Editoriales y Opiniones

Septiembre, mes en el que conmemoramos la independencia de Centroamérica, debería dedicarse a pensar y planificar el futuro de nuestros países. No desde un grupo de poderosos o iluminados, sino desde valores netamente humanos. Los cuatro países más norteños del istmo centroamericano, con sus democracias débiles, deficientes y en algunos casos plagadas de corrupción y autoritarismo, no parecen dirigirse por el camino del pensamiento democrático, sino por el del clientelismo y las tendencias autoritarias. Honduras ha dado algunas señales de que quiere corregir el rumbo del anterior presidente, reelegido en contra de la propia Constitución, al igual que Ortega. Pero los otros tres están cayendo en una especie de aislamiento internacional cada vez más preocupante. Si en algún momento hubo interés por los derechos humanos y algo de respeto a los mismos, hoy los poderes están aumentando la persecución y los ataques a quienes los defienden. La democracia se entiende como una especie de voto en blanco para que quien salga elegido haga lo que le dé la gana. La racionalidad, el humanismo, la sensatez están lejos de los planteamientos y los discursos.

Detrás de una propaganda personalista y triunfalista, que insiste en que los nuevos gobernantes son parte de un nuevo punto de partida de la historia, se esconde lo de siempre. Quienes tienen dinero continúan multiplicándolo, mientras los países y una buena parte de sus gentes sufren carencias y dificultades. La migración no se detiene y, en el fondo, se considera un buen negocio. Al fin y al cabo, las remesas, la verdadera “seguridad social” para gran parte de nuestro pueblo, mantienen la economía de países que de otra manera estarían en una situación de pobreza mucho más grave. La contaminación y el daño persistente al medioambiente no importan. El tema del calentamiento global se deja para un indefinido mañana y la corrupción continúa siendo una plaga. Los militares aparecen cada día con mayor relieve como gendarmes protectores de las veleidades presidenciales. Suficiente prueba con ver al almirante Merino aplaudiendo entusiasmado la reelección presidencial. La crítica, un elemento fundamental e indispensable para el verdadero desarrollo humano, se rechaza con una mezcla de desdén y odio. Aunque parezca increíble, permanece presente en la historia actual la prevención de los “notables” que declararon la independencia en Guatemala hace 201 años. Reunidos los acostumbrados a mandar, se decidieron por la independencia, según el primero de los 18 puntos del acta, “para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Escuchar al pueblo es la menor de las preocupaciones de estos Gobiernos. Consideran mucho más rentable manipular a la gente para perpetuarse en el poder.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez decía hace poco que la contaminación que se avecina para el río Lempa a causa del proyecto minero de Cerro Blanco en Guatemala es un problema gravísimo. Y tiene toda la razón, dada la incapacidad que los Gobiernos del área tienen para protegerse de problemas graves de contaminación, que fácilmente puede convertirse en transfronteriza. No se puede hablar de perseguir la unión de Centroamérica si no podemos controlar la tendencia depredadora de algunas empresas contra el medioambiente. El generar riqueza, aunque necesario para el desarrollo de nuestros países, no puede hacerse a base de explotar a buena parte de la población, multiplicando la pobreza de muchos y el enriquecimiento de una minoría. Reformas fiscales serias, sistemas de redistribución de la riqueza eficaces y justos, administración con transparencia y lucha clara contra la corrupción son imprescindibles para poder celebrar con dignidad la independencia. Lo demás es farsa y fanfarria hipócrita. Si además se aprovecha el día para buscar la permanencia en el poder más de lo permitido, traicionando una cultura bien fundada de alternancia y violando la o las Constituciones vigentes, se puede decir como en Hamlet que “algo huele a podrido en Dinamarca”.

Los cuatro países más norteños del istmo centroamericano no parecen dirigirse por el camino del pensamiento democrático, sino por el del clientelismo y las tendencias autoritarias. Honduras ha dado algunas señales de que quiere corregir el rumbo, pero los otros tres están cayendo en una especie de aislamiento internacional cada vez más preocupante. Si en algún momento hubo interés por los derechos humanos, hoy los poderes están aumentando la persecución y los ataques a quienes los defienden. La democracia se entiende como una especie de voto en blanco para que quien salga elegido haga lo que le dé la gana. La racionalidad, el humanismo, la sensatez están lejos de los planteamientos y los discursos.

Editorial UCA

26/09/2022

La semana pasada trascendió que está ya lista para aprobación una ley de justicia transicional que incumple principios básicos. Se prometerán, y en parte se darán, compensaciones monetarias, pero la verdad, la justicia, la reparación y las medidas que garanticen la no repetición de los hechos quedarán severamente recortadas. Los archivos militares estarán protegidos de cualquier revisión e investigación judicial. Y la institución encargada de dar seguimiento a las medidas de reparación no solo tendrá mayoría gubernamental, sino que los ministerios de seguridad y defensa participarán en ella. Es decir, los militares tendrán voz y voto para decidir a qué víctimas reparar, convirtiéndose así en juez y parte. Dada la total resistencia del Ejército a reconocer públicamente los crímenes del pasado, solo cabe esperar que sus representantes no tendrán ninguna simpatía por la justicia y la verdad.

