Editoriales y Opiniones

Proceso

“Quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar, todos verán lo que aparenta y pocos lo que es, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría.” [Que no sea así entre nosotros]

Nicolás Maquiavelo

Lo más usual en la gestión de este Gobierno ha sido el establecimiento de la mentira como política pública, es decir, se intenta representar lo irreal con supuestas acciones concretas. Los ejemplos de esto sobran, como la existencia de un ciudad llamada “Surf City” o la “Bitcoin City” y el reiterado discurso de que somos un ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia. La mentira y la creación de ilusiones y/o fantasías no son más que una estrategia de propaganda política que busca que la población evada o escape de la realidad que la golpea. Esta estrategia de escapismo -que usa la propaganda a diario- nos la mostró el mismo presidente en un tuit reciente en el que se pronunció sobre la caída del precio del bitcóin:

"Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio de mercado del bitcóin [la cruda realidad]. Mi consejo: deja de mirar el gráfico y disfruta de la vida [el escape de la realidad]. Si invirtió en BTC, su inversión es segura y su valor crecerá enormemente después del mercado bajista" [el refuerzo de la Ilusión].

La forma más común de escapar de la realidad, cuando esta sale a flote y no se puede ocultar, es trasladar a la población a una situación ilusoria mediante la propaganda gubernamental. La realidad es que el bitcóin es un fracaso en el país, ya que no cumplió con sus objetivos principales: no fue adoptada como moneda de curso legal, el mecanismo de envío de las remesas no cambió y sigue haciéndose de la manera tradicional (sin usar la Chivo Wallet, a través de bancos y otros servicios de envíos de remesas). Además, se estima que, a causa de la devaluación del bitcóin, el país ha perdido alrededor de $60 millones de la inversión que el Gobierno realizó para comprar las criptomonedas. Tampoco nadie rinde cuentas de los millones gastados en implementar el proyecto de la billetera gubernamental, Chivo Wallet, ni de los millones trasladados a la población en concepto de incentivos para que utilizaran la Chivo Wallet.

El mecanismo del Gobierno de Bukele para “escapar” de la realidad ha sido el de ocultar la información importante a la población e ignorar los hechos, por eso Bukele insiste en el “deja de mirar el gráfico”. De esta manera, el presidente escapa de la realidad y presenta luego un mundo irreal “su inversión es segura y su valor crecerá“. La alta popularidad de Bukele se basa precisamente en hacer que la gente “viva” en un mundo de fantasía. Lo peligroso de escapar de la realidad es que conduce a un autoengaño ya que los problemas siguen estando presentes en la realidad y se agudizan con el paso del tiempo. Esto sucede, por ejemplo, con el problema de la migración irregular de salvadoreños hacia los Estados Unidos, que ha crecido desproporcionadamente: los salvadoreños detenidos por la Patrulla Fronteriza de ese país se incrementaron en un año de 50,744 a 67,006. También la muerte, en el mes de mayo, de un migrante salvadoreño y de su hijo de 7 años, al intentar cruzar el río Suchiate (entre Guatemala y México) fueron ignorados por los medios de propaganda de este Gobierno. La realidad es que durante la gestión del presidente Bukele la migración irregular de salvadoreños ha crecido, lo que estaría indicando que la situación económica y la inseguridad en el país siguen expulsando salvadoreños, aunque el gobierno oculte la información.

De igual forma, es habitual en este Gobierno que se busquen justificaciones ficticias para ocultar la realidad. Este ha sido el caso del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo recientemente que "la inflación no es un fenómeno matemático. Es más bien un fenómeno psicológico”. La realidad es que hay una preocupación de la población por el alza de precios de todas las materias primas, especialmente de los precios de la canasta básica de alimentos y se trata de ocultar con una justificación mentirosa.

Presentar lo irreal como verdad es una constante en este Gobierno, por lo que la lucha contra el autoengaño y el escapismo debe ser constante. Aquí es importante que la población busque información confiable para tomar sus propias decisiones y no dejarse llevar por la mentira y el discurso propagandístico.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 94.

Por José M. Tojeira, S.J.

El sábado pasado, 18 de junio, celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Discurso de Odio. Un día cuyos principios, dada nuestra situación como país, deberíamos convertirlos en motivo permanente de reflexión. Porque el odio está presente de muchas maneras en nuestra historia. Está en las redes con una violencia verbal inusitada, está en las formas machistas de tratar a la mujer, está en la violencia y está en muchas de nuestras actitudes, en las que el odio se mezcla con la envidia, con los resentimientos y con diferentes modos de egolatría que nos llevan a creernos superiores a los demás y a romper la dimensión dialogal del ser humano. Preguntarnos sobre los efectos del odio en cada uno de nosotros y en la sociedad resulta necesario tanto para el desarrollo personal como para lograr una convivencia ciudadana en la que el diálogo y la buena voluntad sustituyan a la agresividad estéril. Despreciar, insultar a quien piensa diferente, creerse superior a los demás conduce humanamente al fracaso.

