Editoriales y Opiniones

El ejercicio de la crítica es siempre positivo si se mantiene dentro de los límites de la racionalidad y abierto al diálogo. Racionalidad y diálogo son los dos elementos básicos de cualquier debate civilizado. Solo desde esos presupuestos la crítica produce democracia, convivencia y confianza ciudadana. El insulto, la descalificación total y agresiva del que piensa diferente solo conduce a la tensión, al fanatismo y a la destrucción de relaciones humanas indispensables para una vida social pacífica. Muchos de los traumas de nuestros jóvenes provienen con demasiada frecuencia de la convivencia con padres autoritarios, que solo mandan y son incapaces de dialogar con sus hijos. La confrontación social también produce traumas y algo todavía peor: modos y actitudes violentas de relacionarse e incapacidad de proponerse fines comunes.

Lo que nos parece obvio en la relación interpersonal no nos resulta tan evidente en política. Tenemos en ese campo a un buen número de personas que piensan que el tener poder es más que suficiente para ejercerlo, burlando incluso normas y procedimientos éticos establecidos. En nuestra historia política hay numerosos ejemplos de autoritarismo que casi siempre desembocaron en confrontación violenta con quienes pensaban distinto. Y que contribuyeron a crear una cultura despectiva del débil, machista y agresiva, muchas veces hipócritamente disfrazada con frases moralistas. Hoy tenemos que lamentar, una vez más, el flagelo del autoritarismo. En todos los informes de Derechos Humanos de El Salvador sobre el año 2020, se denuncian violaciones a la libertad, a la integridad personal, a la seguridad y al derecho ciudadano a la información pública. El origen de estas violaciones, más allá de una cultura autoritaria presente en muchas de las personas que detentan algún grado de autoridad, se ha reforzado, desde la presidencia del poder ejecutivo y sus entusiastas seguidores, que con tanta facilidad utilizan un lenguaje agresivo y con frecuencia calumnioso.

El procedimiento ilegal y autoritario de destitución tanto de la Sala de lo Constitucional como del Fiscal General ha creado una grave crisis de institucionalidad en el país. La negación al diálogo fue evidente en la decisión de la Asamblea, pues no se permitió un debate sobre el tema. Y además de dañar las posibilidades de diálogo entre salvadoreños, se dañaron también las relaciones internacionales, tanto con las instituciones con las que El Salvador ha firmado convenios que le obligan a respetar los Derechos Humanos, como con países que apoyan la democracia. Llamar limpieza de la casa a procedimientos arbitrarios y autoritarios se acerca demasiado al lenguaje de limpieza social, tantas veces condenado por dar origen a graves violaciones de Derechos Humanos. Un país como El Salvador, que necesita verse a sí mismo como un proyecto de realización común para enfrentar sus graves problemas socioeconómicos, no puede prescindir ni del diálogo ni del control institucional y ciudadano. Intentar la vía autoritaria, tratar de suprimir toda crítica, marginar e incluso insultar a quienes desde la buena voluntad o desde la misma legalidad piensan u opinan distinto, no conduce ni a la democracia ni a la convivencia amistosa y confiada, indispensable para el desarrollo.

Justificar el autoritarismo con elecciones en las que se cosecha una votación masiva conduce a una soberbia del poder que suele terminar siempre de forma trágica. La moderación y la racionalidad han sido siempre los principios que han conducido al desarrollo solidario tanto en el campo cultural y social como en el económico. Si algo puede y debe exigir la ciudadanía, es que se la escuche y se le responda no desde el insulto sino desde la racionalidad y la capacidad de entenderse de las personas de bien. Aunque la soberbia del momento actual haya taponado los oídos del poder, persistir y resistir en el intento de ser escuchados es lo mejor que la ciudadanía puede hacer tanto en favor de El Salvador como, incluso, de los miembros de Nuevas Ideas.