La Comisión de la Verdad estableció que aproximadamente el 85% de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra fueron responsabilidad de la Fuerza Armada. En este sentido, blindar los archivos militares no solamente impide conocer la verdad, sino que niega la justicia más básica. Además, se les otorga a los militares un trato de superioridad y privilegio que niega la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 3 de la Constitución. El cierre de archivos discrimina a las víctimas y favorece a la institución que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en El Salvador.

Premiar a quienes han cometido delitos no logra otra cosa que facilitar que esos delitos se repitan. El hecho de que la Fuerza Armada nunca haya querido pedir perdón institucionalmente por su pasado es muestra de su dura insensibilidad ante la víctimas y de su soberbia antidemocrática. Porque más allá de esa insensibilidad y esa soberbia, nada impide que los militares pidan perdón. Las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile lo hicieron. Si bien Mauricio Funes formuló una petición genérica de perdón, nunca se ha roto el historial de complicidad gubernamental con los militares.

Cuando hay tensión entre el fuerte y el débil, entre la institución que victimiza y las víctimas, proteger a estas e investigar a aquella es el único camino decente. Si la Fuerza Armada quiere estar presente en cualquier instancia que trate de reparar a las víctimas, antes tiene que pedirles perdón a nivel institucional y abrir sus archivos. En otras palabras, antes debe demostrar en la práctica deseo de colaborar en el establecimiento de la verdad. Sin verdad no hay justicia ni auténtica reparación.

La primera en la frente

Rodolfo Cardenal

La reelección de Bukele era sabida, faltaba el anuncio. El segundo período se impone, porque no hay aeropuerto, ni ciudad y bonos volcán, ni tren, ni Hospital Rosales, ni Hospital Zona Norte, ni reforma de las pensiones, ni becas en el exterior. La reelección es necesaria, porque, al parecer, ningún elemento del partido oficial posee cualidades para ejercer la presidencia del Ejecutivo. Todos son peones. Ninguno es líder. Tampoco pueden aspirar a serlo, porque los cortan de raíz. La desvalorización de los liderazgos partidarios es paralela a una ambición de poder que reclama continuidad. La reelección es prometedora, no solo para Bukele y su familia, sino también para el elenco de colaboradores que, al permanecer en sus cargos, continuarán, cada uno a su medida, la depredación del Estado. Y por eso mismo, la reelección es indispensable, ya que les garantiza la inmunidad.

Así como ahora se reelige una primera vez, Bukele se reelegirá las veces que le apetezca, hasta que se canse o el régimen colapse financieramente, víctima de la iliquidez, las deudas y la corrupción, o socialmente, si la movilización popular se le sale de las manos. La inconstitucionalidad incuestionable de la reelección no lo detendrá. Los otrora defensores de la no reelección, cuando no estaban en el poder, ahora se rebuscan para defenderla. El vicepresidente, uno de ellos, ya acaricia la posibilidad de ser presidente seis meses. Si piensa que mandará, se equivoca. Los hermanos Bukele y las venezolanas serán el poder real tras el sillón presidencial.

Los argumentos esgrimidos para razonar la reelección son fascinantes por su retorcimiento. Es cierto que en muchas naciones el titular del poder Ejecutivo es reelegido, pero es deshonesto obviar que esa posibilidad está expresamente establecida en sus constituciones, las cuales, además, incluyen contrapesos eficaces para impedir el ejercicio arbitrario del poder. El poder necesita límites, porque tiende naturalmente al absolutismo y la corrupción. Por esa razón, la Constitución vigente la prohíbe de manera terminante y explícita en seis artículos. El borrador del vicepresidente, en continuidad con la tradición, también lo hace. La reelección legítima exige modificar la Constitución actual. Pero, claro, eso no conviene a un Bukele urgido por la ambición, la inmunidad y las promesas incumplidas. El procedimiento establecido para efectuar dicha reforma le impide la continuidad inmediata.

No es suficiente argumentar que la permanencia es la decisión correcta “para que podamos continuar este camino que hemos iniciado y que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto”, incluso si las urnas lo ratifican. “¿Por qué desechar el camino si funciona?”. En primer lugar, porque el funcionario público solo puede hacer aquello que ordena la Constitución. En segundo lugar, porque las dos opiniones a favor, la de Bukele y la de las urnas, no necesariamente son juiciosas. La ironía popular lo ha expresado con la elocuencia que la caracteriza: la reelección es como consumir comida chatarra, apetecible y degustada placenteramente, pero igualmente perjudicial para la salud. En tercer lugar, porque la historia ha demostrado que la dictadura es siempre un mal. Todas las dictaduras crean grandes expectativas al comienzo, pero, más pronto que tarde, producen más males que bienes. Las consecuencias perniciosas de la dictadura se experimentan cuando el dictador ha caído.

