Editoriales y Opiniones

Por José María Tojeira, S.J.

Celebramos un año más la santidad de Mons. Romero en el día de su muerte martirial. Y es bueno preguntarnos qué es lo que hace santo a este obispo, tímido y profeta al mismo tiempo, riguroso consigo mismo y libre para anunciar el Evangelio del Reino, que se dirigía espiritualmente con un sacerdote el Opus Dei y se confesaba con un jesuita. Y la respuesta que brota con mayor rapidez es clara: Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado. Y ahí, en la debilidad del infravalorado y marginado, encontraba la fuerza para anunciar y denunciar. Hablaba con todos, trataba de ayudar siempre, soportaba ataques, insultos e incluso la enemistad de algunos (a veces más que algunos) de sus hermanos en el episcopado. Pero su cariño y su preocupación indeclinable eran los pequeños, los marginados y los perseguidos por defender y trabajar en favor de la igual dignidad humana de los hijos e hijas de Dios. Vivía con una enorme sencillez en un asilo de enfermos terminales y disfrutaba sintiéndose acogido y querido por los pobres. Su bondad y su heroicidad nos facilita ponerlo en una hornacina del pasado, como una de las personas que nos recuerda al Jesús que pasó por este mundo “haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo” (Hechos 10, 38). Pero no basta la admiración de una santidad si no se siente al mismo tiempo un fuego interior como el que sentía los apóstoles al interiorizar la resurrección del Señor.

Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado. Y un santo del que recordemos sus glorias pasadas sin que nos inquiete en nuestro presente no deja de ser una especie de adorno personal y, con frecuencia, una muestra de narcisismo institucional. Quienes viven y sufren en la marginalidad y la pobreza, los migrantes menospreciados por su origen o por el color de su piel, las víctimas de las guerras, los saharauis abandonados porque la economía es más importante que las personas, son parte de esa legión de oprimidos que siguen cuestionando nuestras historias personales y sociales. Si no los sentimos inmediatos, si algo no nos llama a hacerlos históricamente significativos, nos alejamos de lo más hondo de nuestra realidad humana: la capacidad de sentirnos fraternos, miembros de la misma especie. Y al olvidar y traicionar nuestra humanidad traicionamos también nuestra fe. De poco nos serviría entonces el recuerdo de aquellos que en el pasado amaron tanto a sus prójimos que pudieron vivir sin que el odio de los violentos, e incluso la muerte, nublara su mirada de profetas.

Mons. Romero nos llama siempre al presente. Así lo entendieron quienes propusieron en la ONU que el 24 de marzo fuera el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2010 la titulación de ese día en honor a Monseñor Romero. Casi podríamos decir que lo canonizó antes que su propia y nuestra Iglesia. Pero tanto a los cristianos como a la ciudadanía humanista nos cuesta demasiado romper la comodidad que nos cuestiona el que sufre. Y ponemos al margen de nuestras mentes a quien la sociedad ha marginado ya antes, de un modo injusto y con frecuencia violento. El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso. Peligroso para el statu quo del dinero, de la egolatría y del poder, y peligroso también para quienes, despertados y urgidos por su recuerdo, tratemos simultáneamente de odiar al mal y amar al enemigo. Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos” (2Cor 8, 9).

La democracia y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. Sin respeto a los derechos humanos, no hay democracia. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en El Salvador? El informe anual “El estado de los derechos humanos en El Salvador” correspondiente al año 2021, presentado recientemente por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, da información clave para responder a la pregunta. El Observatorio ha monitoreado cinco derechos: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.

Ya que en el país la costumbre es medir la violencia por el número de homicidios, lo primero que llama la atención es que las muertes violentas en 2021 (1,211) se redujeron con respecto a 2020 (1,341) en un 9.7%. Sin embargo, esta aparente buena noticia se ve opacada por varias realidades. Una de ellas es el descubrimiento de fosas clandestinas. Hasta la fecha, los reportes de prensa han revelado la localización de cinco fosas con al menos 65 víctimas en total. A lo anterior se suma el alto nivel de desaparición de personas. Según datos de la PNC, en 2021 se registraron 1,830 desapariciones, 19.2% más que en el año 2020, cuando se registraron 1,535 casos.

Un tercer factor que cuestiona la disminución de homicidios es la disparidad en las cifras de las entidades oficiales. Por ejemplo, para 2021, la Policía reporta 1,140 víctimas de homicidios mientras que el Instituto de Medicina Legal, 1,211. Por otra parte, en mayo de 2021, la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios hizo un cambio en su metodología de trabajo, para contabilizar por separado las osamentas encontradas “de datación no determinada”. Para efectos prácticos, esto quiere decir que las osamentas no se cuentan entre los homicidios. Solo entre mayo y diciembre de 2021, el Instituto de Medicina Legal reportó 47 osamentas encontradas.