José María Tojeira, director del IDHUCA

Desmantelando la casa

Mario Zetino Duarte y Augusto López

04/05/2021

Los eventos ocurridos en la noche del 1 de mayo y madrugada del 2 de mayo en la Asamblea Legislativa de El Salvador son una muestra metafórica de cómo una casa puede ser desmantelada por bandidos. Los diputados de Nuevas Ideas actuaron con sigilo y en horas en las que la oscuridad y la sorpresa les dio cobertura. El 1 de mayo, temprano en la mañana, hubo una marcha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, a la que muchas personas se habrían sumado para ir a la Asamblea de haber sabido lo que se estaba tramando.

Actuaron cuando la ciudadanía estaba descansando, y amanecimos con la casa, nuestra casa El Salvador, sin techo y sin paredes que brinden protección y garantías. Ahora hay otras estructuras que simulan proteger, pero que están diseñadas para ser opresivas. Todo apunta a que los bandidos no se detendrán; solo pueden esperarse atracos mayores. Están tomando algo que no les pertenece y que no les ha costado construir; por lo tanto, saquearán con oportunismo lo que falta.

En adelante, no hay excusas para la inacción ciudadana. Debemos recordar que el poder no reside en los gobernantes, sino en los gobernados. Gobernantes sin gobernados que obedezcan solo serán caricaturas autoritarias. En ellos no se puede confiar, tarde o temprano terminarán afectando a quienes no actúen, y entonces será demasiado tarde.

Luego de las “destituciones” o remociones realizadas y las que estén por venir, la famosa refundación anunciada por la bancada de Nuevas Ideas no es una refundación económica que conduzca a la erradicación de la exclusión de los grupos sociales vulnerables, que sería lo esperado con base en el discurso populista que han utilizado. Tampoco tiene el propósito de restituir la institucionalidad supuestamente violada por los antecesores, sino remover los cimientos de la institucionalidad de toda sociedad moderna: el respeto a la separación de poderes, el respeto a los procedimientos de derecho, el respeto al derecho de disentimiento y oposición.

La búsqueda del control total del Estado no es un fin en sí mismo, no tiene sentido; es un medio político para destruir toda oposición ante medidas económicas y sociales que continuarán exacerbando la exclusión de la población. Las acciones económicas del Ejecutivo así lo evidencian. Ese es el sentido: una refundación política para continuar haciendo lo mismo con discurso nuevo. La corrupción es parte del ADN del Gobierno y de la legislatura de Nuevas Ideas; ella corre ya por las venas de esa refundación. Pruebas abundan en el manejo de la pandemia. No será sorprendente que encuentren aliados en los partidos corruptos de siempre y en los sectores empresariales nacionales e internacionales que saldrán beneficiados con la exacerbación de la exclusión de la mayoría del pueblo.

Es una responsabilidad, científica por parte de los académicos y ciudadana, tomar posiciones claras en la defensa activa de lo que, como dice la UCA, aun siendo débil, ha costado tanto sacrificio construir. Si nos hacemos los desentendidos, nos pasará lo que advirtió Bertrand Russell sobre la condescendencia política ante el avance del nazismo en Europa. Si no lo impedimos, el bukelismo destruirá nuestra casa-país, en la que tenemos derecho a vivir en democracia, y todos los que la habitan.

* Mario Zetino Duarte y Augusto López, director y gestor de procesos de la Dirección de Investigación, respectivamente

Washington y su política para el Triángulo Norte figuran en la lista de los incómodos del presidente Bukele. La Casa Blanca de Biden está convencida de que la presión de los inmigrantes centroamericanos en su frontera sur disminuirá si las condiciones de vida en los países de origen mejoran sustancialmente, si se abren oportunidades, si la convivencia es pacífica y si hay estabilidad política. La nueva política no es, por tanto, una simple versión revisada de la política de Trump, como alega un Bukele desdeñoso. Erradicar las causas primarias de la emigración exige voluntad política, una gigantesca inversión y tiempo. Washington está dispuesta a colaborar si se garantiza que el dinero será invertido correctamente, algo que no ha sucedido en el pasado reciente. Aquí es donde perseguir la corrupción adquiere dimensión estratégica.

