Editoriales y Opiniones

Fruto de su experiencia científica, basado en la ley de causa y efecto, Albert Einstein dijo que si se desea obtener resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo. Sin embargo, lo que Einstein no asegura es que operar de forma novedosa suponga per se obtener mejores resultados; esto último sucede solo si las acciones implementadas son las indicadas para alcanzar el logro esperado. Por ejemplo, un alumno que obtiene resultados mediocres en sus materias por dedicar poco tiempo al estudio decide hacer algo nuevo: dejar a un lado sus cuadernos y libros, jugar con sus amigos y presentarse a los exámenes sin estudiar nada. Esta persona habría hecho algo distinto y habría obtenido un resultado también distinto: peores notas que antes. Lo que no logró fue el resultado que él pretendía: mejorar sus notas. Si hubiera decidido estudiar más o buscar un método de estudio más adecuado a su forma de aprendizaje, entonces habría tenido más posibilidades de pasar sus materias.

Algo semejante sucede con el Gobierno de un país. Si se quiere construir una mejor nación, no solo basta con gobernar de forma distinta, sino que también, y sobre todo, hay que gobernar bien, hay que tomar las decisiones más adecuadas, aquellas que puedan causar el efecto esperado. Esto requiere tener claridad sobre los cambios que se quieren impulsar e implementar las medidas que dichos cambios requieren. Las nuevas ideas pueden ser buenas o malas, muy buenas o muy malas. No es lo novedoso lo que hace que una sea buena o mala; la novedad no es sinónimo de bondad o de maldad. Una nueva idea puede ser perniciosa y causar grave daño a un país, o, por el contrario, causar mucho bien a la gente. Por ejemplo, comprar vacunas a China para disponer de ellas en el tiempo oportuno y en la cantidad necesaria para aplicarlas a toda la población, organizando, además, la logística necesaria para ello, fue una buena idea que permitirá mitigar los efectos de la pandemia.

Pero, hasta ahora, pocas ideas del Gobierno de Nayib Bukele son buenas. La última, quizás la más novedosa de las que ha tenido, es que el Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador. Luego de una lectura de la ley aprobada en la noche de este martes 8 de junio, queda claro que esta es una idea peligrosa, que puede llevar a la ruina a nuestro país, hundir a muchos salvadoreños en la miseria. El Bitcoin, además de ser una moneda sin ningún tipo de respaldo ni regulación, más que la ley de la oferta y la demanda, es muy volátil, puede cambiar de valor respecto al dólar en pocas horas, incluso minutos; es decir, se devalúa y revalúa constantemente, su valor fluctúa en función de los caprichos del mercado. Adoptar esta criptomoneda no dará estabilidad económica ni generará más empleos; más bien, abonará a la inseguridad financiera y pondrá a El Salvador en la lista de los países donde es fácil lavar dinero.

Con el Bitcoin, Nayib Bukele y los suyos se muestran dispuestos a apostar fuerte con recursos que no son los de ellos; una apuesta en la que se pone en juego el futuro del país y su gente. Qué cambio desean para El Salvador, no se sabe. Y poco optimismo despiertan las medidas que de modo irreflexivo están tomando. Con la inseguridad jurídica y económica que están generando, con las constantes violaciones a la Constitución, con la persecución a la sociedad civil, con la anulación de todos los mecanismos de control y rendición de cuentas se está empujando al país al abismo. Aunque sus ideas sean diferentes, Nayib Bukele parece empeñado en lograr lo mismo que Nicolás Maduro y Daniel Ortega: destruir el tejido productivo y la economía, imposibilitar el desarrollo económico y social, aumentar la pobreza, limitar las libertades fundamentales, hacer cada día más difícil la vida a su gente.

Los políticos y la utilización de Dios

Utilizar a Dios, tanto en la política como en la guerra, es una costumbre que afortunadamente se va perdiendo. La fe cristiana tuvo en sus inicios una fuerte influencia en la desacralización del poder político, económico y militar. Al convertirse las iglesias, durante muchos siglos, en parte del Estado, una buena parte de esa tradición se abandonó. Pero otra parte permaneció en diversos escritos de teólogos y pensadores cristianos, germinando nuevamente después de la revolución francesa. En la Iglesia católica la verdadera tradición desacralizadora del dinero, el poder y las armas llegó a su plenitud en nuestra época en el Concilio Vaticano II. En la sociedad política la democracia, la separación Iglesia-Estado, y la declaración de laicidad del Estado tuvieron como origen la síntesis de racionalidad griega, esperanza judía y derecho romano que hicieron pensadores católicos durante la Edad Media. Dios se quedó en el seno de las iglesias y los valores éticos de la religión pasaron a ser, con sus formulaciones laicales propias, patrimonio de la convivencia democrática.

