Editoriales y Opiniones

La liberación de más de doscientos presos políticos por parte del régimen nicaragüense supuso un pequeño respiro de esperanza en la dinámica de atropellos y totalitarismo impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los ahora acogidos en suelo estadounidense no solo fueron desterrados, sino también despojados de su nacionalidad. Los que no aceptaron dejar Nicaragua, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, pagan caro lo que fue leído por el régimen como una nueva afrenta al poder. La condena a más de 26 años de prisión para el prelado, dictada en un juicio a la medida del capricho del dictador, suscitó la condena internacional, a tal grado que incluso llevó a que la jerarquía de la Iglesia católica por fin se pronunciara, una reacción que se merecen igualmente los presos políticos menos conocidos. Por las lecciones que arroja, es útil recordar el recorrido que ha llevado a Ortega y Murillo a encabezar una dictadura de tintes norcoreanos.

Si se contabilizan los años en que Ortega estuvo al frente de la junta revolucionaria de gobierno (de 1981 a 1984), los de su primera gestión como presidente (de 1985 a 1990) y los que lleva ininterrumpidamente como mandatario (16, desde enero de 2007), el nicaragüense ha rebasado los 26 años en el poder. En 2006 asumió la presidencia luego de ganar unas elecciones precedidas de reformas constitucionales que se adaptaron al techo electoral de su partido. Una vez en el Ejecutivo, procedió a desmontar la institucionalidad democrática para continuar mandando sin impedimentos. Puso bajo su dominio al poder legislativo, al poder judicial y al poder electoral. La institucionalidad pública pasó de ser controladora del ejercicio del poder a facilitadora de las decisiones presidenciales.

Después vinieron elecciones con fraudes cada vez más evidentes y descarados. Se prohibió la observación internacional y se minó el camino de eventuales competidores electorales. Ortega está ya en su quinto período de cinco años como presidente y el cuarto consecutivo, después de elecciones antidemocráticas, ilegítimas y sin credibilidad. Con el tiempo, Ortega ha pasado a convertirse en un dictador de manual. Adquirió radios, televisoras y periódicos, y a los diarios que no pudo comprar les cerró el suministro de papel para que no pudieran imprimir o les anuló los permisos de operación. Clausuró, además, más de un millar de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas de ayuda humanitaria, por considerarlas peligrosas para la estabilidad del país. Arremetió contra la Iglesia católica cuando esta denunció las injusticias; expulsó o cerró la entrada al país a sacerdotes y religiosas.

Barrió de la mesa a toda figura que representara una amenaza a su poder; inhabilitó legalmente a candidatos para participar en elecciones y posteriormente los encarceló inventándoles cargos. Lo último es el destierro de opositores, a quienes les quitó la nacionalidad para garantizar que no puedan ser sus adversarios nunca más. De este manera, solo se puede ser opositor al régimen viviendo fuera de Nicaragua. Por el momento, Ortega y Murillo reinan a sus anchas, pero la historia muestra que las dictaduras no terminan bien. Con sus dictados y violencias, Ortega sigue acercándose al momento de su caída.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, aun siendo el más grande de América Latina, no es ninguna obra admirable, sino ejemplo del fracaso rotundo de la política social de Bukele. No es solución para la violencia social, porque el hambre, la enfermedad y el desempleo acechan a las mayorías. Estos males son estructurales y antiguos. Bukele pudo haber colocado los cimientos de una política de Estado centrada en servicios sociales universales y de calidad, pero, en vez de eso, se vanagloria de haber construido un centro de confinamiento perpetuo para presuntos terroristas, mientras en el exterior sus familiares aguardan angustiados tener alguna noticia de ellos y los menores deambulan a la deriva y desescolarizados. En siete meses, Bukele pudo construir los hospitales prometidos, mantener abastecido de medicamentos el seguro social y el sistema público de salud, reducir sustancialmente los tiempos de espera, mejorar la consulta externa y el tratamiento interno de los hospitales públicos, y habilitar la infraestructura educativa (un dispositivo electrónico no eleva el nivel de la educación).