La reelección y la dictadura se presentan como un bien social deseable y excepcional y, en consecuencia, sin solución de continuidad. Si “nos va bien y queremos que nos signa yendo bien”, ¿para qué cambiar? Sin embargo, los únicos que pueden afirmar que les va bien son la familia presidencial y sus allegados, los altos funcionarios y el capital cercano a los Bukele. Todos explotan sistemáticamente la oportunidad para enriquecerse. Desde esa perspectiva, para qué cambiar. A los demás, no les va nada bien. Tal vez, ampliando el criterio, a quienes ahora se ven libres de las pandillas, pero poco más. La inmensa mayoría sufre el impacto de la inflación, del desempleo y el empleo precario, de unos servicios públicos en ruinas, de unas pensiones ridículas y de la brutalidad de las llamadas fuerzas del orden. Eso solo para mencionar algunas de las privaciones experimentadas directamente por las mayorías. Tampoco les va bien a los que hacen número en las cárceles y a las familias de los detenidos.

El argumento histórico que Bukele utiliza para justificar la primera reelección incluye, aunque no lo contemple, su caída. Las dictaduras tienen fecha de vencimiento; ni el presidente, ni su gente pueden garantizar que las mayorías estarán sustancialmente mejor cuando esa fecha se cumpla. El desencanto acecha al régimen que privilegia la lealtad incondicional a la competencia y la honestidad. Si el entusiasmo es tanto, ¿por qué poner retenes para recortar la participación en la marcha de la oposición y forzar a los empleados públicos a acudir al desfile oficial? Cuando los motivos para celebrar son genuinos, no es necesario coaccionar, porque se acude libremente para disfrutar de una alegría compartida.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso

22/09/2022

Para nadie es novedad que El Salvador es una sociedad profunda y arraigadamente autoritaria. Un pueblo fuerte y aguantador. Una nación abusadora y abusada. ¡Cómo ha disfrutado esta sociedad con las manos duras y los uniformes militares! ¡Con cuánto orgullo se ha repetido ese viejo mito de que acá se cortaban las manos a los ladrones! Hemos formado ciudadanos honrados a fuerza de golpes y espantos. Siempre dando la batalla, con un cinturón en una mano y un fusil en la otra. Guerreando siempre.

En este país las decisiones no se toman en consenso. No importa el bien común. Esas costumbres fueron exterminadas hace mucho tiempo porque nos volvían un pueblo débil, un pueblo esclavo. Una nación sensible.

En este país las verdaderas decisiones se toman sin consultar. Eso de las consultas y los referendos es de países que no quieren progresar, acá todo es digital. En El Salvador, el progreso tiene que ver con más calles, más aeropuertos y más edificios, el progreso guarda el olor del cemento, el asfalto y el hierro. El sonido de los yunques y los motores. Con la misma mano dura que se exterminó a los criminales, en el fondo más débiles que nosotros, debemos extinguir también los árboles y los venados. Las mariposas y los colibríes, símbolos de ese pasado que nos avergüenza.

En este país, las personas torcidas son las que no tuvieron cerca un adulto, llámese papá, mamá, abuela, tío que los disciplinara. Y esos pobres que no fueron corregidos son ahora parte de los ochenta mil que engrosan la población carcelaria. Por malos, por tatuados, por pobres, por no enderezados. Decidieron ser victimarios en lugar de víctimas y esto lo pagarán muy caro. ¿Podemos ver nombrados los cimientos de nuestra gloriosa nación? ¿No es acaso esta visión la misma que asesinó más de treinta mil campesinos en 1932 y la que pintó tantos espacios públicos con aquel viejo llamado de Haga patria, mate un cura que más de algún héroe de nación puso en práctica?

En El Salvador las leyes no están hechas para cumplirlas, los semáforos en rojo son una sugerencia, los reglamentos son para los tontos y las personas más admiradas son aquellas que consiguen más sin esforzarse, encontrando la trampita. Por eso admiramos al que más dice y no al que más hace, y también admiramos al político que prefiere pagar una multa que seguir los procesos, como lo hizo Naybi Bukele, o como dirían algunos “mejor pedir perdón que pedir permiso”, como también lo hizo el presidente.

Sin embargo, durante más de treinta años, este impetuoso país fue domado por oscuras fuerzas externas, por presiones internas y por algunos muertos que en nombre de su memoria, exigieron que ocultáramos nuestras verdaderas y heroicas pasiones. Pero luchamos, hicimos todo lo posible y no abandonamos nunca ese modelo del capataz de finca. Es solo que, de pronto, nos vimos obligados a seguirlo con disimulo. Pegar a la mujer de noche. Violentar a los hijos en silencio. Ocultar la pistola en el escritorio. Sobornar con un maletín negro. Alguien podría denunciarnos, a pesar de que siempre buscamos que el sistema no funcionara. Durante algunos años, los rifles fueron fundidos para construir otros sueños y las golpizas, en general, fueron consideradas de mal gusto. Este pobre paisito empezó a vivir su rabia desde el closet, aunque siempre había gestos de fuga y rebeldía, casi igual de violenta. El problema de esos años fue que la democracia, que los derechos humanos, que la paz y la transparencia… esas ridiculeces inventadas por quienes no saben enfrentarse a la vida.

