Editoriales y Opiniones

No solo es pertinente, sino también justo hacer algunas consideraciones sobre la inspiración cristiana, ejemplaridad y compromiso con los pobres del P. Rutilio Grande ahora que se ha fijado fecha para su beatificación oficial, junto a la de los dos laicos que lo acompañaban y que también murieron asesinados. En primer lugar, hay que recordar que era amigo de monseñor Romero y que la Compañía de Jesús (en particular los jesuitas de la UCA) acompañó el trabajo apostólico de Rutilio en Aguilares como un tema de renovación pastoral y opción por los pobres. Después de su asesinato, la Universidad defendió y cultivó su memoria. Muchos jesuitas fueron testigos en su proceso de beatificación o contribuyeron con sus reflexiones y escritos a poner en contexto la santidad de este pastor que entregó la vida al servicio de los más sencillos.

A Rutilio le tocó vivir un tiempo difícil. Cuando llegó de párroco a Aguilares , los campesinos de la zona estaban en una situación de aguda pobreza y la protesta y la organización popular comenzaba a crecer mientras el Gobierno daba claros pasos hacia la represión. Los obispos latinoamericanos, reunidos en Medellín, Colombia, habían dicho poco antes: “La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables”. Rutilio, al igual que los laicos que trabajaban con él, era capaz de crear estructuras nuevas de fraternidad y amistad.

El jesuita era de esa clase de persona renovada a la luz del Evangelio, solidaria con los pobres y en búsqueda, junto con ellos, de una sociedad más justa, encaminada hacia la solidaridad y el cambio social. Hablaba con todos, no despreciaba a nadie y tenía la paciencia del que sabe escuchar y descubrir en los otros los anhelos profundos que llevan a una vida fraterna. Quería justicia y paz al tiempo que predicaba con valentía contra todo tipo de injusticia y violencia cometida contra los pobres. Conocía el lenguaje popular y el del Evangelio, y los unía en su modo de expresarse, buscando que la vida de la gente se uniera a la fuerza del mensaje liberador de Jesús. No tenía miedo, porque sabía que estaba en el camino de la vida y disfrutaba del cariño de quienes lo rodeaban. Eso le hacía libre. Lo suficientemente libre para decirle verdades al poder y para que los poderosos lo quisieran matar.

Hoy, cuando la desigualdad domina, cuando la superficialidad y la hipocresía manipulan las responsabilidades del Estado y las ponen al servicio del poder, es esencial recordar y celebrar la existencia de gente como Rutilio Grande. Personas de bien, que hacen de la la solidaridad su opción fundamental en seguimiento a Jesús de Nazaret. Recordar a Rutilio significar hablar de la necesidad de luchar contra la desigualdad, superar todo lenguaje de odio y polarización, e impulsar un desarrollo humano basado en la igual dignidad. Rutilio anima a poner la autenticidad en el servicio, no en la palabrería y la propaganda. Impulsa a enfrentar las estructuras de dominación y exclusión desde la fuerza de la palabra racional y el respeto a las normas básicas de la convivencia fraterna. Rutilio continúa trabajando en la tierra con su ejemplo y su dignidad. La muerte violenta e injusta no lo borró de El Salvador, sino que lo hizo más presente en nuestra historia. A todos nos corresponde continuar con ese trabajo constructor de hermandad y dignidad. Solo así se logrará que el país sea la mesa común de la que él hablaba en sus homilías: una en la que todos participan y donde a nadie le falta el conqué.

Para ocultar la farsa

Editorial UCA

27/08/2021

Las últimas revelaciones de El Faro sobre las negociaciones entre las principales pandillas y el Gobierno para la disminución de los homicidios confirman la profunda hipocresía del actual panorama político. Se señala a los otros, se les humilla, se les acusa de usar el Estado para beneficio propio y de los poderes fácticos. Y al mismo tiempo los acusadores se encargan de desmantelar todo atisbo de independencia, autonomía y transparencia en los poderes del Estado. Usan máscara de honestidad para mentir sin pudor. “Yo lucho contra todos los poderes fácticos que no me dejan gobernar, soy el que cambiará 200 años de historia de desprecio a este pueblo”, afirma el presidente, pero en realidad su gestión está practicando y perfeccionando los peores vicios de la vieja política.