Bukele pudo haber realizado muchas más obras para beneficio inmediato y directo de la gente, pero no quiso ni pudo. Recortó el presupuesto de salud pública de este año, en cuenta el de trece hospitales. La prioridad del presupuesto general es pagar la deuda, mientras la pobreza extrema gana terreno y la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, es decir, no come lo suficiente o simplemente no come. A la falta de voluntad se agrega el ahogamiento de una deuda en expansión. La seguridad social aparece en el plan electoral, pero, una vez en el poder, Bukele prefirió la infraestructura megalómana, como el penal inaugurado.

La opción es la limpieza sistemática de “los indeseables”, tanto los pandilleros y quienes aparentan serlo como los contestatarios. Todos ellos serán confinados en “condiciones duras, las que se merecen”, “sin volver a tener contacto con el mundo exterior”. Ahí “terminarán los días de todos los terroristas”, una categoría donde cabe cualquiera que se antoje. Bukele hará de ellos “el ejemplo del castigo” por rebelarse contra el orden neoliberal introducido por Arena. El centro de confinamiento está diseñado para “que nadie pueda salir”. Un desperdicio de recursos, porque las fugas hace tiempo que cesaron: ahora los criminales más buscados salen de las cárceles de la mano de los altos funcionarios de Casa Presidencial.

El terror implantado por las pandillas en los territorios bajo su control es respondido con el terror del régimen de excepción. Pensar que el terror se combate con más terror es entrar en una espiral de violencia, donde el país ya estuvo en las décadas de 1930, 1970 y 1980. El terrorismo estatal y privado deja destrucción, muerte y sufrimiento. Esa fue la solución de Hernández Martínez para la miseria del campesinado. El fiasco de la guerra con Honduras evidenció su fracaso. El Ejército y la oligarquía agroexportadora volvieron a intentar el exterminio de los “delincuentes/terroristas” en lugar de reformar la estructura económica y social. Cuando se convencieron de su error, detuvieron la guerra e introdujeron el capitalismo neoliberal. No satisfechos con lo mucho que ya poseían, se apoderaron de la riqueza nacional mediante el despojo. Los excluidos del bienestar neoliberal, la mayoría, se vieron obligados a buscarse la vida al margen de la legalidad. La violencia causada por el despojo de la riqueza fue respondida con otra violencia, cuyas víctimas han sido las poblaciones empobrecidas.

La acumulación por despojo continúa. Los Bukele y sus socios también acumulan despojando. Incluso repiten el discurso del bienestar de los neoliberales de Arena. Si ese bienestar fuera real, Bukele habría terminado con esa modalidad de enriquecimiento de los que ya son obscenamente ricos, habría introducido una reforma tributaria progresiva, habría establecido controles tan implacables como los muros, los cercos y las torres que resguardan su monumento represivo para evitar y perseguir la corrupción, y habría reducido de forma drástica el gasto militar para aumentar sostenidamente el social.

El complejo de Tecoluca es similar a otros campos de concentración, antiguos y actuales. El Salvador de los Bukele no es viable sin ellos. El centro de confinamiento es una vergüenza tanto para quien lo construyó, porque revela que no tiene una propuesta positiva para una realidad social muy precaria, como para la sociedad que lo acepta, unos con entusiasmo, otros impasibles, sin caer en la cuenta de que es producto de su propio fracaso como sociedad.

Vienen a cuento aquí las recientes palabras del papa Francisco, en la República Democrática del Congo, desgarrada por una guerra sangrienta y cruel. El papa pronunció un rotundo “no a la violencia, siempre y en cualquier caso, sin condiciones y sin ‘peros’. […] Es un engaño trágico: el odio y la violencia nunca son aceptables, nunca son justificables, nunca son tolerables, con mayor razón para los cristianos. El odio solo genera más odio y la violencia, más violencia”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El desastre sísmico en Turquía pone de nuevo sobre la mesa los temas solidaridad y vulnerabilidad. El Gobierno de El Salvador ha sido solidario con el pueblo turco, y eso es positivo. De cara al futuro, sería ideal tener un equipo permanente de ayuda, de manera que estuviera siempre listo a prestar una mano el mismo día del desastre en otro país. Mejor aún fuera que la solidaridad no estuviera en manos militares, pues esa no es especialidad del Ejército. Las fotografías de la expedición a Turquía muestran un exceso de uniformes castrenses. Si la principal institución estatal de prevención y respuesta al desastre es la Dirección General de Protección Civil, no es buena idea invadir sus funciones.