Hasta que por fin… ¡por fin! llegó un hombre… un profeta, y sus discípulos que escucharon su llamado. Fue un enviado, desde lejanas tierras prometidas. Hablaba con la formidable indignación de quien ha tenido que contenerse por mucho tiempo. Nombró los dolores, los engaños, las humillaciones. Y el pueblo, ese pueblo obligado por años a vivir en el armario, lo celebró y lo siguió. Supo, por fin, que su tiempo había llegado, ahora podríamos humillar a quienes no pensaran como nosotros.

Lo importante es que pasamos página. Ya basta de esos líderes que golpeaban en la noche y escondían la mano. Tenemos derecho a odiar. Tenemos derecho a tomar las vidas de quienes no quieran perpetuar este orden establecido. Ya basta con vivir en el clóset de la democracia, porque, ¿A quién le ha servido esa democracia si no es a los débiles, a toda esa gentuza que piensa distinto?

Ya es hora de tomar lo que nos pertenece, celebremos así, con un estruendoso aplauso esta verdadera independencia, por fin salimos del clóset y podemos vivir como lo que somos, esta sociedad antidemocrática, violenta y autoritaria. Y que nadie quiera venir a meterse con nuestra decisión.

P.D. Pero por si a alguien le queda alguna duda, la academia, esa casa de la utopía y el pensamiento crítico, seguirá denunciando. No renunciaremos jamás a la esperanza. Vamos a señalar, vamos a denunciar, vamos a construir una sociedad más justa, donde todos los que pensamos distinto podamos conversar, sin temor a las muchísimas violencias que nos siguen habitando.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 104.

Con dedicatoria especial a Estados Unidos, Nayib Bukele, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, demandó respeto a la soberanía de El Salvador, pero entendiéndola, por supuesto, muy a su manera. Conceptualmente, la soberanía está ligada al concepto de Estado: solo el Estado es titular de soberanía, la cual es independiente de la forma de gobierno. En este sentido, sin importar si es una monarquía, una democracia o una dictadura, un país tiene y puede demandar soberanía. Lo que no hay que perder de vista es que en las democracias la soberanía descansa en la autonomía, independencia y existencia de los tres poderes del Estado: legislativo, Ejecutivo y judicial. Ese, pues, no es el caso de El Salvador en la actualidad. El problema de fondo no es de soberanía.

En sus inicios, la administración de Bukele tuvo una luna de miel con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo que calificó a nuestro país como una letrina y a los migrantes salvadoreños como pandilleros, delincuentes y terroristas; el mismo al que a Bukele le pareció simpático, cool. En ese tiempo, el Gobierno salvadoreño no tuvo reparos en que su relación con Estados Unidos fuera de vasallaje. Primero respaldó la política antimigrante de Trump. En 2019, recién llegado Bukele al poder, firmó convenios que declaraban a El Salvador como tercer país seguro, lo que permitía deportar a nuestro territorio a migrantes que entraban a suelo estadounidense de forma irregular. Además, desplegó a la Policía para impedir el paso de migrantes y aceptó la llegada de funcionarios estadounidense para que asesoran a sus contrapartes salvadoreñas en temas aduanales y de seguridad fronteriza. También firmó un programa de intercambio de datos biométricos para prevenir la delincuencia y la amenaza a la seguridad pública. A cambio de todo eso, Estados Unidos extendió el TPS para dar respiro a casi 200 mil salvadoreños en aquellas tierras.

El problema inició con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Desde muy temprano, su administración comenzó a señalar públicamente que para controlar la migración no era suficiente construir un muro o firmar acuerdos de terceros países seguros, sino que era necesario contar con Gobiernos transparentes, honestos y respetuosos de los derechos humanos en los países de origen. Para Biden, por tanto, la única manera de detener la migración era y es atacar causas estructurales como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la debilidad democrática. Ese fue el punto de inflexión en la relación con los Estados Unidos. Y vino el cambio. Mientras Bukele le prometió a Trump bajar los índices de migración para que tuviera éxito en su política contra los migrantes, frente a Biden reivindicó el derecho a migrar.