A pesar de esta evolución positiva para un mundo multipolar y multicultural, algunos Estados y políticos quedaron con remanentes de religiosidad y tendencia a citar manipuladoramente a Dios. Citas a veces dramáticas y, en otras ocasiones, simplemente ridículas nos lo demuestran. Que Dios esté presente mediante una frase en el dólar, no deja de causar risa. El cinismo es demasiado evidente, sobre todo cuando el dinero se utiliza en el desarrollo de armas de destrucción masiva, manipulaciones políticas de toda clase o diversas formas de corrupción. Entre nosotros tampoco faltan las referencias a Dios entre los políticos. No importa la corrupción, la mentira o el autoritarismo. A los políticos les gusta citar a Dios porque piensan que con ello se ganan la confianza de la gente. Y lamentablemente, con frecuencia prefieren ganarse la confianza de la gente antes que la confianza de Dios.

El actual Presidente de la República no ha sido ajeno a esa tradición. Al contrario, la ha radicalizado. En ocasiones difíciles, cuando estuvo a punto de dar un golpe de Estado militarizando y amenazando con disolver la Asamblea Legislativa, dio marcha atrás diciendo que Dios le había pedido paciencia. Y más recientemente, después de apoyar la ilegal destitución tanto de magistrados de la Corte Suprema como del Fiscal General, afirmaba con juramento que nadie se “interpondrá entre Dios y su pueblo”. La frase, por más altisonante y retórica que sea, no deja de ser contradictoria con respecto a la realidad salvadoreña. El hambre, la corrupción, el autoritarismo, el insulto, la violencia, la mentira, la desigualdad económica y social, a los ojos de cualquier creyente medianamente instruido, se interponen claramente entre Dios y su pueblo. Como se interponen también los seres humanos que roban, matan, mienten, acaparan riqueza o dañan por comisión u omisión a sus prójimos. Cuando se priva al ser humanos del acceso al agua o a la alimentación, o se envían a archivo propuestas de ley referentes a esos temas, algo se interpone entre Dios y su pueblo

Utilizar a Dios en el discurso político es siempre atentar contra Dios. Porque el Dios cristiano lo que nos pide no es que lo pongamos en las frases de los políticos sino en el amor al prójimo. Es mucho mejor poner el derecho al agua para consumo humano y para saneamiento en la Constitución que poner el nombre de Dios en la bandera. El político cristiano, más que alabar a Dios en los discursos o poner su nombre en las instituciones, lo que debe hace es buscar justicia y amistad social, desarrollo equitativo y bienestar básico para todos. La referencia a Dios la debe hacer en su oración privada y en su participación comunitaria en la oración pública de la iglesia a la que pertenezca. Hablar de Dios y amenazar o mentir, o incluso evitar leyes justas, es una terrible contradicción. Como lo es también hablar de Dios y generar simultáneamente actitudes anticristianas: el odio al enemigo y la soberbia de creerse poseedores absolutos de la verdad no tienen nada que ver con Dios.

Nadie puede negar que hay y ha habido corrupción en El Salvador. La desigualdad económica y social es en buena parte fruto de ella, y la mayoría de la población así lo cree. Por eso “Devuelvan lo robado”, el lema propagandístico de hace dos años, tuvo tanta difusión y éxito. Sin embargo, una cosa es exigir con fines electorales la devolución de lo robado y otra dar los pasos necesarios para recuperar lo sustraído no solo al Estado, sino también a la ciudadanía. Es fácil tildar de ladrones a exfuncionarios de administraciones anteriores; lo difícil es investigar internamente la corrupción. Además, hay privaciones de derechos que constituyen, moralmente, perjuicios semejantes al robo; privaciones que pueden ser causadas tanto por el Estado como por empresarios. Un salario de hambre es una forma de sustraerle al trabajador parte de su derecho a una justa retribución.

