Editoriales y Opiniones

El Salvador vive tiempos que solo puede calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde se dirige el país, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de las consecuencias. Un pueblo que ha sido crítico y que ha luchado por obtener legítimas conquistas sociales, hoy se halla entregado a un mandatario cuya única prioridad es acumular el mayor poder posible. El discurso oficial afirma que ha iniciado una nueva época, en la cual se pondrá fin a la larga historia de corrupción y habrá verdadero progreso y desarrollo para todos. Ciertamente, la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de la República y de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa son hitos históricos, pero signos reales de progreso y desarrollo no hay; más bien se perfila, cada vez con mayor precisión, la amenaza de más pobreza y más dependencia externa.

En los dos primeros años de gestión del presidente Bukele, la deuda externa se ha incrementado en más de tres mil millones de dólares, y sigue creciendo. Solo en el primer mes de su mandato, la actual Asamblea Legislativa ha aprobado nuevos préstamos internacionales por casi mil 500 millones de dólares. Endeudarse no es problema; lo es pagar los intereses de esa deuda y tener que devolver lo prestado sin contar con más ingresos. Ello significa destinar cada año una mayor cantidad de dinero del presupuesto nacional al pago de la deuda y sus intereses, y tener que restar esa cantidad del fondo disponible para inversión nacional, lo que pulveriza cualquier promesa de progreso y desarrollo.

Por otra parte, la nueva república que Nayib Bukele afirma estar construyendo no se caracteriza por la separación de poderes, la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los fondos públicos y la participación ciudadana no eleccionaria, todos ellos elementos esenciales de una que de verdad lo es. Entonces, ¿en qué clase de república piensan el presidente y sus seguidores cuando lo que están promoviendo es el hostigamiento de los críticos, el secretismo y el verticalismo autoritario? Lo que está a la vista es más propio de los tiempos en los que se buscaba que el pueblo permaneciera ignorante y apartado de las decisiones políticas para seguir explotándolo e imponiendo intereses sectarios.

El presidente afirma querer el bienestar de la población, pero a la fecha, según encuestas serias, la mitad de la población manifiesta que en estos dos años su nivel de vida no ha cambiado. Más allá del proceso de vacunación contra el covid-19, que se está realizándose de forma acelerada y bien organizada, los otros logros de los que el Gobierno se jacta son dudosos o simplemente no existen. Las ayudas de 300 dólares al inicio del confinamiento y las canastas alimenticias no llegaron a todos los que las requerían, engrosaron el monto de la deuda nacional y están manchadas por fuertes indicios de corrupción. La disminución de homicidios, algo bueno en sí mismo, no ha significado mayor seguridad en los territorios (siguen controlados por las pandillas) ni ha detenido la tragedia nacional de las desapariciones, cuyo número va al alza.

Hasta ahora, ningún funcionario ha sido capaz de explicar qué beneficios supondrá para la población la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, y su sustitución por lacayos del presidente. Este último acto, además de inconstitucional, pone fin a la ya menguada independencia judicial, abre puertas a los abusos del poder y deja desprotegida a la ciudadanía. Tampoco se ve qué de positivo hay en haber generado una de las más graves crisis en la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y donde vive una tercera parte de los salvadoreños. Como no sea una rabieta infantil e irresponsable, no se entiende qué razones puede tener el presidente para preferir una cooperación china de tan solo 62 millones de dólares y ningunear la ayuda estadounidense, que, según declaraciones de la administración Biden, será de 4 mil millones de dólares para los tres países del norte de Centroamérica.

Para superar el atraso de El Salvador, para alcanzar más desarrollo y prosperidad, se requieren cambios profundos tanto en el sistema político como en el económico y social. Pero la prueba de que los cambios van en el rumbo correcto es que generen equidad, transparencia, igualdad de oportunidades, justicia social, respeto a los derechos humanos y participación popular. Nada de lo que está haciendo el Gobierno de Nayib Bukele apunta a ello.

