Editoriales y Opiniones

El clamor popular por las detenciones arbitrarias de la excepción, la brutalidad de las llamadas “fuerzas del orden” y las condiciones de los detenidos en las cárceles parece haber llegado hasta Casa Presidencial. Los comisarios de la popularidad de Bukele han sacado al carcelero mayor para tranquilizar a la población. Sus explicaciones son tan irracionales que caen en el delirio. Según el funcionario de marras, no hay razones para la zozobra. “Las capturas no se realizan de forma ‘antojadiza’”, un centenar de operadores “perfila a los pandilleros” en “las bases policiales de inteligencia, centros penales y el ejército, así como la inteligencia del Estado”. Por tanto, “el 99 por ciento de los capturados” es pandillero. No proporciona detalles de este trabajo de “inteligencia”, porque son “técnicas que hay dentro de las estrategias de seguridad”, que caen “dentro de la confidencialidad”. El llamado es a confiar plenamente en Bukele.

El ministro de seguridad agregó luego que están revisando “el registro de todos los […] procesados […] que el sistema de justicia penal fallido y los jueces anteriores dejaron en libertad” en los últimos diez años. Así, pues, estos funcionarios del Ejecutivo no solo han anulado las sentencias de los jueces de la última década, sino también ya han sentenciado que “los pandilleros […] capturados durante el régimen de excepción jamás van a salir”. El reducido uno por ciento, “que se supone inocente, saldría libre”, en seis meses. No hay más justicia que la de Bukele, que actúa siempre correctamente.

Los familiares de los detenidos ya pueden descansar tranquilos, porque, según su carcelero, le “están entregando los medicamentos a los enfermos y […] tienen tres centros especiales de salud, destinados a los reos enfermos”. Así, pues, pueden tener plena certeza de que sus familiares están bien cuidados y seguros en las cárceles de Bukele. Los cadáveres que salen de ellas con frecuencia no deben sobresaltarlos, pues “son especulaciones” de algunos parientes y de algunas organizaciones de derechos humanos que “se están valiendo de esta situación para crear zozobra” y “desestabilizar una política de seguridad que beneficia al pueblo”, cosa que “no vamos a permitir”.

La apreciación del régimen de la excepción es tan positiva que ahora lo extenderán al transporte público. A los usuarios les pide comprensión por las “pequeñas molestias” que les causarán los soldados y policías cuando les pidan identificarse y los registren para capturar a “algunos ‘rateros’ o bandas que se dedican a robar o a hurtar” en ese medio de transporte. Otra vez, las apariencias y el capricho de los soldados y policías decidirán quién es ladrón. Además, verificarán “el orden en carreteras, que los conductores de autobuses y microbuses vayan en el carril derecho […] a la velocidad adecuada, que siempre piensen que tienen que dar un mejor servicio a los usuarios”. El almirante de blanco añade por su cuenta que “vamos a acompañar desde el punto de origen al punto de trabajo y viceversa. A cualquier hora que ande circulando un vehículo de transporte”.

Lo único claro es que las capturas masivas y arbitrarias se extienden de los vecindarios populares a los usuarios del transporte público (por lo general, la población de menores ingresos). Los ladrones de altos vuelos pueden continuar en el afán sin contrariedades. Lo demás son palabras fatuas. El régimen no posee personal ni capacidad para garantizar un transporte público seguro. Sus promesas son tan vagas que no ha determinado cuál es “la velocidad adecuada”. Mucho ha tardado en hablar de ordenar un transporte público caótico y corrupto. Pero es un hablar por hablar. Lo único en firme es la represión de los usuarios.

Es así como Bukele anuncia convencido que “la población honrada, […] por primera vez en décadas, puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz”. Palabras necias. No se puede vivir “verdaderamente en paz” en medio de una guerra —“de gran magnitud”, especifica el vicepresidente—, aun cuando la vayan ganando. Si esa paz es real, el despliegue de decenas de miles de soldados y policías y la excepción permanente, ampliada al transporte público, son innecesarios. ¿Qué paz pueden experimentar los sobrevivientes de las masacres que aguardan justicia y los familiares de los desaparecidos?

La paz de Bukele es un privilegio de “la población honrada”, aquella que reside en colonias y pasajes de ingresos altos, y no usa el transporte público. La inmensa mayoría no vive en paz, porque es corrupta e indeseable. La paz de Bukele es clasista. Gozan de paz aquellos que han renunciado a pensar para que él piense, sienta y actúe por ellos. Viven en paz aquellos que han renunciado a su libertad y sus derechos ciudadanos con la expectativa de encontrar una vida superior. La paz de Bukele es la paz de la irracionalidad y la opresión, de la injusticia y las cárceles, de los corruptos y los serviles.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta administración ha dejado claro que no es devota de la transparencia ni de la publicación de información oficiosa. Pese al imperativo legal que obliga a todas las instituciones del Estado a producir, sistematizar y publicar información de su actividad, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado que no es su prioridad informar a la ciudadanía ni brindar insumos para evaluar objetivamente las políticas públicas que implementa. Las acciones para socavar la independencia y labor del Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la solicitud de disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) (presentada el 26 de julio por el Gobierno a la Asamblea Legislativa y aprobada por los diputados el 9 de agosto) dan cuenta de ello.