Clamaron contra el nepotismo; ahora defienden el propio. Exhiben la corrupción ajena mientras se emplean a fondo para ocultar la suya. Maldijeron a quienes antes negociaron con las pandillas, pero han pactado con estas para vender como exitoso un plan de seguridad pública que nadie conoce y que muy probablemente no existe. Cínico es quien miente con descaro y defiende y practica de forma abierta algo que merece desaprobación general. Solo un cínico condena en otros algo que él hace. Para garantizar que no se venga abajo la farsa de honestidad y el cinismo quede crudamente al descubierto, se destituyó al fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se acosa al periodismo investigativo, se denigra a quienes ejercen un pensamiento crítico, se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública, se han puesto en reserva por 7 años los gastos de la actual Asamblea Legislativa.

Los tropelías del Gobierno se suceden con tal constancia que ya no sorprenden. Cuando se piensa que se ha visto lo peor, se da otra acción que rebasa la anterior. Con las evidencias que se tiene a la vista, es claro que el derrotero del país no será la democracia ni el bienestar de las mayorías, y que las consecuencias de las decisiones que se han tomando y se están tomando serán gravísimas para todos. Solo pueden decir lo contrario quienes están desinformados o aquejados por prejuicios enfermizos, y aquellos que han hecho de la servidumbre política su estrategia para escalar donde sus talentos no les permiten. Sí, la realidad se terminará imponiendo. Sin embargo, cuando ello pase, la degradación cívica y la ruina serán enseñas patrias.

La realidad económica de El Salvador se caracteriza por una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, por la exclusión de la mayoría de la ciudadanía de los sistemas de previsión social y por altos niveles de pobreza. El sistema económico salvadoreño ha sido incapaz de generar empleo para toda la población económicamente activa y ha obligado a que cerca del 60% tenga que rebuscarse y trabajar por cuenta propia en negocios informales, la mayoría de ellos muy inestables. Esta exclusión y precariedad económica ha expulsado a millones de compatriotas del territorio nacional y ha convertido a las remesas en una de las principales fuentes de ingresos nacionales. Así, la solidaridad de nuestros migrantes ha sido fundamental para mantener a El Salvador a flote.

Esta realidad de pobreza, desempleo y migración que afecta a las mayorías contrasta con las grandes fortunas de un pequeño número de familias, que acaparan la mayor parte de los recursos. Esa tremenda desigualdad conlleva otras muchas desigualdades que excluyen a amplios sectores de los beneficios del desarrollo económico y social. Mientras unos pocos tienen acceso a todas las oportunidades, otros, muchísimos más, son marginados y sobreviven sin trabajo, sin horizontes, sin salidas. En este sentido, el papa Francisco da un importante consejo, que recuerda a monseñor Romero: “Animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: ‘No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos’”.

Con esta sensibilidad social, el papa, que ha renovado en la Iglesia la opción preferencial por los pobres al estilo de Jesús, es claro al afirmar que la economía que impera a nivel mundial, que es también la que impera en El Salvador, es una economía que mata. Como cristianos, nos dice Francisco, estamos en la obligación de transformar esta realidad para que responda al proyecto que Dios tiene para la humanidad, trabajando por una “economía que hace vivir porque comparte, incluye a los pobres y usa las ganancias para crear comunión”. Y al respecto, nos recuerda la profunda vinculación entre una economía excluyente y la violencia social: “Muchos reclaman seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. (...) Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz”.

Pese a su oposición discursiva a todo lo hecho antes de su llegada al poder, Nayib Bukele no ha mostrado ningún interés en transformar el sistema social y económico que mantiene postrado a nuestro país. Sus ideas, varias de ellas muy malas, como hacer del bitcoin una moneda de curso legal, elevar la deuda pública hasta el 100% del producto nacional, despilfarrar millones de dólares en gastos innecesarios y proteger a los corruptos de su Gobierno, no están orientadas a resolver de raíz los problemas estructurales; por el contrario, generarán más pobreza y exclusión social a mediano y largo plazo. Es, pues, necesario construir un modelo económico que sea inclusivo, solidario, que ofrezca verdadera igualdad de oportunidades y permita que todo salvadoreño pueda realizar su proyecto de vida en su propia patria. Esta es la tarea de la sociedad salvadoreña; una tarea que debería ser liderada por quienes nos gobiernan y respaldada por todo ciudadano de buena voluntad. Sin embargo, no se ve interés ni capacidad en los actuales liderazgos, sean políticos, empresariales o sindicales. Y ello nubla aún más el horizonte nacional.