El catecismo de la Iglesia católica define con mucha claridad qué entender cuando se habla de robo: “Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas”. Y añade a la lista “la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro” e incluso dañar propiedades privadas o públicas. Todo ello exige que se repare a las víctimas. Y por eso el catecismo dice textualmente lo siguiente: “Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto”.

Devolver lo robado no es una consigna política, sino una exigencia moral y, por supuesto, una obligación legal. La ley de extinción de dominio, promulgada hace algunos años en El Salvador, trata de restituir al Estado lo robado. Pero la legislación es insuficiente para garantizar que se devuelva lo robado en todos los casos en los que moralmente hay obligación de restituir bienes a personas. La supresión de la CICIES es, en este sentido, una mala señal. Si se hicieran públicos los hallazgos del organismo y si el fiscal general iniciara las investigaciones respectivas inmediatamente e imputara delitos a los funcionarios involucrados, se podría pensar que las insensateces del secretario general de la OEA son las que han provocado el cierre de la Comisión. Pero si continúa la actitud servil de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y los señalamientos de la CICIES son ignorados y archivados, habrá razón de sobra para sospechar no solo que existe corrupción gubernamental, sino que se está utilizando al Estado para encubrir un esquema organizado de saqueo de los bienes públicos.

El poder, así, en general, es la estructura de relación humana que ofrece a las personas posibilidades enormes de autorrealización o de autodestrucción. Posibilidades de hacer bien las cosas y crear un ambiente de solidaridad, libertad y servicio, o lo contrario: destruir vidas, arrasar culturas, dividir en superiores e inferiores a quienes somos iguales en dignidad y derechos. Un padre o madre de familia tiene poder para ayudar al hijo/a a crecer en libertad y solidaridad, o para inducirle hacia un egoísmo y una dependencia de sentimientos o ideas que le frustren finalmente en sus expectativas de vida o lo conviertan en un ser antisocial. El poder se utiliza para bien y para mal en todos los ámbitos de la vida social. La utilización en favor del bien ha puesto de manifiesto personalidades que se han vuelto universales por sus valores. Nuestro san Romero es una de las muestras más reconocidas universalmente de un hombre que puso toda su capacidad de poder al servicio de la fraternidad, el diálogo y el amor a quienes la sociedad orillaba y despreciaba. Pero también hemos tenido verdaderos déspotas, asesinos y ladrones que han causado muerte, pobreza y subdesarrollo económico y cultural.

El autoritarismo, como uso arbitrario y muchas veces inhumano del poder, ha sido una plaga en El Salvador. Enriquecimiento, corrupción, manos manchadas de sangre y dolor, sufrimiento concentrado en las mayorías pobres o vulnerables del país fueron los resultados del ejercicio autoritario del poder. Hoy, al menos en un amplio sector de la población, nos encontramos de nuevo con un peligroso modo de pensar autoritario. Se advierte en las redes sociales, en las que con frecuencia se observan insultos, expresiones despectivas e incluso amenazas. Al hablar de política, no faltan quienes dicen, por supuesto erróneamente, que “el pueblo nos ha dado todo el poder para que hagamos lo que queramos”. O por otro lado, algunos parecen desear castigos más fuertes a El Salvador de parte de países o instancias internacionales, más allá de las consecuencias que eso pueda traer para las mayorías empobrecidas.

Frente a este tipo de posturas hay que ser enfático. El pueblo no le ha dado a Nuevas Ideas el poder de hacer lo que le dé la gana. Hay normas, tanto nacionales como internacionales, que debemos cumplir. E incluso algunas de ellas ni siquiera las podemos cambiar, aunque no las queramos cumplir. Y hay valores éticos que están y seguirán estando por encima de cualquier veleidad o capricho de quienes detentan el poder. Es irreal pensar que en un mundo multipolar y multicultural nos podemos aislar o proteger nuestro aislamiento bajo la sombra de algún imperio. Podemos negarnos, como hemos hecho desde hace muchos años, a firmar y ratificar el convenio adicional de Naciones Unidas sobre tortura. Pero eso no aumentará nuestro prestigio, sino nuestro desprestigio. Y más mientras continúe habiendo signos de brutalidad en algunos miembros de la PNC y de las autoridades carcelarias.