Estos cuatro factores permiten afirmar que los datos oficiales sobre muertes violentas no son precisos. Además, el informe del Observatorio revela que el resto de indicadores que también miden la violencia aumentaron en 2021. Así, se han incrementado la relación de particulares fallecidos respecto a agentes estatales muertos en contextos de enfrentamientos armados, el número de muertes violentas de mujeres y feminicidios, la cifra de casos de limitación ilegal a la libertad de circulación, la violencia sexual, el porcentaje de personas desaparecidas sin localizar, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer.

En esta crítica situación de los derechos humanos en el país, es especialmente preocupante que todos los indicadores relacionados con la violencia contra las mujeres aumentaran en 2021 con respecto al año anterior. 135 mujeres murieron violentamente en 2021, un 3% más que en 2020. Se perpetraron 80 feminicidios (11% más) y se registraron 3,739 delitos sexuales (15% más), de los cuales más de 3,400 tuvieron como víctimas a mujeres, particularmente niñas de entre 0 y 17 años (el 65% de los casos). Asimismo, de las 1,380 personas desaparecidas en 2021, el 18% fueron niñas menores de 17 años. Los y las jóvenes representan el 44% de las víctimas de homicidios, el 30% de las desapariciones y son más propensos a ser detenidos por la Policía (48% del total de detenciones).

No es simple coincidencia que el deterioro en el respeto a los derechos humanos se dé en un año en que la institucionalidad democrática en El Salvador sufrió un tremendo deterioro. Que en 2021 se haya cercenado la división de poderes a través de la destitución y sustitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, que se haya cooptado las instituciones de control del ejercicio del poder facilita la violación de los derechos de la población. Una muestra. El informe del Observatorio revela el aumento del índice de letalidad policial, que pasó de 1.39 en 2020 a 1.65 en 2021. Este índice es el resultado de dividir el número de personas fallecidas entre la cantidad de personas heridas en enfrentamientos. Lo usual es que haya más heridos que fallecidos. Cuando es así, el índice es inferior a 1. Si el índice es superior a 1, como en el caso de El Salvador en los últimos años, hay más asesinados que heridos, lo que evidencia un uso abusivo de la fuerza letal que irrespeta principios rectores como la proporcionalidad y la necesidad. Para los estudiosos de esta materia, un índice superior a 1 es una clara señal de ejecuciones sumarias.

Que todo el poder esté en manos de una persona o de un reducido grupo implica el quiebre del sistema nacional de protección de los derechos humanos. La falta de independencia de los principales entes de control jurídico hace dudar seriamente de su actuación conforme a derecho. La situación de los derechos humanos está comprometida en El Salvador como comprometida está la democracia. Mientras ello sea así, no se podrá esperar una mejoría, ni siquiera para ejercer el derecho a defender derechos.

El debate sobre el lugar de la memoria en nuestras sociedades tiene consigo un larguísimo espacio de argumentaciones. Cuentan que el pueblo de Israel construía, con piedras, altares en los lugares en donde Dios se había manifestado. El sentido era no olvidar Su paso por la tierra. El altar era el lugar que conmemoraba una manifestación.

Platón hablaba de la posibilidad de reclamar el acontecimiento pasado y de hacerlo actual, como recuerdo. En el momento en que se nos volvía necesario, había que volver a las sensaciones, a las reminiscencias. El francés, Paul Ricoeur, en cambio, preocupado por la fragilidad de los recuerdos, hablaba de la justa memoria, la política de la justa memoria es la que permite luchar frente a las ideologías que nos proponen el olvido.

El olvido es el inicio de muchos totalitarismos. Si una sociedad olvida lo que la militarización y sus abusos ha producido, puede celebrar la reinstalación de nuevas militarizaciones que solo traerán tiempos de oscuridad. Si un colectivo olvida que los derechos no son concesiones de los líderes, sino conquistas y luchas sociales puede perder lo que ha ganado. Si una sociedad olvida que los procesos de corrupción iniciaron con supuestas buenas voluntades de quienes se negaron a rendir cuentas, terminará descubriendo que los manejos poco transparentes no son una prerrogativa exclusiva del pasado, sino seducción muy actual y capaz de desgastar cualquier democracia.

La memoria está al centro de los procesos de aprendizaje. En las organizaciones a esto se le llama gestión del conocimiento. Se trata de construir aprendizajes que nos permitan empezar a caminar donde otros terminaron, con las lecciones y experiencias que las generaciones que nos preceden, sin despreciar lo que esta sabiduría puede aportar. ¿Es posible esa justa memoria en tiempos de redes sociales, posverdad y troles que desinforman constantemente?