El amor y la benevolencia son actitudes positivas, tanto a nivel personal como social; el odio, en cambio, degenera siempre en actitudes destructivas. A veces es el miedo y la baja autoestima lo que hacen odiar a lo diferente. La envidia es como la salsa en la que el odio se cocina. La soberbia y el orgullo de quienes se sienten satisfechos de sí mismos, como los fariseos del tiempo de Jesús de Nazaret, es también fuente de un odio que tiende a ser de ida y vuelta. Y existe también el odio instrumental, lleno del cinismo de quienes piensan que el insulto y la agresión verbal destruye al enemigo. El odio como parte de un plan político para desacreditar al contrario, sin atender razones ni bajar a un diálogo constructivo entre la diversidad de las ideas, puede en algún momento dar resultados, al igual que la propaganda mentirosa. Pero lleva a la larga al fracaso. Incluso en el campo legal se ha tenido en cuenta el odio como agravante de algunos crímenes. Porque el odio, aunque busque fundamentalmente la destrucción moral de aquel a quien considera enemigo, muchas veces también desemboca en violencia homicida.

En El Salvador, las campañas políticas se han caracterizado por utilizar el odio para desacreditar a los demás competidores. En la actualidad, el odio se ha trasladado a la vida cotidiana de las redes y se ha convertido en un artículo habitual de propaganda política. A la crítica racional se le contesta con insultos, ironías y desprecios, tratando de llevar la discusión al terreno personal. En el fondo, se tiene la confianza puesta en que resultará fácil desacreditar a aquel que después de hacer una crítica racional responde al insulto con otro insulto. Entre dos que se insultan, la debilidad propia del ser humano suele terminar inclinando las simpatías hacia el que tiene más fuerza o mayor poder. Al final, la provocación del poderoso no es más que una estratagema para llevar al débil al campo en el que puede ganar. No al campo de la racionalidad y del diálogo, sino al campo del grito, donde impera siempre quienes tienen más galillo. Y prepara la situación social para que el crimen del fuerte contra el débil, asesinato incluido, pueda parecer normal.

Luchar contra el discurso de odio es una forma de combatir la violencia. Porque la violencia física suele tener su inicio en la violencia verbal. Frenar la violencia en sus comienzos es mucho más eficaz que reprimirla con brutalidad cuando se manifiesta en el terreno de la criminalidad. Enfrentar el discurso de odio en el campo político es recordarnos la realidad básica de la fraternidad universal y de la necesaria solidaridad derivada de ella. Es también construir paz y amistad social. “El odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo también debe ser una tarea de todos”, son palabras para esta fecha del secretario general de la ONU. Escucharlas es bueno para El Salvador.

Según noticias periodísticas, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó recientemente que están tratando de garantizar “en la medida de [sus] posibilidades, los derechos humanos de cada detenido, no obstante que tenemos un régimen que suspende algunas garantías constitucionales". Al igual que las personas, las instituciones tienen posibilidades. Por ello, en principio, la frase podría pasar por cierta. Sin embargo, dado que, por un lado, las posibilidades institucionales son realidades creadas por quienes gestionan el Estado y que, por otro, no toda disposición legal es moral, el ciudadano tiene derecho a evaluar si esas posibilidades son coherentes con la Constitución y los convenios internacionales, y con principios éticos.

Es sabido que el servicio de defensa pública que ofrece la Procuraduría General de la República se caracteriza por su falta de calidad e insuficiencia. Este no es un problema reciente, sino uno que viene arrastrándose desde hace muchos años. La defensa pública de la gente pobre acusada de algún delito nunca ha sido un asunto importante para los políticos. Hoy la situación se torna más grave con la detención de miles de personas. Si antes del estado de excepción la Procuraduría no cumplía con las necesidades de defensa de los ciudadanos sin recursos, la contratación de 60 o 70 nuevos defensores no resolverá la situación de más de 30 mil personas detenidas. En este sentido, decir que se garantizan los derechos según las posibilidades institucionales es una frase vacía. La realidad nos dice que se están violando derechos básicos de forma masiva.

Aludir al régimen legal que suspende algunas garantías tampoco aclara nada. Suspender el inciso segundo del artículo 12 de la Constitución no anula la presunción de inocencia ni la garantía fundamental de acceso a la defensa. Sin embargo, en la práctica se condena a las personas, sin escucharlas ni darles oportunidad de una mínima defensa, a quedar privadas de libertad durante un tiempo largo. Se presume la culpabilidad sin una investigación previa y se arrojan por la borda diversos tratados internacionales ratificados por El Salvador. Los derechos humanos, además, no dependen de las posibilidades estatales. En sus aspectos fundamentales, son obligatorios, toda persona debe gozar de ellos. Suspender algunas garantías constitucionales no puede convertirse en fundamento de la arbitrariedad, el abuso o la violación sistemática de los derechos humanos.