Las comisiones legislativas no son el sitio idóneo para investigar la corrupción. Sus integrantes carecen de los conocimientos, la experiencia y los instrumentos para identificar el delito y deslindar las responsabilidades, de tal manera que los culpables puedan ser sancionados conforme a la ley. Las audiencias realizadas hasta ahora no han revelado nada que la prensa no haya publicado antes. Por tanto, el aporte de los comisionados es nulo. Pierden el tiempo y gastan en naderías un dinero que hace mucha falta. Las comparecencias solo sirven para restregarles públicamente a algunos exfuncionarios la recepción de sobresueldos y de fondos públicos para ciertas organizaciones. No a todos, solo a los que figuran en la lista de Bukele. Por tanto, aunque fuera seria, la investigación es arbitraria.

Los comisionados no tienen datos sólidos para acusar, sino un guion que seguir, facilitado por Casa Presidencial. Por tanto, la investigación es extremadamente subjetiva. Los comisionados pretenden que los acusados se inculpen voluntariamente. Desconocen la presunción de inocencia, porque se trata de vejar a algunos adversarios políticos para que no decaiga la popularidad del régimen. Por tanto, intentar aclarar los hechos o demostrar la inocencia es inútil. La mejor opción es poner en evidencia la ridícula posición de los comisionados, tal como hizo un antiguo dirigente de un partido, que los colocó en una situación incómoda al usar sus mismos argumentos.

La arbitrariedad subjetiva no hace avanzar la verdad, imposibilita la justicia y no repara el daño causado. Los comisionados no convocan a todos los beneficiados con los sobresueldos; en su lista no figuran los funcionarios actuales que los perciben como nombramiento ad honorem. Ni se interesan en todas las organizaciones subsidiadas por el Estado. GANA, el socio de Bukele, y Alba Petróleos, una de sus fuentes de financiamiento, han sido exoneradas. Los nuevos abanderados de la honradez no hace mucho cerraron la posibilidad de someter a escrutinio público los millonarios fondos asignados a la crisis sanitaria. La aprobación expedita del contrato para ampliar la terminal de carga aérea a favor de una multinacional que donó un millón de dólares a GANA es un dato más de la arbitrariedad legislativa.

Si el objetivo fuera erradicar la corrupción, los comisionados, en lugar de jugar a jueces implacables de la integridad, revisarían la estructura salarial del Estado para no recurrir a la partida secreta ni a los nombramientos ad honorem, y regularían mejor los requisitos para asignar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Asimismo, eliminarían, de una vez por todas, la partida secreta y levantaría el secreto impuesto sobre las finanzas y las operaciones gubernamentales. Nada de esto sucederá. La labor de las comisiones no pretende combatir la corrupción, sino complacer al amo que les dio el escaño.

Es indudable que muchos de los exfuncionarios y sus partidos políticos son responsables directos de malversar el dinero público, de evadir impuestos, de tráfico de influencias, de corrupción y de deshonestidad general. Estas han sido, y continúan siendo, prácticas habituales en la gestión gubernamental. Una diferencia importante entre el ayer y el hoy es que ahora el hermetismo es mucho más férreo, porque Bukele presume de rectitud. En cualquier caso, no compete a los diputados investigar estos delitos ni mucho menos acusar; esas son tareas del fiscal general. Sí les compete interpelar a este funcionario para que explique por qué la judicialización de los casos de corrupción, y también de las desapariciones y de los crímenes de guerra, y las condenas son tan pocas. Semanalmente, Hacienda amontona en la oficina del fiscal expedientes sobre evasión de impuestos, sin que hasta ahora haya aumentado de forma sensible el dinero recuperado. Ni siquiera ha podido concluir el peritaje financiero del proceso contra el expresidente Funes y treinta imputados más. Un caso, por otro lado, de sumo interés para el régimen. La evidente ineptitud fiscal obliga a interpelar a su responsable para que explique al país por qué, como ha dicho, no aceptará “entes, comisiones o lo que sea que pretendan suplantar facultades institucionales”.