La Digestyc es una de las entidades públicas más antiguas del país. Si bien ostenta su actual nombre desde 1955, en realidad nació en 1881 como Oficina Central de Estadística. Por más de 140 años esta entidad ha sido la principal responsable de la generación de información estadística del país. En 1882 realizó el primer censo general de población; sus archivos son el principal acervo de la evolución de la población salvadoreña en un siglo. Solo basta con leer la cronología histórica de esta entidad para comprender su importancia.

Es cierto que las estadísticas del país necesitan perfeccionarse, robustecerse y actualizarse, pero la apuesta siempre fue brindarle a la Digestyc autonomía financiera y administrativa para transformarla en una entidad autónoma. Se buscaba que la Digestyc dejara de estar suscrita al Ministerio de Economía con el propósito de aislar las estadísticas de país de los caprichos y potenciales manipulaciones de los Gobiernos de turno. Por casi un lustro se discutieron potenciales proyectos de ley para que El Salvador emulara alguno de los esquemas de instituciones estadísticas robustas, como los institutos nacionales de estadística de México o Chile.

Sin embargo, la decisión de este Gobierno no es fortalecer, sino desmantelar; es un error técnico trasladar las funciones de la Digestyc al Banco Central de Reserva (BCR). Esta decisión política solo hará más difícil para El Salvador avanzar hacia la consolidación de un verdadero sistema nacional de estadística. Esta administración está levantando obstáculos cada vez más complejos para la actividad académica e investigativa, y para el diseño de políticas públicas sustentadas en evidencias.

La supresión de la Digestyc pone en riesgo la posibilidad de realizar estudios comparativos sobre distintos indicadores de país a lo largo del tiempo. Es válido cuestionarse si el BCR será capaz de conservar el rigor metodológico necesario para la recolección y procesamiento de indicadores como el índice del precio al consumidor (IPC), el índice de precios al productor (IPP) y la evolución de la canasta básica alimentaria urbana y rural. Es difícil anticipar si el Banco será capaz de dar seguimiento a una de las principales herramientas estadísticas nacionales: la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, cuya producción implica recolectar datos de miles de hogares salvadoreños.

La decisión del Ejecutivo de disolver la Digestyc profundiza el abismo de tinieblas al que se está empujando a El Salvador. La Real Academia Española define “oscurantismo” como la defensa de ideas o actitudes irracionales. Definitivamente, el traslado de las funciones de la Digestyc al BCR es irracional; no hay justificación técnica que pueda sustentar esta decisión. Por otro lado, el diccionario Merriam-Webster define “oscurantismo” como una política de ocultar el conocimiento al público en general. Ciertamente, las acciones que ha tomado la administración Bukele en sus tres años de gestión son muestra de que una de sus políticas públicas reales es el oscurantismo. Sistemática y deliberadamente ha realizado acciones concretas para privar a la sociedad salvadoreña de la difusión del conocimiento, especialmente de aquel basado en información oficial del Estado.

Con la desintegración de la Digestyc, lo único que queda es dar seguimiento al destino del acervo histórico de la entidad y vigilar que los procesos metodológicos se conserven. Y salta la duda sobre con base a qué datos la administración Bukele tomará decisiones en materia de salud, educación y economía. El panorama apunta a que el único criterio que orientará las decisiones del Ejecutivo será su obsesión por la popularidad presidencial.

* Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

Lavar la ropa y los platos, cepillarse los dientes y tomar una ducha para iniciar el día son actividades en las que el elemento indispensable es el agua. ¿Qué pasaría si un día despertáramos y no contáramos con el suministro del líquido? Probablemente echaríamos mano de nuestras reservas y el día transcurriría con total normalidad. Pero ¿qué sucedería si dicha situación se presentará al día siguiente y al siguiente, y así hasta alcanzar 60 o más días sin agua?

Este tétrico escenario es lo que actualmente está sucediendo en Nuevo León, México; un escenario catalogado por las autoridades locales como “la peor crisis hídrica vivida en las últimas décadas”. Una de las ciudades más afectadas es Monterrey. La crisis hídrica no hace distinción económica y ha afectado tanto a localidades populares como a zonas ricas como el municipio de San Pedro, catalogado como uno de los más exclusivos de Latinoamérica. Por supuesto, los efectos de dicha crisis han sido más sensibles en los sectores más empobrecidos de la población.

De acuerdo con una nota periodística del diario El País, Monterrey es la segunda área metropolitana más grande de México; allí habitan alrededor de 5.3 millones de personas, casi la población total de El Salvador. El 40% de esta ciudad se abastece del agua almacenada en las presas Cerro Prieto y La Boca, las cuales, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (Conagua) de México, cuentan con un porcentaje de llenado del 1% y 9%, respectivamente, lo que en palabras sencillas significa que hay una severa escasez de agua.

Las autoridades de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (institución pública descentralizada) han tomado una serie de medidas desde el inicio de la crisis, hace un par de años atrás: ajustes tarifarios, imposición de cánones de tratamiento, multas por desperdicio, racionamiento, entre otras. Ninguna de ellas ha sido efectiva debido a dos elementos fundamentales: el primero, no hay agua; y el segundo, la falta de conciencia de los usuarios, quienes, hasta antes del racionamiento, utilizaban indiscriminadamente el agua para fines recreativos, cuidado de jardines y para actividades tan superfluas como lavar autos.

