptomoneda la cambiará a efectivo inmediatamente, ¿de dónde saldrán esos dólares? Mientras las preguntas se multiplican sin cesar, el presidente y sus funcionarios se enredan cada vez más en un tema que, a la vista de sus atropelladas e incoherentes declaraciones, no manejan. Hasta el momento, muchas dudas sobre el bitcóin y una única certeza: los problemas del país continúan sin

Nuestra Constitución afirma que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, y que este está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Bajo esta premisa constitucional es que debe evaluarse si el Estado está cumpliendo con su misión. Y cualquier análisis, por superficial que sea, deja en evidencia que no es así. Mientras un pequeño grupo de salvadoreños ha logrado un alto nivel de bienestar, incluso por encima del de países más desarrollados, la mayoría vive con muchas carencias; existen grandes brechas en la satisfacción de las necesidades básicas entre las personas que viven en las zonas rurales y las que habitan en las urbanas, las que tienen un empleo digno y las que no, entre los hombres y las mujeres. A la fecha, ningún Gobierno, del signo que sea, ha logrado mostrar con claridad en la realidad cotidiana que la persona humana es el origen y el fin del Estado, y que este trabaja por la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.

Aunque este fracaso se debe fundamentalmente a que las élites políticas y económicas que han dirigido y administrado el Estado no han tenido en mente trabajar por el bien común y la justicia social, la incapacidad de la administración pública en el cumplimiento de sus funciones es otro factor que explica el desastre en el que nos encontramos. Si el Estado salvadoreño quiere ser coherente con sus fines constitucionales, necesita, en primer lugar, reformular cómo se entiende a sí mismo y cómo actúa en la práctica, más allá de discursos; y en segundo lugar, trabajar para que la administración pública sea capaz de responder a las necesidades de desarrollo y bienestar de la población salvadoreña en su conjunto. Como afirma Naciones Unidas, “la administración pública es la piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas”.

Desde hace algunos años, entre algunos grupos de la sociedad civil hay clara consciencia de la urgente necesidad de transformar la administración pública para que el Estado cumpla con su misión. De estos grupos surgieron las propuestas de reforma a la Ley del Servicio Civil y de una nueva normativa de la función pública. Ambas con el mismo fin: modernizar y profesionalizar la administración pública. Sin embargo, estas iniciativas no lograron reunir el apoyo político necesario para ser implementadas, ni lo lograrán dada la poca importancia que el Gobierno actual le da a la cuestión.

A pesar de que Nayib Bukele dice presidir una administración que trabaja las 24 horas del día los 7 días de la semana, muchos de sus funcionarios no tienen la capacidad requerida para ejercer sus cargos ni para resolver los problemas del país; la mayoría han sido elegidos por su relación con la familia Bukele, su identificación con las ideas del presidente y su subordinación al mismo, no por sus cualificaciones profesionales. Además, por el único motivo de no gozar de la confianza del mandatario, de la función pública han sido apartadas muchas personas capacitadas y con amplia experiencia. Este escenario solo da pie al pesimismo. Sin funcionarios profesionales y con vocación de servicio, capaces de adaptarse a los cambios y de actualizarse constantemente, el Estado no podrá responder a las necesidades crecientes de la población ni posibilitar que se alcancen los niveles de desarrollo humano sostenible a los que el país aspira. En el corto plazo y mediano plazo, el estancamiento está asegurado.

En el ambiente político actual, defender derechos de manera independiente, fuera de la órbita gubernamental, está mal visto. Aunque ya en anteriores administraciones se ha criticado o acosado a defensores de derechos humanos, hoy en día se está dando un modo nuevo de hacerlo: se recurre al insulto en redes sociales, a la descalificación en los medios de comunicación del Estado, a las burlas prepotentes de los funcionarios e, incluso, a la amenaza y la manipulación jurídica de acusaciones pagadas.

Establecer la verdad sobre el pasado o sobre el presente —intentarlo siquiera— choca con la resistencia de muchos funcionarios y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este último, por ejemplo, no tiene ningún reparo en utilizar caprichosa y maliciosamente el derecho a la privacidad para encubrir el nepotismo. Quienes defienden derechos y acusan al Gobierno de violarlos son considerados residuos politizados de un pasado corrupto. A los periodistas se les obstaculiza su labor cuando buscan la verdad de hechos que podrían evidenciar fallos gubernamentales. Y si insisten, pueden sufrir la agresión de funcionarios, llegándose hasta el extremo de amedrentarlos mediante seguimiento policial.