Las comisiones legislativas no pueden llenar el vacío causado por la inoperancia de Hacienda y del fiscal. Mucho menos cuando la incompetencia es deliberada. Si no, cómo se pueden entender el nombramiento de estos funcionarios. El régimen de Bukele no está interesado en la honestidad, sino en la comparecencia de los presuntos culpables para que, en el mejor estilo de la vieja inquisición, se declaren culpables y así someterlos luego, a modo de penitencia, a la humillación pública.

La corrupción es, en gran medida, la causa del descalabro de la hacienda nacional, de la infraestructura de los servicios sociales, de la desigualdad, de la violencia social y de la inmigración. Sin embargo, el régimen de los Bukele, por la cuenta que le trae, no la erradicará. El hermetismo tras el cual se atrinchera es el argumento más categórico.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Una buena parte de los valores sociales de la época colonial así como de los fallos y limitaciones de la misma pervivieron luego de la independencia. Algunos de los próceres de tendencia ilustrada eran claramente antiesclavistas, partidarios de la educación y la igualdad basada en la ciudadanía, pero no faltaron entre los independentistas personas con intereses económicos o sociales construidos desde la sociedad de castas colonial, personas que seguían creyendo que la sociedad debía manejarse desde la diferencia y la desigualdad. Una prueba es el acta firmada en Guatemala, en la que que se proclama la independencia “para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

En estas fechas, es deber preguntarse cuánto de bueno y cuánto de malo de aquellas épocas se conserva en la actualidad. Lo primero que es posible constatar es que el ansia de independencia, libertad e igualdad se mantiene en grandes sectores de la población centroamericana. Son sobre todo los pobres y los marginados los que ansían una mayor libertad para desarrollar sus propias capacidades y vivir y convivir en dignidad e igualdad. Esto deseos de desarrollo fuerzan a un alto porcentaje de la población a migrar, para buscar en otros países lo que no encuentran en el propio. Si la sociedad que nació de la independencia continuaba siendo clasista, hoy la desigualdad y la discriminación por motivos económicos se han vuelto más patentes y agresivas. La riqueza convive con la pobreza de un modo ostentoso y escandaloso. Las promesas falsas, el autoritarismo, la irresponsabilidad social de los ricos y poderosos continúan siendo un obstáculo para una democracia social y económica que respete plenamente la igual dignidad humana.

La celebración del bicentenario de la independencia no puede ser ocasión para una exaltación gloriosa del pasado ni aprovecharse para multiplicar promesas vacías que solo buscan manipular los deseos de cambio de la gente y reforzar el autoritarismo en beneficio, una vez más, de quienes tienen recursos y poder. José Simeón Cañas proponía en la Asamblea Constituyente de la naciente Centroamérica la abolición de la esclavitud. Hoy existen formas de esclavitud diferentes, expresadas en malos salarios y condiciones laborales de explotación. Y a ello se suma la deficiencia de las instituciones básicas para el desarrollo humano, tanto a nivel personal como social. Los países centroamericanos necesitan transformaciones estructurales que no se agotan en la lucha contra la corrupción.

Transformar la cultura clasista y respetar plenamente la igual dignidad de todo salvadoreño y salvadoreña supone impulsar fuertes cambios en los campos educativos, de salud, fiscal, judicial y gubernamental. Garantizar la libre expresión y el acceso a la información pública, abrirse al diálogo, alcanzar la justicia social a la que obliga la Constitución son tareas en las que, después de 200 años de relativa independencia, aún hay muchas deudas. Pensar El Salvador de un modo distinto es indispensable para no convertirlo en un remedo de país independiente y en un Estado fallido.

“Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”, reza la conocida frase del poeta británico Alexander Pope, que ofrece un camino claro de comportamiento ético y realista. Reconocer que toda persona puede equivocarse implica entender las limitaciones intrínsecas del ser humano y que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Sin embargo, el orgullo, algo también muy propio de la humanidad, lleva a muchos a no aceptar sus errores y a que, por tanto, no rectifiquen sus acciones. Algunos podrán reconocer sus equivocaciones en privado, ante sus círculos más cercanos, pero nunca lo harán públicamente para no dañar la imagen que buscan proyectar. La humildad es la virtud necesaria para rectificar los errores, pero escasea en aquellos que tienen poder o aspiran a tenerlo.