La prioridad de la política de Washington para el Triángulo Norte es contener la inmigración irregular en la frontera sur. En este sentido, no es diferente de la de Trump. La presión de los inmigrantes ha convertido dicha frontera en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Su extensa longitud dificulta la vigilancia, el trámite para solicitar asilo o residencia es obsoleto, y la cantidad de solicitudes lo ha hecho aún más obsoleto y ha creado una crisis humanitaria. Adicionalmente, el tema de la frontera y la inmigración es arma arrojadiza en la política interna estadounidense. Los republicanos la utilizan para ganar votos; los demócratas han prometido apertura, pero no pueden reformar la legislación sin los republicanos, que se resisten para no concederles ese triunfo. Mientras tanto, la tensión crece en la frontera y en las comunidades de irregulares ya residentes.

Aunque el bienestar social centroamericano es una mera consecuencia de la nueva aproximación de Washington al fenómeno de la inmigración, no por eso es menos importante. Sin embargo, las implicaciones de ese enfoque incomodan a regímenes como el de Bukele, en cuya agenda no figuran sus elementos esenciales. Mientras la corrupción campee por sus fueros, habrá mayor desigualdad, no se abrirán oportunidades, ni se alcanzará la paz social. El despojo, la indiferencia y el abandono empujan a huir al norte, muy a pesar de los riesgos de la travesía y de la ruptura con los seres queridos. El año pasado, el flujo migratorio disminuyó hasta casi detenerse, no porque las causas hayan desaparecido, como quisiera el presidente Bukele, sino por el cierre de las fronteras. Una vez abiertas, el flujo no solo se ha reanudado, sino que los motivos para emigrar son aún más poderosos. La pandemia acarrea más desempleo, más desencanto y más frustración.

El enfoque de Washington es acertado, pero insuficiente. Erradicar las causas primarias de la emigración entraña una reforma estructural que las oligarquías financieras neoliberales de la región no están dispuestas a tolerar. Empeñadas en explotar al máximo los recursos disponibles, no reparan en las consecuencias sociales y ambientales. Más aún, la emigración les resulta muy rentable. El año pasado, las remesas percibidas por el Triángulo Norte ascendieron a 23 mil millones de dólares, lo cuales alimentaron la transacción financiera, el consumo y, en el caso de El Salvador, contribuyeron a mantener el dólar en circulación. Esas oligarquías, que se declaran incondicionales de Estados Unidos, trasladan a su frontera sur a los que su explotación extrema descarta.

Si Washington desea realmente contener la crisis fronteriza, debe hacer que sus aliados centroamericanos asuman su responsabilidad e introduzcan la reforma estructural que vuelva innecesario emigrar. No debe hablar solo con los funcionarios y los políticos, sino también emplazar al gran capital corporativo. En concreto, puede exigir la misma tasa impositiva que Biden plantea aplicar a dicho capital en Estados Unidos para atenuar la crisis socioeconómica creada por la pandemia. O, al menos, debiera exigir una reforma fiscal progresiva, no como la que Bukele negocia con el FMI, que castiga a los ingresos más bajos. De lo contrario, su multimillonaria inversión caerá en saco roto.

Simultáneamente, Washington ha de negociar un acuerdo bipartidista para reformar drásticamente su legislación migratoria. Asimismo, no debe tolerar que las tendencias antiinmigrantes y racistas boicoteen ese intento. En cualquier caso, no debe caer en la tentación de recurrir a la fuerza militar para contener un fenómeno de naturaleza social. El problema no lo constituyen los inmigrantes, sino las condiciones en las que los obligan a mal sobrevivir. Por tanto, la solución no está en la frontera, sino en los países de origen. De todas maneras, Estados Unidos no debe olvidar que necesita trabajadores y que migrar y solicitar asilo son derechos.