El poder total nunca lo ha tenido nadie en la historia. Por eso, la mayoría de los dictadores han muerto fuera del poder. E incluso los que han muerto en el poder, si tras la muerte tuvieran conciencia de algo de lo que pasa en la historia humana, habrían visto cómo sus instituciones y sus fieles seguidores se convierten también en polvo vergonzante. La democracia pone el poder en las leyes, no en las personas. Y las leyes se ponen siempre al servicio de todas las personas. Es la ley, si está bien hecha y si se cumple a cabalidad, la que garantiza la igual dignidad de la persona. Poner la dignidad en el control exclusivo del poder o en la manipulación de las leyes en beneficio del poderoso es el camino equivocado de los regímenes autoritarios y las dictaduras. ¿Queremos democracia en El Salvador? Tengamos un gobierno de leyes, no de personas con poder arbitrario que se saltan leyes y las manipulan a su favor.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

El Estado sigue sin controlar el territorio, a pesar del ruido que mete Casa Presidencial con su Plan de Control Territorial. La última prueba de ello es el hallazgo fortuito de la fosa colectiva en Chalchuapa, que alberga varias decenas de cuerpos de mujeres abusadas sexualmente, de hombres y de menores de edad. El descubrimiento no fue obra de acuciosidad policial, sino del grito desesperado de una víctima y de la pronta reacción de los vecinos. La PNC ni siquiera se presentó con la presteza del caso. Este hecho horroroso se suma a la constante información sobre familias obligadas a abandonar su vivienda por las pandillas, en diferentes partes del país (las últimas en Panchimalco). En algunas colonias de Soyapango, las pandillas controlan también la distribución del agua. “De qué sirve que ahora vengan policías y soldados y nos digan que nos quedemos, que nos van a dar seguridad”, cuestiona un vecino de Panchimalco, si “se van a quedar mientras pasa la alarma y luego se van a ir como ha pasado en otros caseríos”.

El asesino en serie de Chalchuapa ha puesto en aprietos a una Casa Presidencial desconcertada, que no sabe cómo manejar el descubrimiento sin perder la cara. El país no parece ser tan seguro como pregona. Mientras las familias indagan sobre el hallazgo con la esperanza de localizar los restos de seres queridos desaparecidos, los funcionarios evaden las respuestas. No están claros sobre la cantidad de cadáveres encontrados; ni sobre la autoría de los asesinatos, que atribuyen a “un psicópata trastornado [sic]”, aunque hay otros capturados; ni sobre los beneficios concedidos al principal imputado. Los asesinatos en serie en Chalchuapa no serían más que una simple casualidad para estos funcionarios.

Atrapados por los hechos, los funcionarios de seguridad pública optan por atacar a la prensa, sin ahorrar epítetos descalificativos. Les incomoda sobremanera que el caso de Chalchuapa y las desapariciones cuestionen la eficacia de su plan de seguridad. “Mejor atáquennos directo”, reclama el ministro del ramo, “pero dejen de estar generando una sensación de que el Plan de Control Territorial es un fracaso”. La necesidad de preservar su vigencia, un pilar del régimen de Bukele, los obliga a negar sistemáticamente el aumento de las desapariciones, en contra de la evidencia empírica.

El ministro de seguridad intenta quitar hierro al fenómeno alegando que “tiene demasiadas aristas”, pues “hay desapariciones que están relacionadas con la actividad de grupos irregulares, otras con temas de familia, hay otras con temas incluso personales, de deudas”. Dicho de otra manera, no tiene mayor información sobre el fenómeno, desconoce sus motivaciones, su forma de operar y su impacto. Impotente y torpe, atribuye a la prensa la invención del fenómeno: “Como no hay muertos, hay desaparecidos”; y la amenaza: “No vamos a permitir que ellos sigan mal utilizando eso para generar zozobra”. La política oficial silencia todo aquello que ponga en aprietos al régimen.

El silencio presidencial sobre los asesinatos en serie de Chalchuapa y sobre las desapariciones en general es inmoral e inhumano. El régimen es duro con las víctimas de la violencia social. Es incapaz de comprender la angustia y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Casa Presidencial enfatiza el éxito del Plan de Control Territorial. Bukele se congratuló porque “gracias a la rápida acción de nuestros oficiales e investigadores” se identificó al asesino en serie. Mientras tanto, en varios comentarios vulgares, el diputado jefe de su fracción despreció la angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos. Y en el colmo de la insensibilidad, el ministro de seguridad pretende extender a estos el silencio oficial. Les exige no buscarlos por las redes sociales, porque crean “inseguridad” y facilitan “el mal manejo intencionado” y porque “están fregando sicológicamente a sus hijos, porque los niños están apareciendo en las redes sociales”. En vez de ser “profetas de calamidades”, deben acudir a una Policía impotente e indiferente a sus denuncias.

