Editoriales y Opiniones

Una de las frases más recordadas de monseñor Romero es la que dijo refiriéndose a la corrupción del sistema judicial “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”. En aquel entonces, ese era un problema en toda Centroamérica. En El Salvador, la situación cambió poco durante la posguerra. Vale recordar el caso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que renunció un par de días antes de terminar sus 9 años en el cargo, a fin de conseguir una prestación económica destinada a jueces de carrera que por razones especiales tuvieran que abandonar su puesto. Se trato de un fraude de ley que, aunque tuvo repercusión mediática, quedó en la impunidad.

Por supuesto, siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema judicial; jueces a los que no les ha quedado de otra que convivir con colegas corruptos. A pesar de la existencia de esos jueces técnicamente buenos y de moralidad notoria, la lentitud del sistema, la indiferencia ante los derechos de las personas con menos recursos y las prácticas reñidas con estándares internacionales de derechos humanos son una plaga entre los operadores de justicia. Hoy en día, cuando desde ámbitos gubernamentales y legislativos se habla de luchar contra la corrupción judicial, se observa un empeoramiento de la situación. Se impuso una Corte Suprema obediente y dependiente de la presidencia de la República; se emiten leyes de reforma judicial que caen en la discriminación por edad, prohibida por una convención ratificada por el país; se premia a jueces interinos, elevándolos a jueces de cámara de segunda instancia, si favorecen con sus sentencias los deseos del poder político; los funcionarios se dan el lujo de desobedecer sentencias judiciales.

Si antes el sistema judicial faltaba flagrantemente a la búsqueda de justicia, ahora además es más dependiente del Ejecutivo, más arbitrario en sus decisiones y más ineficiente a la hora de respetar derechos establecidos por la Constitución y por acuerdos internacionales. El deterioro ha llegado incluso a algo que había desaparecido: justificándolo en acusaciones caprichosas, se lleva a juicio a personas por razones políticas. En otras palabras, después de más de 30 años desde la firma de la paz, de nuevo hay presos políticos en El Salvador.

En general, la corrupción de los sistemas judiciales es causa de graves confrontaciones y problemas sociales. La independencia, eficiencia y rectitud de los jueces es base indispensable para una democracia sana. Muchas de las medidas recientes, impulsadas mediante cambios bruscos e ilegales en la Corte Suprema, y a través de una poco reflexionada e injusta ley de reforma judicial, están llevando al país por derroteros inéditos de arbitrariedad y descomposición.

La sana convivencia social está basada en no dañar de ningún modo al prójimo. Nadie debiera quemar basura, incluso estando en su propia casa, si eso afecta a otras personas o familias. Lo mismo aplica a los tratos entre países. Si llega a arrancar, un proyecto de explotación minera en Guatemala podría causar un gravísimo daño a El Salvador. La mina Cerro Blanco en territorio guatemalteco, propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources, está lista para operar a cielo abierto, es decir, en la modalidad más dañina para el medioambiente y el ser humano. De nada serviría que nuestro país haya prohibido la minería en 2017 si este proyecto y otros similares se ponen en marcha.

La mina está ubicada en Asunción Mita, a unos 14 kilómetros de El Salvador y a unos 90 de la planta potabilizadora Las Pavas, por lo que los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Lempa, nuestra fuente de agua más importante. Cerro Blanco arrojaría aguas contaminadas al río Ostúa, un importante tributario del lago de Güija, que a la vez es la cabecera de la cuenca del Lempa. El Lempa nace en Chiquimula, Guatemala. En su recorrido pasa por territorio hondureño y entra a El Salvador por el departamento de Chalatenango, bordea los departamentos de Cabañas y San Miguel, y desemboca en el océano Pacífico, entre San Vicente y Usulután. Es, con mucho, el más grande y caudaloso del país. Del río Lempa se riegan hortalizas y verduras, se alimenta a miles de familias que viven en las cercanías de su cuenca, genera la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en el país, da agua a casi la mitad de la población de área metropolitana de San Salvador. En pocas palabras, contaminarlo es hipotecar la vida en el país.

La mina Cerro Blanco implicaría no solo la destrucción de ecosistemas en territorio guatemalteco, sino la contaminación con cianuro y drenaje ácido de una de las principales fuentes de vida de El Salvador. Un Estado tiene soberanía sobre su territorio, pero esa soberanía está sujeta a la obligación general de no causar daño al medioambiente de otros países o a zonas allende su jurisdicción, como declara la Declaración de Río de 1992. El principio internacional de la buena vecindad coloca en los Estados la responsabilidad de no dañar el medioambiente; el principio de cooperación internacional contempla la obligación estatal de prohibir actividades dentro de su territorio contrarias a los derechos de otras naciones.