A los ojos de analistas y especialistas en diversas materias, el presidente Bukele, con el apoyo de sus adeptos, ha cometido graves errores que tendrán importantes consecuencias negativas para la población y el país en general en el mediano y largo plazo. Irrespetar de forma continua el Estado de derecho, destruir la institucionalidad democrática, apoyar la violación a los derechos humanos, endeudar el país a niveles que ponen en duda y en riesgo la capacidad nacional de pago, asumir el control del órgano judicial, utilizar el poder estatal para destruir a enemigos personales e institucionales, decretar la inmunidad para los corruptos de su Gobierno, alimentar el odio contra todos los que difieren de sus ideas o las critican, aprobar la Ley Bitcoin, promover una reforma constitucional sin garantías ni controles independientes, generar una crisis en la relación con Estados Unidos son algunos de esos errores graves.

¿Las consecuencias? Pérdida de credibilidad ante la comunidad internacional, retiro de los ahorros, inseguridad jurídica, aumento del riesgo país, disminución de la calidad crediticia, caída estrepitosa de los precios de los bonos estatales y dificultad creciente para obtener financiamiento de corto plazo, entre otras. Estas son razones más que suficientes para reconocer que es urgente un cambio de rumbo y rectificar de inmediato los errores cometidos. Un primer y necesario paso en esta dirección sería abolir la Ley Bitcoin, algo que aportaría tranquilidad y seguridad tanto a los ciudadanos como a las organizaciones financieras internacionales, de las cuales El Salvador requiere ayuda para salir de la crisis económica en la que está inmerso.

Si para la mayoría de las personas es difícil aceptar sus errores, más lo es para quienes ejercen autoridad y tienen puestos de decisión importantes. El orgullo desmedido, la creencia popular de que la autoridad no puede equivocarse y que reconocer los errores es una muestra de debilidad obstaculizan el camino hacia la rectificación. Sin embargo, un gobernante que en verdad desea servir y buscar el bienestar de la población se caracteriza por su humildad y por su capacidad de rectificar cuando se equivoca. En esto Nayib Bukele podría marcar una verdadera diferencia con todos los presidentes que le han precedido. Si en aras del desarrollo del país y el bienestar de la gente reconociera que se ha equivocado y marcara el cambio de rumbo correspondiente, daría un paso real y evidente para desmarcarse de quienes él denomina “los mismos de siempre”. Pero ¿tiene el presidente la capacidad de rectificar?

Algunos piensan que estamos llenos de malas señales, y no les falta razón. Tal vez se equivocan cuando piensan que antes era mucho mejor y que el presente no tiene nada que ver con ese pasado. Pero más que discutir ese tema, es importante continuar observando las señales que indican si avanzamos, estamos estancados o retrocedemos. Y al observarlas, analizar sus posibles interacciones. En este contexto, creo que es bueno reflexionar sobre el derecho a la vida, porque los datos están comenzando a indicarnos un repunte de homicidios y muertes violentas no casual y momentáneo, sino persistente en el tiempo. En efecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA ha lanzado una alerta al documentar un crecimiento en las violencias homicida, feminicida y sexual, y en la desaparición de personas. Si en el primer trimestre de este año habíamos observado ya un leve aumento, en el segundo la tendencia al alza se consolida.

Efectivamente, en 2021, “entre enero y junio se contabilizan un total de 689 víctimas de muertes violentas”, nos dice el Observatorio. Se refleja ahí un aumento de casi cien víctimas mortales sobre el primer semestre de 2020, que registró 596 víctimas mortales. Si además contabilizáramos los cadáveres aparecidos en las fosas de Chalchuapa, la diferencia superaría el centenar. Las autoridades, además, han comenzado a maquillar los datos de homicidios. Sin ninguna razón técnica, los restos de personas asesinadas y encontrados en avanzado estado de descomposición se están catalogando ahora como “osamentas”, no como homicidios. El hecho de que el número de cadáveres enterrados en Chalchuapa haya estado sumido en el silencio oficial o en la negativa a la información durante bastante tiempo refleja ese afán de maquillar los datos.

