Editoriales y Opiniones

El gabinete de seguridad de Bukele es desconcertante. Un día, uno de sus integrantes asegura que los detenidos por el régimen de excepción “no van a salir de la cárcel y nos vamos a encargar […] de que no vuelvan a poner un pie en las comunidades”. Según él, “el mensaje es claro”. Pero pocos días después, uno de sus colegas anunció la creación de “fiscales penitenciarios” para vigilar el cumplimiento de la sentencia de cada pandillero. Pero si esta es cadena perpetua, como dice el primero, los fiscales del segundo no tienen nada que verificar, ya que del encierro se encargan los centenares de soldados y policías que compartirán la incomunicación con los reclusos.

Eso no es todo. La desorientación del gabinete de seguridad es aún mayor. La tarea asignada a los nuevos fiscales es “garantizar el cumplimiento de los procesos”, algo que al régimen le trae sin cuidado. Los habeas corpus se amontonan sin respuesta en la Corte Suprema de Justicia, los reclamos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos caen en el vacío y los jueces están al servicio de quien les da de comer, no del derecho. La presentación de los nuevos fiscales contiene otras falsedades. Según el presentador, “el fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el momento de la denuncia”. Pero no hace mucho, otro colega suyo dijo que, en la calle, los policías hacían de jueces. Si dice verdad, violentan los procedimientos del proceso penal. Los testimonios de capturas por “orden superior” o porque “es la ley” son numerosos.

Otra atribución de estos fiscales es cuidar que “las personas que han cumplido con su condena de una manera adecuada salgan en libertad y que las personas que de alguna forma no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan en reclusión”. Según esto, la cadena no será perpetua, como aseguran. Dependerá del cumplimiento “adecuado” de la condena, una expresión enigmática, ajena al rigor del lenguaje jurisprudencial. En definitiva, la libertad o la permanencia en prisión dependerán de la evaluación de estos funcionarios y no de la sentencia judicial.

Quién entiende al gabinete de seguridad. Sus integrantes no prestan atención a lo que dicen. Hablan de cualquier cosa que confirme la mano dura. Por eso aseguran que combatirán el feminicidio con más militarización. Las reuniones a altas horas de la noche son una mezcla de ignorancia, superficialidad e improvisación. Lo que nunca falta es la fotografía. El vicepresidente asegura que el plan de control territorial es tan exitoso que lo han compartido con otros países. Si así fuera, los identificaría y no faltaría la fotografía que lo atestigüe. En la práctica, nada de eso importa para una opinión pública conformista y alienada. Unas cuantas imágenes y expresiones sectarias, reproducidas y multiplicadas por las redes digitales, bastan para complacerla.

No obstante el conformismo popular, la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, así como también muchas otras realidades nacionales. La ausencia de una dirección clara, dialogante e ilustrada es notable. El vicepresidente se jacta de que “acá no hay organismos internacionales que nos estén organizando, esto es producto de talento salvadoreño”. Precisamente, eso es lo que falta. No por carencia de talento nacional, sino porque el reunido en el gabinete de seguridad ha demostrado ser corto y torpe. Tal vez porque se contenta con representar el papel asignado por la mente que dirige el país detrás del sillón presidencial. En cualquier caso, no está a la altura de sus responsabilidades. En los organismos internacionales, en cambio, hay elementos con más formación, experiencia y capacidad para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad ciudadana y de la realidad nacional en general. Pero estos son inaceptables por dos razones. Una es su independencia. Bukele y sus asesoras venezolanas solo aceptan a quienes están dispuestos a seguir el guion al pie de la letra. La otra razón es que los derechos ciudadanos y la institucionalidad democrática les son indiferentes. La intervención irracional, brutal y vengadora es publicitariamente más redituable.

Inesperadamente, las alertas de Estados Unidos y Canadá sobre la conveniencia de hacer turismo en el país han desautorizado la aproximación de Bukele a la seguridad ciudadana y han infligido un duro golpe al desarrollo del turismo, una de sus apuestas más grandes. Las alertas no recomiendan el turismo en El Salvador porque “la delincuencia es un problema grave en todo el país”. Existen algunas zonas seguras, como el centro de la capital pero, fuera de ellas, “todavía ocurren homicidios, asaltos, violaciones y robos a mano armada”. Las alertas no olvidan mencionar que las garantías jurídicas normales son inexistentes.

Las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, repetida hasta la náusea, ya empiezan a mostrar sus límites. Los hechos muestran que la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, a merced de unos funcionarios que solo velan por la popularidad presidencial.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El pasado 10 de marzo, tres sindicatos de docentes presentaron en conjunto a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Integral de Pensiones, con el fin de mejorar los montos que reciben los maestros al jubilarse. Para ello proponen crear, dentro del sistema de pensiones, un régimen especial para los docentes, de modo que estos se les calcule la pensión de forma distinta que al resto de los derechohabientes. Así, a los maestros se les asignaría una pensión equivalente al 75% del último salario recibido.