A muchas personas les gustaría que la UCA se callara, que se restringiera exclusivamente a la dimensión profesionalizante y se mantuviera intramuros, indiferente a lo que pasa a su alrededor. Así sería una universidad más aceptable para los poderes, tanto fácticos como legales. Así también sería más cómodo ser universidad sin suscitar reacciones de uno u otro signo. Pero si la UCA no estuviera presente en las principales coyunturas del país desde una visión estructural de la realidad, dejaría de ser la UCA, porque parte medular de su misión es tener en el centro a la realidad del pueblo al que quiere servir. También monseñor Romero incomodaba a los poderes de su tiempo. De lo menos que se le acusó al santo salvadoreño fue de no ceñirse a lo estrictamente espiritual. Lo acusaron de estar politizado, de ser terrorista y subversivo1. Situación parecida pasó con Ignacio Ellacuría a quien muchos citan hoy en día. “Si Ellacuría estuviera vivo, le avergonzaría la UCA de hoy” dicen por ejemplo, con la conveniencia que da alguien que ya no está presente físicamente para opinar y defenderse. Ciertamente el rector mártir ya no está con nosotros porque lo asesinaron quienes, siendo incapaces de responder a la racionalidad de los argumentos, recurren a los insultos, a la calumnia y a la violencia criminal para silenciar. Y aunque ya no está físicamente, su palabra perdura entre nosotros; sus escritos sobre la realidad y la misión de la universidad son muy claros y, a pesar del paso del tiempo, sus palabras siguen teniendo gran actualidad. Personalmente estoy convencido de que si Ellacu viviera en este tiempo, también estaría siendo atacado por los mismos que ahora nos atacan, y por las mismas razones.

La UCA siempre se ha definido como universidad para el cambio social, porque está consciente de vivir inmersa en una realidad conflictiva, injusta y extremadamente desigual. Hay conciencia y experiencia de que esta opción trae consecuencias. Ellacuría lo anunciaba diciendo que la universidad “se verá sometida a las tensiones sociales no solo de quienes no quieren el cambio, sino también de quienes conciben el cambio de forma simplista.”2. Precisamente, identificarse con la transformación, hace pensar a muchos que la universidad debe apoyar cualquier tipo de cambio, pero la UCA tiene clara la dirección que necesita el país. En general, el ideal utópico que se persigue es ayudar a construir “una sociedad en que reine la justicia, la libertad y la solidaridad y en las que se den las condiciones materiales objetivas que las posibilitan”3. Y más en concreto, dice Ellacuría para su tiempo, “parece que al luchar por una apertura democrática... así como luchar por hacer del país un Estado de derecho, en el que se respeten la Constitución y los derechos fundamentales de la vida y de la persona, parecen ofrecer una tarea adecuada.”4

Claro que la UCA está por el cambio del país, pero por una transformación que profundice la democracia, el respeto de los derechos humanos, tanto los políticos como los económicos y sociales, y por consolidar el Estado de Derecho. Pero lo que está viviendo El Salvador en estos momentos, no apunta en esta dirección. El país necesita transformaciones estructurales, cambios de raíz como les gusta repetir a algunos sin entender bien o quizá queriendo manipular las palabras de monseñor Romero5. Algunos cambios de raíz serían por ejemplo, elegir a los funcionarios de las instituciones de control realmente independientes y capaces, que por primera vez el país cuente con magistrados, fiscales y procuradores que no tengan más compromiso que con la justicia y con la verdad; contar por fin con un gobierno realmente transparente, que rinda cuentas al pueblo; implementar una reforma fiscal progresiva, en la que paguen más los que tienen más y se ponga alto a la evasión y elusión fiscal y que en el centro del quehacer de las autoridades esté la dignificación de la vida de la mayoría de la gente; impulsar una reforma al sistema de pensiones que favorezca de verdad a los pensionados y que no se haga para apropiarse de los fondos de la clase trabajadora ni que signifique hipotecar el futuro de las nuevas generaciones a base de préstamos. Este tipo de cambios necesita el país y este tipo de cambios la UCA los ha propuesto durante años -y los sigue proponiendo- y acompañaría si son genuinos. Sin embargo, lo que se está promoviendo no augura mejores tiempos para este pueblo. La mentira se ha hecho política pública, se miente con descaro; se eligen funcionarios de segundo grado no por su fidelidad e incondicionalidad a la ley y al país sino al presidente y su grupo; se oculta toda la información oficial y los signos de corrupción ya son inocultables; se articula un discurso bonito a través de una poderosa publicidad que anuncia cambios que la gente quiere, pero por el contrario se hace del país un gran negocio para otra cúpula. Y el militarismo es la carta de garantía que el presidente tiene para poder hacer impunemente todo lo anterior.

La UCA, por ética, por su fidelidad a la verdad y a este pueblo, no podrá dejar de decir lo que la ciencia y la racionalidad le indican, aunque esto no sea comprendido ahora por mucha gente. Como decía el mismo Ellacuría, “esta realidad de tanta significación y de tanta fuerza no puede dejarse en manos técnicamente irresponsables y políticamente inmorales”6. Se equivoca quien piensa que la UCA no apoyará medidas que cambien para bien la situación estructural del país sin importar sus impulsores y también se equivoca quien piensa que es mejor que se calle cuando los cambios que se promueven son contrarios al bienestar de la gente, aunque esto le cueste insultos, calumnias y quién sabe qué más. En las etapas más lúgubres de nuestra historia también existían estas dos posturas, fuera y dentro de la universidad, pero el compromiso con la verdad y con los pobres no la hizo desistir. Comprendemos y compartimos las legítimas aspiraciones de cambio de este sufrido pueblo, pero es deber ético advertir y denunciar cuando los cambios que se ven no son los esperados. En este contexto conviene también parafrasear a otro jesuita mártir, Ignacio Martín-Baró: El presente es tan oscuro, que cualquier alternativa genera esperanza, probablemente más hecha de deseo que de evaluación objetiva de una mejora.”7 El cansancio por tanto esperar hace que la gente busque desesperadamente una alternativa y entonces se vuelve presa fácil del engaño y la manipulación.