Con respecto a la vulnerabilidad de El Salvador, se ha ido avanzando en algunos aspectos desde hace años. La respuesta gubernamental al terremoto de 1986 fue un desastre. Incluso algunos hospitales insignia estaban tan mal construidos que tuvieron que poner a los enfermos en carpas al aire libre. La Iglesia católica, unida a otras Iglesias históricas, desarrolló una labor solidaria muy superior a la del propio Gobierno. Desde entonces hasta el presente, el Estado ha creado sus propias instituciones para enfrentar el desastre. Pero dada la vulnerabilidad del territorio nacional, quedan todavía muchas cosas por hacer.

Supervisar adecuadamente la construcción de viviendas es clave para salvar vidas, así como también contar con un programa de apoyo a la construcción popular. Además, si bien a nivel urbano hay exigencias técnicas, en el ámbito rural la situación es muy deficiente. La Universidad de El Salvador y la UCA tienen laboratorios de avanzada que facilitan la formulación de normativas de construcción sismorresistente, pero eso de poco sirve si el Gobierno no tiene la capacidad de financiar la construcción de viviendas dignas en lugares seguros, especialmente en zonas rurales. Sin eso, las personas de recursos escasos continuarán construyendo con materiales y diseños inadecuados, en lugares vulnerables tanto frente a terremotos como a inundaciones y deslaves.

Aunque desde las políticas públicas se puede hacer mayor énfasis en ciertos aspectos de la protección y promoción de la vida, la responsabilidad de protegerla en general es siempre una obligación absoluta del Estado. El Salvador es un país vulnerable y en riesgo permanente. Esa realidad exige planificar el futuro, fortalecer instituciones, tener políticas claras en el campo de la vivienda, la salud y la seguridad alimentaria. Sin ello, cualquier proyecto de convertirnos en un paraíso para el turismo y la inversión está abocado al fracaso. Repensar el país, dialogar con la sociedad civil, lograr consensos de desarrollo son tareas pendientes. Aunque aún se está a tiempo de hacerlo, el plazo es corto. De lo contrario, en un futuro no muy lejano, los problemas se agudizarán. Si no se planifica seria y dialogadamente el futuro, los efectos de la vulnerabilidad superarán siempre la solidaridad que se reciba.

El papa Francisco, sin duda un referente ético mundial, además de cabeza de la Iglesia católica, ha resaltado una vez más los peligros de la minería durante su viaje a África. Y no es para menos. El Congo, país que visitó, lleva años sufriendo guerras internas en buena parte inspiradas e impulsadas por intereses mineros. Recordó los “diamantes de sangre”, que se dieron a conocer por una película que narraba, en tierras africanas, las guerras, la esclavitud y la brutalidad que hay detrás del lujo occidental, indiferente ante los abusos de los que se sirven alguna empresas mineras y negociantes de joyas. Otros minerales y su explotación, como el coltán, no resultan menos peligrosos para la gente común, sin que contribuyan al desarrollo del propio país. Las palabras del papa son fuertes y merece la pena citarlas: “Es la guerra desatada por una insaciable avidez de materias primas y de dinero, que alimenta una economía armada, la cual exige inestabilidad y corrupción. Qué escándalo y qué hipocresía: la gente es agredida y asesinada, mientras los negocios que causan violencia y muerte siguen prosperando”. La frase, también del papa, “Basta de enriquecerse a costa de los más débiles con recursos y dinero manchado de sangre!”, aunque haya sido dicha en el Congo, puede servir para muchos países golpeados por la minería a cielo abierto en África y en América Latina. Los estragos de algunas mineras en Honduras o en Guatemala no nos dejan mentir.