Bien han entendido los sindicatos de docentes que la nueva Ley Integral de Pensiones ha beneficiado principalmente a los que ya recibían una pensión al momento de aprobarse la ley, pero no a los que se jubilarán en el futuro. En el caso de los futuros pensionados, la normativa beneficia únicamente a los trabajadores con los salarios más bajos, que recibirán una pensión más cercana al sueldo que perciben trabajando. El resto, los que perciben más de dos salarios mínimos, no verá mayor beneficio con la reforma.

En este grupo se encuentran los maestros, la mayoría de los empleados públicos y de los profesionales de nuestro país, a los cuales, pese a la reforma, la jubilación les supondrá una disminución importante en sus ingresos. Lo objetable en la propuesta de los maestros es que propone una solución únicamente para su gremio, dejando de lado a los trabajadores, tanto del sector público como privado, que se encuentran en la misma situación que ellos.

Esta iniciativa de los gremios magisteriales pone en evidencia los límites de la reforma de pensiones y que esta no resuelve el problema de una buena parte de los cotizantes: el sistema es incapaz de ofrecer lo que la OIT recomienda: una pensión que como mínimo sea del 40% del salario percibido. En lugar de ello, la reforma prefirió destinar los escasos recursos del sistema a favorecer más a los 120 mil pensionados, la mayoría de los cuales ya recibía pensiones mayores a las que obtendrán los futuros jubilados. La mayor parte de los jubilados recibían pensiones que habían sido calculadas en base al 80%, 60% o 50% del salario básico regulador. Con el aumento del 30% que la reforma les otorgó, ahora perciben una pensión muy superior a la que el sistema de ahorro individual es capaz de ofrecer.

Si de justicia social se tratará, la reforma debería haber buscado como prioridad mejorar las pensiones de aquellos cuya pensión no cumple con el estándar de la OIT ni satisface las expectativas de los afiliados al sistema, como es el caso de los docentes y de la mayoría de profesionales. La Ley Integral de Pensiones y su aplicación han creado una élite de jubilados y dejan insatisfechos a los que se pensionarán en el futuro, los cuales no tendrán más remedio que seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante, pues su pensión no les permitirá subsistir con el mismo nivel de vida.

La propuesta de los sindicatos de docentes debe ser considerada, pero no solo para resolver el problema de un sector, sino para todos los trabajadores. Es necesario, pues, revisar la Ley Integral de Pensiones y el sistema de ahorro individual para buscar una alternativa capaz de proporcionar una pensión digna a todos los cotizantes. Como muy bien han señalado los técnicos de la OIT, los sistemas de pensiones por ahorro individual como el salvadoreño no son capaces de ofrecer una pensión que cumpla con estándares internacionales. En este sentido, no se requiere una simple reforma, sino un cambio radical del sistema.

Dadas las condiciones de la mujer en nuestros países, deberíamos celebrar el año de la mujer, y si fuera necesario el quinquenio de la mujer, para erradicar de una vez por todas las estructuras sociales y las pautas culturales que las relegan a una situación de desigualdad con respecto a los hombres. No es posible que las personas que se ganan el afecto por su dedicación al cuidado amoroso de lo humano sean golpeadas gravemente en su dignidad o queden marginadas en derechos básicos. Según la agencia de la ONU para apoyar los derechos de la mujeres, “una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado alguna vez violencia física o sexual a lo largo de su vida”. Aunque no es cuestión de discutir si en El Salvador la proporción del acoso y la violencia es mayor o menor al promedio mundial, las investigaciones y las denuncias que existen dejan claro que la situación es injusta y que las diferentes formas de abuso están bastante generalizadas.

Además de las deformaciones culturales que llevan a la violencia o al abuso, como el machismo, a la mujer le afecta también la carencia de leyes o normas protectoras. Un ejemplo básico es el de la situación de las trabajadoras del hogar, excluidas de derechos laborales de un modo sistemático. Desde el año 2011, la Organización Mundial del Trabajo ha invitado a todos los países a firmar el convenio 189, que garantiza que las trabajadoras del hogar tengan todos los derechos laborales, como el derecho a pensión, a sindicalizarse, a la seguridad social, etc. Ningún Gobierno salvadoreño desde esa fecha ha querido firmar dicho convenio a pesar de las peticiones tanto de agencias internacionales como de la comunidad nacional de derechos humanos.

Las salvadoreñas que migran padecen mayores infortunios que los hombres, hay menos mujeres pensionadas que hombres y el trabajo del cuido en el hogar no proporciona derecho a pensión, a pesar de ser fundamental para el desarrollo humano. Hace ya algunos años un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU decía que las mujeres, además de otras tareas, pasan la vida cuidando. De niñas cuidan a sus hermanos pequeños, de casadas a sus hijos y con frecuencia a sus padres, y ya ancianas cuidan a sus nietos. Ese aporte tanto laboral como social y humanitario no tiene ningún tipo de reconocimiento estatal cuando la edad las vence y necesitan ser cuidadas.

Su representación política es insuficiente y está, al menos en la Asamblea Legislativa, por debajo de los estándares básicos de representación justa. Algunos partidos políticos en el país, no todos, se ponen como meta tener un 30% de representación del género que se encuentre en minoría. Esa cuota es todavía machista. Si queremos lograr una cierta equidad de género en la representación pública, la cuota debe ser al menos del 40%. Salvo en el Consejo de Ministros, en el que se alcanza un 30% de representación femenina, en los otros poderes del Estado no se llega ni a esa proporción inequitativa.