Uno de los problemas más grandes de nuestros políticos ha sido despreciar los procesos de memoria y de gestión del conocimiento. Si una de las recomendaciones no fue atendida al finalizar la guerra, fue la de establecer procesos de reparación de la memoria. Fue el gobierno español, y no el salvadoreño, quien en 2020 llevó a cabo un juicio para esclarecer lo sucedido en el caso de la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Fueron las organizaciones de la sociedad civil que permitieron que existiera un monumento a la memoria de las víctimas civiles de la guerra que vivimos. Iniciativas ciudadanas también han sido espacios como el Museo de la Palabra y de la Imagen o el monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote. Todos estos lugares se han vuelto altares donde las víctimas depositan ofrendas, flores, confidencias, rezos. Son espacios para que el dolor se vuelva sereno y sane, pero también para recordar a las nuevas generaciones que hemos tenido dolorosos encuentros con el mal. Experiencias sa(n)gradas que nos han constituido la sociedad que somos, con nuestras heridas y esperanzas.

El filósofo español, Reyes Mate, insistirá en que la memoria es siempre la memoria de las víctimas. Sin embargo, los políticos prefieren siempre pasar la página y empezar de cero. Sin memoria, sin conocimientos, sin víctimas. Una memoria a la medida de las necesidades del partido de turno.

El alzheimer histórico se vuelve uno de los grandes males de este siglo. Una pandemia que no vemos y que, incluso, celebramos en ciertos momentos. Es gracias a esas ligerezas que siempre se nos dice que tenemos al mejor político, al que por primera vez hace, dice, consigue, al único, al mejor, al más grande.

Ante tantos intentos por borrar la historia, ante la posibilidad de la alteración de un altar como el que fue construido en el Mozote, sin consultar a las víctimas y sin darles acceso a un proceso justo; ante los intentos por desmantelar el debido proceso en el caso de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras asesinadas por el ejército solo nos queda desear que nuestros gobernantes recuerden y reciten, como una letanía, esos versos del argentino Juan Gelman, el gran poeta de la memoria:

Y vos, corazoncito que mirás

cada mañana como olvido

no te olvidés de olvidar

el olvido.

Editorial UCA

21/03/2022

La corrupción, individualismo y superficialidad de algunos políticos han generado en muchos salvadoreños una profunda decepción. Valiéndose de ella, Bukele y los suyos lograron el control de la administración del Estado, pero sin tener proyecto ni voluntad de hacer lo que es propio de la política: construir relaciones sociales solidarias y éticas, garantizar y proteger los derechos humanos, brindar un servicio público transparente y respetuoso de las leyes, y fomentar virtudes y valores ciudadanos y humanos. La política así entendida se puede realizar desde diversas posiciones ideológicas, pero siempre y cuando respete la diversidad de opiniones y posturas. La democracia nunca es instrumento de venganza y de aplastamiento de los opositores. Al contrario, donde la hay, funciona aceptando y atendiendo razones, escuchando a quienes presentan dificultades y protegiendo la vida.

No hay nada que indique que el Gobierno de Bukele y sus instituciones satélite tengan una base teórica, conceptual o ideológica. Sin embargo, su tendencia a definir la realidad de la convivencia ciudadana a partir de binomios antagónicos retrotrae a teóricos como Carl Schmitt, pensador que inspiró, al menos en parte, la ideología que llevó al poder a los nazis en Alemania. En contraste, la teoría aristotélica afirma que la fuente de toda convivencia e institucionalidad política ciudadana es la amistad, un sentimiento, nos dice Aristóteles, “que mueve al hombre a preferir la vida en común”. Así, puesto que la amistad es la base de la convivencia, “la comunidad política tiene, ciertamente por objeto la virtud y la felicidad de los individuos y no solo la vida común”. La definición de paz de san Agustín tiene también ese presupuesto humanista de una convivencia ordenada según valores. La Iglesia ha seguido en su enseñanza el concepto humanista de la política ya esbozado, añadiéndole algunos aspectos clave como la búsqueda del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Entre los valores que la Iglesia ve como fundamentales para una vida política sana están la verdad, la justicia y la libertad, vinculadas a la caridad y el amor fraterno. Valores por los que han dado la vida muchos de los mártires salvadoreños.