Mientras esto ocurre con los asesinatos del presente, la misma tendencia al maquillaje se ha comenzado a dar con respecto a los crímenes de la guerra. Mientras en el caso de la masacre en El Mozote existen dificultades claramente impulsadas desde el Estado y otros casos, como el de la masacre en la UCA, sufren parálisis causadas por funcionarios judiciales o fiscales corruptos, la Fiscalía presenta la detención de algunos soldados de base por una pequeña masacre de 1981 como un signo evidente de la buena voluntad y el deseo fiscal de hacer justicia. Recientemente, la Fiscalía ha estado tratando de cooperar lo menos posible en el caso de la matanza de estudiantes de la UES, reclamado por diversas instancias, y tiene engavetados más de 70 casos presentados desde hace años, muchos de ellos con suficientes datos como para al menos iniciar interrogatorios, cuando no acusaciones.

Al comenzar este artículo iniciábamos hablando de malas señales. Y eso son los datos ofrecidos. Si al principio del actual Gobierno pudimos ver, incluso con sorpresa y agrado, un radical descenso de los homicidios y otros crímenes semejantes, hoy los datos nos hablan de un agotamiento de los planes gubernamentales. La no solución de problemas estructurales del país; el empantanamiento en temas tan clave como la educación; la corrupción en la justicia, aumentada tras las destituciones ilegales de magistrados; y la crisis económica y algunas propuestas como la del bitcoin, que ensombrecen más el futuro, están dejando sin aliento las medidas, sean las que fueran, que habían logrado reducir algunos de los crímenes más graves o dar un poco más de esperanza en la solución de casos tanto del presente como del pasado.

Los problemas estructurales y la selección de buenos funcionarios o se abordan como parte de un proyecto común en el que el diálogo y la participación de diversos criterios tiene un alto protagonismo, o simplemente se fracasa a la hora de encontrar soluciones. Y el Gobierno, a pesar de su vasta influencia y peso en la vida nacional, no ha acertado a encontrar caminos eficaces y positivos de diálogo. Y eso repercute en el ánimo de las personas y de los grupos sociales. El odio en las redes, la polarización en la política, la propaganda exagerada y el maquillaje de la realidad producen cansancio, desmoralización y violencia. El aumento de crímenes que creíamos entrarían en un proceso de reducción permanente nos muestra, entre otras cosas, el fracaso gubernamental de lograr acuerdos racionales en muy diversos temas.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Lemus afirma que el actual Gobierno tiene una expansión del gasto más agresiva que los Gobiernos anteriores, pero con deuda pública. Esto trae consecuencias directas para la población, según explica el economista.

El cardenal Rosa Chávez dijo recientemente en una página de noticias del Vaticano que en El Salvador estamos en la actualidad en “una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione” (Vaticannews, 5 de Agosto, 2021). La preocupación por el Estado de Derecho ha sido continua en la Iglesia. Ya en años anteriores nuestro actual arzobispo había hablado de los rasgos de un “estado fallido” que se podía visibilizar en el estado salvadoreño. Y en la primera encíclica social escrita por el Papa León XIII se decía que “los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil”. En otras palabras, se insiste, como después lo hará más directamente Juan XXIII y el propio Concilio Vaticano II, en que el Estado está unido necesariamente a la defensa y protección de los derechos de todos, sin excluir a nadie. Es en definitiva lo que la Iglesia pone como obligación básica del Estado, el bien común, que “abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” (G.S. 74).

En El Salvador hemos tenido una triste tradición de irrespeto a los Derechos Humanos, prácticamente desde la Independencia, heredada de la corrupción y la injusta sociedad de castas impuesta por los 300 años de la colonia. Las esperanzas de desarrollo de nuestro pueblo se ven frustradas con demasiada frecuencia por desigualdades, injusticias, pobreza y violencia, discriminación social y mal funcionamiento de instituciones públicas, desde la educación al sistema judicial, que marginan al más humilde e impiden el desarrollo de las capacidades de las personas. La migración ha sido con frecuencia el resultado de un Estado que, contra su propia Constitución, no ofrece a sus ciudadanos “bienestar económico y justicia social”.

En nuestros días nos toca a los cristianos defender el Estado de Derecho democrático, con la separación de poderes y la institucionalidad abierta a todos. Porque efectivamente, en muchas ocasiones se puede constatar que la institucionalidad es favorablemente parcial con unos y negativa o inútil para otros. Los mensajes de odio, las visiones en blanco y negro, la imposición de medidas y normas sin el debido debate público, la cerrazón de algunas instituciones estatales a debatir o incluso a respetar derechos de personas críticas o de diferente pensamiento, la manipulación de la justicia o la restricción sistemática del acceso a la información pública, son realidades que el cristiano debe contribuir a cambiar desde su compromiso pacífico con el bien común.