La situación es aún más preocupante porque parece no haber conciencia oficial ni pública sobre el gran peligro que se cierne sobre El Salvador. Que se sepa, no hay iniciativas para frenar el proyecto. Por supuesto, las controversias internacionales relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía diplomática. Los ejemplos abundan. En las riberas del río Nilo viven 160 millones de personas de 10 nacionalidades diferentes. Un tratado entre esos países ha permitido que el agua del Nilo llegue de manera aceptable a todos. Si hay buena voluntad y en el centro de la controversia se pone el derecho humano al agua por sobre el afán de lucro de las empresas mineras extranjeras, saldrá ganando la población y el medio ambiente tanto de Guatemala como de El Salvador.

Se espera que en los próximos días el Gobierno presente a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Hay una razón fundamental que justifica y hace necesaria la reforma: el actual sistema de ahorro privado solo es capaz de otorgar a la mayoría de los trabajadores la pensión mínima, es decir, 304 dólares, independientemente del salario recibido durante la vida laboral. Ello se debe a que al dividir la cantidad ahorrada por cada trabajador entre 240, el número de mensualidades que establece la ley, el resultado es casi siempre menor a la pensión mínima. Sin embargo, hay que señalar que esto beneficia a las personas con los salarios más bajos y perjudica a los que han recibido mejores sueldos.

El problema con las pensiones que ofrece el sistema no se debe únicamente al negocio de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ni se solventará con una administradora pública. Debido a los bajos intereses que actualmente ofrece el mercado de capitales, los sistemas de pensiones como el nuestro, basados en el ahorro privado, requieren de más años de trabajo y de mayores aportaciones o cotizaciones para acumular el capital necesario para ofrecer buenas pensiones. En los sistemas de pensiones basados en el ahorro individual, el monto de la pensión depende de lo que cada cotizante logra acumular con sus aportaciones y de la rentabilidad que esas aportaciones obtienen en el mercado; no depende de nada ni de nadie más.

Para satisfacer la demanda de mejores pensiones, equivalentes al 70% o 75% del salario previo a la jubilación, tal como están pidiendo algunos representantes sindicales, habría que implementar cambios en el sistema actual que tampoco serían del agrado de los trabajadores: (a) incrementar el número de años a cotizar para pensionarse; (b) aumentar el porcentaje de las cotizaciones mensuales; y (c) elevar la edad mínima para jubilarse. Sin embargo, estos cambios, que tendrían un importante impacto en la economía familiar y nacional, generarían otro problema: dejarían sin derecho a pensión a más personas por no tener estas el número de años de cotización requeridos para pensionarse, debido a la precariedad del mercado laboral salvadoreño.

La alternativa es un cambio radical: abandonar el sistema de ahorro privado e implementar un sistema de reparto, basado tanto en los aportes de cada trabajador y su respectivo empleador como en la solidaridad intergeneracional, en la que los trabajadores activos apoyan con sus aportes el pago de las pensiones de los jubilados. Este tipo de sistemas son capaces de ofrecer mejores pensiones y ser sostenibles siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Primero, la persona que recibe pensión debe retirarse, a fin de que su puesto sea ocupado por alguien en edad laboral. Segundo, la edad de jubilación debe estar acorde con la expectativa de vida: a mayor expectativa de vida, mayor edad de jubilación; a menor edad de jubilación, menor la pensión a otorgar. Tercero, el sistema debe ser equitativo para hombres y mujeres, y debe tratar a todos los derechohabientes por igual, sin excepción. Cuarto, los aportes al sistema de pensiones deben ser acordes a las pensiones que se otorguen. Quinto, por cada trabajador pensionado debe haber un número mínimo de trabajadores activos; actualmente, en el caso de El Salvador, se requerirían seis personas trabajando por cada trabajador pensionado. Sexto, el monto de las pensiones debe estar relacionado con los años trabajados. Y séptimo, las pensiones a otorgar deben tener un valor mínimo y uno máximo en función de cálculos actuariales.