Los feminicidios continúan dándose, y aunque el delito se ha vuelto imprescriptible, las raíces culturales de un machismo violento no se combaten adecuadamente. Las redes sociales están con frecuencia llenas de insultos a las mujeres sin que haya un control adecuado de esas expresiones, protagonizadas algunas de ellas por funcionarios o exfuncionarios públicos. La desigualdad salarial continúa siendo una realidad en diversos trabajos. Mientras las mujeres tienen en general un promedio de calificaciones académicas universitarias superior al de los hombres, cuando llegan al mundo laboral todavía se encuentran con peores salarios o con mayores dificultades para el ascenso en sus empresas. Trabajar en favor de los derechos de la mujer, unirse a muchas de sus reivindicaciones, apoyar sus manifestaciones públicas es una exigencia ética que no debemos olvidar. El día de la mujer no basta. Lograr la paridad de derechos en un año sería ideal. Y luchar por lo ideal es siempre lo más decente que debemos hacer.

Editorial UCA

Aunque han alcanzado un nivel de encarnizamiento y vileza no visto desde el fin de la guerra, los ataques a la UCA y a sus autoridades por parte del Gobierno de Bukele y sus satélites no suponen una novedad, en ningún sentido. Ya en su momento tanto los Gobiernos de Arena como los del FMLN atacaron a la Universidad por sus análisis e investigaciones, acusándola de haberse vendido a uno u otro bando, o de responder a interés oscuros. La suerte de quienes intentan ser fieles a la verdad, al Evangelio o al humanismo es esa. Así como Jesús sufrió en carne propia mentiras, traiciones y un odio feroz que lo llevó a ser ajusticiado, también Rutilio Grande, Alfonso Navarro, monseñor Romero, las religiosas Maryknoll y muchos otros y otras entregaron su vida por el amor, la justicia y la misericordia. Todos fueron perseguidos por el poder, calumniados y su destrucción justificada, incluso celebrada.

En contextos de egoísmo, falsedad, violencia e injusticia, elevar la voz para hacer verdad, desenmascarar mentiras, desnudar los intereses de los poderosos supone acoso y persecución, cuando no tortura, exilio o cárcel. En un mundo en el que la mentira es política pública, la verdad siempre será perseguida, como dijo monseñor Romero. Cada generación, cada país, tiene sus Pilatos, Herodes y Caifás; aquellos que levantan falsas acusaciones, convierten la justicia en circo y acuden a la vox populi para justificar atropellos.

Trabajar por la justicia, la verdad, la libertad, la defensa de los derechos humanos suele implicar un alto precio. La Universidad lo sabe y lo asume, fiel, como siempre, al Evangelio y al legado y ejemplo de sus mártires. Lo sabe y lo asume con la consciencia de que la destrucción, sea moral o física, de los mensajeros no destruye el mensaje, sino que lo multiplica y revitaliza. Pese a las calumnias y la omnipresente campaña de desprestigio, la UCA seguirá apostando por decir la verdad, aunque reine la mentira; por el amor, aunque se siembre odio; por la unidad del pueblo salvadoreño, aunque se atice la división; por la libertad sobre la opresión. Solo la unión de amor, justicia y verdad harán auténticamente libre a nuestro país.

El espectáculo de dos mil pandilleros semidesnudos, rapados, encadenados, amontonados en cuclillas, en largas hileras, animalizados, ha dado la vuelta al mundo. Unos han recibido la degradante representación con entusiasmo. Hay extranjeros que suspiran por un gobernante como Bukele para su país, incluso quien pide una versión estadounidense (al parecer, Trump no ha sido suficiente). Otros han reaccionado repulsivamente a la exhibición de brutalidad. La deshumanización de los prisioneros envilece también a los funcionarios de un régimen que se imaginan superiores. En realidad, la única superioridad que pueden ostentar es la del ejercicio degradante del poder.

Los que aplauden y también los que observan con indiferencia o vuelven la mirada hacia otro lado harían bien en estar atentos, porque, en cualquier momento, la barbarie se puede volver contra ellos, tal como ya lo experimentan algunos policías y colaboradores, y no pocos confiados en que nada debían. Las fichas incriminatorias son fabricadas en las unidades policiales según las circunstancias. Un régimen tan temerario no es confiable.

Otro motivo de inquietud para los entusiastas es que la razón por la cual Bukele persigue a las pandillas no es genuina. Washington ha ratificado que, desde 2019, el mandatario salvadoreño negoció con ellas privilegios económicos, reducción de penas, facilidades para el control territorial, condiciones cómodas de detención, reformas legislativas, rechazo a la extradición a Estados Unidos y garantías para algunos de los líderes más buscados. Todo eso a cambio de reducir los homicidios y de votos para él y sus candidatos. El azote actual de criminales y terroristas ha sido también su cómplice y valedor. Cambió de posición no por principios, sino porque las pandillas, confiadas en su poder homicida de negociación (exitoso en abril de 2020, cuando asesinaron a 76 personas, y en marzo de 2021, cuando asesinaron a otras 45), exigieron demasiado. En marzo de 2022, la presión criminal ya no les dio resultado. El asesinato de 87 personas en un fin de semana desacreditó el llamado plan de control territorial, al que hasta entonces se atribuía el descenso de los homicidios, y puso a Bukele en ridículo.