A pesar de que en México la institucionalidad del agua es, por mucho, más robusta que en El Salvador, pues cuenta con una ley de aguas que data de 1992 y un organismo regulador, el Conagua (1989), encargado de administrar, regular, controlar y proteger los recursos hídricos nacionales, no ha podido escapar a la triste realidad de la falta de agua. Ya sea por falta de planificación, aspectos relacionados a la corrupción o el deterioro ambiental, la situación ha generado serios impactos negativos a nivel económico y social.

Si bien a la fecha El Salvador no enfrenta una crisis hídrica tan grave como la que ocurre en México, presenta una serie de factores de riesgo (deforestación, falta de planificación territorial con enfoque de cuenca y pérdida de calidad del agua) que más temprano que tarde nos podrían llevar a enfrentar una situación similar o peor. Con un agravante: en nuestro país no existe un ente regulador en materia de recursos hídricos que priorice el uso del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, con todas las facultades de ley necesarias para hacerlo.

Lo que actualmente ocurre en México debe de ser un espejo en el que debemos mirarnos con un espíritu reflexivo y orientado a un cambio de paradigmas en materia de regulación hídrica. Debemos, desde ahora, fomentar iniciativas encaminadas a la restauración de las cuencas hidrográficas, la mejora de la calidad de las aguas superficiales y el fomento de la seguridad hídrica. En este último punto, es indispensable que el consenso político nos lleve a reconocer plenamente el derecho humano al agua, puesto que de no hacerlo pronto, nuestra población más vulnerable será —como siempre— la más afectada ante los embates del cambio climático.

* Luis Sierra, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

Por Rodolfo Cardenal, S.J.

La destrucción de la estatua de tamaño natural del fundador de Arena, ordenada por el presidente, no ha suscitado ninguna reacción entre su militancia. En uno de sus arranques típicos, Bukele anunció que fundiría la estatua para convertirla en tapaderas de alcantarilla. ¿Quién habría imaginado hace tan solo unos años que semejante afrenta al mayor quedaría sin respuesta? El agobio de la deuda electoral y del embargo de las propiedades no explica la indiferencia de Arena. En sus tiempos de esplendor, por mucho menos, su dirigencia y sus frentes agropecuarios, femeninos y anticomunistas, indignados e iracundos, insultaron, dinamitaron y soltaron a sus escuadrones de la muerte. La apropiación del “Patria sí, comunismo no” ensoberbeció a Arena, que asumió como deber patriótico eliminar a la oposición: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”. Hoy, nadie ha levantado la voz ni el puño cerrado para defender al fundador del partido.

El veredicto presidencial que manda destruir la estatua del mayor recuerda la historia de otra estatua, recogida en el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey del extenso y poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El rey soñó con una estatua enorme y radiante, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. La estatua refulgía y la combinación de metales la hacía parecer invencible. De repente, sin intervención humana, una piedra se desprendió y golpeó los pies de la estatua, que se desplomó al suelo, sin dejar rastro. El mensaje es claro: muchos se levantan desde el anonimato y alcanzan el poder y la gloria, pero luego caen sin dejar señales de su paso. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (St 4,6).

El soberbio anhela dejar huella para la posteridad. Ansía que lo recuerden como el gran benefactor. En ese afán, hace girar el quehacer a su alrededor y promueve el culto a su figura. Sus obras no buscan aliviar necesidades y sufrimientos, sino la admiración y la alabanza. Mas no sabe que esa actuación pone en grave peligro aquello que más desea: ser recordado y apreciado. En el momento menos insospechado, la piedra se desprende y el monumento se desploma sin dejar rastro. Si en lugar de centrarse en sí mismo se consagrara a liberar a las mayorías de su miseria, entonces sería grande. Mons. Romero y los mártires de la Iglesia salvadoreña fueron asesinados por los escuadrones de la muerte del Ejército y de la oligarquía para borrarlos de la faz de la tierra. Pero, en vez de pasar, se han erigido en referentes de la verdad, de la justicia y del amor al pueblo.

El orgullo pierde al soberbio. Está tan seguro de sí mismo que no atiende a razones. Impone su voluntad como ley universal. La arrogancia lo ciega de tal manera que, más pronto que tarde, cae víctima de la insensatez. Entonces, se derrumba como la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuyo hijo vio aterrorizado cómo, en medio de un gran festín, una mano misteriosa escribió en la pared: “Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite”. Asimismo, la estatua del mayor, que se creía poderosa, ha sido sentenciada. El culto de sus fieles no ha bastado para librarla de la caída estrepitosa.

Los Bukele y su círculo no se comportan de modo diferente que el mayor y sus seguidores de Arena. Están convencidos de estar en posesión de la verdad y del futuro, lo cual los habilitaría para imponer sus deseos. Cabe, sin embargo, apuntar una diferencia. Mientras el mayor decía defender al país del comunismo internacional, los Bukele dicen que como “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo” (GN 1,2), han decidido crearla de nuevo. Algo nunca visto. No habría habido nadie como ellos, ni lo habrá, pues piensan haber llegado para quedarse, al igual que el mayor y los suyos.