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Referencias

1. Informe de la CIDH sobre el caso de Monseñor Romero, 13 de abril de 2000. https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm

2. Ellacuría I, (1999); Escritos Universitarios, San Salvador, UCA Editores; p. 107

3. Op. Cit.; p. 114-115

4. Op. Cit.; p. 116

5. Nos referimos a estas palabras del profeta mártir: “Los nombres de los asesinados irán cambiando, pero siempre habrá asesinados. Las violencias seguirán cambiando de nombre, pero habrá siempre violencia mientras no se cambie la raíz de donde están brotando todas esas cosas tan horrorosas de nuestro ambiente”. (Homilía 25 de septiembre de 1977, I-II p. 240).

6. Ellacuría, Op. Cit.; p. 75

7. La frase textual es: “Sin duda el presente es tan negro, que cualquier cambio despierta expectativa, probablemente más hecha de deseo que de evaluación objetiva, de una mejora”. Baró, Ignacio M. (1989); La Opinión Pública salvadoreña (1987-1988); UCA Editores; p. 71

* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 45.

El caso de los asesinatos en Chalchuapa ha estremecido al país. No faltan interpretaciones psicológicas y sociales, y puntos de vista criminalísticos sobre los crímenes. Sin embargo, poco se reflexiona sobre el hecho de que el acusado, hoy testigo criteriado, es expolicía. Por supuesto, no se puede afirmar que haber sido agente tenga que ver con su actividad criminal, pero la misma Policía afirma que fue expulsado del cuerpo por problemas de agresividad sexual. La PNC también ha dicho que el caso involucra a expolicías, exsoldados, coyotes y vendedores.

Desde hace años, las instituciones defensoras de derechos humanos manifiestan una fuerte preocupación por la existencia de grupos de exterminio en los que participan policías en activo. Algunos supuestos enfrentamientos de miembros de la PNC con delincuentes resultaron ser verdaderas masacres. Hace algún tiempo se dio a conocer un grupo de chat entre policías que, con una tranquilidad pasmosa, hablaban de asesinar delincuentes. Ciertamente, en los últimos tres años se ha desarticulado un buen número de estos grupos de exterminio. Aunque la inmensa mayoría de los miembros de la PNC son personas decentes, la permisividad con los delitos internos y la protección cómplice entre jefes han ido creando una cultura de impunidad frente al abuso de fuerza.

Por lo anterior, no extraña la composición del grupo acusado de los crímenes en serie en Chalchuapa. Esta situación debería llamar a la reflexión a todos los comisionados, subcomisionados y jefes de la Policía. En primer lugar, resulta necesario y urgente insistir sistemáticamente en el respeto a los derechos humanos y en el uso proporcional de la fuerza y como último recurso, tratando siempre de aminorar los daños a la integridad y la vida de las personas. Actuar de un modo respetuoso con la gente y con el mínimo posible de violencia es un tema enfrentado a la cultura imperante, pero es uno de los mejores caminos para el respeto a la vida.

En segundo lugar, la PNC debe mejorar sus mecanismos de control interno. Además, debe dar un seguimiento adecuado a quienes expulse del cuerpo por cometer un delito. La tendencia de los agentes a la violencia se puede convertir fácilmente en costumbre viciosa, alentada por la situación de vulnerabilidad de la población y por la facilidad con que el dinero se une con el crimen. Expulsar del cuerpo policial a todo aquel que abusa de la fuerza es una medida básica de saneamiento institucional. El posterior seguimiento es clave para prevenir casos como el de Chalchuapa.

El presidente y sus funcionarios suelen repetir que el sistema se protege a sí mismo, para referirse a que el sistema político salvadoreño ha solido defender los intereses de los grupos de poder que están detrás de los gobernantes. Y por eso dicen que “hay que limpiar la casa”. Tienen razón. El sistema se protege cuando se pone a las instituciones públicas y a los aplicadores de la ley al servicio de esos grupos de poder y de sus representantes en el Gobierno. Así, por ejemplo, aunque la misión constitucional de la Fiscalía General de la República sea “defender los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña”, esta institución es guardiana de intereses privados y evita que ciertas personas comparezcan ante la ley. Así, aunque la Carta Magna diga que “los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”, el órgano judicial no es independiente, se somete a la voluntad del Ejecutivo o de quienes este representa.