Desairado y humillado, este emprendió con saña la “guerra contra las pandillas”. El llamado gabinete de seguridad no estudió a ninguna de ellas ni a sus prácticas, tal como ahora alega engañosamente. La guerra es una operación de exterminio, rabiosa y vengativa. La contestación favoreció enormemente la popularidad de Bukele dentro y fuera del país, relegó al olvido las negociaciones con las pandillas y el aparente plan de control territorial, y proyectó la imagen de un hombre fuerte, que no se detiene ante nada ni ante nadie y que impera sobre “la cárcel más grande del mundo”. La represión indiscriminada y sus consecuencias, en concreto, la sensación de seguridad, no es más que el desahogo de un orgullo herido. Si la decisión de combatir a los pandilleros estuviera motivada por el respeto a la vida o por convicciones jurídicas y éticas, Bukele daría el mismo tratamiento a los corruptos que desvalijan al Estado, un crimen tanto más grave en cuanto que este está muy endeudado y sin liquidez. Sin embargo, los corruptos no solo son tolerados, sino también consentidos y protegidos, porque forman parte integral de la estructura del régimen.

No han sido, pues, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática las valedoras de los pandilleros, sino el mismo Bukele. Emprenderla contra ellas es otra distracción deliberada, que hace las delicias de bastantes seguidores, en particular, extranjeros creyentes a pie juntillas en conspiraciones de poderes maléficos ocultos, a quienes culpan de sus frustraciones. Bukele sacó buen provecho de su alianza con las pandillas. Se volvió contra ellas cuando intentaron irse arriba, justamente cuando ya no las necesitaba; tenía el poder total del Estado y despejado el camino de la reelección.

Pero este gigante de las fuerzas más retrógradas y enajenadas, amantes de la dictadura, del militarismo y la represión, tiene los pies de barro. Su grandeza no descansa en promesas cumplidas para beneficio de las mayorías, sino en la incondicionalidad del Ejército y la Policía, en una enorme maquinaria propagandística digital y en la popularidad. Los cimientos no son sólidos. La popularidad, así como lo ha encumbrado, lo puede dejar caer como objeto inútil cuando ya no convenza. Por eso necesita alimentar constantemente sus aspiraciones con algunas obras llamativas, pero dispersas y de alcance limitado. El esfuerzo digital es arduo y caro, pero insuficiente para consolidar la popularidad, porque no satisface las necesidades más sentidas de la gente.

Cuando la popularidad dé señales de agotamiento irreversible, Bukele tendrá que decidir si acepta el fracaso y se retira de la manera más digna posible, o lanza a sus huestes contra los insatisfechos, los descontentos y los protestantes con la misma brutalidad que contra los pandilleros. Siempre existe la posibilidad de gobernar para el bienestar de las mayorías, pero eso, por ahora, está descartado.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Más allá de sus fallos y pecados, pocas instituciones en la América Latina actual tienen la sensibilidad que poseen las Iglesias. Su atención religiosa y humana a los enfermos, a personas deprimidas, agonizantes o de luto es parte de una cultura confesional que impulsa a estar cerca del que sufre. A partir del Concilio Vaticano II y de los documentos episcopales de Medellín, el deseo de justicia social, la opción preferencia por los pobres, la defensa de aquellos que sufren injusticias estructurales o violaciones a sus derechos humanos han sido tendencia importante en amplias capas eclesiales. Muchas de las críticas e incluso persecuciones sufridas a lo largo de las décadas pasadas tuvo como causa la sensibilidad social propia de la fe cristiana. Los mártires que conmemoramos en este mes de marzo, nuestro san Romero y los beatos Rutilio, Cosme, Nelson y Manuel, fueron personas dotadas de una gran sensibilidad humana, en muchos aspectos acrecentada por su fe. Fueron asesinados por defender perseguidos, maltratados y víctimas de las ideologías de la riqueza, el poder y la organización, como llamaba nuestro san Romero a las raíces estructurales de la violencia.

En estos últimos años, con la polarización política, que siempre tuvo un papel importante después de la guerra, la sensibilidad humana ante el sufrimiento ajeno parece retroceder. La tendencia a ver todo en blanco y negro, las acusaciones exageradas de un bando y de otro, la algarabía insultante y agresiva de las redes van poniendo las semillas del odio en una sociedad que había ido saliendo de los traumas de la guerra con dificultad, a pesar de los frenos a la reconciliación impuestos desde el poder. Quienes no quieren someterse a la presión del insulto y de la agresividad fanática se encierran en el individualismo del sálvese quien pueda, aislándose de la problemática social y política. Los que se sienten demasiado presionados emigran. Los partidarios de la virtud de la prudencia recomiendan no meterse en líos. Y los más vulnerables cargan con lo más pesado del odio.