En el debate actual sobre el concepto, se considera que existen fenómenos y realidades a los que la soberanía no aplica, porque escapan a las competencias de un solo Estado. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, el medioambiente y los crímenes de lesa humanidad. Bukele habla de soberanía como habla de libertad, entendiéndolas a su conveniencia. Defiende la soberanía entendida como su derecho a hacer lo que él quiera sin que la comunidad internacional diga nada. Exige al país del norte no meterse en los asuntos internos del país, pero se burló a través de Twitter de los congresistas estadounidenses que le pidieron mayor transparencia y respeto a los medios de comunicación. Además, hizo un llamado a no votar por la reelección de la congresista Norma Torres. Más allá de sus intenciones y de los efectos que logra en los suyos, Bukele quedó retratado en la ONU tal cual es: un prestidigitador autócrata que construye en discursos lo que le falta en la realidad.

En su editorial del viernes 16 de septiembre, la UCA insistía en que la búsqueda de reelección presidencial es una clara y directa violación a la Constitución, con graves consecuencias para el país. Seguir la ruta de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández no augura algo bueno para El Salvador. Que el presidente haya hecho su anuncio cuando se celebraba la independencia centroamericana se presta a la interpretación de que, para él y los suyos, la independencia equivale a que el poder haga lo que le da la gana, sentando una piedra más para el reino de la arbitrariedad que el régimen construye desde 2019.

Conviene recordar las razones por las que la Constitución salvadoreña y otras de América Latina exigen la alternancia en el poder, rechazando la reelección inmediata. En el caso de nuestra nación, quienes aprobaron la Constitución partieron de la tendencia histórica de los mandatarios a perpetuarse en Casa Presidencial. Leer la historia latinoamericana es contemplar la facilidad con la que se daban golpes de Estado, fraudes electorales y, en general, un mal uso del poder para fines particulares. Atendiendo a ese contexto es que se concluyó que la alternancia en el poder y la independencia de poderes garantizaban un ejercicio gubernamental más trasparente y sujeto a revisión.

Los diputados constituyentes de 1983 aumentaron las prohibiciones que ya la Constitución de 1962 imponía a la reelección. La de 1950, la primera Carta Magna salvadoreña, que trató de impulsar una democracia moderna y desarrollada, y que es la base de las dos Constituciones siguientes, también prohibía la reelección presidencial. En otras palabras, existe en el país historia y tradición en favor de la democracia y en contra de la reelección, más allá de los errores que los Gobiernos concretos hayan tenido. Aun en medio de sus contradicciones, los diputados constituyentes eran conscientes de lo que la tradición democrática decía desde sus orígenes.

En uno de sus libros clave, la Política, Aristóteles afirma que “las ventajas y utilidades que proporcionan el poder y la administración de los asuntos públicos determinan en todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder”. Y añade una frase lapidaria: “El poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Hace menos tiempo, un célebre historiador inglés sentenciaba lo siguiente: “El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. La permanencia en el poder ha solido estar acompañada del abuso, la persecución del disidente y la corrupción. Por esa razón, las democracias, especialmente las que tienen un sistema presidencialista, han tendido a limitar la reelección. La independencia de poderes, indispensable en la democracia, es más difícil cuando una persona se mantiene por mucho tiempo en la presidencia. A mayor poder del Ejecutivo, además, con mayor facilidad se violan los derechos humanos.

Cuando hoy se ataca a toda persona o institución defensora de derechos humanos, se burla la ley con pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia carentes de racionalidad jurídica, se interpreta la cantidad de votos obtenidos como una delegación de poder absoluto que da derecho a la arbitrariedad y se pretende permanecer en el poder torciendo la legalidad, es necesario y urgente defender la Constitución. En particular, la academia, responsable de producir y compartir conocimiento, debe desde sus saberes defender el Estado de derecho, el gobierno de leyes por encima del gobierno de personas; defender el entendimiento racional y sujeto a valores democráticos.

Editorial UCA

16/09/2022

A pesar de que la Constitución de la República prohíbe claramente la reelección presidencial, Nayib Bukele anunció este 15 de septiembre su decisión de presentarse como candidato en las elecciones de 2024, oficializando así lo que todos los sectores defensores de la democracia señalaban desde hacía meses: la intención de él y los suyos de atornillarse en el poder. Ciertamente, en muchos países del mundo la reelección presidencial es una posibilidad avalada por ley. Además, en sí misma no es incompatible con la democracia y no tiene por qué ser perjudicial para la vida política. Pero el punto clave es precisamente que en las democracias que la permiten, está regulada por las leyes, no se realiza contradiciéndolas, ni destruyendo la independencia de poderes, ni en un marco de desmantelamiento de los derechos ciudadanos.

Al tomar esta decisión, el presidente ha hecho caso omiso de los artículos constitucionales que no solo prohíben la reelección, sino que despojan de sus derechos ciudadanos a quienes la promuevan o apoyen. Tampoco le ha importado que la violación a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia obliga a la insurrección con el fin de restablecer el orden constitucional. Bukele ha desnudado por fin el verdadero calado de su ambición de poder. Por la fecha que escogió para dar el anuncio, pareciera que entiende la independencia nacional como su propio y único derecho a interpretar las leyes de acuerdo a sus intereses personales y que él como presidente, por ser la máxima autoridad de la nación, puede hacer lo que le plazca, sin ataduras ni límites de ningún tipo.