Esta situación está enmarcada en la calentura autoritaria que la Presidencia de la República ha contagiado a sus partidarios y funcionarios. En el fondo, aparte de autoritarismo, lo que hay es ignorancia y mala fe. Quienes atacan a los defensores tienen una idea muy superficial de los derechos humanos; no consideran que estos sean irrenunciables e irrevocables, ni creen que deben inspirar a todas las actividades del Estado. A la vez, actúan de mala fe, porque conociendo la Constitución, como se supone que todo funcionario debe conocerla y tenerla presenta, no les importa que la misma tenga como punto de partida los derechos humanos.

Esta actitud se ha mostrado con claridad cuando se ha denostado y despreciado a quienes desean que se conozca la verdad sobre los crímenes del pasado. También en el debate sobre el derecho al agua y al cerrar oídos a las preocupaciones sobre la problemática que para mucha gente entrañará el uso del bitcóin. La verdad, la legalidad y el conocimiento son despreciados si exponen errores, irregularidades o delitos del Gobierno y de las instituciones controladas ilícitamente por el Ejecutivo.

Defender derechos es una de las tareas más nobles de los últimos siglos. En el XIX, los trabajadores comenzaron sus luchas por los derechos a la sindicalización y al salario digno. En el siglo XX, las luchas de los pueblos por la autodeterminación y la defensa de la vida cambiaron la historia. Gandhi, Martin Luther King y monseñor Romero son claros exponentes de esas tareas. La lista de quienes en El Salvador dedicaron su vida a los derechos humanos es larga. Por todo ello, oponerse a la promulgación de una ley que proteja con claridad a los defensores de derechos humanos es un acto de ignorancia que evidencia gran desprecio por la democracia. Perseguir, hostigar y amenazar a periodistas y defensores de derechos humanos es renunciar al rumbo democrático de la civilización y confirmar el gusto por el manejo dictatorial del poder.

Es contradictorio que a pesar de la gran cantidad de lluvia que El Salvador recibe cada invierno, no haya, en calidad y cantidad, suficiente agua para toda la población. Una visita a las comunidades de la periferia del gran San Salvador basta para comprobar que mucha gente, sobre todo de las colonias más pobres, no tiene garantizado el servicio. Hay barrios que pasan semanas, incluso meses, sin recibir agua. Lo mismo sucede en muchas zonas del interior del país. Por ello, reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos y aprobar una ley general de aguas son demandas exigidas desde hace lustros.

En 2006, hace 15 años, se presentó el primer anteproyecto de ley general de aguas. Ello dio pie a que se iniciaran esfuerzos por aglutinar al movimiento social entorno a una propuesta consensuada de normativa sobre el agua. El trabajo conjunto de comunidades, organizaciones sociales de diverso tipo e Iglesias dio frutos: en enero de 2020 se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta ciudadana sobre una ley general de aguas. El núcleo de la propuesta tiene cinco características, que para el movimiento social son innegociables.

En primer lugar, reconoce el agua como un derecho humano, un bien público, por lo que, en consecuencia, su uso prioritario es satisfacer las necesidades de la población, por encima de los intereses de los sectores agropecuario, industrial y turístico, por ejemplo. En segundo lugar, por ser un bien público, le corresponde al Estado constituir el ente rector del agua; las decisiones estratégicas sobre el líquido no pueden ser potestad del sector privado. Ligado con lo anterior, en tercer lugar, en la toma de esas decisiones debe haber una amplia participación ciudadana. En cuarto lugar, promueve que el agua sea gestionada por un régimen económico justo y equitativo, fuera de la lógica de lucro. Finalmente, estipula que el agua se gestione desde el enfoque de cuenca hidrográfica, ya que la cuenca constituye la unidad natural y social de una gestión que determine las acciones necesarias para la protección, aprovechamiento y recuperación del agua.

Hace pocos días, el presidente de la República anunció la presentación de su propuesta de ley general de aguas. Y los diputados oficialistas dijeron que no discutirán ninguna otra que no sea esa. Ya sea que la propuesta del presidente sea un refrito o simple copia de la presentada el año pasado, o en verdad una nueva, lo fundamental es que la ley que se apruebe incluya los cinco puntos reseñados antes. Si se aprueba una legislación que incluya esos puntos, los salvadoreños contarán con una buena herramienta legal para luchar por sus derechos; si no es así, se ignorará un clamor popular y se comprobará que, más allá de promesas y propagandas, al presidente y sus diputados les tiene sin cuidado el bienestar de la población.