En El Salvador, sin menospreciar a otras organizaciones, pero en buena parte gracias a los esfuerzos de la Iglesia católica, se ha logrado la prohibición, por ley de la República, de la minería metálica. Somos un país pequeño, sujeto a frecuentes deslaves y temblores, con problemas de agua y en el que un derrame de sustancias químicas peligrosas podría afectar a prácticamente todo el territorio nacional. Todos sabemos que alguna empresas mineras trataron no hace pocos años de extraer oro en cárcavas artificiales construidas a cielo abierto. Mintieron, prometieron abundancia y no tuvieron ningún escrúpulo en atacar a personas decentes. Diplomáticos de los países que albergan la sede de las compañías mineras, muy democráticos ellos, no tuvieron ningún empacho a la hora de mentir y hacer propaganda de sus empresas. Pero todos sabíamos que si un derrame químico afectara las aguas del río Lempa, el desastre ecológico sería terrible. El deterioro ecológico de El Salvador, las amenazas que pesan sobre él con el calentamiento global, la fragilidad de la economía no permiten jugar a esa especie de lotería mortal que es la minería metálica. Los accidentes y vertidos que periódicamente suceden en naciones de territorio grande y que afectan a amplias superficies son una seria advertencia para nosotros.

Hoy, cuando la situación económica de nuestro país puede inducir a algunos a buscar nuevos ingresos sin reflexionar sobre los riesgos, conviene recordar lo que nos movió a renunciar a la minería metálica. Las palabras del papa nos alertan. Y aunque aquí podamos presumir de que no se llegaría a la brutalidad con la que se opera en África, los riesgos ecológico podrían ser proporcionalmente mayores. La República Democrática del Congo tiene un territorio cien veces más grande que el de El Salvador. En un país de nuestro tamaño, un derrame de sustancias peligrosas sería mucho más perjudicial. “El mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca” ante este tipo de inversiones sin escrúpulos, nos dice el papa. Aunque nos toque en muchos aspectos defendernos solos, hay entre nosotros, así como en la sociedad civil internacional, una mayor conciencia ecológica. No caer en la tentación minera es, en la práctica, una cuestión de sobrevivencia democrática, ecológica y social.

Cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y unos pocos años después, en 1991, se puso fin al apartheid en Sudáfrica, corrió la esperanza de que la democracia se abriría paso en el planeta. Tres décadas después, la historia es otra. Según “El estado global de la democracia 2019”, un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el 28% de la población mundial y el 20% de los países viven bajo regímenes autoritarios. Por otra parte, The Economist señala que, en 2020, 23 naciones vivían en democracia plena, 52 en democracia imperfecta, 35 en regímenes híbridos y 57 bajo regímenes autoritarios. La razón general del avance de los autoritarismos en el mundo está en la dificultad de las democracias, incluso las más asentadas, para alcanzar y mantener un desarrollo social y económico equitativo y sostenible. Ello está causando una oleada de movimientos populistas que prometen satisfacer necesidades largamente postergadas mientras arrasan con los valores y principios democráticos.

Según The Economist, El Salvador, entre 2019 y 2020, pasó de vivir en una democracia imperfecta a un régimen híbrido. Sin embargo, para académicos que estudian al país, más bien vive bajo un régimen híbrido desde los Acuerdos de Paz, firmados en 1992, y avanza con prisa en el sendero del autoritarismo. Aunque el oficialismo rechaza este análisis (ninguna dictadura se reconoce a sí misma como tal) y sostiene que acá hay una verdadera democracia, los hechos son elocuentes: el presidente amenaza públicamente a los alcaldes con enviarlos a la cárcel si no le obedecen; no hay división de poderes; tanto la Policía como la Fiscalía están al servicio de los caprichos del Ejecutivo; diputados del partido de gobierno y funcionarios de alto nivel insultan, amenazan y calumnian con inpunidad a la sociedad civil crítica; el derecho a la información pública prácticamente ha desaparecido; la presunción de inocencia es una quimera

Por otra parte, según el investigador Seth Davin, de la Universidad de Emory, los dictadores suelen padecer de un alto grado de narcisismo: pagan por recibir alabanzas y se regodean en sus cualidades personales. Aparentan autoconfianza e independencia; mienten sistemáticamente; son crueles, poco empáticos; y poseen un gran apetito de poder. Para ellos, la palabra clave es “yo”; necesitan sentirse al mando de cada situación y se comportan despóticamente.

Es claro que, en mayor o menor medida, estas características han tomado el rostro de quienes en la actualidad dirigen al país. Las necesidades insatisfechas y los anhelos de la población han servido de justificación para desmontar los avances democráticos. Ciertamente, hasta hoy, mucha gente está conforme con lo hecho, sobre todo en materia de seguridad, aunque el precio sea la pérdida de garantías legales y de derechos humanos básicos. Que la lista de retrocesos se amplíe, es solo cuestión de tiempo.