Los privados de libertad, muchos de ellos criminales, son un ejemplo de lo que decimos. Ven aumentados sus castigos y penas. No solo en el campo de la legalidad, sino mediante el comportamiento de las autoridades, que les someten a tratos crueles y degradantes. Incluso algunas autoridades, en un país como el nuestro que no tiene penas perpetuas, se dan el lujo de decir que algunos privados de libertad no saldrán nunca de la cárcel, aunque sus condenas sean de 15 o 20 años. Merecen los castigos que les hayan impuesto los jueces en un juicio justo, pero no lo que les quieran añadir funcionarios ajenos a la judicatura. Si alguien se queja del trato dado a los presos, las acusaciones, insultos y ataques no se dejan esperar. A pesar de vivir en un país que se dice mayoritariamente cristiano, la parte del Evangelio que llama “benditos de mi Padre” a quienes visitan a los presos en las cárceles ha quedado borrada de la memoria colectiva.

Hace 30 años, en un salón a la entrada de la cárcel de Mariona, había una frase atribuida a monseñor Rivera: “No exasperen a los presos”. Supongo que ha sido borrada hace ya bastante tiempo. Pero no se puede dudar que la frase del arzobispo era correcta. Hoy, sin embargo, decir algo parecido, o tener sensibilidad frente a los abusos que se cometen con los privados de libertad, te convierte en cómplice de asesinos y en enemigo de las víctimas. No importa que hayas pasado toda la vida defendiendo a las víctimas de la pobreza, la prepotencia y el abuso de los fuertes, y que hayas condenado todo tipo de crimen contra la personas. Quedarás condenado en el griterío de los insultos si pides que no golpeen a un preso, o que tenga acceso pronto a la justicia, o que no lo exhiban como culpable, hincado y en calzoncillos, antes de ser condenado por el juez. Frente a esas actitudes y por el bien de El Salvador, hay que insistir: tener sensibilidad humana es necesario para convivir en paz. Lo contrario, lleva siempre al enfrentamiento y a la disolución de la necesaria amistad social.

Las elevadas valoraciones positivas de Bukele y su presidencia no se corresponden con la percepción de los inversionistas, en particular, los extranjeros. En los dos últimos años, El Salvador es el país de la región con menos inversión extranjera directa, el de menor crecimiento económico y el de las finanzas más maltrechas. Ese cortocircuito indica que algo importante falla. El entusiasmo de la opinión pública no es compartido por los inversionistas. Las encuestas son favorables a Bukele, pero el raquítico desempeño de la economía afecta negativamente a la mayoría de quienes hacen esas valoraciones. A muchos de ellos el elevado costo de la canasta básica los obliga a comer menos. Dicho de otra manera, a Bukele le va muy bien, mientras que a las mayorías les va cada vez peor. Otro cortocircuito importante.

La inversión extranjera directa rehúye a El Salvador porque encuentra que el riesgo es demasiado elevado. Paradójicamente, mientras la opinión pública ya no percibe peligro y se siente segura gracias a la represión, el inversionista piensa lo contrario. La arbitrariedad institucional, la ausencia de una política económica clara y sostenible, y la crisis fiscal son fuente de incertidumbre inaceptable. La opinión pública, en cambio, no está interesada en la institucionalidad, a pesar de que sus derechos no están garantizados y son violentados continuamente. La política económica le parece innecesaria mientras tenga que mal comer hoy. La crisis fiscal le es ajena, aunque en algún momento sobre ella y su descendencia recaerá el aumento de los impuestos para saldar unas deudas que poco la beneficiaron. Esta mayoría se da por satisfecha con la seguridad derivada del régimen de excepción. Si llegara a exigir más, sobre ella se abatirá el peso de la represión, del desvalimiento y del terror, por ahora reservados a unos cuantos que cada vez son más.

La seguridad de la política represiva es, en principio, un factor importante para estimular la inversión que tanto necesita la economía nacional para su reactivación, elevar su productividad, crear empleo formal y generar crecimiento económico. Pero esa seguridad no es suficiente para el inversionista, porque la otra cara de la moneda es la incertidumbre jurídica. La suerte de las víctimas de la represión es un argumento contundente. El sistema judicial no promete imparcialidad y rectitud. La única ley es la voluntad presidencial, a la cual solo se accede por contactos, intereses, influencias y, en última instancia, soborno, más o menos solapado. En esto, el capitalista local lleva más ventaja que el extranjero, ya que sabe cómo cobijarse debajo del paraguas de los Bukele. Pero esa protección es más aparente que real: la sombrilla no protege a todos y todos están a merced de la voluntad presidencial.