La gran debilidad del soberbio es la prepotencia y el autoritarismo, que lo ciegan de tal manera que no tiene capacidad para rectificar. Camina en la oscuridad, enceguecido por un poder que, por su naturaleza, es pasajero. Se siente poderoso y eterno. El mayor y sus seguidores más furibundos nunca pensaron que pasarían y caerían en el olvido. Sus discursos rabiosos y amenazadores se los llevó el viento. De sus obras y de las de sus seguidores no quedan más que calamidades, incluido el régimen de los Bukele. La vanidad suele pasar relativamente pronto. Aun cuando la estatua del mayor no acabara en el horno, como tampoco la escultura monumental del parque escultórico dedicado a la reconciliación, también condenada a la fundición, el régimen de Buele pasará. Cuestión abierta es cuánta destrucción dejará a su paso.

Hablar del general Maximiliano Hernández Martínez es hablar de la dictadura que controló el Estado salvadoreño entre 1931 y 1944. El más infame recuerdo que tenemos del general Martínez es el decreto con el que autorizó las masacre de miles de campesinos indígenas quienes, por una disputa de propiedad sobre la tierras y por un sentido de reivindicación de la degradación brutal de sus condiciones de vida durante los años más agudos de la Gran Depresión, se alzaron contra el régimen en un truncado proyecto revolucionario en enero de 1932.

A partir de las movilizaciones sociales, calificadas como comunistas, que surgieron en los tiempos en que arreciaba el hambre y mientras los precios se desplomaban a raíz de un sistema monetario confiado a tres bancos privados que controlaban el financiamiento de la cosecha de café y el negocio de su exportación, el gobierno decretó un Estado de Excepción para combatir al enemigo interno.

Esa y otras experiencias históricas han demostrado que la declaración de un Estado de Excepción no es un obstáculo para que las masas se manifiesten contra la opresión experimentada en los días aciagos. Sobre la matanza de 1932 hay diversas interpretaciones. Una de ellas afirma que lo que se entendía por comunismo no era más que la lucha y el anhelo por la justicia social de los campesinos oprimidos que estaban siendo fuertemente perseguidos por el régimen. Aunque si bien estos campesinos participaron en el Partido Comunista de El Salvador a cargo de Farabundo Martí y en la labor organizativa del Socorro Rojo Internacional de los sindicatos en las haciendas, la tensión económica y sociopolítica vivida en esa oscura crisis se vio desde una óptica maniqueísta entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. El comunismo se asemejaba más a lo que planteó el propio Marx en el Manifiesto Comunista: un espectro al que se dirigen las fuerzas autoritarias que tratan de acallar el legítimo clamor por el sufrimiento en este cielo y en esta tierra.

De ese modo, a pesar de la persecución inquisidora, las demandas reivindicativas crecieron en la medida en que las huelgas de trabajadores ocasionadas por la anulación de los salarios en las fincas paralizaron las labores al interior de las mismas. Con ello, comenzaron a desatarse masacres contra trabajadores del campo. De igual forma, el fraude que sufrió el Partido Comunista en las elecciones a alcaldes que se celebraron a inicios de 1932 implicó el cataclismo con el que la estabilidad social se salió de control y el propio general Martínez promulgó un decreto en el que autorizaba a todo propietario a defender, hasta con el asesinato, a cualquier transgresor de la propiedad privada.

La experiencia ha sido sin duda traumática. El comunismo como imaginario fue proscrito y el país se sumió en una larga dictadura donde hasta la libertad de pensamiento se consideró como delito. Lo más complicado era cómo hacer viable un proyecto de país para salir de una crisis que alcanzó semejante paroxismo. En el momento en que se organizaron las matanzas, el Gobierno incautó el oro de los bancos de emisión y emitió un decreto para no pagar la deuda externa. El gobierno de Estados Unidos no reconoció al general Martínez como presidente y se extendió una inestabilidad cambiaria producto del colapso financiero al que se había llegado.

El general Martínez era hombre de armas, pero en lo que respecta a asuntos relacionados con la macroeconomía era nulo. Al menos, Martínez tuvo la prudencia de buscar a los expertos más sobresalientes del país en el tema financiero y fiscal. El recorte fiscal que se hizo durante su período fue brutal y se enfrentó de tú a tú con el capital salvadoreño que le exigía la estabilización de la política monetaria y la creación de una nueva fuente saneada de financiamiento, lo que llegaría a ser el Banco Hipotecario.

Así pues, a pesar de la severidad de sus acciones, el general Martínez tuvo el tino para atender los llamados del grupo de intelectuales que estaban completamente consternados por el rumbo del país. Así, en 1933, solicitó de favor al Banco de Inglaterra para que enviara a un delegado, Joseph Powell, a que diagnosticara el problema monetario del país y diseñara un plan para organizar un Banco Central de Reserva, realizara una reforma en la institucionalidad bancaria y finalmente se pudiera tener una política monetaria soberana. El Banco Central de Reserva se creó en 1934 y, junto con la devaluación del dólar, permitió incrementar el precio de las exportaciones y hacer frente a la crecida deuda que se había dejado de pagar. No fue hasta que el general Martínez se comprometió a reanudar los pagos de la deuda exterior que el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció oficialmente.

La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la otra como farsa, decía Marx. Dicho lo anterior, y en comparación con la coyuntura actual, el presidente Bukele se ha aferrado a un régimen de excepción con la promesa de que ganará la guerra contra las pandillas ¿Significa eso que el cúlmen del régimen de excepción será la victoria del desarrollo y el crecimiento económico por encima de la pobreza que marginaliza y potencia la criminalidad en todos los barrios del país? ¿O es eso la enunciación de un futuro distópico?