Hace 12 años, el entonces secretario general de las Naciones Unidas insistía en la importancia de la justicia transicional definiéndola como “el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. En los Acuerdos de Paz se mencionaron como necesarios algunos aspectos referidos a afrontar, reparar y reconciliar a los salvadoreños heridos por la barbarie del pasado inmediato. Sin embargo, faltó desde los inicios de la paz la capacidad de redactar una ley de justicia transicional. Al contrario, se promulgó una ley de amnistía que consagraba la impunidad y dejaba abiertas las heridas del pasado. Los compromisos de dar de baja en el Ejército a los mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad no se respetaron, y la fuerza Armada, aunque cumplió con otras obligaciones, como la de reducirse, nunca pidió perdón como institución por sus numerosos crímenes ni colaboró adecuadamente con la verdad y la justicia.

Todavía hoy, 31 años después de los Acuerdos de Paz, la ley de justicia transicional continúa siendo una deuda con la población salvadoreña. Los intentos realizados en años pasados o se limitaron a repetir con otras palabras la ley de amnistía, o fueron vetados por la Presidencia de la República. En la Asamblea Legislativa, se dice, hay ya un texto avanzado de dicha ley, pero de momento se ha preferido utilizar políticamente algunos casos y frenar otros. Ni la Fiscalía, ni el Estado apoya un incremento sustancial de recursos para afrontar la cantidad de casos que están ya presentados en el Ministerio Público. Y lo que es más grave, no hay ningún intento serio en ese proyecto de ley de la Asamblea de trabajar el tema de la reconciliación, que es también un elemento fundamental de la justicia transicional. En la actual sociedad polarizada y abarrotada de propaganda política virtual, la dimensión judicial se está convirtiendo en un elemento más de división y enfrentamiento. Incluso podemos ver con preocupación cómo en ocasiones se está usando la justicia como un mecanismo de venganza. Una ley de justicia transicional, además de justicia, reparación y mecanismos de no repetición, debe incluir la reconciliación. Un tema no solo necesario ante la barbarie del pasado y las heridas que permanecen abiertas, sino también ante ese concepto de justicia como venganza, bastante difundido entre nuestra población.

La Iglesia actual latinoamericana, maestra de vida y convivencia social digna en medio de sociedades divididas, recomendaba en su Documento de Aparecida que todos los cristianos y personas de buena voluntad trabajemos por convertir a nuestros países en una especie de “casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad”. Para construir esa patria reconciliada es necesario “sumar y no dividir […] cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones”. La reconciliación pasa siempre por el diálogo, la justicia social y el consenso moral en valores básicos de convivencia. Y es casi con seguridad este último punto en el que más fallamos. A pesar de que la Constitución salvadoreña insiste por activa y por pasiva en la moralidad notoria que deben tener los funcionarios, con frecuencia convertimos la moral en un conjunto de normas y olvidamos, o incluso intencionalmente marginamos, valores básicos sobre los que se construye la moral. La solidaridad, la capacidad de misericordia y compasión, el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, la confianza básica en que el que piensa diferente no es un enemigo suelen estar ausentes en la vida política y en la social. En ese contexto, la reconciliación es difícil. Y la justicia transicional, si no se la relaciona con los valores mencionados, es más una parodia de justicia que un paso hacia la reparación de las víctimas o un instrumento de justa convivencia.

El Salvador fue uno de los primeros países en firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 1969. Al ratificarla pocos años después, se comprometió por tratado internacional a respetar la integridad de las personas, no torturar ni dar tratos crueles o degradantes, respetar la dignidad humana de los privados de libertad, no permitir que la pena trascienda más allá del delincuente. Garantizó, además, la presunción de inocencia y se comprometió a separar a los privados de libertad con sentencia condenatoria firme de aquellos que están siendo juzgados. La Convención continúa vigente; aún más, los compromisos establecidos en la misma fueron incorporados a la Constitución de la República. Si la Convención dice que “toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”, la Constitución añade que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”. Y de ahí nace una pregunta que cobra más fuerza en el actual contexto de régimen de excepción: ¿indemnizará el Estado a los inocentes detenidos durante varios meses o se limitará a presumir de haberlos soltado?