La fosa común en Chalchuapa ha sumido al régimen de Bukele en la irracionalidad y la insensatez. La angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos constituyen, en sí mismos, un argumento contundente. Negar las desapariciones, silenciarlas o atribuirlas a una prensa irresponsable no hace más seguro al país. A medida que pasa el tiempo, el muro que resguarda el mundo fantástico de Casa Presidencial muestra cada vez más fracturas por donde se cuela la realidad. Los asesinatos en serie en Chalchuapa son una prueba más de que el régimen, al igual que sus predecesores, tampoco controla el territorio nacional. Los homicidios han descendido, pero aún son demasiados para la norma internacional. El Gobierno no ha podido detener el éxodo de familias aterrorizadas por las pandillas, ni las extorsiones, ni las desapariciones, ni las sepulturas clandestinas. No controla lo que sucede sobre el territorio ni lo que este esconde debajo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Conocí a Manuel Escalante en el año 2007 cuando inicié mis labores como docente a tiempo completo en la Universidad. “El Palo” o “Palo”, como le decían cariñosamente, era conocido por todos, por sus compañeros de carrera como estudiante de derecho, por el personal de la UCA como encargado del área de seguridad y, finalmente, por los colegas del Departamento de Ciencias Jurídicas como docente y doctorante en Derecho Constitucional. En esa etapa coincidí con Manuel.

En aquellos años, junto a Manuel éramos cuatro o cinco profesores a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Jurídicas, todos jóvenes con la cabeza hinchada de sueños de cambiar la visión de las ciencias jurídicas en nuestro país, volverla más crítica y menos memorística o ideologizada con doctrina inútil o extranjera; un derecho con los pies en la tierra, comprometido con las necesidades sociales del país, “historizado” en los términos que utilizó el padre Ellacuría respecto a los derechos humanos.

De alguna manera, todos renunciamos un poco a ese sueño académico de nuestra juventud; pasó lo que sucede siempre y el pragmatismo mató la promesa para todos, menos para Manuel. Él continuó en la UCA hasta encontrar la manera más apropiada y efectiva de cumplir ese ideal trazado, asumiendo la subdirección del Idhuca.

Manuel fue un amigo y compañero; fue quien se ofreció a dar las vueltas y trámites cuando me incapacité y lo necesité. Fue un estupendo docente preocupado por perfeccionar los conocimientos de sus estudiantes, hasta el punto de esperar una escrupulosa ortografía. Manuel fue un incansable luchador por los derechos humanos, siempre preparado para la siguiente reunión, el próximo proyecto o artículo que sirviese para cumplir su compromiso con los derechos fundamentales.

Manuel fue quien mejor comprendió lo que en verdad representa la labor jurídica desde una visión universitaria. Los derechos humanos, decía Manuel, no basta con conocerlos o citarlos, no son conceptos o doctrinas que adornan los discursos de la manualística o los informes estatales. Los derechos humanos son realidades, deudas que se tienen con las grandes mayorías populares, realidades negadas por una violencia tan enraizada como sistémica. La partida de Manuel Escalante es una pérdida irreparable para nuestra comunidad académica y jurídica, sobre todo en estos tiempos, donde la sombra del autoritarismo se cierne sobre nuestras cabezas.

Manuel será extrañado, aunque no tanto como necesitado. Hoy su ejemplo de vida nos dará aliento para buscar un derecho vivo que finalmente se corresponda con la altura de los valores que lo fundamentan, y no con la pobreza y bajeza de su ejecución ideologizada.

* Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

José María Tojeira

29/05/2021

Dicen que dos personas no pueden dialogar si una de ellas no quiere. Pero si uno insiste en su deseo y apertura al diálogo, acaba ganando la apuesta, al menos en el largo plazo. Amparados en una masiva victoria electoral, un buen grupo de diputados prescinden del diálogo, especialmente si la contraparte que intenta dialogar parte de un pensamiento crítico. Lo críticos también con frecuencia se obstinan en solo ver realidades malas en la situación actual y se niegan a reconocer cualquier actividad o situación positiva. En este contexto, no es raro preguntarse si es posible el diálogo entre las partes enfrentadas. Dada la dureza y permanencia de nuestros problemas, es posible que el tiempo irá ayudando a frenar el mesianismo de unos y la cólera crítica de otros. Por eso, aunque de momento las perspectivas de diálogo se puedan ver muy negativas, es importante hablar del tema.