Es totalmente imprescindible, además, que el nuevo sistema de pensiones esté blindado, es decir, que los fondos que se aporten al sistema no puedan ser utilizados para nada más que para el pago de pensiones. En este sentido, el patrimonio actual del sistema de pensiones debe ser respetado y debe garantizarse que se destinará únicamente al pago de las pensiones. Asimismo, es esencial que las decisiones sobre las pensiones se tomen con base en argumentos y estudios técnicos, nunca por intereses políticos. Por esto último, tanto los trabajadores como los empleadores y el Gobierno deben estar representados en la instancia que administre el nuevo sistema previsional.

El sistema de pensiones de El Salvador requiere un cambio de raíz si lo que se pretende es responder al derecho de los adultos mayores a una vida digna y garantizar los aspectos fundamentales de un sistema de protección social universal: participación de toda la población económicamente activa, independientemente de si las personas son empleadas o trabajan por cuenta propia, y del rubro de la economía en el que se desempeñan; pensiones dignas tanto para las actuales como para las futuras generaciones; autosostenibilidad del sistema, de modo que el monto total de los ingresos por las cotizaciones sea al menos igual al del total de egresos por pago de pensiones y cualquier otro beneficio que el sistema otorgue. Estos son los retos. De no responderse a ellos, una vez más se quedará en deuda con los trabajadores salvadoreños y se profundizará la inequidad en el país.

Mentir sobre los demás es una forma tradicional de esconder los errores propios. Cuando representantes del Estado acusan a sus críticos, la ciudadanía puede dar por supuesto que algo quieren ocultar. Cuando se desea ver corrupción donde no la hay, lo usual es que quienes acusan estén buscando disimular su propio techo de vidrio. Los ataques a la UCA por parte de políticos de Nuevas Ideas son un claro ejemplo de ese modo de actuar que confía en que el insulto descarado y burdo tape las propias contradicciones. No son los únicos que atacan o han atacado a la Universidad.

En el pasado, los militares llamaban “comunistas” al liderazgo universitario, pensando que de ese modo podía quedar impune el asesinato de Elba y Celina Ramos y los seis jesuitas. Diversos areneros repitieron casi maquinalmente lo mismo durante un buen tiempo. Y no faltaron miembros del FMLN que acusaban a la UCA de un giro conservador cuando se les criticaban sus errores o cuando no se actuaba según sus conveniencias. Pero nada detuvo a la Universidad a la hora de ser fiel a los intereses de las mayorías; ni los veinte años de una Arena injusta, oligarca y ultraconservadora, ni los diez años de un FMLN tibio y muchas veces incapaz de pasar de un hipócrita lenguaje solidario a una acción seriamente comprometida con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia.

Los actuales acusadores de la Universidad José Simeón Cañas piensan que pueden convencer a la población de que todo el mundo se vende. Y mezclan así la corrupción de unos con los insultos calumniosos a otros, creyendo que su estrategia es genial y que el éxito está asegurado a base del manejo intensivo de redes. Sin embargo, su táctica nos les rinde los resultados esperados. La UCA les contesta en un comunicado ofreciendo la verdad de lo que hay: la institución educativa realizó servicios que los Gobiernos no podían hacer y solamente si esos servicios iban encaminados al bien común, de un modo especial en el campo del saber y de la educación. Los que dicen ser distintos actúan como los mismos de siempre: calumnian y se venden a cambio de un puesto en el Estado, ya sea para sí o para sus familiares.

La UCA siempre ha pensado que El Salvador necesita dialogar sobre los problemas que aquejan a las mayorías. Esa actitud le ha costado insultos y ataques, incluso sangre. Pero el diálogo solo se puede entablar sobre el afán de verdad de las partes. La imposición y el gusto por la polarización no permiten establecer la confianza requerida para llegar a acuerdos. Quienes prefieren imponer sus criterios y caprichos rechazan todo lo que no conduce al sometimiento y a la inclinación reverente de la cabeza. En realidad, se acaban haciendo daño a sí mismos, porque, aunque se impongan durante algún tiempo, la mentira nunca es duradera y se revierte contra sus artífices. A diferencia de ellos, y porque cree en el diálogo y en la verdad, la Universidad afirma sin ambages que no tiene nada que esconder.

El arte de conseguir que una sociedad hable de lo que se quiere que se hable es una habilidad estratégica para cualquiera que se encuentra en el poder. Al poder le gusta que la sociedad hable de ciertos temas y que calle otros. Por ejemplo, cuando un periódico digital sacó una publicación que mostró que el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, vendió más de cuarenta mil sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) por un valor de $1,609,087.50, el equipo de comunicación del presidente de la República cambió la descripción del perfil del mandatario a la de “Dictador de El Salvador”. Posteriormente, para asegurar el impacto internacional, la frase fue cambiada a “el dictador más cool del mundo mundial”.