De la mayoría de diputados no cabe esperar mayor conocimiento sobre el sistema internacional de los derechos humanos. Pero el fiscal general debería saber con claridad que la ausencia de la garantía de la defensa está considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una de las excepciones para el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. La consideración sobre la situación concreta del país no excluye de responsabilidad. Si las posibilidades institucionales son escasas, la responsabilidad tanto del legislador como del juzgador es crearlas. Anular el respeto a los derechos fundamentales siempre será, además de inmoral, algo censurable y digno de persecución legal.

Editorial UCA

Uno de los efectos de la pandemia fue la paralización de la cadena logística mundial, lo que provocó escasez de productos y un incremento de los precios a nivel planetario. Con el fin de la época de los confinamientos que obligó a disminuir la actividad económica, en el cuarto trimestre de 2020 inició la recuperación económica, la cual incrementó la demanda de materias primas y de energía. Ello también impulsó al alza los precios del petróleo y sus derivados.

La guerra de Rusia contra Ucrania, y la consecuente desestabilización global, así como la previsión de que el conflicto será largo y generará escasez de cereales, metales y petróleo —de los que ambos países son importantes productores— han provocado un nuevo incremento en los precios de los alimentos y de las materias primas. Uno de los productos que ha incrementado significativamente su valor es el petróleo, volviendo a sus precios históricos más elevados: por encima de los cien dólares por barril, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008.

La conjunción de todos estos factores está impulsando un aumento acelerado de la inflación. Por supuesto, de este escenario no escapa El Salvador, sobre todo por su gran dependencia de la importación de productos (según la Cepal, el país importa el 80% de lo que consume) y por su gran vulnerabilidad ante dinámicas económicas externas. Es así como después de más de una década de estabilidad en los precios, en el último año y medio se ha dado un incremento que golpea con dureza a la economía familiar, especialmente a los hogares con menores ingresos.

Según datos del Banco Central de Reserva al mes de mayo, la inflación en el último año es superior al 7%. Por su parte, la Digestyc señala que en marzo de este año la canasta básica alimentaria había incrementado su precio un 10% con respecto a marzo de 2021. La Cepal señala que esta crisis mundial supondrá un aumento y profundización de la pobreza en todos los países de América Latina; para el nuestro, prevé que la población en situación de pobreza crezca entre 1% y 2%, lo que significa que entre 6 mil 500 y 13 mil personas pasarán a formar parte de la población pobre.

Por las características de su economía, a El Salvador le es muy difícil combatir las consecuencias de esta crisis. Durante muchos años se ha privilegiado e impulsados los sectores comercio y servicios, en detrimento de la producción. La producción agrícola más industrializada se ha concentrado en el azúcar, descuidando la generación de alimentos y su diversificación. Por otro lado, la mayor fuente de divisas, las remesas, también está siendo afectada: su crecimiento es menor en relación al año pasado.

Con todo, esta crisis representa una oportunidad para reconducir la maltrecha economía nacional, dejar a un lado las aventuras de alto riesgo, que hasta la fecha solamente han traído mayor vulnerabilidad, y poner en marcha las estrategias que recomienda la Cepal para las economías de los países latinoamericanos. Para el organismo, lo primero y más inmediato es atender a los más vulnerables y asegurar su alimentación. En segundo lugar, se debe impulsar políticas que fomenten la producción agrícola e industrial, apoyando especialmente a la producción agropecuaria y de fertilizantes. También es imprescindible una política fiscal progresiva que promueva el desarrollo al dotar al Estado de los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad. Recursos que deben ser utilizados de forma eficaz y con transparencia, lejos de la actual opacidad y despilfarro que desincentiva a los contribuyentes.

A juicio de la Cepal, es urgente que América Latina enfrente unida la crisis. Este llamado debe hacer reflexionar al Gobierno de El Salvador, tan dado a aislarse. Hasta la fecha, no se ha visto ningún interés en la actual administración por fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los países latinoamericanos, a excepción de los tibios apretones de mano con México. Negar la crisis no ayuda a salir bien parados de ella; reconocerla y ponerse a trabajar para superarla es la única apuesta razonable.

“Quien nada debe, nada teme” reza un mantra de los devotos del oficialismo para convencerse de que no caerán víctimas de la excepción y para justificarla. Pero hay razones para temer, y mucho, porque la excepción no persigue criminales, sino lo que al soldado o al policía de turno se le antoja. Capturan por las apariencias, para llenar una cuota impuesta o por una denuncia anónima que ajusta cuentas. Una vez ingresado en las cárceles de Bukele, es extremadamente difícil salir con vida de ellas. La liberación es tan errática como el ingreso.