Si alguien comete un delito y no está vinculado a la cúpula gobernante, se le aplica todo el rigor de la ley. En cambio, si es parte del círculo de poder, goza de inmunidad total. Cuando el órgano judicial ha actuado como debe (algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional o el juez del caso de la masacre en El Mozote), los que detentan el poder reaccionan en su contra para que las aguas vuelvan a su cauce y los funcionarios no toquen a sus protegidos. En esto, el presidente está haciendo honor a la frase de Aristóteles: “El verdadero discípulo es el que supera a su maestro”.

Bukele ya volvió inservible al Instituto de Acceso a la Información Pública, el ente responsable de que la transparencia comenzara a ser parte de la cultura institucional en el país. Ahora, los nuevos comisionados no responden a la ley, sino a Casa Presidencial. El sistema se protege solo. Violentando el debido proceso y la legislación nacional, los diputados del mandatario destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y nombraron en su lugar a personas afines al Gobierno. Ahora, estos funcionarios se suman a la colección de marionetas del presidente y de sus aliados.

Ante los señalamientos de corrupción de Estados Unidos contra un grupo muy cercano al mandatario, algo que en un país normal daría pie a una investigación, el nuevo fiscal general dice que le tienen sin cuidado esas denuncias. El sistema se protege. La bancada cian aprobó la llamada “Ley Alabí”, que blinda a los funcionarios que durante la pandemia hicieron negocio con el sufrimiento de la gente. Aún falta que los diputados de Bukele lo protejan apropiándose de la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cualquier institución que tenga por misión controlar el ejercicio del poder. Sí, el sistema se protege a sí mismo y no hay señales de que dejará de hacerlo.

La comunidad internacional no reaccionó al emplazamiento del presidente Bukele, quien exigió le explicaran las condenas por los hechos ocurridos el 1 de mayo. El vacío lo llenó él mismo con un mensaje dirigido a “las voces que nos piden que volvamos al pasado”. La respuesta presidencial reafirma desafiantemente que “los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”. La reacción, en su moderación, es engañosamente lógica.

El presidente confunde el pasado de Arena y del FMLN con la institucionalidad democrática, débil y vulnerada, pero institucionalidad democrática, al fin de cuentas. El despiste, deliberado o simple confusión mental, le sirve para subrayar que no regresará a esos regímenes ahora aborrecidos, con sobrada razón. Pero, en realidad, a donde no quiere retornar es a la institucionalidad democrática, un obstáculo que entorpece la realización de sus fantasías. La astuta identificación del ordenamiento democrático con Arena y el FMLN mete de contrabando el cambio de régimen político en el imaginario popular.

El mismo embuste utiliza para desvanecer el señalamiento de Washington, que acusa de corrupción a su portavoz principal, a uno de sus aliados políticos más importantes y a otros socios cercanos. La reacción presidencial convierte la denuncia en una competencia entre los más corruptos. “Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen, y que en Arena no hay corruptos”. Washington no afirma que en Arena no haya corruptos, sino que en el círculo íntimo de Bukele hay corruptos. El señalamiento es altamente peligroso, porque atenta contra la credibilidad del discurso presidencial. El mandatario no se atreve a negar la corrupción de sus colaboradores cercanos, sino que, en descargo, alega que en Arena es mucho mayor. La desmesurada corrupción de este partido vuelve irrelevante cualquier otra corrupción, incluida la de sus colaboradores. Así, Bukele desvía la cólera popular hacia Arena, mientras los suyos salen indemnes.

La realidad, dada su estructura dinámica, solo puede ir hacia el futuro. El pasado es inexistente, excepto por la posibilidades abiertas o cerradas que determinan el presente y condicionan el futuro. Por este lado, el mandatario puede descansar tranquilo. No hay más salida que hacia adelante. Lo realmente determinante es qué futuro construye en la actualidad. Qué posibilidades abre y cuáles cierra. La transparencia y la rendición de cuentas están cerradas, la corrupción está abierta. El futuro depende de cómo enfrente el ahora determinado por el pasado y su figura pende de las posibilidades apropiadas en la actualidad. Hasta ahora, todo apunta a un futuro no democrático, autoritario. Al parecer, es lo que mejor se le da a los hermanos Bukele y a mucha gente que piensa, erradamente, que esa forma de dirigir el Estado es la solución para sus necesidades más sentidas.