Hoy, cuando la Constitución se explica al gusto del poder y cuando la retardación de justicia penal se convierte en política oficial, es necesario reflexionar sobre qué hay de fondo. Los especialistas suelen decir que el derecho penal nace como un esfuerzo estatal por racionalizar la venganza privada, surgida en sociedades poco complejas como primer camino de justicia. Es decir, gracias a la organización y el desarrollo social, la justicia se traslada al Estado para que este medie entre el daño realizado a la víctima y los derechos que conserva el ofensor. Con el paso del tiempo y con el desarrollo de la reflexión sobre la dignidad de la persona, sus deberes y sus derechos, las leyes han ido incluyendo garantías que aseguren el respeto a los acusados de delitos.

Pero persiste en muchas personas y sectores la tendencia primitiva a la venganza, usualmente a causa de la ineficiencia y/o corrupción de tribunales y juzgadores. Muchos se alegran con el sufrimiento de los privados de libertad, desean que pasen hambre, que sean maltratados y vejados. Por lo general, eso solo cambia cuando familiares o amigos son detenidos y comienzan a sufrir vejámenes. Frente a la indiferencia, la burla, el desprecio e incluso el sadismo en perjuicio de los privados de libertad, el Estado y los Gobiernos tienen la responsabilidad de legislar y actuar teniendo la dignidad humana como centro. Deben cumplir y respetar los derechos humanos.

Ceder desde el Estado a sentimientos primitivos de venganza, por muy populares que estos sean, no solo riñe con la democracia, sino que lleva a graves confrontaciones e injusticias tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Un sistema judicial más dedicado a condenar que a analizar racional y legalmente las acusaciones presentadas colabora con la venganza. Las cárceles hacinadas, donde proliferan enfermedades y se prohíbe la visita de familiares no solucionan los problemas de delincuencia. Imponer castigos más allá de lo que dicta la ley crea resentimiento y agresividad. La justicia entendida como venganza primitiva destroza las posibilidades de convivencia. Y más en un país con profundas desigualdades, como es el caso de El Salvador.

Ninguna “agenda de desprestigio” es necesaria, como arguyen defensivamente las curules oficialistas, porque ellas solas se deshonran al asentir pasivamente a las solicitudes presidenciales. No leen, no piensan, no discuten. No les han dado el escaño para eso. La legislación reciente evidencia su deslustre y la postergación de la población a quien dicen representar. No es cuestión de fe, sino de constatar sus desaciertos.

El oficialismo insiste en que el bitcoin traerá abundancia al país y sus habitantes, pero el objetivo de la llamada ley de activos digitales es proteger a los grupos vinculados con las criptomonedas y otorgar liquidez a una hacienda pública en crisis permanente. La ley busca persuadir a los grandes inversionistas en criptomonedas de la solidez del régimen. Un préstamo de alto riesgo y muy caro para la fiscalidad nacional, ya que ofrece exención de impuestos y abre la puerta al fraude, una práctica común de esas especies, y al lavado de dinero. Implícitamente, la ley ratifica los centenares de millones de dólares que Bukele ha gastado en adquirir bitcoin y en financiar a las empresas privadas asociadas a su administración. Los ganadores son los grandes inversionistas en criptomonedas y los Bukele y sus socios, mientras que los grandes perdedores son el erario nacional y aquellos que aún aguardan la prometida abundancia del bitcoin.

La ley del transporte es como la de la basura. En teoría, buena; en la práctica, inaplicable por falta de agentes. El oficialismo es incauto si piensa que con aumentar las infracciones y las multas ordenará el tráfico terrestre. Excepto en “los semáforos inteligentes” de las intersecciones principales, que registrarán las infracciones y asignarán las multas electrónicamente, en el resto de las vías, que es la mayoría, los vehículos, incluidos los oficiales y los nacionales, continuarán circulando tan caóticamente como hasta ahora. La educación vial es urgente y muy necesaria, pero no tiene posibilidades reales sin coacción, porque la naturaleza humana tiende al menor esfuerzo y al egoísmo. Al igual que en el caso de la basura, las regulaciones de la nueva ley superan con mucho la capacidad de ejecución del régimen.