Residir en una zona controlada por la pandilla convierte automáticamente, sobre todo a los jóvenes, en terrorista o en cómplice de terrorista. Los criterios para detener, torturar y humillar son exhibir un tatuaje de las pandillas o parecer pandillero, y colaborar con ellas, bien como “colaborador necesario” o como “colaborador con la intención de serlo”. Según estos criterios, enunciados por el responsable de la seguridad, cualquiera, en cualquier lugar, por cualquier motivo puede ser capturado por el régimen. La vaguedad de los criterios deja a la ciudadanía a merced del capricho de soldados y policías. La ligereza con la que el ministro se desentiende de la creciente cantidad de fallecidos en las cárceles es también pasmosa y alarmante. Esas muertes, que frivoliza como “evento trágico”, son, según él, normales: “siempre hay muertes dentro de los penales, en cualquier sistema penitenciario”, debido a una “desnutrición o deshidratación anterior” a la detención. En definitiva, el ministro apela crípticamente a “ese andamiaje con el gabinete de seguridad”.

En los portones de las cárceles de los Bukele se adivina la amenazadora inscripción que Dante leyó al entrar en el infierno: “Oh, los que entran, dejen toda esperanza”. Los jueces rechazan sin mayor consideración las pruebas de descargo de los detenidos. Solo validan las actas policiales con las declaraciones de los captores, que relacionan a los capturados con actividades sospechosas o criminales, y de testigos de oídas. Los jueces prevarican por miedo a la destitución o al traslado a un juzgado remoto. Los retorcidos argumentos con los que sentencian de un plumazo a seis meses de cárcel a decenas de acusados dejan entrever su mala conciencia. Los defensores, públicos y privados, son impotentes ante “las órdenes superiores”.

La posibilidad de salir con vida de estas cárceles es muy remota. Hasta ahora, el régimen habría liberado a unos 170 detenidos de un total superior a los treinta mil. Unos cuantos han salido gracias a la intervención de un alto funcionario del régimen o por la presión de las redes sociales. No hay amparo judicial que valga, sino la voluntad soberana de Bukele y sus carceleros. Así, pues, la esperanza de quienes entran en sus prisiones, muchos sin deber nada, queda fuera.

Si hace dos meses el régimen de los Bukele necesitaba de una tasa baja de homicidios para proyectar la imagen de una seguridad ciudadana confiable, ahora aduce la cantidad de detenidos. El régimen instrumentaliza a los detenidos de la misma manera que antes lo hizo con los homicidios. Las dos fases tienen en común la violación sistemática de los derechos humanos y la mentira consuetudinaria. La seguridad de la ciudadanía no es la prioridad, sino la necesidad apremiante de pasar cuanto antes la página de la tregua fallida con las pandillas. La represión y el terror no son más que una artimaña bien urdida para olvidarla. Primero es la seguridad presidencial y luego, a mucha distancia, el bienestar social y el bien común.

La revelación del pacto con las pandillas y de su fracaso puso en entredicho la credibilidad del régimen. La posesión y el ejercicio del poder absoluto no son tan sólidos como quisiera. La posibilidad del colapso es real. Por lo general, los Gobiernos experimentan crisis, pero sus jefes las suelen superar con habilidad política y concesiones, cualidades gubernativas que le han sido negadas a Bukele. Al igual que las pandillas, optó por la violencia y el terror. La “guerra contra las pandillas” no es más que un pulso entre dos fuerzas violentas y destructivas.

La violencia y sus enormes costos humanos y materiales desautorizan las lindezas expresadas por la ministra del exterior en la Cumbre de las Américas. Sin inmutarse, la funcionaria dijo que Bukele impulsa “un proceso de transformación en cuanto al enfoque de gobernanza a partir de un Estado de bienestar, que privilegia al más vulnerable y a la persona humana y al bien común sobre todo”. La desfachatez con la que los funcionarios de Bukele mienten es pavorosa. Confiar ciegamente en la buena conciencia y en la propia inocencia es temerario. Nadie está libre de los caprichos del soberano, presto a mentir para disimular sus atrocidades.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Si se compara lo que se vive en la actualidad con lo que acaecía en los tiempos de la guerra civil, no queda más que concluir que muchas lecciones del conflicto fratricida, demasiadas, han caído en saco roto. Durante la guerra, el país se polarizó; la neutralidad era casi imposible. Y la polarización condujo a la barbarie. Diversos estudios revelan que las guerras civiles, por su naturaleza, suelen ser más cruentas que los conflictos entre países y tienen un contenido ideológico más fuerte. La polarización de la guerra se cobró muchas vidas humanas. Hoy en día, la polarización se atiza desde las más altas esferas del Gobierno, dividiendo a la sociedad salvadoreña en dos bandos: los que apoyan al Ejecutivo y los que no. Quien es crítico o se abstiene de adular al poder queda incluido en la lista de los que quieren el mal para el país. El discurso de odio se utiliza como estrategia política para construir un imaginado enemigo común. No hay alternativa, no hay lugar para el pensamiento independiente.