Lo que cualquier población espera de sus gobernantes es que tengan como objetivo principal satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Usualmente, este es el principal, si no el único, criterio de evaluación de un gobierno y en base a ello se establece el apoyo que recibe por parte de los ciudadanos. En El Salvador, los gobernantes han solido iniciar su andadura con un importante apoyo que se ha ido desgastando conforme pasa el tiempo, precisamente porque no han sido capaces de responder a los intereses y a las necesidades más sentidas de la población ni cumplir con sus expectativas de desarrollo. Además, la falta de honestidad de la mayoría de funcionarios, que con demasiada frecuencia se han enriquecido a costa del erario público, ha sido determinante para que la población, tarde o temprano, les retire su confianza. Así fue como perdieron el apoyo popular la Democracia Cristiana, Arena y el FMLN, y lo mismo sucederá con cualquier partido que gobierne de espaldas a la población y no sea capaz de responder a las expectativas populares.

En países con más cultura democrática, es cada vez mayor la demanda de que los gobernantes se mantengan cercanos a la población para que conozcan de primera mano sus problemas, necesidades, deseos y proyectos de vida. En nuestras latitudes, durante las campañas electorales, quienes aspiran a ocupar un puesto en el Estado se mezclan con la gente, en especial con los más sencillos, pero una vez elegidos se integran al grupo de los que creen estar por encima del pueblo. Muchos políticos se consideran ungidos, investidos de un conocimiento y sabiduría infusos, por el hecho de haber recibido más votos que el resto. Así, están convencidos de que saben lo que la población necesita y lo que mejor le conviene. Excepcionales son los representantes del Estado que una vez electos se toman el tiempo de sentarse con la gente para conocer a fondo y de primera mano su realidad, y escuchar y hacer suyas las propuestas que tiene para resolver sus problemas.

Desde el fin de la fuerra, las autoridades que El Salvador ha tenido a lo más que han llegado es a gobernar para la gente, pero no han dado el paso a gobernar con la gente, y esa carencia ha sido fundamental en su fracaso. La clave está en no solo escuchar a la población, sino en hacerla partícipe de las acciones encaminadas a resolver los problemas que sufre en carne propia; es decir, optar por la horizontalidad política, no por la verticalidad tradicional. El éxito de una administración pública está ligado a su capacidad de actuar en colaboración con la sociedad y ofrecer espacios para la participación organizada de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de los asuntos de interés público; en su capacidad de establecer mecanismos mediante los cuales la población articule sus intereses, ejerza sus derechos, cumpla sus obligaciones y resuelva sus diferencias.

La gestión de Nayib Bukele es claramente verticalista; está arraigada a la tradición de gobernar para la gente sin la gente. El suyo es un gobierno elitista convencido de saber lo que los salvadoreños quieren, por lo que no necesita escucharlos ni contar con ellos para la solución de sus problemas; el suyo es un gobierno que excluye a muchos de los que podrían colaborar y participar en la búsqueda de soluciones a las necesidades colectivas. Por tanto, sus posibilidades de éxito a largo plazo son reducidas.

En la tradición cristiana siempre se ha dicho que la conciencia es más importante que la ley. Debemos obedecer las leyes, nadie lo duda. Pero la conciencia, en caso de confrontación con la ley, tiene prioridad. A los Estados, especialmente a los autoritarios, nunca les gustó este tipo de pensamiento. En las democracias, sin embargo, la importancia de la conciencia se ha abierto camino. El caso de los objetores de conciencia que se niegan a prestar servicio militar se respeta cada vez más en los países democráticos. E incluso se legislan diversas formas legales para superar el enfrentamiento entre la conciencia de algunos ciudadanos y las normativas vigentes.

En El Salvador, con una tradición militarista y autoritaria en el modo de ejercer el poder político, el tema de la conciencia se suele dejar en el olvido. Todos recordamos la facilidad con que durante la guerra civil se obedecían las órdenes ilegales de matar. Todavía hoy hay gente que no tiene ningún reparo a la hora de matar. El caso del asesino de Chalchuapa y la rapidez con la que se le ofrece criterio de oportunidad muestra lo habitual que es negociar con la vida humana. La tendencia a obedecer al poder va no solo más allá de las leyes, sino también más allá de la conciencia. Salvo contadas excepciones, los legisladores han sido más obedientes a la voluntad del líder político de turno que a la propia conciencia.

En la actualidad, la relación entre la obediencia al líder y el seguimiento de la propia conciencia se ha decantado por la obediencia absoluta. Ni siquiera se examinan leyes o incluso deseos que vengan de la cúpula del poder. El asentimiento y los aplausos sustituyen rápidamente al debate. La rapidez con la que aparecen leyes, decretos y novedades contrasta con la complejidad de los problemas existentes, que permanecen presentes y sin mayor transformación. Cambian las imágenes, las promesas, las monedas, los tuits, pero la pobreza, el miedo y las diversas formas de inseguridad continúan idénticas e inalteradas.