En el ámbito regional, Washington no cuenta con la colaboración entusiasta de los gobernantes del Triángulo Norte. No están interesados en suprimir las causas del fenómeno ni están dispuestos a enfrentar a los grandes capitales, mucho menos a combatir la corrupción. El presidente Bukele puede hablar de la emigración, pero la corrupción y la institucionalidad democrática lo incomodan sobremanera. En definitiva, los inmigrantes no son su problema.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas condena el irrespeto a la ley por parte de la nueva Asamblea Legislativa en su acción de destituir y reemplazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues dinamita la independencia de los poderes del Estado, propia de una democracia. La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo.

Además de atentar contra la democracia, esta acción es ilegal. Según el ordenamiento jurídico nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos, pero solo por las causas específicas establecidas en la ley. Las razones esgrimidas en la pieza de correspondencia presentada este día no son coherentes con lo dispuesto en la legislación; por lo tanto, son ilegales e inconstitucionales.

La lógica de la pieza de correspondencia se fundamenta, entre otros motivos, en una inconformidad con la interpretación constitucional de la Sala, al no coincidir con la lectura y deseos del Ejecutivo. En el fondo, el mensaje es que el único que puede interpretar la Constitución es el presidente de la República, al que la Sala de lo Constitucional debe sometimiento. El hecho muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele, quien ahora sigue el guion del Partido Demócrata Cristiano de los años noventa, cuando promovió la destitución de un magistrado sin seguir el procedimiento previamente establecido.

En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera.

Antiguo Cuscatlán, 1 de mayo de 2021

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los ojos estarán más puestos en el inicio de la nueva legislatura que en las expresiones de un movimiento social debilitado y disperso. Por de pronto, las bancadas de Nuevas Ideas y de sus socios están siguiendo el mismo libreto que usó Nayib Bukele cuando ganó las elecciones en 2019. El presidente impulsó una toma de posesión disruptiva, negándose a hacerla en el lugar acostumbrado. Además, no nombró a ningún equipo de transición para un traspaso de mando ordenado y trató con displicencia y desprecio a los funcionarios del Gobierno saliente. La nueva bancada cian sigue los mismos pasos; ha entendido el caudal de votos que obtuvo como un permiso para la ruptura, la agresividad y la soberbia, no como un compromiso de impulsar cambios que profundicen la justicia social.

Cabe esperar, pues, que después de tomar posesión, los nuevos diputados del oficialismo promuevan medidas de gran impacto mediático para generar más expectativas y aumentar el respaldo social. Así lo hizo Bukele el día de su toma de posesión, al ordenar que se borrara de una guarnición militar en San Miguel el nombre del militar responsable de la masacre en El Mozote. Esta medida sorprendió a muchos, pero no tuvo ningún tipo de continuidad. Más bien lo contrario: luego el mandatario impulsó la militarización de la seguridad pública y la exaltación del Ejército.

Las señales que dan los nuevos diputados no dan pie al optimismo. Cuando recibieron sus credenciales, un alto funcionario de Casa Presidencial intervino ante la prensa para que no dieran declaraciones. Además, fue la Comisionada Presidencial quien anunció que no habrá actos protocolarios en la Asamblea el 1 de mayo, que la bancada de Nuevas Ideas comenzará a trabajar desde muy temprano y que se reducirá el número de integrantes de la Junta Directiva. Los diputados cian serán simples marionetas del Ejecutivo. Aunque esto también pasó en anteriores Gobiernos, parece ser que ahora sucederá sin pudor ni disimulo. Siempre los diputados del partido oficial han entendido su función en términos de incondicionalidad con el Ejecutivo, así como la oposición se ha entendido como una fábrica de “no” ante las iniciativas del Gobierno. Ninguna de las dos lecturas es la correcta; ambas le han causado grave daño al país y a la democracia.

El Salvador no solo necesita cambio de formas, sino de fondo. Ese fue el mensaje de los votantes el 28 de febrero. Las estrategias mediáticas no serán suficientes si las transformaciones a favor de la mayoría de la población no llegan. Bien harían los nuevos legisladores en entender que el poder es para servir honestamente a la gente, no para servirse, dominar y avasallar. Sin embargo, de nuevo, hay poco margen para el optimismo.