Otro embuste es la nueva ley de las compras gubernamentales. Un vergonzoso mentís a la promesa electoral de Bukele de erradicar la corrupción. El control total del poder estatal ha abierto unas posibilidades demasiado atractivas como para dejarlas pasar. La ley da vía libre a la disposición discrecional y sigilosa de los fondos públicos para financiar tanto las megalómanas infraestructuras de Bukele como los gastos ordinarios y de funcionamiento. La norma está hecha a la medida de los Bukele y sus incondicionales. Pero tiene la suficiente flexibilidad como para que la burocracia de menor rango aproveche la contratación de toda clase de bienes y servicios para acrecentar su fortuna. El dinero de los contribuyentes que termine en los bolsillos de unos y de otros será sustraído de la inversión social, que beneficia directamente a la población que lucha para sobrevivir. Menos mal que los Bukele no disponen de tantos millones como quisieran, pero sí los suficientes como para enriquecer a los suyos, a costa de despojar al pueblo de unos servicios imprescindibles.

La mal llamada reforma “integral” de las pensiones es otra burla del régimen. La repetidamente anunciada y aguardada reforma solo beneficia, con restricciones notables, a los ya jubilados. Los trabajadores que se retiren a partir de ahora descubrirán amargamente que la reforma no los favorece. El hallazgo pondrá en crisis la confianza de los creyentes en Bukele. La reforma pudo ser más ambiciosa y responder, al menos en alguna medida, a las expectativas creadas por la propaganda oficialista. Bukele dispone de capital político para introducir una reforma más audaz. Pero no se atrevió a revertir la privatización de Arena para no contrariar a los que negocian con la vejez de los salvadoreños. No está interesado en garantizar el bienestar de los jubilados ni en dejar una pensión universal digna, sino en acceder al ahorro de los trabajadores para disponer de liquidez con la que financiar sus proyectos vitrina, que hacen el deleite de turistas y aventureros extranjeros de paso y que deslumbran a la hinchada local. En las dependencias gubernamentales, excepto en Casa Presidencial y el Ejército, falta dinero para pagar salarios, prestaciones, funcionamiento y proveedores. Por eso, Bukele celebra como gesta heroica el pago de la deuda que vencía en enero.

Es intrigante lo que el vicepresidente quiso decir en la reciente cumbre latinoamericana, al afirmar que con la gestión de aquel “El Salvador finalmente ha encontrado su rumbo”. La confianza que suscita en la opinión pública, según la última encuesta del Iudop, es exactamente igual al descontento con el mal estado de la economía familiar. No sorprende, entonces, que la quinta parte de la población desee abandonar ese país, para buscar un rumbo más realista y prometedor en otro lado.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En un contexto mundial de primacía del espectáculo, el Gobierno y el presidente de El Salvador destacan por apostar sin reparos por la imagen y la forma por sobre la realidad y el contenido. Como un espectáculo se anunció, por ejemplo, la construcción del hospital para atender a los pacientes de covid-19, y también como un espectáculo virtual se inauguró. Sin embargo, hasta el momento, sigue sin permitirse el ingreso de medios de comunicación no oficiales a las instalaciones. La razón es obvia: no exponer lo prometido y dicho a la prueba validadora de lo real. De la misma manera, con bombo y platillo se aprobó la ley general de recursos hídricos, pese a que no reconoce a las más de 2,000 juntas de agua que administran sus propios sistemas, ni permite la participación de la ciudadanía en la gestión del líquido, ni pone freno a la explotación privada del agua.

Utilizando una expresión de Mario Vargas Llosa, El Salvador vive en la lógica de la civilización del espectáculo, donde las noticias de impacto copan los espacios informativos. Buscando generar el mayor impacto posible, la reforma del sistema de pensiones se presentó como la mejor de la historia, aunque no aumenta la cobertura, profundiza la desigualdad de los montos de las pensiones y mantiene el esquema privado. Por otra parte, la adopción del bitcóin, a pesar de su estrepitoso y evidente fracaso, sigue enarbolándose como la salvación de la economía nacional y se sigue promocionando al país como pionero de un cambio de sistema. Y como si se tratase de la visita a un museo se presentó la cárcel más grande de América Latina; una obra que parece enorgullecer al presidente cuando más bien debería causarle vergüenza, pues evidencia los niveles de delincuencia, la marginación social y el deficiente sistema de justicia.