Bukele confirmó la noche del 15 de septiembre que El Salvador seguirá la ruta de la Nicaragua de Daniel Ortega y la Honduras de Juan Orlando Hernández. El primero se presentó a la reelección en 2007 yendo en contra de la constitución nicaragüense, y no se ha bajado de la silla presidencial desde entonces. Se ha reelecto comicios tras comicios gracias a fraudes electorales y una férrea dictadura, en la que los derechos humanos y los principios democráticos son solo recuerdos. En Honduras, Juan Orlando Hernández también se presentó a reelección violando su propia Constitución. Ganó por medio del fraude y sumergió al país en una profunda crisis política, económica y social, de la que todavía no ha salido. Terminó siendo repudiado por una gran mayoría de hondureños, que aplaudieron y festejaron cuando al finalizar su segundo mandato fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico.

En su discurso, Bukele afirmó repetidamente que, por primera vez en 201 años, El Salvador es libre, soberano e independiente porque hoy toma sus propias decisiones, no está sometido a ninguna otra nación y ya no sigue las recetas venidas del exterior. Quiere hacer creer que la guerra contra las pandillas y la suspensión de los derechos humanos fundamentales con el estado de excepción constituyen la única política capaz de resolver el problema de la seguridad y el crimen, y que este es el principal signo de nuestra independencia. Pero mientras el oficialismo repite estas falacias, las voces honestas, con vocación pacífica y democrática, para las que la justicia no es una palabra vacía, ven la realidad: el régimen le niega los derechos constitucionales a la ciudadanía, ha cerrado casi todos los espacios democráticos conquistados a lo largo de los últimos 30 años, ha liquidado la independencia judicial, ha acabado con la transparencia en la gestión pública y ha concentrado todo el poder en el presidente.

En la noche del 15 de septiembre, Bukele firmó el acta de defunción de la transición hacia la democracia. Es ya oficial, y los servidores y fieles del presidente lo celebran con el interesado fanatismo que los distingue: El Salvador ha retrocedido décadas y hoy abraza emocionado su historia de redobles militares y dictaduras.

Por José María Tojeira

El poder político busca siempre maneras de perpetuarse en el poder. Hay maneras estandarizadas que con frecuencia siguen los partidos políticos, sean de la tendencia que sean. Por ejemplo, en El Salvador tanto Arena como el Fmln en el pasado, y en la actualidad el presidente Bukele, tratan de llevarse bien con la Fuerza Armada, darle protagonismo social y no crearle ningún problema. La ideología en en este punto indiferente.

Ninguno de ellos se ha atrevido a poner en algún momento un ministro de defensa civil, como hacen las democracias desarrolladas. Y eso a pesar de que hay civiles que incluso estarían más preocupados por servir al Ejército que muchos de los militares, más interesados en hacer avanzar su carrera que en conseguir poder social. Pero dicho esto, los modos de dominar políticamente y trabajar en favor de la permanencia en el poder, tienen también sus elementos diferenciadores. Más que hacer un ejercicio comparativo entre los partidos que

han administrado el poder en los últimos 34 años, nos concentraremos brevemente en algunos aspectos novedosos y específicos del gobierno de Nuevas Ideas.

El estilo del liderazgo del presidente Bukele trata de combinar, de un modo sistemático, seducción, novedad, ejecución y temor. Seduce con esa capacidad, con frecuencia salpicada de un poco de desvergüenza, de hablar, responder, criticar, enfrentarse, exaltar las propia realizaciones y tomar decisiones rápidas, aunque la ejecución de lo prometido vaya bastante más lento de lo que el discurso puede hacer suponer. Se puede

presentar en la ONU dando lecciones a todos los países de cómo debía estar organizada la asamblea plurinacional, haciéndose selfis, y presumiendo de ser un presidente “cool”. Su estilo desinhibido, irónico y agresivo seduce a muchos salvadoreños. La realidad detrás del discurso, e incluso la vacuidad del mismo, no importa. La apariencia juvenil, activa e incluso respondona, seduce. La escenificación exageradamente glamurosa y la propaganda sistemática contribuye a aumentar la seducción.

Al mismo tiempo hace cosas que “nunca se habían hecho anteriormente”. El manejo de la pandemia fue un ejemplo claro. Aunque posteriormente se ralentizó la vacunación, El Salvador fue uno de los primeros países en América Latina en llegar a cubrir con una o dos dosis al 60% de la población. Repartió tanto canastas alimentarias como 300 dólares a una buena cantidad de gente en necesidad. Y si alguien se contagiaba con Covid le llevaban medicina a la casa y le llamaban por teléfono todos los días para ver qué tal le iba.