El equipo de comunicación del presidente ha sido hasta el momento muy exitoso. Y buena parte del poder que concentra el grupo de la oligarquía que se ha aliado con el presidente se debe justamente a ese éxito. Sin embargo, un ejercicio ciudadano básico consiste en no seguir el juego de los grupos de poder que intentan definir de qué hablar (el setting, como se conoce en los estudios sobre opinión pública) y cómo hablaremos sobre ello (el framing, es decir el enfoque, las discusiones que tendremos). Mientras el grupo de poder intenta que sigamos su juego, hay varios elefantes entre nosotros de los que es necesario hablar.

¿Qué tal si discutimos colectivamente sobre el aumento de los casos de covid-19 y sobre la decisión de no solo no volver a una cuarentena estricta, sino también de no implementar medidas para reducir la movilidad y las aglomeraciones? ¿Qué es lo que se pierde y qué se gana al volver a un cierre como han hecho la gran mayoría de países avanzados? Incluso se ha tomado la decisión de no suspender las clases, como señaló la Ministra de Educación, a pesar de que en las últimas semanas “murieron 55 educadores, 8 estudiantes, 39 padres y madres de familia y 3 abuelos”. O por ejemplo, para evitar las aglomeraciones se ha decidido no permitir ventas de comida dentro de un estadio que estará a su máxima capacidad para el partido contra México. También podemos discutir los datos que existen sobre la cantidad de personas vacunadas y lo que falta por hacer, revisar cuántas campañas educativas en torno a la vacunación hemos visto y cuáles son los programas de divulgación de ciencia que el Gobierno está impulsando en este momento.

O mejor aun, ¿Por qué no empezamos a debatir sobre el aumento del calentamiento ya no global, sino local y sobre el impacto del uso de combustibles fósiles en el país? ¿Qué planes tenemos para reducir el impacto ambiental en un territorio que, de acuerdo a los expertos, es ya uno de los más afectados por el cambio climático? Podemos hablar entonces de la ley de aguas que fue desechada, del Acuerdo de Escazú que el Gobierno se negó a firmar. De esa noción de progreso que es tan propia de los países subdesarrollados en donde se plantean falsos dilemas: o el progreso que trae el cemento (grandes construcciones, carreteras y viviendas) o el mundo ecológico en donde los seres humanos no tendremos nada. Si nos decidimos por esto podremos discutir sobre cómo el cemento y la noción de progreso es insostenible. Podríamos también discutir sobre cómo El Salvador ha contaminado más del 90% de sus aguas superficiales y cómo en realidad existen formas de convivencia en donde el desarrollo no está reñido con el cuidado de nuestro planeta, de nuestros ríos, de nuestros cielos.

Podemos también discutir quiénes son los otros grupos poderosos que se están beneficiando con este Gobierno. Podemos revisar los permisos que se han otorgado para la construcción del megaproyecto Ciudad Valle del Ángel, o al menos las investigaciones que se han hecho tratando de averiguar la información reservada y discutir por qué este gobierno está beneficiando a la familia Dueñas en detrimento de muchos pobladores de la región. Hablemos también de la cifra récord de salvadoreños que han sido detenidos mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos, 88 mil solo en este año (tres veces más que en 2019) y sobre el aumento de remesas que hace que la economía no colapse aún.

Hablemos de los miles de empleos que se han perdido y sobre las tres mil nuevas plazas que ha creado el gobierno, y que se pagarán con nuestros impuestos. Hablemos de nuestros niños y niñas que siguen sin recibir computadoras. De lo difícil que se ha vuelto ahora confiar en que estamos aprendiendo nuevas competencias y habilidades en un sistema educativo que se maneja a punta de mensajes de Whatsapp.

Hablemos de los desaparecidos, de los asesinados, de los que ya no están por la pandemia. Hablemos de la tristeza que estamos cargando y de la falta de acceso a tratamientos para la salud mental en nuestro país. Hablemos de la falta de medicinas para atender otras enfermedades, de los nuevos peligros que enfrentan nuestros enfermos de cáncer, de problemas renales, de degeneraciones crónicas.