De entrada, hay que trabajar por romper la estructura mental de ver todo en blanco y negro. Muchos de lo seguidores del actual régimen fueron miembros de otros partidos y no dan la impresión de estar muy arrepentidos de su historia. O al menos no se acusan a sí mismos de haber sido ladrones y cómplices de la inutilidad casi absoluta que el régimen al que admiran atribuye al pasado inmediato. También los críticos del régimen, por poner un ejemplo, prefieren ver cualquier problema en el proceso de vacunación y no reconocer que, para las posibilidades del país, ha sido sorprendentemente ágil hasta el momento.

Un punto de necesaria convergencia en el que hay que insistir es la situación de empobrecimiento en el país. Un país con casi un 40% de la población en pobreza a causa de la pandemia y otro 40% en situación de vulnerabilidad no puede avanzar sin un proyecto común. Y no existe tal proyecto. Reflexionar sobre las necesidades de nuestro pueblo, mayoritariamente pobre y vulnerable, será siempre el objetivo más humano y positivo si se quiere comenzar un diálogo efectivo. Lamentablemente, la soberbia de los triunfos electorales espectaculares conduce a pensar que no se necesita a nadie para resolver problemas. Por otro lado, esa clase media estable que compone el 20% de la población y el mínimo porcentaje de los muy ricos se preocupan más de sus intereses que de las necesidades de los pobres. Mirar con mayor humildad unos las necesidades de nuestro pueblo pobre, y con mayor generosidad y capacidad de sacrificio otros, ayudaría a encontrar un punto indispensable de futuro. Y ya hablando de las necesidades fundamentales, será más fácil avanzar hacia puntos y hechos más difíciles.

La verdad se construye en comunidad y diálogo. Las verdades abstractas impuestas, lo mismo que las promesas vacías o irrealizables, solo conducen al agravamiento de los problemas. La razón crítica nunca ha estado ausente de El Salvador. Pero durante treinta años se negoció con ella en un sí pero no, que en el mejor de los casos acababa beneficiando al 20% de la población en situación más cómoda. Hoy la razón crítica constituye un atentado contra la soberbia del presente. O al menos así lo siente el poder. Romper paradigmas, desandar algunos de los caminos recorridos, reconocer que podemos caminar juntos en objetivos estratégicos a pesar de la diferencia de opiniones, es la única actitud positiva para el país. Obstinarnos en doblegar voluntades siempre lleva al fracaso. Si hay que volver a empezar, como dice el papa Francisco, “hay que hacerlo desde los últimos”.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde hace un buen tiempo, los países desarrollados llevan a cabo campañas más o menos sólidas de lucha contra la corrupción. Pese a ello, el problema está lejos de remitir. Con frecuencia se leen noticias sobre bancos internacionales involucrados en actividades ilícitas y de políticos y empresarios que tienen en paraísos fiscales cuentas dudosas o simplemente corruptas. En El Salvador, el debate sobre este tema adolece de un defecto que debe superarse. La tendencia polarizadora del actual régimen en el poder ha polarizado también la discusión sobre la corrupción. Los seguidores de Nuevas Ideas acusan a los Gobiernos de Arena y del FMLN de haber saqueado el erario público. Por otra parte, quienes están justamente preocupados por la falta de transparencia del Gobierno actual lo acusan de corrupción. Han salido a la luz casos de corrupción que involucran a funcionarios actuales. De hecho, el Gobierno estadounidense ha incluido los nombres de algunos de ellos en una lista de corruptos.

Al final, este debate polarizado se vuelve más pantomima y teatro vulgar que auténtica discusión sobre el tema. El régimen solo ve corrupción en el pasado, niega su tendencia al manejo oscuro de fondos y utiliza el rechazo ciudadano a la corrupción contra los grupos e instituciones que no son de su agrado. Por su lado, ciertos críticos del Gobierno, entre los que se encuentran personas e instituciones que en algún momento se favorecieron con la corrupción, solo ven prácticas corruptas hoy, sin reconocer las del pasado. Así, salen perjudicados al final quienes tienen verdadero interés en corregir la corrupción en el país y que de manera constante la han denunciado, tanto frente a Arena y el FMLN como ante Nuevas Ideas y el resto de partidos amantes de la corrupción, que acompañan a quienes desde el poder les ofrecen impunidad, protección y oportunidades de enriquecimiento.