Desde esta perspectiva humanista, ¿qué decir de la política tal y como se vive hoy en El Salvador? Lo primero es afirmar que muy pocos políticos hacen realmente política. En buena parte, la tarea política en su sentido noble ha sido trasladada a la sociedad civil. Los políticos del Gobierno y de las instituciones de las que este se ha apoderado no dialogan ni aceptan opiniones contrarias a las suyas, por muy justificadas que estén. No hacen política, sino un marketing burdo en el que se mezclan ataques contra quienes les critican, anuncios de regalos paternalistas a los necesitados y promesas con poco fundamento real. Con la arbitrariedad como bandera y el acoso como estrategia básica, la andadura del país se asemeja a la de un barco con rumbo de colisión. Por supuesto, no todo lo que hacen es malo, porque el mal absoluto no existe. Pero se han metido en un camino que profundiza la división y el enfrentamiento. "Democracia", "justicia social", "lucha contra la corrupción", "libertad" son palabras manoseadas y utilizadas por el Gobierno como instrumentos de extorsión, no como herramientas para la construcción de convivencia. Bien haría el liderazgo del país en meditar esta frase de san Agustín, uno de los padres de la cultura occidental: “Así como los amigos adulándonos nos pervierten, así muchas veces los enemigos injuriándonos nos corrigen”.

En marzo conmemoramos a dos salvadoreños que son ejemplo de vida y santidad: san Óscar Romero y el beato Rutilio Grande. Ambos sacerdotes, entregados de lleno a su ministerio pastoral; dos profetas de Dios asesinados por las fuerzas del mal por anunciar el Evangelio, por denunciar la opresión y la injusticia, por decir la verdad y ponerse al lado del pueblo empobrecido y oprimido. Mucho nos enseñan estos dos hombres santos. Nos enseñan que la defensa de los pobres y la denuncia de todo aquello que niega la dignidad humana está en plena coherencia con el seguimiento de Jesús. Precisamente por ello la Iglesia los ha declarado santos. Por tanto, si nuestra fe en Dios no nos cuestiona ni cuestiona el mal que vemos a nuestro alrededor, no nos lleva a preocuparnos por los demás, es posible que sirvamos a un dios que, como dijo Rutilio, “no es el Dios Padre de nuestro hermano y señor Jesús, que nos da su Buen Espíritu para que seamos hermanos por igual, y para que, como seguidores cabales de Jesús, trabajemos por hacer presente aquí y ahora su Reino”.

En este tiempo de crisis que vive El Salvador, en el que la realidad diaria que enfrentan muchos de nuestros compatriotas es dolorosa e injusta sin que se haga nada por cambiarla, san Romero nos recuerda que “mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya ese desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz, y seguirán sucediendo los hechos de violencia y sangre. Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”.

Ante aquellos que promueven el conflicto en el pueblo salvadoreño, que pretenden dividirlo en grupos enfrentados, fomentando el odio hacia los que no piensan como ellos, Rutilio nos dice: “El cristiano no tiene enemigos, sino hermanos, y por más que sean hermanos caínes o Judas que venden a Cristo, no los odiamos. El odio no cabe en un cristiano. Aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que seguir amando y perdonando”. Y agrega: “Un Padre común tenemos, luego todos somos hijos del mismo padre, aunque hayamos nacido del vientre de distintas madres. Luego todos somos hermanos”.

Los gobernantes actuales del país, al igual que los de ayer, no quieren que la Iglesia se pronuncie ante las mentiras, las injusticias, la corrupción, el autoritarismo. Quieren una Iglesia pasiva, sometida, que se queda en sus templos alienada de la realidad. San Romero nos enseña que “la Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social; si callara la Iglesia, sería cómplice con el que [...] margina y duerme [con] un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha [de] ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo”.

Recordar a Rutilio y Romero, quienes sin más recurso que la fuerza del Evangelio hicieron frente a los grandes poderes de este mundo, nos debe inquietar y desafiar como personas, como pueblo y como Iglesia. Su vida y su palabra nos recuerdan el deber de la Iglesia y la sociedad de trabajar para que nuestro país se acerque cada vez más al proyecto de Dios para la humanidad, un proyecto de amor y hermandad, de justicia y de paz, de preferencia y solidaridad para con los marginados y excluidos.

No solo Washington decide “quién es el malo y quién es el bueno y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo”, tal como lamenta Bukele; Moscú y Pekín también lo hacen y, antes, Gran Bretaña y Francia, y todos los imperios. Dictaminar el bien y el mal es competencia de ellos. El mismo Bukele decide quién es bueno y quién es malo, y cuándo alguien deja de ser una u otra cosa. Ejemplo de ello son la justicia que administra y el criterio para designar funcionarios. Los imperios no tienen amigos, sino compañeros de viaje y solo en la medida en que sus intereses coinciden. Es necio y torpe confiar en sus buenas palabras.