Aunque es importante hablar de dictadores, de pensiones, de las viejas e históricas corrupciones, del bitcóin o de la tercera dosis de vacunas, es más importante que como ciudadanos volvamos a lo que nos inquieta. Lo que nos preocupa tiene rostros concretos y sueños por los que vale la pena luchar. Hablemos sobre ello y dejemos al poder sin conversación. Exijámosle que cambie de prioridades.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 64.

La crisis migratoria en América Latina va en aumento. En México se amontonan cientos de miles de migrantes. Los niños detenidos en recintos prácticamente carcelarios se cuenta por decenas de miles. Los venezolanos salen de su país por millones. A los haitianos los cazan a caballo los gringos. Y decimos “cazar” porque no hay otra palabra para definir la indignidad que nos muestran las fotografías de policías estadounidenses a caballo persiguiendo y capturando haitianos. Si el mundo es de todos, si nos llenamos la boca hablando de la aldea global, los migrantes nos descubren la hipocresía y la falsedad del mundo del bienestar que gusta llamarse a sí mismo “desarrollado”. El mismo mundo de la riqueza que defiende aprovechar las oportunidades y acudir libremente a donde se puede hacer dinero muestra colmillos de perro a los pobres de nuestros países cuando se acercan a sus fronteras, movidos por esas mismas propagandas de la libertad para aprovechar oportunidades. Incluso nosotros, en nuestros países generadores de migración, cuando llegan migrantes de otros países, tenemos la tentación de actuar como los inmorales del norte.

Pero si de inmoralidad se trata, también nosotros tenemos que revisar nuestras cuentas pendientes. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades generadas por estructuras profundamente injustas; la violencia; las políticas irresponsables, autoritarias y polarizantes son las causas de fondo por las que la mayoría de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos huyen de sus países. Nuestra gente deja tierra y amigos, cultura asimilada y tradición festiva para alojarse en un país que nunca los verá como ciudadanos propios, pero que al menos les deja ganar lo suficiente para vivir un poco mejor e incluso ayudar a sus parientes que permanecen en sus pobres patrias rotas. Es impresionante que haya que gastar 11,000 dólares para emprender un viaje de peligros y dificultades con un porcentaje relativamente alto de fracasos. Pero el riesgo de quedarse es todavía mayor para mucha gente, y por eso la sangría poblacional no cesa.

Ante la situación hay dos caminos básicos. El primero es el de la solidaridad con los migrantes. Cristianos que creen en las palabras de Jesús de Nazaret, “Era peregrino y me hospedaron”, no pueden ni deben quedarse indiferentes ante el drama actual. Y más sabiendo que Jesús insiste en que “lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. Personas que creen en la igual dignidad de todos los seres humanos no pueden ni deben cerrar los ojos ante la tragedia. No hablar, no denunciar la hipocresía y la dureza de los países ricos es negar la propia humanidad. Solidarizarnos en todas partes con nuestros hermanos migrantes que huyen de la inhumanidad para caer en otras manos igual o más inhumanas, es imprescindible. Acoger, fomentar la virtud de la hospitalidad, apoyar al caminante en sus procesos resulta un deber ético de primer orden.

El segundo camino, también necesario, es comprometernos con el desarrollo solidario y equitativo de nuestros países, crear una convivencia social justa, construir instituciones realmente al servicio del desarrollo de las capacidades de las personas. Ese es el reto que muchos tenemos como país. La desigualdad, el autoritarismo, la condena a la pobreza que producen nuestras instituciones deben ser combatidos. Que nadie migre por necesidad o por miedo es una tarea pendiente que debemos enfrentar en El Salvador y en Latinoamérica.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Los legisladores están para obedecer, no para pensar, mucho menos para discutir. No discuten los anteproyectos de ley y el trabajo de las comisiones es casi nulo. Aprueban casi toda la legislación con dispensa de trámite, es decir, sin conocimiento ni debate. La comisión del agua se negó a escuchar a la sociedad organizada, que pedía acceso universal a ese bien público vital. Las que dicen investigar la corrupción gubernamental pasada no descubren nada nuevo. Persisten porque sirven bien a la estrategia publicitaria presidencial, que se ensaña con Arena y el FMLN. Los legisladores no representan a quienes los eligieron, sino a Bukele y sus hermanos, que los colocaron en el escaño para dar formalidad jurídica a sus deseos.