Convertir el debate contra la corrupción en espectáculo político es un elemento propagandístico efectivo en el corto plazo para disimular la crisis y ajustar cuentas con ciertos grupos y personas. Pero en el mediano-largo plazo solo se conseguirá averiar aún más la capacidad de reflexión y diálogo sobre la coyuntura nacional, y agudizar los problemas de subdesarrollo del país. Si además se blinda la corrupción actual neutralizando o cooptando las instituciones estatales de control democrático y ciudadano, el futuro no pinta nada bien. La corrupción es necesario enfrentarla con seriedad, enjuiciando de manera adecuada y libre de interferencias todo acto corrupto, pasado o presente. Si no, se cae en una palabrería que pasa de largo sin cambiar la realidad.

Cuando era candidato, Joe Biden prometió destinar 4 mil millones de dólares a Guatemala, Honduras y El Salvador; ya en la Casa Blanca, hizo oficial esa promesa. Los recursos se distribuirán entre los tres países a lo largo de cuatro años, es decir, mil millones de dólares para los tres al año. La cifra no es desdeñable, sobre todo para naciones con serios problemas financieros. Sin embargo, es ingenuo e irreal pensar que ese dinero resolverá los graves problemas del Triángulo Norte. Cada año, los migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreño envían más de 20 mil millones de dólares a sus países. Solo en 2020, el año de la pandemia, enviaron a sus familias casi 23 mil millones de dólares sin que los problemas estructurales que afectan la vida de la mayoría de la población hayan siquiera menguado.

Algunos temen, otros celebran que por el deterioro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos la ayuda prometida por Washington no llegue al Gobierno de Nayib Bukele, sino a organizaciones de la sociedad civil. En realidad, una de las más poderosas razones para no enturbiar esa relación deberían ser los migrantes: la economía nacional, como la de Guatemala y Honduras, depende de las remesas. Según diversos estudios, las remesas fueron en buena medida las que activaron negocios y lograron mantener las condiciones de vida en muchos hogares durante la cuarentena. En El Salvador, las remesas han llegado a representar casi el 20% del PIB.

Los aproximadamente tres millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos representan un motivo suficiente para que los ojos de El Salvador no miren en exclusiva hacia China. Pero la volatilidad y estilo de gobernar de Bukele, más movido por impulsos y rabietas que por razones y estrategias, pueden hacer que los actuales problemas con Estados Unidos pasen a convertirse en política de Estado. Porque ¿qué pensar de alguien que como candidato prometió pasar la página del neoliberalismo y que después, siendo ya presidente electo, declaró su adhesión a esa doctrina en la fundación Heritage? Alguien que cuestionó a China por su política exterior intervencionista y no democrática, y hoy coquetea con el gigante asiático.

En 2019 y 2020, ya sea por conveniencia o por la afinidad personal entre Donald Trump y Bukele, la política exterior del Gobierno salvadoreño para con Estados Unidos fue satisfacer el ansia del republicano de frenar la migración sin importar los medios. En ese momento, exigir un trato digno para nuestros migrantes hubiese sido una poderosa razón para distanciarse de Estados Unidos. Ahora que la relación con la nueva administración estadounidense es tensa, el Gobierno salvadoreño sostiene que defiende la soberanía y la dignidad nacional. En realidad, lo que le molesta a Nayib Bukele son las prioridades y exigencias democráticas de la presidencia de Joe Biden. Por hoy, esa molestia es más importante que los intereses y la economía nacionales.

La profundización del presidente en los hechos del 1 de mayo no consigue dar con un argumento comprensible. La teoría presidencial sostiene que el país, al igual que todos los países del continente, incluido Estados Unidos, son fincas, dirigidas por gerentes, administradas por capataces y protegidas por “un aparato ideológico que controla los paradigmas, la ‘opinión’ e incluso buena parte del periodismo y la academia”. Ese aparato ideológico es tan poderoso que en las fincas “nada cambia nunca”. Sin embargo, “el cambio” es posible, prueba de ello es El Salvador de Bukele. Según su tesis, “la némesis” de la finca son los conceptos “verdaderos” de democracia, libertad, soberanía e independencia. “Ahí [los gerentes y los capataces] quedan sin argumentos, porque no pueden atacar con coherencia”.