La guerra de Ucrania y la crisis del petróleo han acercado a Washington no solo a Caracas, sino también a Teherán. Hábilmente, Caracas ha reaccionado de manera positiva, sin romper con Moscú. El acercamiento le abre a Venezuela la posibilidad de paliar su crisis económica y obtener el reconocimiento de su presidente. Teherán tampoco ha cerrado la puerta. Enredado en sus filias y fobias, Bukele carece de flexibilidad para aprovechar las oportunidades. En el ámbito internacional, la tolerancia y la creatividad son cruciales para mejorar la propia posición. La coyuntura internacional ha convertido al petróleo de Venezuela y de Irán en un bien muy valioso. El Salvador no tiene petróleo, pero, a diferencia de Venezuela, no solo desperdicia las aberturas para avanzar, sino que se enclaustra aún más. Los imperios están para quedarse. En consecuencia, hay que contar con ellos y negociar inteligente y astutamente. Bukele, en cambio, elige mirar hacia adentro. Intenta explotar la crisis mundial para consolidar su posición interna.

En una comparecencia de casi dos horas de palabra atropellada y prolija, atribuyó los males internos a las potencias mundiales y, por consiguiente, se declaró impotente para contener los efectos negativos de la pandemia, de los trastornos experimentados por la producción y la cadena de suministros, de la inflación y de la guerra. Es cierto que el origen de esas crisis está fuera de su control, pero también es verdad que, excepto la última, las demás tienen al menos dos años de castigar a la gente sin que él haya hecho algo para suavizar su impacto. Excepto la pandemia, y solo al comienzo, Bukele se ha desentendido de todas ellas. Solo se ha interesado en el bitcóin. Su posición actual es débil. La gente resiente cada vez más las consecuencias de esas crisis. Tal vez por eso dedicó casi una hora a recorrer los noticieros internacionales que informaron sobre ellas. Quizás dudoso de su credibilidad, no se atrevió a hablar por sí mismo. Bukele asumió el papel de presentador de noticias y convirtió su comparecencia en noticiero de radio y televisión para declararse una víctima más de las potencias.

Si Estados Unidos acudió a Venezuela a causa del petróleo y si la Unión Europea se niega a prescindir del suministro de gas ruso, mucho menos margen de maniobra tiene el presidente de El Salvador. Dicho esto, Bukele anunció once medidas económicas, cuya eficacia es muy relativa. Suprimió algunos impuestos a los derivados del petróleo, liberó de aranceles la import1ación de bienes cuyo arancel ya es cero y pretende controlar los precios de algunos bienes básicos. El farragoso énfasis en el costo de estas medidas le sirvió para subrayar su papel de víctima de circunstancias externas.

Contrario a su liberalismo decimonónico, Bukele insistió en intervenir en el mercado para controlar los precios y contener la inflación. Ordenó desplegar inspectores, policías y soldados en puntos estratégicos y aumentar las sanciones a los rebeldes. A primera vista, convence. Pero la tarea es inasequible, porque no tiene capacidad para intervenir en la economía de esa manera. No lo hizo antes y no lo hará ahora. El despliegue de estos primeros días no es universalizable ni sostenible a mediano plazo. El caos generado a raíz de la captura de un connotado busero y de la confiscación de sus vehículos augura el fracaso del plan. La improvisada operación presidencial y su torpe ejecución han generado más descontento que satisfacción en la población. Endurecer las sanciones es ineficaz, porque no hay agente que identifique a los infractores. Asistimos a acciones demostrativas de una voluntad presidencial que se agota en su demostración.

Al final, Bukele se refugió en el tradicional llamado a la conciencia de la empresa privada para que traslade el beneficio de sus medidas al consumidor, reduzca el margen de ganancia y no se aproveche de la coyuntura. E invitó a su audiencia a hacer un acto de fe para creer que ahora hay mejor educación, salud e infraestructura. Pero los llamados a la conciencia y los actos de fe se estrellan contra el egoísmo y la ambición de dinero, de poder y de fama. La política internacional ha resultado demasiado compleja para un régimen incauto e inculto.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Es evidente que el servicio de transporte público salvadoreño adolece de grandes deficiencias desde hace décadas. En diversas ocasiones y a través de distintos espacios, esta casa de estudios ha insistido en la necesidad de transformarlo para que la población usuaria se movilice en condiciones dignas y seguras. Sin embargo, la urgencia de esa necesidad no avala que se viole el debido proceso, que una orden personal tenga más peso que la ley, que se viole el Estado de derecho con la complicidad de quienes deberían defenderlo. Aplicar la fuerza para dar la impresión de que se está actuando por el interés de la población ante una crisis económica a la que se ha reaccionado tarde, no es más que oportunismo.

Si lo que se le imputa a Catalino Miranda es aumentar el precio del pasaje, por ley corresponde una sanción administrativa, no una penal. Un principio legal fundamental es que “solo son punibles penalmente las conductas que estén expresamente reguladas en el Código Penal”. Por lo tanto, si lo que se le imputa no está contemplado en el Código, aplicar castigo penal es una ilegalidad, un abuso. Además, incluso en el caso de que se despoje de la concesión de un servicio público a una personal natural, eso no da derecho a confiscarle el equipo que usa para brindar ese servicio. Esto es lo que han cuestionado varias voces en este caso; voces que defienden el imperio de la ley, no a una persona o a un grupo determinado.