Al principio de la guerra se implementó la política de tierra arrasada, una táctica militar cuyo objetivo era destruir todo lo que podía ser de utilidad al bando contrario, bajo la lógica de quitarle el agua al pez. El pez era la insurgencia; el agua, la población civil y sus medios de vida. En nombre del combate al enemigo se perpetraron en esa época horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la masacre en El Mozote. Hoy, al igual que entonces, se aplica una especie de tierra arrasada. Ante la aparente ruptura del acuerdo con las maras y ante la imposibilidad de aplicar inteligencia e investigación para la persecución y captura de los pandilleros, se ha optado por sacrificar poblaciones estigmatizadas. Durante el estado de excepción se ha capturado a cientos de personas inocentes. Como hace 40 años, madres, esposas, esposos, hijos e hijas preguntan por el paradero de sus familiares. Los operadores de justicia solo escuchan los designios de Casa Presidencial; la tendencia es no dejar salir a nadie. El Ejecutivo ha hecho del combate a las pandillas la fuente principal de su discurso y de su popularidad; todo lo demás es solo un medio para ese fin. Como en los tiempos de la guerra, una llamada anónima o un señalamiento infundado son suficientes para proceder a la detención sin investigación y sin derecho a la defensa.

También durante la guerra civil, como en todo conflicto bélico, se manipulaba la información y se implementaba una guerra psicológica. El tiempo ha desvelado cómo trabajaba la maquinaria de fabricar mentiras en aquellos tiempos. En la actualidad, se implementa una estrategia mediática que manipula los datos y desinforma, creando con éxito un relato que solo responde a la versión del presidente sobre la realidad; una versión reduccionista, simplista, maniquea. Ignacio Ellacuría decía que “mientras la guerra dure, la única manera de salvar vidas es defender los derechos humanos”. Y hacer eso en aquel contexto era difícil y peligroso, pero las barbaries que en ese momento se cometieron con total impunidad hoy se entienden como crímenes de lesa humanidad. Aunque no sea popular, aunque implique sufrir represalias, acusaciones y calumnias, se debe seguir defendiendo los derechos humanos, todos los derechos, de toda persona.

Por José M. Tojeira, S.J.

Con frecuencia, especialmente a la hora de evaluar un Gobierno, solemos hablar de desarrollo. Se le da un peso de primera magnitud a la economía, al desarrollo social y a valores democráticos. Pero se olvidan o marginan valores más individuales o que tienen algún matiz religioso. La actitud pacífica y dialogante ante el conflicto no se valora con tanta intensidad como la agresividad y el contenido incisivo de los ataques. La misericordia tampoco es de los valores más frecuentados. Y aunque es común hablar de solidaridad, la generosidad tampoco está en la cima de las actitudes más promocionadas. El cuidado de la individualidad suele sustituir a la preocupación por el prójimo. El triunfo personal, el éxito y la competitividad se aprecian más que la constancia y la fidelidad a las obligaciones simples del cada día. Se cultiva la imagen más que el servicio. Se busca más parecer bueno que serlo.

¿Sirven estas actitudes y modos de vida para el desarrollo? Solo en parte. Sirven, en efecto, para el desarrollo individual. Sin embargo, en una sociedad donde las oportunidades son desiguales, las actitudes mencionadas suelen provocar una desarrollo desigual, e incluso en ocasiones ponen a grupos contra minorías. Es increíble ver cómo el éxito de algunos líderes tuvo la capacidad de trastocar las actitudes éticas de grandes multitudes. El éxito de Hitler o de Mussolini con sus discursos radicales, sus puestas en escena adornadas hasta decir basta con signos y banderas, despertaba entusiasmo no solo en sus propios países, sino en sectores importantes de la burguesía latinoamericana y, especialmente, en los militares. Las payasadas del expresidente Trump encandilaron y enseñaron numerosos trucos políticos a algunos líderes de nuestros países. Pero estas fascinaciones nunca terminan produciendo un desarrollo armónico. Al contrario, con frecuencia terminan en tragedia.

Desde los escritos de Maquiavelo, la política ha tendido a prescindir de la ética para asegurar la permanencia en el poder. La verdad sucumbe, al menos durante un tiempo, ante la imagen de dictadores, autócratas o líderes expertos en prometer rapidez y soluciones inmediatas. La mezcla de autoritarismo con individualismo, de riqueza de unos con pobreza de otros, de consumismo con apariencia y de imagen con falsedad, conduce siempre hacia el fracaso humano. Nuestra condición de seres sociales y empáticos no puede sustituirse por simples características gregarias dirigidas por los “machos alfa” de la economía o de la política. El desarrollo humano debe incluir siempre, además de la razón y la verdad, el crecimiento y afianzamiento de sentimientos profundos de humanidad. Las artes, la literatura y la religión nos ayudan a ser más humanos. Si destruimos los sentimientos de confianza, amistad social y cercanía humana frente al sufrimiento, lo que cosecharemos será inhumanidad.