Parece que, a diferencia del dictador Martínez, Bukele es apenas una caricatura, pues mientras Martínez, a pesar de su brutalidad, tuvo la lucidez de convocar a las prominentes figuras en temas financieros para resolver la debacle macroeconómica del país, Bukele prefiere aislarse en sus delirios megalómanos y en su fe vana de que el bitcóin resolverá los problemas económicos del país. Si el Gobierno no asume con seriedad un horizonte de desarrollo para El Salvador, que reduzca el riesgo país y la inflación que están destrozando la capacidad adquisitiva de los salvadoreños y que impida que la creciente falta de liquidez nos lleve a una profunda recesión y a un aumento brutal del desempleo, entonces podremos aventurar que la historia se repetirá como tragedia y farsa a la vez.

* Gabriel Escolán Romero, asesor de la Oficina de Asistencia Legal. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 97.

El régimen insiste cansinamente en atribuir sus tropiezos a los “poderes fácticos”, a sus “financistas” y a los partidos de la guerra, Arena y el FMLN. La trilogía se ha convertido en una especie de mantra, que explicaría las tribulaciones de Bukele. Parece abarcarlo todo, pero, en la práctica, carece de contenido. A juzgar por su intenso bombardeo, la identificación y la neutralización de esos “poderes fácticos” es imperiosa. Pero eso no ha ocurrido, pese a su perversidad y su nocividad. Por consiguiente, su actividad destructiva continúa imparable. ¿Tolerancia, negligencia o incompetencia? Las decenas de miles de detenidos no han alcanzado a esos poderes, que aún gozan de libertad. Poco uso ha dado el ministro de defensa a la tecnología recién adquirida, con la cual librará “lo mejor de la guerra contra las pandillas”, pero no contra “los poderes fácticos”, que gozan de buena salud.

La contradicción solo tiene sentido si estos son una simple creación de la retórica presidencial. La construcción es muy útil, porque excusa la incompetencia gubernamental. Si esos poderes no operaran, la prosperidad sería realidad. Ellos impiden a Bukele cumplir sus promesas. Sin embargo, en la medida en que la retórica oficial les atribuye una fuerza y una maldad muy superiores a las de este, lo disminuye, debilitado por la impotencia y la torpeza. “Los financistas”, también desconocidos y tenebrosos, hacen posible la operatividad de esos poderes. Ahora bien, si saben, tal como aseguran desde el gabinete de seguridad, de dónde proviene el financiamiento, ¿por qué no lo han cortado? ¿Por qué no han perseguido a los financistas por traición al pueblo, tal como los acusa el vicepresidente? Si los conocen y no actúan, ellos también son cómplices. Si no los conocen, mienten y han dejado al régimen a merced de sus enemigos más feroces.

Un adversario fuerte, oscuro y funesto esconde creíblemente la incompetencia. Uno de los miembros del gabinete de seguridad lo ha expresado con sorprendente claridad, al desechar las crecientes denuncias de las detenciones arbitrarias. “Quieren seguir generando el cuento que hay capturas arbitrarias. Sabemos de dónde viene el financiamiento. Pero nos debemos a la población. No tenemos tiempo para poner atención a los opositores”. Además de contradecir al vicepresidente, que sí acepta esa clase de detenciones, el funcionario admite que no tienen tiempo para identificar y neutralizar a la fuente de financiamiento de “los poderes fácticos”. Dicho de otra manera, se ensañan con las pandillas y sus familiares, y dejan en la impunidad al poder que supuestamente entorpece el desarrollo de sus planes.

Si Arena y el FMLN aún retienen capacidad operativa como para desestabilizar al régimen de Bukele, también pueden disputarle el poder en las próximas elecciones. En realidad, los dos están agotados, pero son muy necesarios para cargar sobre ellos la responsabilidad de los desatinos gubernamentales. Gobernaron tan mal, robaron tanto y fueron tan libertinos y corruptos que, ahora, Bukele a duras penas puede enderezar el país. Sin embargo, no hay que confundir a estos partidos con “los poderes fácticos” y sus financistas. No tienen fuerza ni dinero. Están tan debilitados que ni siquiera han explotado el potencial que Bukele les atribuye para hacer una oposición eficaz. Su contribución es de otro tipo. Su simple mención provoca el rechazo visceral de los seguidores de Bukele. Y eso es suficiente para librarlo de todo mal.

Este es el verdadero “cuento”. Bukele necesita el cuento y vive del cuento, hasta ahora bastante cómodamente. Ha fabulado un enemigo poderoso, temible y creíble, al cual le atribuye los desaciertos, las torpezas y la incapacidad de su gestión. Incluso el alcance de la excepción, su última gran ocurrencia, después del plan de control territorial, se queda corta por culpa de ese enemigo. Al menos eso dicen los ministros del gabinete de seguridad. El almirante da por hecho que “lo que estamos haciendo ha dado resultados enormes”, pero al mismo tiempo ha observado que “estos delincuentes se están enfrentado militarmente a las autoridades”. En conclusión, en sus planes no figura poner fin a la excepción, porque “propiciaría un retroceso de los avances y permitiría la reorganización de los terroristas”. Entonces, las posiciones militares conquistadas no están todavía aseguradas ni los avances son tan significativos. Calificar las escaramuzas como enfrentamientos es incorrecto. Quizás al almirante se le escapan los detalles del ejército de tierra. Si fueran enfrentamientos, las bajas de ambos lados serían mucho más elevadas. No pueden esperar otra cosa en la “guerra de gran magnitud” del vicepresidente.