La inversión extranjera no ha reaccionado a la caída de la tasa de los homicidios, como podría esperarse si ese fuera el factor determinante de la incertidumbre. Sin duda, en ello influye la crisis económica y la inflación mundial, asociadas a la guerra de Ucrania, de la cual El Salvador se desentiende junto con una grotesca minoría de naciones. Si bien estos son factores externos, fuera del alcance del deseo presidencial, pueden ser contrarrestados con una política económica bien pensada, audaz y sostenible a mediano plazo. Pero esa política no existe. Tal vez por comodidad. Tal vez por ignorancia. Tal vez porque Bukele no la considera necesaria, ya que le basta con la popularidad de una población cada vez más empobrecida, hambrienta, desnutrida, enferma y menos educada. En esto, Bukele no es diferente de sus antecesores, incluidos los revolucionarios por excelencia del FMLN, que no se atrevieron a reformar el sistema tributario ni a fortalecer la institucionalidad. Otros países han elevado sustancialmente los impuestos de las empresas que han atesorado ganancias exorbitantes a raíz de la pandemia, la guerra y la crisis económica.

La pereza y la ignorancia gubernamental no son triviales. El Estado deja de percibir unos 900 millones de dólares anuales por las exenciones, las exoneraciones y los incentivos fiscales. A pesar de lo abultado de esa cantidad y de la penuria fiscal, se ignora si los beneficios son superiores a los costos. Probablemente, estos son más altos que aquellos. En cualquier caso, son casi 900 millones de dólares que pudieran invertirse en el área social, lo cual repercutiría directa e inmediatamente en el nivel de vida de los más vulnerables. Bien pensado, es lo mínimo que Bukele pudiera hacer para resarcir en alguna medida la popularidad incondicional que lo mantiene tan cómodamente en el poder.

Tampoco aquí hay coherencia. Otro cortocircuito de realidad que mantiene elevado el flujo de quienes huyen del país de los Bukele. A la pobreza, la guerra y las pandillas se agrega la represión. El uso intenso de las redes digitales y los encendidos discursos electorales no son suficientes para convencer a las víctimas de los cortocircuitos de realidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que la polarización y los enfrentamientos en el campo político y social han aumentado notablemente en América Latina en los últimos 20 años. En efecto, en ese lapso de tiempo, el subcontinente ha pasado de ser una región poco polarizada a ser la segunda con mayor polarización, solo detrás de Europa del Este y Asia Central. Si en El Salvador hubo desde antes de la guerra civil una fuerte polarización, los pequeños avances de la posguerra se difuminan entre insultos, acoso a opositores y construcción de escenarios sociales tan falsos como seductores para algunos. Lo que sucede en América Latina multiplica el enfrentamiento. El reciente choque en Twitter entre los presidentes de Colombia y de El Salvador no es más que una muestra de hasta dónde ha llegado la tendencia.

En sociedades políticamente polarizadas, lo atinado es buscar intermediarios para entablar un diálogo. Así se resolvió la guerra civil salvadoreña. Sin embargo, cuando aún no se ha llegado a los niveles de violencia a los que suele conducir la polarización extrema, el ideal es que las instituciones estatales sirvan de instrumento de mediación entre los sectores y grupos enfrentados. El problema se da cuando amplios sectores no creen en dichas instituciones por considerar que operan más como mecanismos de respaldo al poder establecido que como mediadores confiables en los conflictos sociales y políticos. En El Salvador se ha llegado ya a ese punto. Aunque es indispensable revertirlo para que sea posible vivir en una democracia estable y en un ambiente de confianza social, la tarea no parece fácil.

La polarización se acrecienta cuando la desigualdad está presente en la sociedad. Para revertir esta dinámica, el PNUD hace énfasis en la necesidad de revisar los sistemas de protección social universales. Si todos los jóvenes terminaran el bachillerato o la formación profesional equivalente, si todos los mayores de 65 años tuvieran pensión digna, si existiera un solo sistema de salud de calidad de cobertura universal, si todas las familias tuvieran una vivienda digna, la tendencia a la polarización descendería. Quien puede desarrollar sus propias capacidades está siempre más abierto a reflexionar sobre las carencias que otros sufren, tiene mayor sensibilidad ante el dolor ajeno y busca soluciones consensuadas ante los problemas. Sentir empatía por personas o sectores estigmatizados mejora siempre las posibilidades de diálogo y las actitudes sociales.

Quienes en el país desean superar la profunda negatividad del momento actual deben tener claros y adecuadamente formulados los elementos en discusión. Las instituciones estatales que controlan el poder gubernamental y defienden y protegen los derechos de las personas deben ser independientes tanto del poder político como del económico y del social. Hoy están cooptadas por el Ejecutivo. Asimismo, los sistemas de protección social deben ser universales y cubrir las necesidades básicas de toda la población. La desigualdad y la marginación, unidas a la estigmatización y permanente sospecha contra sectores populares, continúan dividiendo estructuralmente al país. El desarrollo de los jóvenes, la inclusión de sectores estigmatizados, la protección de la familia y de su hogar, la educación y la salud de calidad para todos, y las pensiones son básicos para reducir las tensiones sociales. Desarrollar espacios en que se propongan soluciones a la insatisfacción de las necesidades básicas de la población es más valioso que caer en el infértil juego del ataque y la descalificación.

La llegada de marzo nos invita a recordar a cuatro salvadoreños y a dos salvadoreñas fieles a las enseñanzas del Evangelio y al seguimiento de Jesucristo. Su amor a los pobres, su entrega al servicio de las causas evangélicas, su insistencia en la búsqueda de la verdad los llevó a vivir de un modo heroico.