La intolerancia contra el migrante está creciendo. Pero no solo en el mundo que llaman desarrollado. También en nuestros países latinoamericanos, tan acogedores de la migración en algunos momentos de principios del siglo XX, se está dando el mismo fenómeno. El éxodo de venezolanos a los países limítrofes o cercanos, la llegada de nicaragüenses a Costa Rica, de centroamericanos a México, al tiempo que encuentra gente muy solidaria, sufre también con frecuencia serios rechazos cuando no abusos graves. Quienes piensan que los Derechos Humanos solo se violan en el tercer mundo no se dan cuenta del terrible racismo, xenofobia y violencia, incluso estatal, contra los migrantes, que se mantiene viva y activa en el mundo desarrollado.

El Salvador, que recibió migrantes hace un siglo, también desde hace un siglo comenzó a empujar salvadoreños hacia un salario mejor. Primero a las plantaciones bananeras de Honduras y, después de la guerra con el país hermano, hacia los Estados Unidos principalmente. De nosotros se suele decir que una tercera parte de nuestra población ha migrado y vive fuera de las fronteras patrias. El apoyo económico que muchos salvadoreños reciben de sus parientes migrantes se ha convertido en el principal factor de reducción de la pobreza y fuente de alivio para una economía demasiado maltrecha. A lo largo de la posguerra, pocos políticos han dejado de alabar a nuestros hermanos migrantes. Incluso políticamente se desarrolló un sistema de consulados extendidos por diversas ciudades de México y Estados Unidos muy superior en calidad y servicios a otros sistemas consulares de países del área. Por eso llama la atención que en los estertores finales de la actual Asamblea Legislativa se haya intentado sacar una ley que castigando duramente la trata de personas, criminaliza la solidaridad con los migrantes.

La ley se llama “Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas” y está vetada (bien vetada esta vez) por el Presidente de la República. Contiene serias ilegalidades como el de no respetar el principio de territorialidad y posibilitar la persecución penal de salvadoreños por cometer acciones que en El Salvador serían delictivas y fuera de El Salvador no lo son. Como ejemplo albergar a un migrante sin papeles en su viaje hacia Estados Unidos. Aunque resulte chocante decirlo, esto es tan absurdo y brutal como lo que hacían en sus años más dictatoriales los regímenes comunistas, que podían meter preso a una persona que recibiera a un sacerdote en su casa. Cuando hace años hemos visto fotos de mujeres mexicanas lanzando agua y alimentos a los migrantes que viajaban en el tren al que llamaban “la bestia”, sentíamos el orgullo de saber que la fraternidad triunfaba sobre los prejuicios racistas y xenófobos. Hoy algunos diputados salientes parecen desear que vaya preso cualquier salvadoreño que se le ocurra dar un pan con café a una mujer o a un adulto mayor que camine en una caravana.

Quienes defienden esa ley pueden decir que exageramos, pero esa ley es tan general y tan poco específica en algunos aspectos que puede confundir fácilmente el tráfico ilegal de personas con la solidaridad humanitaria con el migrante. Está bien perseguir a quienes ponen en riesgo a los salvadoreños en su viaje hacia Estados Unidos. Pero no todos son traficantes en cuando albergan, aconsejan o ayudan incluso económicamente a quienes deciden migrar. Decir que para prevenir la migración hay que desarrollar políticas públicas es una generalidad tan amplia que termina no diciendo nada. Y no podemos engañarnos: el Estado salvadoreño ha fallado sistemáticamente a la hora de cumplir con su deber constitucional de brindar al ciudadano “bienestar económico” (Artículo 1 de la Constitución). No es de extrañar que muchos ciudadanos confíen más en los coyotes traficantes que en los coyotes políticos. Y peor todavía si estos últimos le hacen la migración más difícil a los migrantes.