La excepción es parte del “cuento”. Esconde la ausencia de inteligencia e investigación policial y de acción fiscal; la opción militar y la carencia de políticas de bienestar social. El desafío no es militar, sino social, aunque con una brutal componente violenta. El régimen no ha encontrado mejor respuesta que la represión masiva e indiscriminada, y el terror. Triste desenlace para un Bukele con cartel de reformador e innovador.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los verdaderos sistemas democráticos se caracterizan por el pleno respeto a los derechos humanos y por proveer a toda la población de los bienes y servicios necesarios para una vida digna. La democracia es mucho más que el derecho al voto; según el politólogo francés Georges Couffignal, es una cultura que implica la aceptación del pluralismo de ideas y opiniones, el ejercicio de la libertad y el respeto a la diversidad. En una cultura democrática, la alternabilidad se da por sentada: la gestión del Estado pasa a otras manos si así lo decide la población. En la democracia no se utiliza la violencia ni para acceder al poder, ni para mantenerse en él; y se exige las libertades de expresión y de información como elementos fundamentales.

Por más de 80 años, El Salvador vivió bajo dictaduras militares auspiciadas y controladas por la oligarquía de la época; no se reconocía ningún derecho ciudadano y se ejercía un férreo control sobre las mayorías populares, las cuales vivían en condiciones de extrema pobreza. En ese contexto, la democracia se convirtió en un gran anhelo para acabar con los abusos del poder y las violaciones a los derechos humanos, y resolver los problemas de pobreza, educación y salud, para la mejora significativa de las condiciones de vida de la población.

Luego del fin de la guerra, a causa de la falta de una cultura democrática y de un verdadero interés en el bienestar de las mayorías, los líderes políticos salvadoreños entendieron la democracia únicamente como el ejercicio del voto y dejaron de lado los derechos sociales y económicos de la población. Y así nació la decepción con la democracia; una decepción que se fue profundizando con cada elección, hasta llegar al abismo en el que nos encontramos. Hoy, el voto premia a personas y grupos de clara tendencia autoritaria y antidemocrática. Esta es la realidad actual de El Salvador.

En este contexto, es fundamental recordar que la libertad de prensa y el acceso a la información pública son dos derechos fundamentales en todo sistema democrático, necesarios para que los ciudadanos reciban una información objetiva y veraz. El acceso a la información pública le permite a la ciudadanía exigir la rendición de cuentas del Estado sobre diferentes temas de interés nacional, como el uso de fondos, la gestión de las políticas públicas y las actuaciones de los funcionarios. Un reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA evidencia el grave deterioro de los derechos de acceso a la información pública y de la libertad de prensa. Ambos derechos son obstáculos para el proyecto oficialista de poder y control absoluto, y por eso busca anularlos. En esto, como en otras cosas, el régimen de Bukele se acerca cada vez más a la forma de gobierno de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su única novedad es hacerlo con un celular en la mano.

Winston Churchill dijo “esfuérzate por mantener las apariencias que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás”, frase que calza al pelo con lo que aparentemente pretende hacer el Gobierno de El Salvador, según algunos economistas, al anunciar la compra anticipada de deuda en bonos por vencer en 2023 y 2025. Al respecto, el presidente de la República afirmó: "El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025), por adelantado", lo que contradice las versiones que auguran que el país entrará en default por falta de capacidad para honrar sus compromisos.

Sin embargo, el dato objetivo es que el riesgo de que el país caiga en impago ha aumentado. En mayo, Moody´s ubicó a El Salvador como el peor calificado de Centroamérica con una nota de Caa3. Por su parte, el 1 de junio pasado, la agencia Standard and Poor´s bajó la calificación crediticia del país de B- a CCC+ que es una de las peores calificaciones de crédito que pueda tener un país ya que indica que hay una alta probabilidad de que no pueda pagar sus deudas. En términos similares ha calificado al país Fitch Ratings. La intención del Gobierno de comprar la propia deuda del país a precio de mercado puede ser buena, pero esto dependerá de que quienes tengan los bonos los quieran vender. Los pagaderos para 2023, por la situación que atravesamos, solo valen en el mercado el 73.79% del precio al que fueron vendidos y los que vencen en el 2025 se cotizaban hasta el martes de esta semana solo al 34.72% de su valor original. Es decir, la compra de los bonos por parte del Gobierno a precios menores de los que se vendieron, depende de quienes los tienen. La decisión está abierta. Quienes teman que el país vaya a peor y que los precios de los bonos puedan caer todavía más, podrían animarse a venderlos, mientras los que no quieran perder sus inversiones probablemente esperen su vencimiento.

En cualquier caso, El Salvador quedará como un país que vende bonos a un precio, prometiendo ganancias a quienes los compren, mientras compra los mismos bonos a una fracción del precio al que los vendió. Así, la precaria administración económica quedará en evidencia, lo que no le hará ningún favor a la ya deteriorada imagen que proyecta el país.