Una de las personas que impulsa el desarrollo humano a partir del desarrollo de las capacidades innatas de las personas insistía recientemente en que “nos equivocamos muy a menudo cuando permitimos que los pensamientos negativos que tenemos genéticamente arraigados en nuestra mente se apoderen de nuestra voluntad y nos hagan creer que el dolor del culpable erradicará nuestro dolor, o que la muerte compensará el asesinato”. La tendencia a querer superar el conflicto con la derrota o, al menos, el daño del adversario rompe las posibilidades de la amistad social y genera ciclos de violencia. Solamente la opción por crecer en humanidad produce realmente desarrollo humano. El sabio respeto a los derechos humanos de parte del Estado no solo crea confianza en la institucionalidad, sino que refuerza la capacidad de establecer lazos de amistad y de confianza en la sociedad. Lo contrario lleva inevitablemente a convertirnos en lobos para las otras personas.

Editorial UCA

Las reformas legales que permiten el establecimiento de jueces sin rostro y que el juicio se lleve a cabo en ausencia del acusado deterioran aún más un sistema judicial que nunca fue decente, pero que había dado algunos pasos importantes hacia la independencia y la calidad profesional. El deterioro comenzó con el control inconstitucional de la Sala de lo Constitucional y continuó con una ley de la carrera judicial claramente irregular e incoherente con convenios internacionales debidamente ratificados; una ley que discriminó por edad y retiró a los jueces de 60 o más años de edad. A esto se sumó la potestad de la Corte Suprema de Justicia de trasladar, de un modo caprichoso y arbitrario, a los jueces de segunda instancia, e incluso rebajar sus funciones. En estos tiempos de estado de excepción, la presión y el miedo hace que los jueces pasen a instrucción a grupos de hasta 300 personas, desprovistas de defensa real y sin más indicios de culpabilidad que la existencia de tatuajes o la simple sospecha policial. Aunque hay jueces decentes y honorables, la presión mediática, la indefensión de los acusados y la contratación masiva de nuevos jueces obedientes al Ejecutivo están arrasando con la independencia judicial y con estándares elementales de justicia y de derechos humanos.

La mayoría de veces, los procedimientos tanto de detención como de enjuiciamiento son irregulares e incumplen la normativa vigente. La impunidad de los jueces, mientras le den gusto a Casa Presidencial, se ha vuelto absoluta. En la práctica, el prevaricato y otras formas de violar la legislación vigente han dejado de existir como delito. Los derechos de los acusados quedan casi siempre severamente dañados. Las instituciones internacionales a las que el país les debe respeto y obediencia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecen de relevancia ante jueces partidarios del poder arbitrario de las autoridades nacionales. No importa que la Corte Interamericana haya dicho en una sentencia que “los juicios ante jueces sin rostro o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”. El hecho de que dicha Convención haya sido ratificada por El Salvador y forme parte de la legislación nacional, incluso por encima de las leyes secundarias del país, les tiene sin cuidado a quienes han decidido convertir al poder judicial en uno de los brazos opresivos del Ejecutivo.

Para colmo de males, el Gobierno desarrolla una campaña que anima a denunciar anónimamente a presuntos “terroristas”. El denunciante no es necesario que se identifique ni, por supuesto, es llamado posteriormente como testigo. Basta denunciar para que la Policía detenga y la Fiscalía acuse del delito de asociaciones ilícitas. Si el caso pasa a fase de instrucción, como es hoy lo común, el acusado puede pasar en torno a dos años encarcelado para ser puesto después en libertad, si es que hay suerte. La venganza calumniosa, la mentira envidiosa o el simple afán de hacer daño a otros cobra cuerpo gracias a este mecanismo de denuncia anónima. La figura de jueces sin rostro facilita la arbitrariedad, la injusticia y la impunidad. Defender los derechos humanos es hoy una tarea urgente. No se trata de no perseguir el crimen, sino de garantizar el respeto a los derechos de todos.