En el estado de alerta, tensión y miedo causado por el covid, resultaban problemas menores que el Estado bajara sustancialmente la atención a otras enfermedades crónicas, que se detuviera y castigara ilegalmente a quienes no cumplían con la orden ejecutiva de reclusión domiciliar o que se descuidara y murieran masivamente ancianos internos en los asilos gerenciados por el Estado. La capacidad ejecutiva para algunos temas y la habilidad en el enfrentamiento con los opositores, en buena parte desprestigiados por el ejercicio del poder, daban apariencia de verdad a todas las promesas presidenciales, por descabelladas que fueran algunas como, por ejemplo, la confianza ciega puesta en el bitcoin. Novedad de acciones, capacidad ejecutiva parcial y estratégica, propaganda intensa, hacían olvidar errores, tanto de ejecución como de menosprecio y abuso de los derechos de las personas.

Por José María Tojeira, S.J.

Las apariencias deslumbrantes suelen seducir y cautivar. Pero en la medida que permanece y crece la separación entre apariencia y realidad, el cultivo de la apariencia intenta perpetuarse desde la mentira descarada, el control creciente del poder y la capacidad de infundir miedo en quienes tienen capacidad crítica. En El Salvador, el deseo popular de un cambio en el caminar político, el malestar social frente a la violencia, la pobreza y la desigualdad, así como la ausencia de oportunidades facilitaron el triunfo arrollador del actual presidente, Nayib Bukele, experto en creación de imagen. La capacidad de ofrecer imágenes y promesas de cambio, así como algunos logros, estuvo presente desde el inicio de su participación en la política local, inicialmente de la mano del FMLN. Tras su triunfo electoral de la mano de GANA, los símbolos de desarrollo expresados en un futuro de trenes y aeropuertos, descenso notable de homicidios como prueba de superación de la violencia, relaciones internacionales amparadas en la publicitada relación simultánea con los Estados Unidos de Trump y con un prometedor gobierno chino, creaban confianza en un futuro distinto.

La pandemia de Covid, cuando la imagen gubernamental comenzaba a deteriorarse tras la toma de la Asamblea Legislativa, dio un nuevo impulso al reino de la apariencia. Como en muchos otros países del área, la pandemia produjo un serio aumento de la pobreza y un grave retroceso en el terreno del desarrollo económico y social. Pero también ofrecía a los gobiernos la capacidad de crear la apariencia de servicio, efectividad ejecutiva y éxito en la lucha contra la enfermedad. El gobierno aprovechó la situación y concentró todos sus esfuerzos en la gestión del Covid, aun a riesgo de dejar sin recursos o pobremente servidos otros servicios esenciales en el campo de la salud, la educación o el trabajo.

La gestión de la pandemia, a pesar de las críticas, fue mucho mejor de lo que podía esperarse. La rapidez inicial de la vacunación, la aportación de medicinas entregadas directamente en la casa de los enfermos, el servicio hospitalario centrado en la calidad de atención a los enfermos de Covid, las ayudas temporales en dinero y canastas alimentarias, la mano firme sancionando a quienes se podía culpar como fuentes de contagio, desobedeciendo normas de confinamiento, tuvieron un efecto positivo en la opinión pública, a pesar de los abusos autoritarios que se dieron en los centros de contención y algunas señales de corrupción administrativa.

Pero el tiempo pasa y los abusos siempre cobran su parte. El afán de control del sistema judicial y el modo abusivo e ilegal de destituir jueces discriminando por edad a los mayores de 60 años, unido al fracaso de la apuesta por el bitcoin, comenzaba de nuevo a empañar la aureola seductora. El régimen de excepción y la captura masiva y abusiva de jóvenes acusados de pertenecer a la maras, aun con serias deficiencias legales, creó de nuevo un camino de apoyo popular. Después de dos siglos prácticamente inútiles, “al fin vivimos en paz y libertad”, dirá el presidente Bukele al anunciar las celebraciones del 15 de septiembre. Y es que a pesar de violaciones flagrantes al derecho a la integridad personal y a algunas garantías judiciales indispensables, exigidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por El Salvador), el aumento de la seguridad en muchas zonas marginales renovó una vez más la capacidad seductora del Ejecutivo. ¿Se podía haber conseguido la seguridad de otra manera? En el terreno de la seducción política la respuesta no interesa. Otros no pudieron llevar la paz a las colonias, y el actual gobierno sí.

Pero el triunfo de la apariencia, aunque disfrute de mucho brillo y aureola, tiene siempre los pies de barro. El problema del esquema de seducción política imperante tiene como base el control del poder, la construcción de apariencia desde la propaganda en las redes sociales y la imposición de medidas autoritarias para conseguir resultados. El afán de seducir desde la apariencia se percibe en el uso del dinero, en el odio a la crítica, en la incapacidad de diálogo, en la hostilidad a quienes defienden los Derechos Humanos y en el peso del poder Ejecutivo sobre cualquier instancia estatal. Si el gobierno ha conseguido mantener la apariencia de eficacia ha sido a base de propaganda, control férreo de las instituciones públicas y algunos éxitos parciales. Éstos le han dado aire y popularidad en medio de unas deficiencias económico-sociales de tipo estructural que permanecen sin cambio desde la entrada de Nuevas Ideas en la administración política.