De acuerdo a los especialistas en el tema, el país estaría incumpliendo una promesa más, esta vez con quienes le han ayudado a conseguir recursos. Aparte de esto, objetivamente hablando, si el Gobierno piensa recurrir a $200 millones de un préstamo y a más de $300 millones de reservas internacionales bajo custodia del Banco Central de Reserva para comprar sus propios bonos, el monto obtenido no le alcanzaría para comprar ni siquiera los bonos del 2023 que suman alrededor de $800 millones. Es decir, el Gobierno adquiere deuda para pagar otra deuda pero todavía no le alcanza. También es objetivo que, hasta la fecha, al Gobierno todavía le falta desembolsar fondos para la Universidad de El Salvador y que ni los montos de lo que sobrevivió del Fodes se transfieren puntualmente a las municipalidades. Un informe de la Gestión Financiera del Estado 2021, conocido el pasado 4 de abril, indicaba que el saldo de los acreedores financieros era de $1,827.4 millones, equivalentes al 9.4% de los pasivos totales del Gobierno central.

Si en realidad hay tanta abundancia, como dice el presidente, ¿Por qué suceden estos atrasos? En realidad, de acuerdo a los entendidos, la intención de la maniobra del Gobierno es aparentar capacidad sobrada de pago para que le disminuyan el riesgo de impago al país y así abrir puertas para el financiamiento. Pero, en realidad, la movida refleja el grado de desesperación en el que ha caído el régimen.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 98.

En los últimos días, los medios de comunicación y las redes sociales han hecho eco de los llamados a la reelección presidencial realizados por diputados de la bancada de Nuevas Ideas. Con el paso del tiempo, cada vez hay más señales de que el presidente Bukele buscará la reelección en 2024, aunque ello implique una clara violación a la Constitución de la República. Pero mientras este tema comienza a posicionarse nuevamente en la agenda mediática y electoral, la situación del país y, en específico, la vida de la población salvadoreña continúa experimentando un acelerado deterioro.

Para ejemplificar lo anterior, haremos alusión a algunas graves problemáticas que han sido deliberadamente ignoradas o tergiversadas por el Gobierno y su maquinaria propagandística. El pasado 12 de julio entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021. De acuerdo con distintas organizaciones sociales, académicas y comunitarias, esta ley no cumple con los parámetros que garantizarían el derecho humano al agua para la población salvadoreña. Por el contrario, esta ley autoriza explotaciones hasta por 15 años renovables automáticamente para el uso y aprovechamiento del agua con fines industriales, comerciales, agropecuarios, etc.

Desde la aprobación de la ley, las distintas organizaciones sociales y comunitarias que promovieron durante más de una década una ley de aguas con enfoque de derechos humanos demandaron al Ejecutivo la creación del reglamento y de mecanismos que pudieran solventar los vacíos e irregularidades que contiene la Ley General de Recursos Hídricos. Pese a estas demandas, la ley entró en vigencia sin que la población conozca el reglamento de la ley, su presupuesto y, mucho menos, las autoridades que conformarán la institucionalidad creada para la gestión de los bienes hídricos del país.

Desconocer los aspectos anteriormente mencionados no es un detalle menor. En reiteradas ocasiones, el Gobierno salvadoreño ha demostrado poco compromiso con la preservación de los bienes naturales y, con ello, ha puesto en peligro el abastecimiento de agua para la población, por lo que es urgente que se involucre a la ciudadanía en la gestión de los bienes hídricos del país.

En relación con lo anterior, las lluvias de las últimas semanas han puesto en evidencia nuevamente la alta vulnerabilidad del territorio salvadoreño. Otra vez también hemos visto que las familias más pobres siempre son las que se llevan la peor parte de la tragedia. Sin embargo, tras tres años en el poder, lo que ha quedado a la vista es que el Ejecutivo no ha sido capaz de desarrollar e implementar una política de prevención y gestión de desastres ni tampoco ha sido capaz de implementar un Sistema Nacional de Protección Civil eficiente que involucre e integre a las comunidades. Por el contrario, los avances que se habían alcanzado en esta materia fueron desmantelados por la actual administración y esto ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y ha tenido grandes costos ambientales, económicos y sociales.

Finalmente, tras tres meses y medio de la implementación del régimen de excepción y luego de la captura de alrededor de 44 mil personas, los fallecidos en los centros penales (es decir, bajo custodia y responsabilidad del Estado) se pueden contar por decenas. De acuerdo con datos de organizaciones de Derechos Humanos retomados por algunos medios de comunicación, hasta el 4 de julio, se registraban al menos 59 muertes al interior de las cárceles. A su vez, cientos de personas permanecen detenidas de manera arbitraria pues las autoridades no han podido comprobar que tienen vínculos con pandillas. Todo esto ocurre ante la mirada pasiva de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la institución que, por mandato constitucional, está obligada a verificar e investigar de manera independiente todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Lastimosamente, en las últimas semanas también ha quedado claro que la PDDH no solo es un actor pasivo y poco beligerante en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, sino que es una institución que se ha prestado de manera activa a legitimar el discurso gubernamental que sostiene que al interior de los cárceles no ocurre nada de lo que haya que preocuparse, aunque hasta el Instituto de Medicina Legal reconozca que un privado de libertad fue asfixiado por custodios al interior del Centro Penal La Esperanza.