Mucho le costó a la sociedad civil obtener la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de todo ciudadano y la sociedad en general a conocer los pormenores del quehacer de las instituciones públicas y sus funcionarios. Las dificultades para la aprobación de la Ley —tan importante para el desarrollo y profundización de la democracia, para avanzar hacia un Gobierno abierto, para la transparencia de la función pública y para contribuir a la lucha contra la corrupción— se debieron a la opacidad característica de la mayor parte de la clase política del país. La normativa fue incómoda desde el primer momento y ha sido vista como una amenaza por aquellos que administran el Estado, pues abrió la puerta a que la sociedad civil pudiera controlarlos.

Sin embargo, a pesar de sus bondades y aciertos, la Ley tiene una gran limitación: da un excesivo poder al presidente de la República en la elección del presidente y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, y la facultad de determinar aquello que constituye materia reservada y, por tanto, no puede ser ser escrutado por la sociedad. Así, la Ley pone en manos del titular del Ejecutivo la posibilidad de controlar el Instituto e interferir en su trabajo, anulando de facto el control de las instituciones gubernamentales que la propia Ley de Acceso a la Información Pública posibilita. Todos los mandatarios que ha tenido el país desde 2010 (año de aprobación de la Ley) hasta la actualidad han buscado aprovecharse de esa limitación para librarse del escrutinio público.

Durante las administraciones del FMLN se intentó controlar al Instituto de Acceso a la Información Pública buscando comisionados afines al partido y redactando reglamentos que restringieran los alcances de la Ley. A pesar de ello, ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Cerén lograron su cometido; el Instituto dio grandes aportes a la transparencia de la función pública y garantizó en buena medida el derecho ciudadano a recibir información de las instituciones del Estado. Esto gracias a que la mayoría de comisionados elegidos asumieron con independencia y responsabilidad su misión. La situación cambió con la llegada de Nayib Bukele. A través del nombramiento de los comisionados y del presidente del Instituto, Bukele ha logrado cooptar y controlar el organismo, evitando así que se transparente el trabajo de las instituciones y funcionarios públicos.

Con el Instituto de Acceso a la Información Pública ya neutralizado, el secretismo se ha vuelto norma y se niega el derecho de todo ciudadano a conocer lo que ocurre en las instituciones públicas. Sin duda, se ha dado un gran paso hacia atrás en temas de transparencia y control ciudadano del Estado, algo que riñe con las promesas de Bukele de luchar contra la corrupción. El Salvador y sus ciudadanos han perdido un instrumento valioso y necesario para un mejor gobierno; peor aún, parece que la mayoría de la población no es consciente de la gravedad de este hecho y de las consecuencias negativas que ello traerá en la administración de la cosa pública y el desarrollo del país.

En El Salvador con facilidad se tiende a dejar de lado lo que es importante en el largo plazo, priorizando lo que es secundario si ello implica obtener réditos en el corto plazo. Un ejemplo claro es que de cara al 1 de mayo se esté pensando más en la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa que en la situación de los trabajadores. Puesto que el desarrollo nacional descansa en la capacidad y calidad laboral de la gente, eso es lo que debería preocupar en el Día Internacional de los Trabajadores. La Asamblea Legislativa no es un fin en sí misma, sino un medio; en cambio, el trabajo decente y de calidad es un fin en sí mismo, porque se traduce en desarrollo personal y social. Los medios pueden ser indispensables para alcanzar los fines, pero si estos no están claros, aquellos fácilmente se corrompen.

En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un estudio sobre la productividad promedio de los trabajadores en diversos países del mundo. Como sabemos, en la actualidad, la productividad laboral depende en buena medida de la educación, la especialización, la capacidad técnica y el acceso a medios de producción de última generación. Por lo general, a mayor formación, mayor productividad. Pues bien, fuera de lo que se suele asumir, Estados Unidos no es el país con mayor productividad por trabajador, pero el promedio de productividad de sus trabajadores es de 116 mil dólares al año. En contraste, la de un trabajador costarricense anda por los 36 mil dólares al año; la de un guatemalteco, 18 mil 932 dólares; la de un salvadoreño, 18 mil 191; y la de un nicaragüense o de un hondureño, ronda los 10 mil 500 dólares.