El deseo de encontrar acompañantes en la comunidad internacional no es sincero. Los compañeros se ayudan, pero también se escuchan, discuten y acuerdan. Bukele no desea esa clase de compañías, sino unas que lo auxilien sin ponerle “peros”. Por eso, en lugar de agradecer la lista de corruptos de Washington como una alerta, la ha recibido sarcásticamente. Más que compañeros, Bukele busca incondicionales, como los que lo rodean e integran su aparato burocrático. Ninguno osa tener opinión propia, ninguno se atreve a decir lo que piensa ni actúa por su cuenta. Difícil imaginar qué futuro puede construir una comparsa de esa naturaleza. Por muy talentoso que sea su jefe, es humanamente imposible que tenga las respuestas para enfrentar la actual crisis sanitaria, social, económica y política.

Menos mal que dice comprender que lo dejen solo y aislado. Cuestión abierta es cuán lejos pueda llegar con sus ideas y las de sus hermanos. Pretender caminar solo en un mundo tan complejo, pensando que solo él conoce el sendero que conduce a ese futuro no definido, es una temeridad que no puede terminar bien. La cantinela de romper con “los mismos de siempre” ha venido a desembocar en ser menos corrupto que ellos. O como dice la voz popular, “Todos roban, pero este al menos da algo”. Aparentemente, robar un poco menos que “los de siempre” transforma en bien lo que igualmente es delito e inmoralidad pública.

Las bendiciones finales están de más. Su sinceridad es dudosa. Expresan la condescendencia de Bukele con “unos amigos” reacios a acatar sus dictados. Bendecir es decir-bien, desear-bien y hacer-bien a todos, amigos y enemigos. Quien mal-dice, esto es, quien insulta, quien desprecia y quien humilla, no tiene capacidad para bendecir. Bendice quien está bendecido y los bendecidos o bienaventurados son los pobres, los que lloran, los hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón y los perseguidos por el poder opresor.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La mayoría de argumentos para defender la cuestionada actuación del Gobierno terminan en un sonsonete: “El pueblo lo quiere”. En una ocasión, cuando se calificó de populista al estilo del presidente, se le pretendió defender recurriendo a Ernesto Laclau, quien sostiene que el populismo es una respuesta política —no necesariamente negativa— ante demandas insatisfechas; una respuesta que divide a la sociedad entre los que quieren ver resueltas esas demandas (“nosotros”) y quienes ya las tienen satisfechas y son privilegiados (“ellos”). Por otra parte, ante el autoritarismo característico de Nayib Bukele, sus apologistas argumentan que la institucionalidad y el ordenamientos jurídico fueron construidos en el país para defender a los poderosos y mantener la situación de injusticia y desigualdad que mantiene postrada a la mayoría de la población. De lo que se trata, entonces, es de demoler lo construido y levantar un nuevo El Salvador. En palabras del presidente, hay que “limpiar la casa”.

Según esta lógica, el de Bukele es un populismo bueno porque así lo quiere el pueblo; puede transgredir la Constitución y el Estado de derecho porque no hace nada más que lo que el pueblo quiere. Incluso algunos afirman que el pueblo lleva el control de este proceso histórico y que el mandatario solo es un instrumento de esa voluntad popular. En resumen, “El fin justifica los medios”: con vistas a construir un nuevo El Salvador, con equidad, con justicia, con trabajo, salud y educación universales, todo se vale. Si bien es claro que el Estado ha operado para beneficio de cúpulas poderosas, ello no justifica cerrar los ojos a lo que está sucediendo e ignorar que lo que se está construyendo no es lo que demanda o espera la gente.

La actuación del Gobierno está crudamente orientada a tapar todos los señalamientos de corrupción. Hay más de lo mismo de siempre, pero con mayor descaro. Ya se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública y se ha reservado toda la información sobre los gastos durante la pandemia. Es este el Gobierno menos transparente desde la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Cerrar los ojos a la corrupción es una exigencia del proceso histórico salvadoreño? ¿En qué beneficia a los ciudadanos la llamada Ley Alabí, aprobada para proteger a los que ya cometieron o cometerán actos de corrupción amparados en la satisfacción de las necesidades de la población? ¿Se votó en las urnas por la construcción de un país sin libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, en el que se acosa a todo el discrepa de la historia oficial? Si el Estado de derecho ha sido manoseado en el pasado, ¿esto da licencia para construir otro en el que la cima del ordenamiento jurídico sea la voluntad de una persona? ¿Ese es el nuevo Estado de derecho que quiere y necesita la población?

“Que alguien me explique por qué las condenas”, preguntó el presidente al cuerpo diplomático. Una pregunta redundante, ya que la respuesta la tenía delante. El repudio generalizado de la comunidad internacional occidental, excepto China y países como Nicaragua y Venezuela, que guardaron silencio, lo obligó a convocar al cuerpo diplomático para que escuchara su “versión” de lo acontecido el 1 de mayo. Lo sucedido exigía que quien había girado las órdenes explicara sus razones. De hecho, los reclamos no se dirigieron a los legisladores, simples mandados, sino al presidente, que es quien manda.