Esta nueva violación al principio de legalidad refleja, entre otras cosas, la ausencia de planificación que caracteriza al Gobierno de Bukele. La improvisación de los gobernantes siempre termina impactando a la ciudadanía; en este caso, a los usuarios del transporte, a los trabajadores de los buses y a otros socios de la cooperativa. Antes se ha improvisado con las ayudas económicas, con la compra de medicinas inadecuadas, con la construcción de un hospital que terminó reducido a centro de vacunación, con una criptomoneda que la mayoría de la gente rechaza. Se sigue improvisando con el anuncio de megaproyectos inviables por motivos técnicos o económicos. Tarde o temprano, esa falta de planificación se vuelve en contra de las autoridades. En este caso sucedió con gran rapidez: la falta de experiencia y de conocimiento de los motoristas contratados para manejar los buses y microbuses usurpados ha producido un caos que deja al desnudo la incompetencia gubernamental.

Pese al historial de excesos del régimen, sorprende el grado de matonería de la que ha hecho alarde y el sometimiento de los funcionarios de poderes otrora independientes. Por su lado, el gremio de transportistas, hasta hace unos años muy beligerante, se ha limitado a publicar un comunicado bochornoso. El Estado de derecho en el país se sigue hundiendo con la complicidad de los operadores de justicia, con el sometimiento de los gremios a la voluntad personal de Bukele y con el silencio obsequioso de mucha gente que prefiere solo atender lo propio.

Pronunciamiento UCA

14/03/2022

Ante el proceso judicial por la masacre en la UCA, que se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso contra este centro de estudios, la Universidad hace las siguientes consideraciones:

Compromiso permanente con la verdad y la justicia

Desde la década de los setenta, la UCA ha estado comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia en El Salvador, con especial beligerancia ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

A lo largo de más de 40 años, desde el inicio de la guerra hasta la fecha, ha acompañado y defendido a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos. El trabajo realizado por el Idhuca es una de las credenciales de ese compromiso institucional.

Desde su fundación, el Idhuca ha estado al servicio de las víctimas y ha trabajado con ellas en defensa de sus derechos. Fruto de esa labor son los más de ochenta casos de graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante la guerra que fueron investigados y documentados; casos referidos a masacres, torturas y desapariciones forzadas, y cuya responsabilidad recae en la mayoría de los casos en el Estado salvadoreño. Setenta de ellos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su investigación y esclarecimiento, sin que a la fecha se haya realizado alguna gestión.

Asimismo, la UCA, a través del Idhuca, abogó por la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y su derogación, ya que dicha normativa impedía el acceso a la verdad y la justicia en los casos de crímenes cometidos por el Estado y la guerrilla durante el conflicto armado, favoreciendo la impunidad de los perpetradores.

El proceso judicial

Desde que ocurrió la masacre en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes jesuitas, los familiares, la Universidad y la Compañía de Jesús pusieron todo su empeño en que el sistema de justicia salvadoreño asumiera su responsabilidad constitucional de juzgar a los responsables del crimen. La insistencia en que el caso fuera conocido y resuelto en las instancias judiciales nacionales ha respondido a la intención de sentar un precedente que abra las puertas a que otros hechos igualmente execrables sean enjuiciados en el país, y aportar con ello a la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos.

Es conocido que el proceso actual inició en el año 2000, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados, acompañados por la UCA, y que en 2017, luego de la anulación de la ley de amnistía, fue solicitada la reapertura del caso. Pese a ello, este fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal. En 2022, la Sala de lo Constitucional impuesta, a través de un proceso de amparo, ordenó el inicio del proceso judicial.

Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la Universidad ha percibido que existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre. Ello se confirma con el comportamiento de la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, siendo estas —tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999— los familiares de Elba, Celina y los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. A lo que se suma que en el requerimiento presentado por la Fiscalía el 25 de febrero de 2022 ante el juez tercero de paz, aquella afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos.

Por su parte, el juez, a pesar de haber recibido el requerimiento fiscal el 25 de febrero, lo entregó al representante de las víctimas hasta el 8 de marzo. Asimismo, en la resolución de la audiencia inicial se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada, tal como sucedió en el pasado. Parece que la historia se repite.

* * *

Considerando todo lo anterior, la Universidad se mantendrá expectante del desarrollo del proceso judicial y en el momento oportuno decidirá si participa en el mismo como querellante. Las irregularidades observadas hacen temer que este proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación.

La UCA reitera su exigencia de que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas. Demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas, y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre los acusados, las víctimas o los funcionarios judiciales.

Antiguo Cuscatlán, 14 de marzo de 2022.