El ser humano siempre ha buscado el bien y la verdad. Sobre esos dos valores se construye la conciencia moral. Pero cuando el bien y la verdad se confunden con la obediencia ciega o con la imagen o la opinión exaltada del líder, la conciencia se deforma y la moralidad se pierde. Las instituciones del Estado, compensatorias de diversas maneras en una democracia, están llamadas también a buscar el bien y la verdad. Son fuente de moralidad indispensable en un Estado de derecho. Pero cuando esa búsqueda se sustituye, aunque sea parcialmente, por la voluntad del líder, se entra rápidamente en un proceso de deformación de la conciencia que daña tanto a la persona como al Estado.

Es cierto que la humanidad ha desarrollado una moralidad laica externa al poder, supervisada por la ONU, que normalmente llamamos “derechos humanos”. Pero El Salvador tiene una larga trayectoria de incumplimiento de esa moralidad. Todavía hoy cargamos con profundas deudas respecto a tanta víctima del pasado. Y todavía hoy seguimos negándonos a ratificar protocolos y convenios con los que la humanidad quiere avanzar en la construcción de una moralidad cívica y estatal. Exaltamos la ley penal, pero dejamos en el olvido, o al menos en cámara lenta, preceptos constitucionales que exigen al Estado educación y salud de calidad, bienestar económico y justicia social. E incluso en la ley penal ponemos más confianza en la dureza del castigo para los pocos que son enjuiciados, que en la lucha y el trabajo en contra de una impunidad demasiado generalizada.

El único camino hacia el desarrollo humano y moral se encuentra en la capacidad de mirar críticamente la realidad, conocer nuestras responsabilidades y desarrollar la propia conciencia en armonía con el bien común y la verdad de la igual dignidad humana. La fiesta del aplauso unánime que impide el diálogo racional y el pensamiento crítico nos deja en el mismo sitio, o incluso peor, en que nos dejaron los “mismos de siempre”.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

¿Verdadera democracia?

Las condenas nacionales e internacionales por las decisiones y acciones que en el país atentan contra la democracia han sido respondidas por el presidente Bukele con el argumento de que se está construyendo una verdadera democracia. La afirmación choca de frente con los hechos. Si un principio democrático tradicional es la división de poderes, el mandatario quiere tenerlos a todos a sus órdenes; si en la democracia es fundamental la independencia del órgano judicial, Bukele afirma que tiene derecho a disponer de jueces que le obedezcan; si una característica de la democracia es la libertad de prensa y de pensamiento, para el presidente es necesario acabar con todo aquello que discrepa de su discurso. En su lógica, puesto que la población votó y le dio su respaldo, todo lo que él hace es porque el pueblo así lo quiere; por tanto, no debe informar de nada, dar cuentas de nada, ni tomar en cuenta la opinión de nadie. “Sí, presidente” es la expresión distintiva de lo que Bukele entiende por democracia

Pero no está inventando nada. La comunista Alemania Oriental se denominaba República Democrática Alemana; el nombre oficial de Corea del Norte es República Democrática Popular de Corea. Es común que dictaduras y regímenes totalitarios mantengan los poderes clásicos de un Estado democrático (el poder legislativo, por ejemplo), pero otorgándoles un papel decorativo. Por cuestión de legitimidad en la escena internacional, casi todos los Gobiernos quieren ser considerados democráticos. Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba poseen asambleas nacionales, consejos de ministros, tribunales electorales, aunque en la realidad esas instituciones no controlan el ejercicio del poder ni sirven de contrapesos. Y por ello esos cuatro países no son considerados regímenes democráticos.

Ciertamente, la democracia formal no ha solucionado los graves problemas que afectan a los salvadoreños. Pero la verdadera democracia no se agota en derechos civiles y políticos como la libertad de votar, asociarse e informarse; incluye derechos sociales y económicos como el derecho a la seguridad, a la alimentación, a la vivienda, al agua y al trabajo digno. Es obvio que la democracia en el país no ha resuelto la vida de las mayorías. Pero de lo que se trata no es de demolerla, sino de hacerla avanzar hacia esos otros derechos indispensables para la vida. Para seguir humanizando nuestra sociedad, es necesario que se cumplan los principios fundamentales de la democracia; entre ellos, la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a la Constitución. La verdadera democracia no se basa en la concentración del poder en una persona o grupo, y en la ausencia de garantía de los derechos humanos. Eso, más bien, es propio de una dictadura.