El P. Rutilio Grande, movido por un profundo deseo de vivir a fondo la opción por los pobres y asumir plenamente la misión de la Compañía de Jesús, definida en 1974 como la promoción de la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige, solicitó a sus superiores ser enviado a una parroquia en el área rural de San Salvador. Así fue nombrado párroco de Aguilares, y con su equipo inició una labor a favor de la dignidad de los campesinos de aquellas zonas, que tuvo un impacto a nivel nacional. El P. Grande llevó a los habitantes de Aguilares y El Paisnal la alfabetización, el conocimiento de la Biblia y del verdadero sentido de las tradiciones religiosas populares, la unión entre la fe cristiana y la vida cotidiana, y el mensaje de que el amor de Dios se dirige especialmente a los pobres y desposeídos. Con él trabajó, multiplicando su esfuerzo, un numeroso grupo de agentes de pastoral. Dos de ellos, Nelson y Manuel fueron asesinados junto a él, y hoy los tres son beatos para ejemplo de todos los cristianos. Tres salvadoreños que en tiempos aciagos y amenazados por un poder homicida pusieron su vida al servicio del Evangelio y de los pobres.

Monseñor Óscar Arnulfo Romero no pudo callar ante los terribles atropellos a los derechos humanos que sucedían en El Salvador. Desde la arquidiócesis de El Salvador, se entregó de lleno a predicar el Evangelio, se puso al servicio de los pobres y de las víctimas del poder y de la injusticia. Denunció la idolatría a la riqueza, a la propiedad privada y a la seguridad nacional; señaló cuanto atropello conoció y exigió con fuerza el cese de la represión. Cada domingo, con gran celo apostólico, iluminó la realidad mediante el Evangelio y señaló aquello que contradecía o se oponía al verdadero proyecto de Dios para la humanidad. Así se ganó la amistad y el cariño de una gran parte del pueblo salvadoreño y, a la vez, el rechazo y el odio visceral de los que vieron en él una amenaza para sus proyectos políticos excluyentes y de enriquecimiento a costa de la pobreza de las mayorías. Hoy, san Óscar Romero es un ejemplo para todo el pueblo de Dios, especialmente para sus pastores, pues evidenció que no hay amor más grande que dar la vida por los demás.

A estos grandes pastores y seguidores de Jesús se suman dos salvadoreñas impresionantes. La primera de ellas, María Julia Hernández, quien por largos y duros años trabajó en defensa de los derechos humanos, proporcionando a monseñor Romero y a sus sucesores los datos de los atropellos y delitos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Trabajó sin descanso, como directora de Tutela Legal, para esclarecer los asesinatos de miles de compatriotas. En búsqueda de la verdad y la justicia, llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos varios casos, entre los que destacan por su magnitud e importancia la masacre en El Mozote y el asesinato de monseñor Romero. María Julio falleció cuando su corazón, cansado luego de tanto esforzado trabajo contra viento y marea, dijo basta. Su sencillez, su enorme voluntad de luchar por la verdad y la justicia, y de contribuir a la paz son las credenciales de una vida heroica al servicio de las víctimas del horror impuesto por los poderosos.

Otra mujer cuya memoria nos trae marzo es Rufina Amaya, víctima y sobreviviente de la masacre en El Mozote que tuvo el valor de contar lo que había visto y oído. Un crimen tan cruel e inhumano que bordea lo increíble. Cientos de niños, mujeres y ancianos asesinados sin piedad. Rufina la contó por todo el mundo y gracias ello se supo hasta dónde era capaz de llegar la crueldad del régimen salvadoreño de aquellos años ochenta. Al igual que Rutilio, Nelson, Manuel, Óscar Arnulfo y María Julia, Rufina puso su vida al servicio de la dignidad humana y de la búsqueda de la verdad y de la justicia que el Evangelio nos exige. Esa fue su heroicidad. Los seis supieron encarnar las enseñanzas de Jesús. Son bienaventurados porque tuvieron hambre y sed de justicia, porque fueron perseguidos a causa del bien, porque trabajaron por la paz, con un corazón limpio y compasivo. Su ejemplo nos reta a llenar nuestras vidas de sentido, de amor a Dios y a su proyecto de justicia y paz para toda la humanidad.

En El Salvador se han realizado elecciones desde el siglo XIX y las reglas que las regularon fueron objeto de reformas de manera frecuente. No todas esas elecciones se caracterizaron por ser democráticas. Para ello tendrían que haberse realizado en condiciones que garantizaran, como mínimo, las libertades civiles y políticas: libertad de expresión y de asociación, ejercicio libre del sufragio (elegir y ser elegible), acceso a información pública, igualdad y secretividad del voto, etc. En fin, para ser democráticas las elecciones tendrían que haber sido libres, justas y competitivas.