Así, pues, la destrucción de la finca y el nacimiento del nuevo orden, liderado por el presidente, constituyen una cuestión conceptual. “Cada pueblo debe luchar por lograr el significado real de cada uno de esos términos”, para lo cual “debe desmontar las ‘fincas’, despedir a los ‘capataces’, quitar la máscara de la hipocresía con la que nos engañan y establecer verdaderas democracias”. En esto consiste el empeño de Bukele. “Suena difícil”, pero no solo “los estamos derrotando”, sino que el éxito ha desconcertado a la comunidad internacional; “no es que teman por El Salvador, a lo que temen es al poder del ejemplo, temen a que pase en sus fincas”.

Comparar la realidad actual con la finca de la oligarquía terrateniente de agroexportación es arbitrario y demuestra falta de conocimiento histórico. Esa forma de explotación desapareció con la guerra. El capitalismo neoliberal, introducido por Arena y preservado por el FMLN, implica una forma de explotación diferente, donde predominan las corporaciones transnacionales y el capital financiero. El interés corporativo y financiero prevalece sobre el interés común con la colaboración activa del Estado, que les otorga privilegios y tolera la corrupción. El ritmo de la acumulación capitalista neoliberal solo es posible por la complicidad del Estado. Contrario a las apariencias, la tesis presidencial no es radical, presupone un pasado inexistente, mientras ignora el presente.

No obstante, la mayor debilidad de la tesis de la finca es que la contradicción entre los conceptos de democracia y libertad y la realidad es aplicable también al régimen implantado por los Bukele. Los datos no permiten definir su gestión de la cosa pública como democrática y libre. Al contrario, hoy hay menos democracia y menos libertad que en las épocas de Arena y del FMLN. El presidente cae en la misma incoherencia que achaca a sus enemigos. No se trata de definir unos conceptos que, por otro lado, “están en todos los diccionarios”, tal como reconoce el mismo Bukele, sino de realidades. La verdad del concepto no se verifica en su formulación teórica, sino en su actualidad práctica. La verdad de la democracia y la libertad de las que habla Bukele se constata en la confrontación con la realidad. Una prueba que no logran superar.

La tesis presidencial contiene una revelación sorprendente y, sin duda, irreflexiva. Bukele atribuye a “la SIP, [a] los conglomerados mediáticos y [a] algunos ‘gobiernos de países amigos’” funciones de “verdadera ‘cancillería’”, porque “controlan lo que emana […] hacia fuera, lo que se lee en los medios internacionales”. El mandatario reconoce así el fracaso de su propia cancillería y de su cuerpo diplomático, de los cabilderos contratados en Washington y de su propio aparato mediático. Sorprendentemente, Bukele admite haber perdido la batalla por controlar la información que circula en el exterior. La enorme inversión en cabilderos, plumas y medios de difusión no ha podido con los tenebrosos poderes maléficos a los que atribuye su derrota. El victimismo presidencial deja mal paradas a la competencia y la dignidad presidencial.

En realidad, el desafío no proviene de los medios de comunicación, ni de la comunidad internacional, ni de poderes oscuros, sino de la realidad. En el interior, el mandatario cuenta aún con un apoyo popular significativo; pero fuera de las fronteras nacionales, su discurso no ha sido recibido. El fracaso de su cancillería y de sus agentes es el triunfo de la realidad. Si la tesis de la finca es su mejor argumento para convencer a la comunidad internacional del acierto del orden implantado desde el 1 de mayo, comparar a las naciones ahí representadas con el latifundio oligárquico salvadoreño es muy poco diplomático, incluso insultante. Washington ya ha suspendido la asistencia financiera a las instituciones estatales. En su desasosiego, el mandatario parece pensar que su ejemplo aterra a la comunidad internacional, cuando, en realidad, esta repudia su dictadura. Bukele y sus hermanos han vuelto a cometer un grave error de cálculo político. La ligereza y la superficialidad hacen que el discurso presidencial caiga en contradicciones y en sorprendentes confesiones no pretendidas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.