La aplanadora oficialista legisla desde la ignorancia. En parte, porque la mayoría no tiene la educación y la experiencia mínima necesarias para desempeñar con solvencia una diputación; en parte, porque no le interesa el pensar y el sentir de sus representados, aun cuando asegura servir al pueblo. Uno de los diputados satélites del oficialismo reconoció públicamente sin vergüenza alguna que desconocía el bitcóin. Sus colegas no deben ser más entendidos, ya que Casa Presidencial, una vez aprobada la ley, solicitó una consultoría externa. Los términos de referencia hablan por sí mismos: beneficios de la criptomoneda; utilización por parte de los funcionarios, los empresarios y la ciudadanía; regulación, promoción, inversión en infraestructura y tecnologías emergentes; y brecha digital. Dicho de otra manera, aprobaron una ley sin saber qué aprobaban.

Otro tanto se observa en la purga de los jueces y los fiscales. Los considerandos de las leyes reformadas aluden a “la modernización” de la judicatura y a la regulación de la carrera fiscal. Poco después, Bukele dio la nota y diputados y funcionarios entonaron la justificación esperada: los mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio fueron depuestos por corruptos. La relación entre la edad o los años de servicio, y la corrupción no ha sido establecida aún. Tampoco por qué algunos de los comprendidos en la purga continuarán en sus puestos, incluido el padre del fiscal general. La incoherencia y la irracionalidad no representan dificultad alguna para unos legisladores que saben bien a quién deben el escaño y para qué lo ocupan.

La práctica de esta legislatura obliga a cuestionar su utilidad. Se podría prescindir de ella, ya que no aporta ni controla. Bastaría con dejar constancia de la mayoría de votos del oficialismo y sus socios, y aplicarla automáticamente a los deseos presidenciales con formato de anteproyecto de ley. Eso supondría un ahorro considerable para la maltrecha economía pública, ya que no habría que pagar salarios y prestaciones por oprimir semanalmente un botón. Pero eso sería contra natura. Los legisladores sirven bien al amo a cambio de las comodidades y los privilegios del funcionario público de alto rango. La práctica legislativa actual no es nueva. Es idéntica a la de los partidos oficiales de los militares, de Arena y del FMLN. En realidad, el autoritarismo no necesita la formalidad institucional.

El oficialismo racionaliza con los resultados electorales su manera de proceder. “Si el pueblo […] otorga el poder para hacer cambios y el pueblo exige esos cambios, sería no menos que una traición no hacerlos”, declara Bukele, muy seguro de sí mismo. Pero se equivoca al suponer, sin fundamento, que el voto es una autorización para introducir “cambios” sin más y que puede dictar cuáles son los cambios convenientes para la ciudadanía. Prueba de ello es el creciente rechazo social a sus cambios. Las tres protestas masivas de septiembre son elocuentes. Manifiestan que el oficialismo no representa a una parte cada vez más significativa de la opinión pública. La reacción no se ha hecho esperar. La cuenta presidencial en Twitter es más irascible y la represión se cierne cada vez más amenazadora. El acoso se ha intensificado y ya utilizaron la primera lata de gas pimienta.

El régimen tolera mal el contraste entre la calle y el espejismo de las redes sociales. Mientras Bukele y los suyos desacreditan la protesta por considerarla comprada con dólares estadounidenses, por abusar de la tercera edad, por acarrear gente, por la ortografía popular, los descontentos ocupan resueltos el espacio público para gritar su frustración, su rechazo y su cólera. Y serían más si la Policía no entorpeciera concurrir a las convocatorias. El señalamiento a la líder de sus asesores venezolanos en la última protesta indica el nivel de la ira popular. Atribuir la protesta a Arena y al FMLN es reconocerles un poder de movilización que estos partidos perdieron hace ya tiempo.

El régimen sobrelleva una perturbadora crisis de representatividad y credibilidad. Su popularidad muestra fracturas que amenazan su estabilidad. Impotente, observa cómo pierde el control de la opinión pública. En el desconcierto, Bukele se ensaña con los chivos expiatorios de siempre y busca nuevas quimeras como el satélite para intentar contener la sangría de popularidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocida como Fodes, fue aprobada en 1988 como fruto de un proceso de concienciación y lucha de los gobiernos locales por la formulación de una política pública que descentralizara el Estado y desburocratizara sus instituciones. La FAO define la descentralización como el proceso de “transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local”. Es decir, transferir fondos a los municipios es transferir, además de recursos económicos, poder. Por eso, la descentralización también transfiere autonomía y, con ella, una gran responsabilidad en los gobiernos locales.

Norman Uphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar, al menos, cuatro objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades; segundo, mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos; tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas de democracia son posibles en lo local; y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad.