La convocatoria fue un fiasco diplomático. Los embajadores no aceptaron “su verdad”. El jefe del Estado los trató como adolescentes irresponsables, los emplazó y los acusó de parcialidad y de mal informados. No disimuló el desagrado que le causaron las mesuradas reacciones de los diplomáticos a sus explicaciones. Y la reunión que debía ser privada la difundió luego en cadena nacional. La descortesía, la deslealtad y la falta de tacto muestran que el mandatario no es idóneo para representar el interés nacional; tampoco el suyo propio.

Tal vez la pregunta de Bukele era sincera. “No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional, porque no había nada que condenar”. A su juicio, la orden de destituir y sustituir magistrados y fiscal se ajustaba a la ley. Si ese fuera el caso, esa orden peca de insensatez e ignorancia tales que inhabilitan para dirigir el poder ejecutivo. Tal vez su pregunta era retórica, en cuyo caso buscaba intimidar a los embajadores. Los emplazó muy poco diplomáticamente: “¿De qué lado están?”. Y los acusó de arbitrariedad: “Parecería que les pasa lo del encargado de negocios de Estados Unidos, que no escucha nuestra versión”, la única válida. El funcionario señalado públicamente, en la misma línea que Washington, deslegitimó esa versión con su ausencia.

El despropósito diplomático no terminó ahí. En su defensa, Bukele relativizó las protestas de amistad de los embajadores que comentaron su versión de los hechos. En la práctica, las rechazó con la advertencia de que “a veces, los amigos se equivocan”. El que muchos piensen de la misma manera, no significa que tengan la razón. Y, enseguida, echó mano de una comparación odiosa, la cual, además, contradice su propia lógica. “En Alemania, millones, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno. Es decir, mucha gente puede estar equivocada”. De igual manera, los embajadores y quienes lo condenan están tan equivocados como los alemanes. Sin embargo, así como estos se equivocaron con Hitler, los muchos de los que hablan las encuestas de popularidad presidencial pueden estar igualmente equivocados acerca de las bondades del régimen de los Bukele.

Enmarañada en cavilaciones para justificar lo injustificable, la lógica presidencial regresa así al punto de partida. Si la condena internacional es casi unánime, si un sector significativo de la sociedad lo repudia, si la prensa independiente lo denuncia, si intimida y amenaza a los funcionarios destituidos, algo no anda bien. La inteligencia obliga a examinar críticamente las decisiones tomadas. Invocar al pueblo que votó por la “N” no es argumento. En primer lugar, porque el consenso no es general; mayoritario, sí, pero no universal. En segundo lugar, porque ese pueblo al que invoca puede estar muy errado y no sería la primera vez que un pueblo entero yerra, como bien lo sabe Bukele. El afán por convencer de que la intervención de Casa Presidencial en la legislatura es constitucional lleva a la irracionalidad.

El presidente Bukele debiera preguntar a los mercados si ellos están también del lado de la oposición, ya que resintieron acusadamente el golpe de Estado. Los sectores empresariales impresionados por la llamada telefónica de Bukele y por las declaraciones de unos ministros, que dicen lo que les ordenan decir, debieran tomar nota del trato dado al cuerpo diplomático. No debieran olvidar la facilidad y la ligereza con la que el discurso presidencial se contradice y miente. La volatilidad presidencial ya es proverbial.

La diferencia de opinión es inherente a la naturaleza humana. Las ideas, los valores y los intereses se traducen en juicios distintos, incluso contradictorios. Nadie, ni siquiera Bukele y su círculo, tiene el monopolio de la verdad. Primero, porque nadie, excepto el Absoluto, esto es, Dios, está en posesión actual de ella; y segundo, porque lo que el presidente vende como verdad encubre su ambición de poder. No obstante, la verdad es asequible, pero solo si se escucha a los otros, si se reflexiona individual y comunitariamente, si se contrasta y se discute con los demás para llegar a consensos. Argumentar “el pueblo nos lo pidió” y “el pueblo no nos mandó negociar” es erigirse inverosímilmente en la encarnación del pueblo y del Estado, en el mejor estilo de las monarquías absolutas del siglo XVII. Una construcción paradójica en el bicentenario de la independencia centroamericana.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

No son pocas las sospechas de corrupción que arrastra el Gobierno de Nayib Bukele, especialmente por varias de las acciones que tomó para enfrentar la pandemia. Hay datos que muestran que funcionarios, miembros de Nuevas Ideas y familiares de ellos se han beneficiado en diversos procesos del Estado. Para esto han utilizado los métodos tradicionales para lucrarse con fondos públicos: realizar o participar en compras evadiendo los procesos de contratación y licitación pública a los que están obligados, y a precios mucho más elevados que los del mercado. La administración de los centros de cuarentena, la adquisición de equipos de protección y bioseguridad (algunos de ellos inservibles), la entrega repetida de la ayuda de 300 dólares a una misma persona, la compra de alimentos para ser distribuidos entre la población, las remodelaciones en los hospitales y la construcción del Hospital El Salvador son algunos de los casos que más han llamado la atención.