Estos datos explican por qué la gente del Triángulo Norte emigra hacia Estados Unidos y los nicaragüenses, hacia Costa Rica. La mayoría de países del istmo no han cuidado ni promovido la calidad del trabajo. Ni el Estado ni la empresa privada han cumplido con su responsabilidad de dotar al trabajador de los medios educativos y técnicos que le permitan ser algo más que mano de obra barata. Costa Rica, gracias a unas reformas muy sencillas tanto en el campo educativo como en la seguridad social, ha logrado en relativamente poco tiempo duplicar la productividad de sus trabajadores con respecto a los de sus vecinos en la región. Aunque el 1 de mayo suele centrarse en El Salvador en el reclamo de mejoras salariales para los trabajadores formales y algunas otras reivindicaciones sociales, rara vez se ha reflexionado seriamente sobre la calidad y productividad del trabajo. Hoy las cosas están peor.

En el país, la pandemia ha golpeado severamente el trabajo, pero por la coyuntura preocupa más una Asamblea Legislativa que se prevé de baja calidad. Perder la oportunidad de reflexionar en el Día Internacional de los Trabajadores sobre la problemática apuntada implicaría desatender una tarea clave para la salud y desarrollo de la nación. Si la sociedad civil no reflexiona sobre el trabajo, mucho menos lo hará una Asamblea más interesada en su triunfo y en cumplir al pie de la letra los deseos presidenciales.

El proceso de vacunación contra la covid-19, que inició el 17 de febrero y que ya ha alcanzado más de medio millón de salvadoreños, es uno de los mejores alicientes para enfrentar con esperanza el futuro cercano. Especial mención en este proceso merece el personal de salud que con diligencia y amabilidad atienden a las miles de personas que llegan a diario a aplicarse la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, reconocer sin ambages este gran acierto, no da licencia para cerrar los ojos a algunos aspectos que, en el contexto de la pandemia, generan muchas preguntas.

Por ejemplo, un primer aspecto se refiere a la decisión de convertir en un gran centro de vacunación lo que se anunció como una de las fases del hospital más grande de América Latina para atender víctimas del coronavirus. ¿Qué impacto tiene esta inesperada decisión en el presupuesto que se había destinado para la construcción? Porque no es lo mismo lo que se invierte en un hospital con más de dos mil camas, mil de ellas equipadas como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en un centro para aplicar vacunas, por grande que este sea. Efectivamente, cuando a mediados de marzo del año pasado el presidente Bukele anunció con altavoces la construcción del hospital en 100 días, dijo que costaría $70 millones de dólares y que tendría 2,300 camas, 300 UCI y el resto para atención general. Tiempo después se dijo que el hospital costaría más dinero, que tendría mil camas UCI, pero nunca se dio un informe con detalles. El 10 de agosto de 2020, el presidente Bukele afirmó en una conferencia de prensa que se tenían 400 camas UCI ya funcionando. Sin embargo, en un artículo publicado1 en la prestigiosa revista científica británica The Lancet en diciembre de 2020 y que algunas fuentes atribuyen a un encargo del gobierno salvadoreño, se afirma que el hospital El Salvador cuenta con 105 camas UCI, 143 camas de cuidados intermedios, 18 médicos intensivistas, 25 de medicina interna, 318 médicos generales y 492 enfermeras. Por muy positivos que sean todos estos datos, que lo son, están lejos del anuncio oficial del presidente. A lo mejor, no se ha invertido todo el dinero y lo que falta se utilizará en el equipamiento del hospital en un futuro, pero esto no pasa de ser especulación mientras el gobierno no revele lo que realmente ha gastado en el hospital.