La estrategia de propaganda gubernamental incluye y requiere miles de canales de YouTube, páginas de Facebook y cuentas en Twitter; cientos de youtubers e influencers a sueldo para hacer creer a la gente que anuncio equivale a realidad, aunque cada vez haya menos que comer en las mesas. En el caso salvadoreño, la derecha política siempre se preocupó más por multiplicar apariencias y afinar ornatos que por crear o transformar realidades. El Gobierno de Bukele la ha superado con creces. Y por la cercanía de las elecciones, cabe esperar una exacerbación de la tendencia, una huida planificada de una realidad nacional cada vez más lacerante y difícil hacia un país de castillos en el aire.

Hace ya 12 años, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, insistía en la importancia de la Justicia Transicional definiéndola como “el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación” (Consejo de Seguridad, S/2011/634). En los Acuerdos de Paz se mencionaron como necesarios algunos aspectos referidos a afrontar, reparar y reconciliar a los salvadoreños, heridos por la barbarie del pasado inmediato.

Sin embargo faltó desde los inicios de la paz la capacidad de redactar una ley de Justicia Transicional. Al contrario, se promulgó una ley de amnistía que consagraba la impunidad y dejaba abiertas las heridas del pasado. Los compromisos de dar de baja en el ejército a los mencionados en la Comisión ad Hoc y en la comisión de la Verdad no se cumplieron, y la fuerza Armada, aunque cumplió con otras obligaciones, como la de reducirse, nunca pidió perdón como institución por sus numerosos crímenes, ni colaboró adecuadamente con la verdad y la justicia.

Todavía hoy la ley de Justicia Transicional, 31 años después de los Acuerdos de Paz, continúa siendo una deuda con la población salvadoreña. Los intentos realizados en años pasados o fueron un intento de repetir con otras palabras la ley de amnistía, o fueron vetados por la Presidencia de la República. En la Asamblea Legislativa, se dice, hay ya un texto avanzado de dicha ley, pero de momento se ha preferido o bien utilizar políticamente algunos casos, o bien frenar otros. Ni la Fiscalía ni el Estado apoya un incremento sustancial de recursos para afrontar la cantidad de casos que están ya presentados en el Ministerio Público.

Y lo que es más grave, no hay ningún intento serio en ese proyecto de ley de la Asamblea, de trabajar el tema de la reconciliación, que es también un elemento fundamental de la Justicia Transicional. Al contrario, en la actual sociedad polarizada y abarrotada de propaganda política virtual, la dimensión judicial se está convirtiendo en un elemento más de división y enfrentamiento. Incluso podemos ver con preocupación cómo en ocasiones se está usando la justicia como un mecanismo de venganza.

Una ley de Justicia Transicional, además de justicia, reparación y mecanismos de no repetición, debe trabajar el tema de la reconciliación. Un tema no solo necesario ante la barbarie del pasado y las heridas que permanecen abiertas, sino también ante ese concepto de justicia como venganza, que está también bastante difundido entre nuestra población.

La Iglesia actual latinoamericana, Maestra de vida y convivencia social digna en medio de sociedades divididas, recomendaba en su Documento de Aparecida que todos los cristianos y personas de buena voluntad trabajemos por convertir a nuestros países en una especie de “casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad”. Para construir esa patria reconciliada es necesario “sumar y no dividir… cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones” (Aparecida 534).

La reconciliación pasa siempre por el diálogo, la justicia social y el consenso moral en valores básicos de convivencia. Y es casi con seguridad el último punto en el que más fallamos. A pesar de que la Constitución salvadoreña insiste por activa y por pasiva en la moralidad notoria que deben tener los funcionarios, con frecuencia convertimos la moral en un conjunto de normas y olvidamos o, incluso intencionalmente, marginamos valores básicos sobre los que se construye la moral. La solidaridad, la capacidad de misericordia y compasión, el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, la confianza básica en que el que piensa diferente no es un enemigo, están con frecuencia ausentes en nuestra vida política y, con frecuencia también en la vida social.

En ese contexto la reconciliación es difícil. Y la justicia transicional, sin relación con los valores mencionados, puede terminar más como una parodia de la justicia que como un paso hacia la reparación de las víctimas o un instrumento de justa convivencia.