Según lo publicado en medios de comunicación, la Cicies, la organización de la OEA conformada a solicitud del Gobierno para combatir la corrupción en el país, investigó y encontró al menos 12 casos de irregularidades en el Ministerio de Salud, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para llevar a los responsables ante la justicia. La respuesta gubernamental no ha sido la prometida: luchar contra toda corrupción, venga de donde venga. Al contrario, se ha optado por ocultar los hechos, imponiendo reserva de información para impedir que los organismos de control del Estado y la ciudadanía conozcan el uso que se está haciendo de los fondos públicos. En esa línea, el Ejecutivo ha puesto obstáculos a la labor de la Corte de Cuentas, ha neutralizando al Instituto de Acceso a la Información Pública, se negó a dar cuentas a la Asamblea Legislativa y dificultó el trabajo de la Fiscalía.

El 4 de mayo, la Asamblea Legislativa fue mucho más lejos y, con dispensa de trámite, aprobó una ley que dejaría impune la corrupción en el Ministerio de Salud. Con ello queda claro hasta dónde es capaz de llegar el Ejecutivo para disponer a gusto de los recursos públicos y proteger tanto a sus funcionarios acusados de hechos ilícitos como a las empresas que han hecho negocio con ellos. Para que la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19, mejor conocida como “Ley Alabí”, no tuviera una breve existencia, era urgente apartar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues de lo contrario habría sido declarada inconstitucional. Y con el propósito de tener aún mayores garantías, se destituyó al fiscal general y nombró uno afín al Gobierno. Ahora, el círculo del ministro Alabí y los empresarios que han participado en diversas corruptelas pueden operar en paz.

Por decreto legislativo se ha otorgado inmunidad a sospechosos de acciones corruptas, ilegales; entre ellos, funcionarios que llegaron al poder prometiendo probidad y transparencia, y cumplir la Constitución. ¿En qué se diferencia esto de lo sucedido durante las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes? ¿Para quién serán realmente buenas y nuevas las ideas? En apenas una semana de estar en funciones, la Legislatura 2021-2024 ha emulando ya algunas de las peores prácticas de antaño. De seguir así, no tomará mucho tiempo antes de que los nuevos diputados del presidente, sus fieles sirvientes, caigan en el descrédito y el rechazo ciudadano que por siempre ha caracterizado a la Asamblea Legislativa.

Un grupo de salvadoreñas y salvadoreños que vivimos en el extranjero vemos con mucha preocupación los acontecimientos desencadenados en la primera plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, en la que diputados oficialistas destituyeron y reemplazaron arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. De esa forma, se ha aniquilado la independencia del poder judicial, condición necesaria para garantizar un Estado de leyes. La democratización política plasmada en los Acuerdos de Paz buscó, precisamente, poner las bases para un sistema judicial independiente, apegado a derecho y con jueces honrados. Un sistema que garantizara los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Este equilibrio se ha roto y las consecuencias pueden ser muy graves: autoritarismo, irrespeto a derechos humanos, limitado pluralismo, etc.

Ahora bien, este atropello era predecible; venía gestándose con claras y habituales actitudes autoritarias. Recordemos lo ocurrido el 9 de febrero de 2020: el presidente Nayib Bukele llegó a la Asamblea Legislativa apoyado por miembros del Ejército y de la Policía para presionar la aprobación de unos préstamos y acusó a los diputados de entonces de querer bloquearle los fondos para el plan de seguridad.

Frente a esta nueva crisis, salvadoreños y salvadoreñas que participamos en el movimiento social de hispanos latinos decidimos apoyar la declaración de Alianza Americas y Latin American Working Group, donde se pronuncia una palabra crítica, solidaria y exhortativa. En la declaración se afirma que las acciones del 1 de mayo son contrarias a la ley y a la Constitución de la República, socavan la democracia y el Estado de derecho, y concentran el poder en manos de la Presidencia. Más todavía: puntualiza que “esto marca un peligroso paso atrás después de que los salvadoreños se han esforzado durante décadas por construir la paz y la democracia, luego de una dolorosa historia de dictadura militar y conflicto armado interno”.