Proceso

La invasión en Ucrania se ha vuelto la comida del día gracias, en parte, a la extensa cobertura que le han dado los medios de comunicación. Muchas personas y grupos opinan, pero pocas instancias serias han dado una postura sobre ese conflicto, muy probablemente porque es un problema muy complejo, con muchas aristas, que no es fácil comprender, sobre todo cuando se desconoce la historia reciente de la región. Y por si alguien lo ha pensado, no nos referimos al gobierno de El Salvador que por otras razones ha guardado un silencio que huele a varias cosas menos a neutralidad.

El conflicto en Ucrania es complicado como compleja son las dimensiones que hay que tomar en cuenta en el intento de entenderlo. Ucrania es un país formado a partir de raíces lituanas, polacas y zaristas por lo que es un Estado plurinacional con grandes minorías de hablantes de varias lenguas, entre ellas, la rusa. La guerra en Ucrania no comenzó el 24 de febrero con la invasión rusa, como mucha gente cree. No, la crisis actual es el último capítulo de una historia más larga que incluye varios protagonistas y también a más víctimas. Este país de más de 600 mil kilómetros cuadrados y casi 45 millones de habitantes está en guerra interna desde 2014. En 8 años se contabilizan más de 14 mil muertos y 50 mil heridos. Ahora, la dimensión internacional de esta crisis ha saltado a primer plano con la invasión rusa.

Las guerras no son en blanco y negro como frecuentemente nos las pintan: tienen muchas tonalidades de grises. Todas las partes involucradas dicen tener la razón y la verdad, y a veces, en el terreno de la opinión pública, se impone no quien la tenga, sino quien tiene más poderío mediático para que su narrativa sea la que pase a la historia. La desinformación es una poderosa arma de guerra para ganar adeptos. En el caso de Ucrania, mucha gente toma postura a la ligera sin tener mucha información de los no pocos matices que tiene el conflicto. Opiniones apoyan a Ucrania porque las remembranzas de la Guerra Fría los ubican de parte de Estados Unidos, otras por el contrario, apoyan a Rusia y, por consecuencia se oponen a Ucrania. La verdad completa en el conflicto, no la tiene ningún actor y, más importante, la justicia reclamada por todos, parece ser la gran ausente. El autoritarismo del presidente ruso no es desconocido, como tampoco lo es la tendencia histórica de Estados Unidos a imponer sus intereses. En medio queda un presidente ucraniano que, aunque los medios lo revistan con una capa de superhéroe en este conflicto, también tiene razones para no sentirse orgulloso, sobre todo de cara a las poblaciones pluriculturales que conforman a Ucrania y que han sido víctimas de un nacionalismo excluyente.

Sin desconocer la complejidad del conflicto ucraniano, lo que no admite dudas es que toda guerra es una herida en el alma de la humanidad. Es el signo extremo que refleja que la violencia todavía prevalece sobre el diálogo para resolver los conflictos. Cuando las hay, lo seguro es que la guerra nunca es buena para los pobres, ni para los y las trabajadoras. Ninguna razón es buena para justificar una guerra por todas las espinas que trae, como bien sabe el pueblo salvadoreño. La guerra, venga de donde venga, es en sí misma, un crimen, que produce más crímenes. El mundo se rasgó las vestiduras por la invasión rusa y realmente es imposible no conmoverse ante las atrocidades de una guerra, las escenas de inocentes civiles sufriendo, atrapados entre opciones que no son las suyas. Pero en la misma semana que Rusia invadió Ucrania, Arabia Saudita bombardeó Yemen, Israel atacó Siria y al pueblo palestino en Gaza y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Somalia. Pero las escenas de seres humanos de piel más oscura, también sufriendo y muriendo, no han llenado los espacios de los medios de comunicación y la mayoría de gente las desconoce. Igual que es inaceptable la violencia militar ejercida contra la población civil ucraniana lo es también la infligida contra cualquier otra población.

Es lamentable, así como increíble, que a estas alturas de la historia, la humanidad parezca ir en franca involución. Las escenas cotidianas de violencia irracional que se ven en la calles por el tráfico, la inhumanidad exhibida alrededor de los estadios o la misma guerra muestran que una pandemia no fue suficiente para comprender que somos una sola humanidad, en un solo planeta y que, o nos salvamos en racimo, o no sobreviviremos. Es necesario poner todos los medios para asegurar la vida de la gente y para que triunfe la razón y la sensatez. Una persona humanista puede prescindir de apoyar a algún protagonista de la guerra, lo que no puede hacer es no ponerse al servicio de quienes la padecen.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 81.