El Salvador es un país en el que los lazos familiares son muy fuertes. Basta ver la solidaridad de los migrantes con quienes permanecemos en el país. Pero los lazos de la convivencia social amplia están demasiado dañados por la desconfianza, por la búsqueda de ventajas individuales y por la cultura de la ley del más fuerte y del desprecio del débil. Los cristianos, que en buena parte somos los que hemos construido los valores que mantienen unida y solidaria a la familia incluso en la lejanía, tenemos, en estos tiempos que corren, la responsabilidad de mejorar estos lazos sociales dañados por tantos años de abuso de quienes debían tener como máxima responsabilidad el bien común. Comprometernos con la ética ciudadana, con la defensa de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho, y con la transformación de las estructuras sociales que marginan, descartan o no sirven para el pleno desarrollo de todas las personas y sus capacidades, es hoy una forma también de no entristecer al Espíritu Santo, que decía Pablo en Efesios 4, 30, así como una forma de amor al prójimo, extraordinariamente bien ejemplarizada en la vida de nuestro San Óscar Romero.

Las contradicciones políticas entre lo que se dice y lo que se hace es imperativo ponerlas al descubierto cuando se dan en el ámbito de la legalidad o de la ética democrática. Hacerlo ayuda a desnudar la falsedad del discurso sobre realidades o problemáticas que merecen un abordaje serio, responsable. Y esta tarea cobra más urgencia hoy que muchos funcionarios del Gobierno tienen más interés en reformar la Constitución de la República que en cumplirla. Desde hace 38 años, todo salvadoreño tiene derecho a indemnización por retardo judicial. Pero como no existe la ley secundaria que estipule los montos, el derecho constitucional queda anulado. En otras palabras, aunque en el papel dicho derecho existe, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa, ni los jueces han buscado hacerlo realidad. E igual sucede con los derechos a la justicia social y al bienestar económico, reconocidos en el primer artículo de la Constitución.

El derecho a la presunción de inocencia se vulnera y viola cuando se exhibe a los detenidos y se les trata como culpables antes de ser vencidos en juicio. Además, encarcelarlos hasta que termina el proceso judicial es la norma, pese a que más de un 50% de ellos es finalmente sobreseído o absuelto. La violación de la Constitución es común incluso en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco el Ejecutivo y los diputados tienen reparos en violarla, como quedó de manifiesto en la destitución de la anterior Sala de lo Constitucional. Esta realidad cotidiana debe tenerse en cuenta a la hora de abordar las más de 200 modificaciones constitucionales propuestas por el equipo del vicepresidente de la República. Una de las cosas destacables es que las reformas dejan fuera necesidades urgentes y claras. Por ejemplo, no se elimina el mandato de que la Fiscalía persiga los delitos que se dan en del país y también defienda al Estado en instancias internacionales cuando se le acusa de cometer crímenes, incluidos los de lesa humanidad.

Por otra parte, que las 200 reformas hayan sido formuladas por un reducido grupo es poco democrático, además de irresponsable. Máxime cuando algunos de los miembros de ese grupo han legitimado, por acción u omisión, violaciones de derechos constitucionales. Si a eso se añade el hecho de que la Asamblea Legislativa se limita a cumplir los deseos del Ejecutivo, es muy alta la probabilidad de que el asunto acabe en un adefesio constitucional. Por desgracia, la Constitución nunca ha sido tomada en serio por la mayor parte de la clase política, los jueces y los profesionales del derecho. Y ello explica que muchos ciudadanos hayan perdido el respeto a la Carta Magna, nuestro máximo texto legal de convivencia.

La prioridad en todo país democrático debe ser siempre el cumplimiento de la Constitución. Las reformas propuestas pueden ser convenientes e incluso necesarias, pero que las mismas personas que permanecen indiferentes ante violaciones sistemáticas a la Constitución elaboren, a base de amontonar reformas, una nueva Constitución solo desacredita nuestra democracia, por mucho que planteen el reconocimiento de algunos derechos. Mientras primen las felicitaciones por unas reformas que carecen de autoridad moral, continuará imperando la cultura de impunidad e irresponsabilidad constitucional, apoyada en la ley del más fuerte.