Proceso

10/06/2022

Al cabo de tres años de gobierno de Nayib Bukele, han salido a luz una amplia cantidad de análisis y comentarios críticos de un proceso político que, iniciado desde el voto democrático, ha ido evolucionando hacia la negación e incluso destrucción de algunos principios democráticos básicos. La guerra contra las maras y el régimen de excepción se pueden ver como símbolo de este proceso iniciado hace tres años, en el que el Estado de Derecho ha sido sustituido por una tendencia al control estatal del Poder Ejecutivo y a la arbitrariedad. Se establecen diálogos, pactos y preferencias en favor del gran capital, al que no se toca de ninguna manera, a cambio de dejar la política en manos del líder y su grupo. Se implementan medidas autoritarias que simultáneamente faciliten el control del Estado por parte del Ejecutivo para dar la apariencia de eficacia social. Se prescinde de garantías y convenios ratificados de Derechos Humanos, sin mayor preocupación por los golpes que puedan sufrir los más débiles, mientras se procura no golpear a quienes tienen la capacidad de incidir en las redes sociales o convertirse en símbolos de represión gubernamental. Por supuesto eso no quiere decir que a opositores incómodos no se les ataque o que no se trate de silenciarlos a través de un lenguaje de odio ampliamente distribuido en las redes. Se cuidan de no convertir en mártires a nadie, pero tratan de destruirlos moralmente desde la inmoralidad del insulto.

Se aprovechan los errores de los gobiernos anteriores para detener ilegalmente a personalidades del pasado inmediato, buscando más que hacer justicia, destrozar sus posibilidades de liderazgo social, humillarlos y vencerlos. Se les acusa de corrupción y, cuando la permanencia en la cárcel comienza a sonar a persecución política y existencia de presos políticos, se condiciona su salida de prisión a aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado. Destruir a los partidos tradicionales, aunque muchos de sus antiguos militantes engorden ahora con su servicio al nuevo régimen, se convierte en un objetivo sin duda ligado a ansias de permanencia en el poder. Se cometen errores graves que en vez de ser aceptados y corregidos se mantienen como si hubieran sido medidas inteligentes. En economía se mantiene como buena la oscura y ruinosa adopción del bitcoin como moneda, así como la tan rápida como poco transparente gestión del endeudamiento.

En el sistema judicial se golpea duramente la independencia de los jueces con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, y se establece una tendencia a instaurar formas de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Se impone a magistrados dependientes políticamente y se humilla y se establece como norma la discriminación por edad de jueces decentes, con frecuencia sustituidos por personas paniaguadas y obedientes al Ejecutivo. Los sectores críticos de la sociedad civil, defensores del Estado de Derecho o de los Derechos Humanos son menospreciados, insultados y se empeoran las relaciones internacionales con países democráticamente avanzados, tradicionalmente socios del desarrollo salvadoreño. La soberanía se confunde con la arbitrariedad y la elección democrática con un cheque en blanco. La propaganda resalta las medidas positivas del actual Ejecutivo, en cierto modo, nuevas dentro del asistencialismo tradicional de los gobiernos salvadoreños, pero no se tocan los problemas estructurales. La problemática del medio ambiente, agravado por la absurda actitud de rechazar el Acuerdo de Escazú, o la fiscalidad deficiente e inequitativa, junto con el sistema de pensiones y la desigualdad y vulnerabilidad social, continúan sin soluciones inteligentes.

La situación y las tendencias políticas y sociales nos obligan a preguntarnos hacia dónde vamos. Y la respuesta es evidente: se están poniendo todos los medios para lograr un control del poder estatal parecido al que logró imponerse en México con el PRI por más de 50 años. Los esfuerzos por destruir a los partidos tradicionales de oposición, por otra parte ya muy desprestigiados y desgastados, y el hecho de que no surjan nuevas alternativas políticas claramente ancladas en las necesidades estructurales y culturales de El Salvador, hacen pensar a mucha gente que la existencia de Nuevas Ideas va para largo. Sin embargo, la debilidad de la economía, la ausencia de políticas de reforma estructural, las deficiencias en los servicios básicos, el personalismo, el abuso de poder y el irrespeto a derechos fundamentales, así como la falta de proyecto intelectual y la ausencia de hechos y experiencias históricas que otorguen al gobierno respaldo cultural, no permiten pensar que el sistema pueda durar tanto como el mexicano o tener semejante estabilidad. Aunque hay indicios más que suficientes como para pensar que se está fraguando un intento de reelección, el proyecto continuista y autoritario tiene demasiadas debilidades estructurales como para pensar en plazos de poder demasiado largos.

Los tres años del actual gobierno, más que dejarnos ver sus habilidades populistas, sus errores y sus ambiciones, deben invitarnos más a construir alternativas convincentes que a quedarnos simplemente en la crítica. Si alguna fuerza cultural existe entre quienes apoyan al partido Nuevas Ideas es que nadie, o casi nadie, desea regresar a un pasado de burocracia, lejanía de los políticos respecto a la población y corrupción institucionalizada. Los partidos del pasado inmediato, aunque conserven un relativo aparato partidario, ni siquiera están dando muestras de que tengan la capacidad de criticarse, transformarse y rehacerse. Construir alternativas críticas del presente y con un proyecto serio y claro de construcción de un futuro con desarrollo humano, es la única salida política de este torbellino de acción, promesas y propaganda constante que es Nuevas Ideas y que ha conseguido encandilar a una buena proporción de la ciudadanía.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 92.