El problema es que sin cambios estructurales en el nivel de vida ciudadano, la apariencia de desarrollo no puede mantenerse durante períodos largos. Y menos con un estilo real de gobierno que mezcla autoritarismo político, cibervigilancia creciente y liderazgo personalista, con neoliberalismo radical en el campo de la economía. La fabricación virtual de una apariencia exitosa puede cautivar y seducir durante un tiempo. El autoritarismo y la cibervigilancia pueden también temporalmente amortiguar los deseos de cambio. Pero si el desarrollo socioeconómico se estanca, si la libertad se reprime y si el deseo de transformación y mejora social se disuelve con la rapidez de caída del bitcoin, la apariencia no tarda en desaparecer. Queda solo patente el autoritarismo y la fuerza bruta y, con él, el desprestigio internacional y la resistencia de los pueblos. En esas situaciones el deseo de paz civil, de convivencia democrática, la capacidad crítica y el desarrollo pleno de las capacidades de todas las personas, se convierten en la única salida del caos que la fuerza bruta implica y conlleva.

Por José María Tojeira

La detención de un “twitero” acusado del delito de desacato, ha ocasionado un debate relativamente amplio sobre la libertad de expresión y sobre la manipulación estatal de la justicia. Pero prácticamente nadie ha cuestionado la conveniencia o inconveniencia de que ese delito esté presente en nuestro código penal. Como tampoco se ha cuestionado la redacción concreta de ese mismo artículo, sumamente vago en su formulación y, por tanto, susceptible de manipulación. Y es que, en efecto, ese delito, a nivel internacional, está seriamente cuestionado. Para empezar, en muchos códigos penales de países con democracias avanzadas, el delito tal y como se configura en nuestro código, ya no existe. Dentro del avance democrático se ha ido eliminando de la legislación todo tipo de norma que en la práctica constituya un privilegio de la autoridad y niegue la igualdad ante la ley de todo ciudadano. Y el artículo 339 de nuestro código penal establece ciertamente una situación de desigualdad entre la ciudadanía normal y quienes detentan como funcionarios algún tipo de autoridad estatal.

En principio nadie debería dudar de que es más grave que un diputado, o un juez, insulte a un ciudadano, que el ciudadano los insulte a ellos. El funcionario con autoridad es un servidor público y, en ese sentido, si insulta a alguien, añade a la ofensa del insulto la irresponsabilidad  del incumplimiento de un comportamiento respetuoso, indispensable para quien esté al servicio de los demás en un cargo público. Sin embargo, el delito de desacato en El Salvador no tiene contrapartida en las ofensas de palabra que, por ejemplo, un diputado pueda inferir a un simple ciudadano o ciudadana. La desigualdad ante la ley es patente. Si hay que castigar o penar ofensas de palabra o faltas al decoro ajeno, la ley debía ser igual para todos y no establecer una clara desigualdad entre servidores públicos y aquellos que deberían ser servidos por los funcionarios. Si algo podemos decir del delito de desacato, es que procede de una concepción sacral de la autoridad y que olvida el principio básico de que el poder viene del pueblo y está en el pueblo. En otras palabras, que tenemos en nuestro código penal una herencia obsoleta de épocas antidemocráticas. Si los diputados tuvieran un poco más de conciencia democrática desde hace ya tiempo hubieran elminado este artículo. Y si los jueces no fueran tan leguleyos ya hubieran en algún momento aplicado el control difuso de la Constitución al observar la contradicción de este artículo del código penal con el artículo tercero de nuestra Constitución.

Además el numeral 339 del código penal se presta a interpretaciones caprichosas desde el poder. Este artículo penaliza ofensas de palabra contra el “honor o decoro” de los funcionarios públicos ¿Qué significa o qué entendemos por decoro? Una “mala palabra”, como solemos llamar a frases exclamativas generalmente insultantes o de mal gusto, ¿implica falta de decoro? Y también ¿qué entendemos por honor? El diccionario de la lengua pone como definición principal del honor la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. ¿Puede el Estado penalizar cualidades morales del ciudadano, cuando con frecuencia no cumple con sus deberes respecto al prójimo? El artículo que comentamos no fue puesto en el código penal por el partido Nuevas Ideas. Cuando los diputados de dicho partido tienden a considerarse el “no va más” del espíritu democrático de la nación, bien harían en revisar este artículo y dar pasos más firmes hacia la democracia no solo suprimiéndolo, sino avanzando con mayor rapidez hacia la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. El honor no es patrimonio de los altos funcionarios, sino de todos por igual. A poca cultura que tengan, los diputados debería recordar lo que decía Pedro Crespo en El Alcalde de Zalamea: “Al Rey la hacienda y la vida se han de dar. Pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”. El honor es el mismo para toda persona, simplemente por el hecho de ser humano.