En suma, el panorama no es alentador para el sostenimiento de la vida de la mayoría de la población. Ante la gravedad de la crisis que enfrentamos, es urgente que el Gobierno y otras instituciones estatales se ocupen de estas problemáticas por medio de políticas y programas que permitan la participación y el involucramiento de amplios sectores de la sociedad. Tristemente, a estas alturas, parece que eso es ya mucho pedir.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 96.

Por Rodolfo Cardenal, S.J.

En la agenda de la legislatura no figura la reforma de la Constitución, pero el vicepresidente lanzó una campaña para difundir el nuevo texto con la ayuda de algunas universidades y de fondos estadounidenses. Si la reforma no figura en la agenda legislativa es porque a Bukele no le interesa, al menos por ahora. Si no cambia de opinión, lo cual puede ocurrir intempestivamente, el vicepresidente trabaja en vano. De todas maneras, tanto la Constitución actual como una nueva son irrelevantes. El régimen no se rige por ella, sino por los caprichos presidenciales. El mismo vicepresidente, el padre de la criatura, no es un ejemplo de observancia constitucional.

En el mismo acto donde presentó la campaña de difusión de la reforma, sacó a relucir su pensamiento anticonstitucional y antidemocrático. Este funcionario, como todos los de su especie, es un manojo de contradicciones y de superficialidades. El “reformador” justificó la que dio en llamar “guerra de gran magnitud” por sus fines; “el bien supremo […] la vida, la propiedad y el trabajo del pueblo honrado”. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos le tiene sin cuidado, aunque no la ignora. Simplemente la relativiza como “fallas” y “errores, que pudieran haberse cometido”. En definitiva, “el balance es altamente positivo”. En pocas palabras, el fin justifica los medios y “las víctimas inocentes” de la excepción y sus familiares, a quienes también desestima como “daños colaterales”, tienen razones para sentirse orgullosas, pues con su sacrificio y sus sufrimientos contribuyen al éxito de Bukele.

El buen jurista sabe que las opiniones del vicepresidente están reñidas con el derecho constitucional. La guerra está sujeta al derecho internacional humanitario, que limita los efectos del conflicto armado. Ni el fin justifica los medios, ni la proporcionalidad es aplicable. Pero el estado de excepción no es una guerra, sino simple represión estatal. El régimen no tiene otro recurso para controlar la criminalidad interna que la violencia y el terror, pese a que el fenómeno de las pandillas tiene un componente social determinante. Si Bukele y su gabinete de seguridad tuvieran como prioridad la vida y el trabajo honrado, otras serían sus políticas. La vida y el trabajo no se promueven reprimiendo indiscriminadamente. En esto, el régimen no es diferente del orden impuesto por las pandillas en sus territorios.

No satisfecho con estas ocurrencias, el vicepresidente citó a san Ignacio de Loyola para declarar traidores a los defensores de los derechos humanos y a la prensa independiente. El “reformador” hace decir al santo que “en una ciudad sitiada, cualquier disidencia es traición” para condenar a los disidentes del régimen, que “están haciendo el juego al crimen organizado, a las pandillas y es una actitud de traición al pueblo”. Pero la frase no es de Ignacio de Loyola, sino de Fidel Castro. Aunque la voz “disidencia” es posterior al siglo XVI, su uso aquí es muy pertinente, porque el régimen castrista, al igual que el de los Bukele, no tolera a los disidentes. Bukele reclama la sumisión incondicional. No hay más ideas que las suyas y todo lo suyo es indiscutiblemente beneficioso para el país, incluidas las víctimas de sus desvaríos.

En otro giro sorprendente, el vicepresidente acudió a Naciones Unidas a solicitar una misión para “estudiar y sistematizar” el plan de control territorial y para verificar “el estado situacional de esta […] guerra de gran magnitud”. La petición es atrevida. Muy desesperado debe estar el régimen para acudir a “un disidente” y a “un traidor” como Naciones Unidas en busca de legitimidad. O el vicepresidente actuó por cuenta propia, lo cual sería asombroso. Tal vez el régimen confía en que los diplomáticos actuarán con la misma indolencia que el procurador local, angustiado por la reelección. Por muy aguado que sea el informe de la misión, el régimen no obtendrá la aprobación que busca.

Quizás la presión internacional es tanta y la situación interna tan apremiante, en términos de popularidad a la baja, que el régimen se dispone a moderar sus impulsos más criminales y a suavizar las condiciones de sus cárceles para obtener el reconocimiento de Naciones Unidas. Es ingenuo pensar que esta lo felicitará por el éxito de su plan de control territorial y por la ejecución del régimen de excepción. Si busca aprobación y reconocimiento, tiene que dar un golpe de timón antes de la visita de la misión. Por las dudas, “el reformador” ya le adelantó que cuentan con “el respaldo del pueblo salvadoreño”.

En la Unión Europea, el vicepresidente atribuyó la responsabilidad última de los asesinatos de finales de marzo a “los poderes fácticos y a los políticos del pasado”, que buscan “desacreditar la imagen del Gobierno”. Si esos poderes fueran reales, ya habrían experimentado la brutalidad de la excepción. Los únicos que desacreditan y desprestigian al régimen son sus propios funcionarios, en sentido estricto, poderes fácticos que solo vuelven por los fueros de Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.