En febrero de este año, en la misma revista The Lancet, se publicó otro artículo titulado “Hospital El Salvador: quedan preguntas más amplias”2, en el que se cuestiona lo dicho en el artículo publicado en diciembre. En este artículo se mencionan las medidas decretadas por el gobierno durante la cuarentena porque resultaron en “abusos cuestionables contra los derechos humanos”, se pregunta por quiénes fueron los que tomaron la decisión de construir el hospital y por el enfoque de género con el que funciona. En el fondo plantean ¿Por qué se tomó la decisión de invertir en el tratamiento de los muy enfermos, en lugar de los esfuerzos para reducir la propagación de la enfermedad? Las intervenciones más efectivas contra COVID-19 son a nivel poblacional. La inversión financiera en el Hospital El Salvador, aunque no pública, debe ser sustancial. Este hecho debe entenderse en un contexto donde millones de salvadoreños viven en extrema pobreza sin acceso a agua para lavarse las manos y donde un gran sector informal depende de un ingreso diario y no puede aislarse”.

En esta línea que señala The Lancet, queremos destacar un segundo aspecto alrededor de la construcción del megahospital o megacentro de vacunación. Se ha afirmado a los cuatro vientos que se ha transformado el sistema de salud. Pintar y retocar las fechadas de hospitales y construir uno nuevo, siendo avances importantes, no son suficientes para cambiar un sistema de salud que ha estado en condiciones deplorables desde hace muchos años. Transformar el sistema de salud implica hacer universal el derecho humano a la salud que incluya a toda la población en igualdad de condiciones, independientemente de su situación económica. Costa Rica, para no ir más lejos, incluye en su sistema de seguridad social a toda su población sin excepción, mientras que en El Salvador seguimos teniendo tres sistemas de salud que son un reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad. Un derecho que no es de todos es un privilegio, y eso es lo que ha pasado con la salud así como con la educación, el empleo, el agua y la vivienda en el país. Cambiar el sistema de salud implica homologar un reconocimiento digno a todos los trabajadores de la salud, que han sido y siguen siendo los verdaderos héroes de esta pandemia; exige no hacer que la población llegue a mega centros, sino llevar la salud a la población y hacer que en todas las regiones del territorio hayan hospitales escuelas donde se formen las nuevas generaciones de profesionales que no luchen entre sí por encontrar un cupo en la ciudad capital. Transformar el sistema de salud implica hacer cambios mucho más profundos.

Al César lo que es del César. El proceso de vacunación es algo positivo para el país y genera esperanza y ánimo en la población. Sin embargo, lo positivo no exime de rendir cuentas sobre lo que se ha invertido en la atención de la pandemia y en el inesperado cambio del hospital por un centro de vacunación. Y aunque el cambio puede ser entendible y justificable, el gobierno debe transparentar el uso del dinero del pueblo salvadoreño. La verdad no hace daño a quien la dice sino a la conciencia de quien la oculta, por eso hay que decir también que aunque los cambios cosméticos y puntuales son buenos, están lejos de ser una verdadera transformación del sistema de salud. Ojalá solo fueran la víspera de esos cambios reales.

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1. Artículo en https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30513-1/fulltext

2. Artículo en https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00048-6/fulltext

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 41.

José María Tojeira

20/04/2021

Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo de las Naciones Unidas, publicó un documento sobre el diálogo con la sociedad civil, en el que se insiste en que la participación ciudadana es indispensable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030). La Asamblea General de la ONU, en este contexto, aprobó la declaración Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de Escazú, que el Gobierno de Bukele no quiso firmar, iba, en el tema medioambiental, en la misma dirección participativa. En este momento, en el que una nueva Asamblea Legislativa está punto de iniciar sus funciones, el tema se vuelve de interés general. ¿Iniciará este Gobierno un diálogo participativo con la sociedad civil en su amplitud y diversidad? El control tan fuerte de las instituciones estatales que le caracterizará a partir del 1 de mayo ofrece una oportunidad de diálogo inclusivo con todos aquellos sectores que se preocupan por el desarrollo humano de El Salvador ¿Aprovechará la oportunidad de convertirse en un Gobierno abierto o se cerrará en su control de las instituciones aislándose de la sociedad civil? La negativa a firmar el Acuerdo de Escazú no ofrece un buen pronóstico, pero en la medida que los problemas se vayan mostrando en su complejidad, el acercamiento a la sociedad civil se vuelve indispensable.