Las organizaciones que firman el documento se solidarizan con las organizaciones de la sociedad civil que realizan el difícil trabajo de defender los derechos humanos de todos los salvadoreños y con los periodistas independientes, que, con valentía, mantienen distancia de los intereses partidistas y de las presiones gubernamentales. Y exhortan a la Asamblea y al presidente Bukele a restaurar la independencia judicial (piedra angular del Estado de derecho), volver a la senda democrática y no frenar aún más a las autoridades judiciales e instancias de control del Estado, incluida la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

A esta voz profética y comprometida de las organizaciones sociales, varias de ellas lideradas por inmigrantes salvadoreños, queremos sumar los criterios éticos propuestos por el papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti, al referirse a la necesidad de una “mejor política”. El papa no duda en rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia. Advierte el peligro de caer en “insano populismo cuando se convierte en la habilidad […] para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo […] Cuando se busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población”.

Para Francisco, la política puede ser un lugar aptísimo de dedicación a los otros en cuanto tiene como propósito el bien común. En consecuencia, la política no debe ser cautiva de las ambiciones individuales o de la prepotencia de grupos o centros de poder. Por eso, ante lo que él denomina “formas mezquinas e inmediatistas de política”, contrapone lo que, a su juicio, es la grandeza política que se muestra “cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”.

Así pues, la política que se necesita para que haya justicia social, económica y ecológica es aquella capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Es la política que tiene como horizonte el bien común, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la atención al clamor de los pobres, la conversión de los liderazgos y el cultivo de la participación ciudadana, entre otros. Esa “mejor política”, según el papa, requiere de buenos políticos que se preocupen “de la fragilidad de los pueblos y de las personas”. En esta línea, sostiene que “las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias”.

Y pensando en el futuro de la política y de los políticos, Francisco afirma que “algunos días las preguntas tienen que ser: ‘¿Para qué?, ¿hacia dónde estoy apuntando realmente?’. Porque, después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado las preguntas no serán: ‘¿Cuántos me aprobaron?, ¿cuántos me votaron?, ¿cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?’. Las preguntas, quizás dolorosas, serán: ‘¿Cuánto amor puse en mi trabajo?, ¿en qué hice avanzar al pueblo?, ¿qué marca dejé en la vida de la sociedad?, ¿qué lazos reales construí?, ¿qué fuerzas positivas desaté?, ¿cuánta paz social sembré?, ¿qué provoqué en el lugar que se me encomendó?’”.

Esas son preguntas que encaran el modo de hacer política e invitan a discernir su horizonte. Preguntas que invitan a la autocrítica y a no caer en el fanatismo político, la cerrazón ideológica, el afán de control absoluto y el desprecio o exclusión hacia el que piensa diferente. Siguen vigentes aquellas palabras sapienciales e interpeladoras de Jesús de Nazaret: "Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes".

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

La destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República ha terminado de retratar a un Gobierno que de forma progresiva ha venido sembrando dudas en la comunidad internacional. Para defender lo hecho, se contrapone a la condena prácticamente unánime en el exterior, la aprobación mayoritaria del pueblo salvadoreño. Pero este argumento es insuficiente, porque la política exterior de un país es inseparable de sus políticas internas. Es más, uno de los objetivos primordiales de la primera es buscar la aceptación de la comunidad internacional a las segundas. El problema radica en que los esfuerzos del Gobierno privilegian mantener y reforzar la popularidad del presidente por sobre las relaciones internacionales de la nación, sin reparar en que lo que se hace adentro tiene repercusiones afuera.

La maquinaria propagandística y el discurso mesiánico de Nayib Bukele tienen efectos innegables al interior de El Salvador, pero no en el mundo diplomático. Calificar al presidente como el “más cool”, el mejor evaluado, el que construye el hospital más grande de la región es infructuoso a nivel internacional. Lejos de acertar, el Gobierno se boicotea a sí mismo. En su atropellada reunión con gran parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, que se transmitió por cadena nacional sin el consentimiento de los invitados, Bukele demostró que lo aprobado por los diputados se decidió y construyó en Casa Presidencial. Quedó en evidencia que el concepto de democracia que él aplica no tiene nada que ver con la división e independencia de poderes.

El mandatario usó a los diplomáticos para contar a los salvadoreños su versión de lo sucedido. Ciertamente, el electorado le dio la llave a la bancada cian para elegir a los responsables de las instituciones de control del Estado, pero no para que lo hiciera de la manera de siempre: eligiendo solo a personas afines al Gobierno. Distinto hubiese sido que los diputados oficialistas eligieran a los funcionarios con base en capacidad, independencia y trayectoria ética. “Huyan del país donde uno solo ejerce los poderes, porque es un país de esclavos”, dijo Simón Bolívar. Gran parte de la población está tan encandilada con el incendio presidencial que no vislumbra que las llamas, al final, quemarán a todos. Los halagos y aplausos que Nayib Bukele paga para sí mismo no compensarán de ningún modo el aislamiento internacional al que ha llevado a su Gobierno.