Lo anterior permite valorar mejor la decisión de Nayib Bukele de reducir drásticamente la partida presupuestaria del Fodes. Es esta una acción más de su estrategia autocrática de concentrar al máximo el poder. Pese a que la mayoría de alcaldías del país está en manos de Nuevas Ideas y a que la falta de fondos las está ahogando y deslegitimando ante sus electores, Bukele ha decidido transferirles la menor cantidad de dinero posible y, con ello, apostar por el control absoluto, por encima del bienestar de las localidades y del futuro político de los ediles. Mientras en la mayoría de países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en sentido contrario.

En Bukele, el control del poder está ligado a la supuesta posesión de la verdad: el Gobierno sabe lo que necesita el país, conoce las soluciones a sus grandes problemas; por ende, no necesita consultar a nadie ni darle participación a terceros. Además, el presidente está obsesionado con el dinero. Él y los suyos han endeudado a las presentes y futuras generaciones a niveles insospechados, toman como propios los recursos económicos de las carteras del Estado y no ocultan sus ansias de hacerse con el fondo de pensiones. Un hambre de poder y dinero que se conjuga con un rechazo rotundo a cualquier mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Por supuesto, el uso de los fondos dirigidos a los municipios puede y debe fiscalizarse de mejor manera. De hecho, dicha fiscalización era una necesidad ante los abusos y el despilfarro en muchas alcaldías. Pero no se soluciona un problema creando otro peor. La salida no era, no es ni lo será quitar fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo, peor aún si a su cabeza está alguien cuyo único proyecto de desarrollo es él mismo

Octubre ha comenzado con dos días internacionales. El 1 celebrábamos el día del adulto mayor y el 2, el de la no violencia; ambos son días internacionales propuestos por la ONU para ayudarnos a reflexionar. Pero con demasiada frecuencia nos gusta más la pelea del momento que la reflexión. Y así hemos celebrado al revés estos días. El del adulto mayor no se ha celebrado; simplemente se ha ofendido y se ha hecho burla desde el poder a los derechos de los ancianos. Una Asamblea de jóvenes ignorantes y una Corte Suprema dirigida por farsantes del derecho han decidido celebrar el día del adulto mayor jubilando por decreto a los jueces de 60 años de edad en adelante.

Algunos de los jóvenes diputados, con ese estilo de rebeldes neofascistas, se han dedicado no solo a violar una convención de derechos humanos ratificada y, por tanto, vigente y generadora de obligaciones en El Salvador, sino a insultar a los jueces de la tercera edad generalizando la acusación de corrupción. Los jueces de la Corte, por su parte, parecen haber cambiado las credenciales que la Constitución les otorga. En vez de la calificación que la Constitución les exige de instrucción y moralidad notorias, han preferido las palabras que dicho texto dedica a los militares: obedientes y no deliberantes. Pero no a la ley, sino al mandato del amo. Con este estilo de los diputados, tan lleno de desparpajo e ignorancia, solo falta que el Gobierno destroce las pensiones, a las que más de uno en los ámbitos del poder parecen tenerle hambre. Si en los tiempos fuertes de la pandemia se descuidó a los ancianos de los asilos, parece que ahora se quiere ir por el resto, empezando por los jueces.

El día 2 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia, estatuido en recuerdo de Gandhi. Y precisamente en ese día, Amnistía Internacional pidió que en El Salvador cese el abuso policial contra los jóvenes. Seguro que acabarán diciendo que Amnistía Internacional depende de Soros. Pero, ya puestos a celebrar el día, al ministro de Hacienda no se le ha ocurrido nada mejor que presentar un presupuesto nacional dándole a la Fuerza Armada el aumento monetario más grande de estos casi 30 años de paz. Mientras las armas aumentan, continúan las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de jóvenes, y se estancan en la Fiscalía crímenes de grupos de exterminio, como el cometido contra el P. Walter Vázquez hace ya más de tres años.

Más dinero a los militares y menos juicios a los exjefes de Estado Mayor parece el modo de celebrar la paz entre nosotros. Si la no violencia de Gandhi estaba llena de reflexión y de opciones serias de desarrollo humano, algunos de los ideólogos del poder no saben más que destilar acidez en las redes, pensando que el insulto es una forma moderna de libertad de expresión que resulta muy dulce ejercitarla desde el poder, una forma tan moderna como poética de ejercer el servicio público. A los pobres hombres y mujeres que así actúan, Gandhi les debe parecer una pieza de museo.