No podía hablar de otro tema que no fuera su guerra contra las pandillas. El tema es muy popular, refuerza el imaginario colectivo de seguridad y evita tocar cuestiones espinosas como la inflación, las pensiones o la deuda. De esa manera, Bukele redujo el tercer año a los dos últimos meses. Aunque anunció estar “muy cerca de ganar” dicha guerra, la inconsistencia de su discurso aconseja desconfiar.

Bukele aseguró que la derrota de las pandillas “la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la Presidencia”. El primer paso habría sido el lanzamiento del plan de control territorial, en cuyas cuatro fases “tuvimos éxito”. Pero su vicepresidente tiene otra versión: hasta la implantación de la excepción, las pandillas “mandaban y controlaban más de un tercio de todo el territorio”; pero, desde entonces, ya no se ejecutan “operaciones aisladas de ir a alborotar el panal”, sino que están “limpiando las comunidades”. Las dos versiones son incompatibles. Uno de los dos está equivocado. No sobre un detalle, sino sobre una acción gubernamental de primera magnitud. La contradicción revela que la dirección de la Presidencia no sabe lo que hace o engaña y confunde deliberadamente. En cualquier caso, no es confiable.

La guerra contra las pandillas no es, tal como dijo Bukele, “el resultado de actuar rápido para salvar vidas, poner primero a la gente”. Esa gente ha pasado tres años a merced de los pandilleros, hasta que empezó “la limpieza”, tal como dice el vicepresidente. Lo único que hicieron fue incomodarlos. De todas maneras, “la limpieza de la casa” es incompleta, porque se concentra en una de las dos pandillas grandes, porque algunos pandilleros gozan de la protección de Bukele y porque esos no son los únicos criminales. Están también los de cuello blanco, los corruptos, los narcotraficantes y los que trafican con influencias, con personas y armas. Además, la seguridad consiste en “cero homicidios” perpetrados por los pandilleros, es decir, Bukele no incluye a los pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas represivas ni a los asesinados en las cárceles. Tampoco considera a los desaparecidos. Su concepción de la seguridad es extremadamente estrecha. No es extraño, entonces, que el flujo migratorio tienda a aumentar, ya no solo por causa de las pandillas, sino también por la brutalidad de los soldados y los policías. Y los que emigran no tienen planes de “regresar y vivir […] o incluso invertir”, tal como asegura Bukele.

Es cierto que Arena y el FMLN “tuvieron el poder para [transformar la realidad,] pero decidieron robar, mentir y asesinar al pueblo que les dio la confianza”. También es cierto que el régimen de los Bukele no es diferente. Quizás la única diferencia sea el hermetismo casi total que ahora rodea al ejercicio del poder. Es cierto que “teníamos marginación, desigualdad y falta de oportunidades […] la receta perfecta para que las pandillas se volvieran lo que ahora son”. Pero es igualmente verdad que la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades no solo persisten, sino también tienden a agravarse con la inflación. El caldo de cultivo de las pandillas sigue cocinándose, ahora más lentamente por causa de la represión. Por tanto, Bukele no tiene argumentos válidos para sostener que El Salvador “está muy cerca de vivir una nueva realidad, que por décadas nos fue negada: un país sin pandillas”. La afirmación es simplemente falsa.

Si es cierto, como dijo, que la inversión extranjera aumentará de forma notable ahora que el país es seguro, por qué no retomó las nuevas de su embajadora en Washington, que anuncia abultadas inversiones, mientras hace de guía turística de presuntos inversionistas estadounidenses. O bien Bukele no está al tanto del éxito diplomático de su embajadora, o esta anuncia en falso un mensaje que no es de su competencia, o simplemente no hay tales inversiones. La diáspora, incluida la oficialista, no arriesgará sus ahorros en el país. Se limita a enviar dólares para mantener a flote las economías familiares. Sea lo que sea, los inversionistas extranjeros representan siempre una amenaza para la soberanía nacional, tan ensalzada por Bukele como justificación del aislamiento de la comunidad internacional.

Es cierto también que Bukele está “transformando nuestro país desde los cimientos”. Pero no porque cierre las fuentes que alimentan el caldo de cultivo de las pandillas, sino por haber suprimido la separación de los poderes estatales y por haber desmantelado la institucionalidad democrática. Abandonó el camino hacia la democratización, emprendido trabajosamente en 1992, para tomar el de la dictadura personal. Sin duda, su liderazgo es real, pero es uno dictatorial. En ese sentido, “este es un momento único”, en el cual Bukele ha conseguido implantar su orden y su seguridad.

Las pandillas, sin pretenderlo, le proporcionaron el pretexto para establecer su paz. Una paz que descansa en la militarización, en la violencia pendenciera, en la corrupción y el despilfarro, en promesas inviables y en mentiras desvergonzadas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.