El pueblo salvadoreño, como el de otros países de Centroamérica, ha vivido o sigue viviendo una desilusión generalizada de la política. La razón es sencilla, los modos de organizar la sociedad y la economía y los partidos políticos que se han turnado en los gobiernos, no han ayudado a resolver los grandes problemas que afectan la vida de millones de personas. Lejos de esto, los gobiernos han administrado el Estado para beneficiar a élites políticas o económicas, empeorando, con su corrupción, las condiciones de vida de la gente. Un elemento que podría resultar positivo de esta situación es que la gente se hartó de ser utilizada para llegar al poder, pero también el descontento generalizado la hizo tierra fértil para el aparecimiento de caudillos, de mesías, de grupos que, con ropaje de ser distintos, obtienen el voto de la población y al llegar al poder, desvelan su verdadero rostro. Comienzan a gobernar con otro proyecto elitista y frecuentemente violando derechos humanos, desmontando la institucionalidad democrática y los mecanismos de participación y contraloría social. Lo que se ha conocido como democracia, no ha resuelto la vida de la mayoría de la gente, y otros proyectos que se presentaron como alternativos, también fracasaron. Honduras y Nicaragua pueden dar fe de lo anterior. Guatemala y El Salvador parece que repiten el libreto. ¿Qué nos queda?

Samuel Moyn, abogado e historiador estadounidense, ha dicho que la última utopía que le queda a la humanidad son los derechos humanos. Como los conocemos, los derechos humanos no nacieron en este tiempo, se erigieron ante la sociedad entera después de las atrocidades de la segunda guerra mundial, se cristalizaron en la conciencia moral de las personas, tanto en Europa como en América Latina, en los años setenta del siglo pasado. Pero han sido reivindicados como causa suprema precisamente por la “desilusión generalizada con formas anteriores y hasta entonces más inspiradoras de idealismo que estaban fracasando”1. Es decir, los derechos humanos aparecieron solo con posteridad al fracaso de otras utopías.

Los derechos humanos son universales, todo el mundo los acepta, aunque del discurso a la realidad haya un abismo. Es más, están en la mayoría de constituciones nacionales, independiente de la ideología y del color político de los gobiernos. Por eso, los derechos humanos se constituyen en uno de los últimos rescoldos que quedan para aspirar a la construcción de un mundo más justo, incluyente y solidario.

Que el respeto de los derechos no sea la carta de presentación de nuestros países, no debería ser motivo para el desánimo, al contrario, debería impulsar el trabajo por su defensa y promoción. El Salvador, desde fines de los años ochenta, ha sido presa del modelo neoliberal que tiene dos grandes víctimas: a las personas, sobre todo a los que tienen menos ingresos, y al medio ambiente. De acuerdo a los especialistas, en el mundo, el mayor logro de esa doctrina ha sido concentrar la riqueza en pocas manos y hacer más grande la desigualdad. El derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, están reconocidos en la Constitución de la República, sin embargo, cada día un promedio de 300 compatriotas salen con rumbo al norte para buscar allá una vida que en su propia tierra se les niega; casi el 80% de las viviendas en donde habitan las familias salvadoreñas carecen de elementos indispensables para sostener la vida., lo que representa el déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo; aproximadamente el 70% de la Población Económicamente Activa no tiene acceso a un empleo formal ni a un salario digno ni a seguridad social. Más de 4 millones de salvadoreños acuden a la red hospitalaria pública que adolece de muchas deficiencias. Y para colmo, las grandes apuestas económicas de los gobernantes actuales son esencialmente neoliberales (bitcóin, bitcóin city, asocios público privados, etc…) La pandemia de covid-19 vino a agudizar esta situación. Golpeó a la economía del país y a la de las familias, aumentó la deserción escolar y fue ocasión para la corrupción, apuntalar el militarismo y violar derechos humanos elementales.

Por eso, luchar por los derechos humanos es un campo propicio para luchar por las aspiraciones humanistas. Cuando un gobierno o un presidente diga que trabaja por el pueblo, hay que cotejar esas palabras con la situación de la gente, con el respeto a sus derechos. Si se viola la libertad de expresión y de prensa, el derecho al trabajo, si no se respetan las leyes, los discursos son falsos. Los derechos humanos son los límites al poder; si un gobierno los viola, pierde legitimidad. Y aunque se violen, continúan siendo la referencia para exigirlos. Los derechos humanos son un gran instrumento de creación de conciencia y un ámbito de lucha para la incidencia social y política. Probablemente no se esté de acuerdo con ideologías o inclinaciones políticas o partidarias, sin embargo, es más fácil coincidir en la necesidad de respetar los derechos de todas las personas. Probablemente haya diferencias en la valoración de un gobierno o de un presidente, pero seguramente habrá mayor sintonía si vemos la realidad y comprobamos cómo se están respetando, o no, los derechos de la gente.

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Referencia

1. Se puede ver a Moyn S. (2014), El Futuro de los Derechos Humanos, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33842.pdf

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 80.