Celebrar las cosas buenas siempre es educativo. Celebrar a las personas que nos mostraron camino de humanidad en el país es necesario para el desarrollo ético de las nuevas generaciones. A los mayores les debemos la memoria y una buena parte de la identidad de nuestro pueblo. La no violencia activa ha tenido mártires en el país, que han hecho más por el prestigio y el respeto a El Salvador que todas las narrativas de los millonarios, de los amantes de las armas y de los tejedores políticos de sueños y promesas. Cuando lo bueno no se celebra, algo falla en los valores morales de una comunidad. Cuando vemos el cariño con que la gente de bien celebra a sus abuelos, no podemos menos que asustarnos cuando vemos la brutalidad irresponsable e ilegal con la que se despoja de su trabajo a gente honesta, discriminándola por edad.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La baja calidad de la educación pública salvadoreña es un hecho incuestionable desde hace décadas. Varias son las causas, pero en primer lugar debe señalarse el históricamente ba jo presupuesto dedicado al sector. Esto tiene como consecuencia directa escuelas sin las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje; sin bibliotecas, laboratorios o espacios recreativos; sin las herramientas y materiales pedagógicos que una educación de calidad requiere; sin conectividad a Internet; con jornadas educativas presenciales demasiado cortas; con un elevado número de estudiantes y con docentes que deben atender en una misma aula a niños de distintos grados; con salarios insuficientes y desmotivadores que obligan a muchos docentes a realizar dobles jornadas para conseguir el ingreso necesario para una vida más o menos digna.

A la baja inversión hay que sumar la incapacidad de los sucesivos liderazgos que han estado al frente de la educación nacional para ejecutar los planes estratégicos que ellos mismos se han propuesto. Más aún, cada nuevo titular que llega al Ministerio de Educación inicia un nuevo plan, sin contar con nada de lo hecho anteriormente.

Otros aspectos nocivos son la incapacidad de organizar adecuadamente y a nivel nacional el proceso educativo, asignar las direcciones de los centros escolares y formarlas, garantizar que las escuelas cuenten con docentes especializados en cada una de las áreas del conocimiento y tener en cuenta la especificidad del contexto en el que se encuentra cada centro educativo.

Todas estas dificultades se han puesto más claramente de manifiesto con la pandemia de covid-19. Muchas escuelas no han podido retomar las clases presenciales por no contar con cosas tan elementales como agua potable. El coronavirus también ha revelado la falta de formación para la enseñanza en línea, el bajo conocimiento del personal docente en el uso de las tecnologías digitales, la dificultad de la población estudiantil para acceder a ellas (fundamentalmente por la pobreza en la que vive el 40% de la población) y la enorme brecha entre los sectores rurales y urbanos. Asimismo, ha quedado en evidencia el papel crucial de los docentes para mantener la continuidad del aprendizaje y dar apoyo socioemocional a sus alumnos. En este sentido, no cabe más que respaldar a las voces que claman por una mayor capacitación y mejores condiciones docentes.

En este contexto excepcional, es de justicia reconocer la encomiable labor, gran entrega y alta motivación de muchos profesores, que pese a las adversidades y dificultades realizan la misión que se les ha encomendado. Por ello, cobra especial significado el mensaje de Naciones Unidas en el Día Mundial de los Docentes: “Es muy importante reconocer la excepcional dedicación y valor de los docentes, y su capacidad de adaptación e innovación en condiciones muy difíciles e inciertas. Son agentes esenciales en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación y resultan fundamentales para acelerar el progreso hacia una educación inclusiva equitativa y de calidad para todos los alumnos, en cualquier circunstancia”.

La pandemia ha perjudicado la formación de millones de niños y niñas en el mundo; en El Salvador, son miles los niños que han abandonado la escuela y probablemente muchos más los que no han alcanzado el nivel de aprendizaje requerido para el grado que cursan. Para tratar de recuperar la educación, un primer paso es reabrir las escuelas lo antes posible. La experiencia de otros países muestra que ello es posible sin poner en riesgo la vida de los educandos. Pero antes, por supuesto, se deben realizar mejoras en todas las escuelas públicas que lo necesiten. La recuperación de la educación solo podrá realizarse si, además, se trabaja en conjunto con los docentes, dándoles voz y voto en las decisiones que se implementen, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento. Son los docentes los que mejor conocen las necesidades y realidad educativa del país.