Bajo estándares internacionales, solamente las elecciones realizadas entre 1994 y 2021 cumplirían esos estándares. Ahora bien, la realización de estas elecciones no significa necesariamente que el régimen político que las ha enmarcado tenga un carácter democrático. La democracia, como régimen, es más que elecciones. A este nivel, para hablar de democracia es necesario que quienes resultan electos para ocupar cargos públicos estén sometidos a un eficaz control institucional que impida, y les pueda sancionar si es el caso, que abusen de la autoridad de la que han sido investidos. La inexistencia, ineficacia o déficit de este control estaría permitiendo el ejercicio autoritario del poder político, con los consiguientes problemas de corrupción y poca o nula transparencia en la gestión.

La combinación de elementos democráticos para elegir gobernantes y un ejercicio autoritario del poder da como resultado un régimen político híbrido. No se trata de una democracia “defectuosa”, “de baja calidad”, “poco institucionalizada”, “incipiente”, etc. Todas estas son democracias con adjetivo, pero democracias al final de cuentas. El régimen híbrido es otra cosa. Está ubicado en ese espacio entre las democracias y los regímenes no democráticos. La reforma política de 1992 transformó finalmente el régimen autoritario que El Salvador había padecido durante el siglo XX, pero el impulso reformista no alcanzó para democratizar al nuevo régimen. La ineficacia y déficit del control político institucional contenido en el marco constitucional y legal de la reforma política fue condición propicia para la emergencia de un rechazo generalizado a la clase política “tradicional”. Ese rechazo convertido en apoyo para una “nueva” clase política está siendo utilizado no para finalmente democratizar el régimen, sino para empujarlo hacia el lado no democrático. El Salvador está en plena transición política, expresada en las reformas constitucionales y legales en marcha desde 2021.

Dentro de las reformas están aquellas que modifican reglas cuya materia es electoral. Dichas reglas pueden tener rango constitucional y su reforma ocurre por la vía del proceso de reforma contemplado en la Constitución de 1993 o por la vía de una interpretación hecha por la Sala de lo Constitucional. Es aquí donde hay que colocar la interpretación de la actual Sala de lo Constitucional de una de las disposiciones que prohíben la reelección presidencial inmediata. Otras reglas tienen rango legal, como las que integran el sistema electoral en sentido estricto, es decir, aquellas disposiciones que conjuntamente permiten la transformación de votos en escaños y las que regulan diferentes procedimientos del proceso electoral en general. Entre las primeras están, por ejemplo, las relativas al tamaño y distribución de las circunscripciones electorales; entre las segundas, para citar un caso, las relativas al voto desde el exterior.

Es aconsejable que antes de llevar a cabo una reforma electoral se defina claramente qué es lo que se pretende con ella, cuál es el objetivo político que se busca. De no hacerlo así, se corren varios riesgos; entre ellos, que la reforma sea inconsistente con el objetivo, que modificaciones originadas por la misma reforma sean contradictorias, que los cambios no sean pertinentes porque no conducen al objetivo buscado, que la implementación de la reforma tenga un costo financiero excesivo siendo que puedan existir otras alternativas para alcanzar el mismo objetivo.

En ambientes democráticos, las reformas electorales suelen buscar la mejora de la calidad del vínculo entre gobernantes y gobernados, o entre representantes y representados. Pero este vínculo no depende exclusivamente de disposiciones electorales. Así, por ejemplo, se podría acercar a congresistas y ciudadanos adoptando circuitos uninominales en lugar de plurinominales; o, como ya se hizo en el país, adoptando listas abiertas en lugar de listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, ninguno de estos cambios dará como resultado la mejora en la calidad de la representación política si, por ejemplo, va acompañada de mayor opacidad en el trabajo que llevan a cabo los parlamentarios.

Por otro lado, en democracias presidencialistas suele buscarse a través de reformas electorales mejores condiciones para la gobernabilidad. En los sistemas presidencialistas, como los de los países latinoamericanos, existe una alta probabilidad de que los presidentes sean electos sin que, a la vez, cuenten con una mayoría legislativa que respalde sus iniciativas. Es frecuente, como lo fue en El Salvador entre 1994 y 2021, que los presidentes enfrenten problemas para llevar adelante sus iniciativas porque los parlamentos están controlados por la oposición. En tales condiciones se vuelve muy probable la ocurrencia de conflictos entre el Ejecutivo y el poder legislativo, a menos que los presidentes cuenten con otros recursos para lograr un apoyo mayoritario a sus iniciativas. Como hay sistemas electorales que se orientan a la fabricación de mayorías legislativas para favorecer la gobernabilidad, frente a otros sistemas que buscan favorecer la representatividad de los parlamentarios, los impulsores de la reforma electoral deben tener claro qué es lo que buscan. En el primer caso, podría reducirse el número de escaños, pasando de 84 diputados a 64 como se pretende hacer en El Salvador.

Intentar legitimar una reforma electoral aduciendo un mejor uso de los fondos públicos insinúa otra clase de objetivos. La eficiencia económica no es asunto electoral. Mejor habría que reforzar a los entes contralores, dejando que hagan su trabajo de manera independiente. Por cierto, el voto desde el exterior suele tener unos altísimos costos en relación con el número de electores que acuden a votar, algo que contradice el argumento de la eficiencia en el uso de fondos públicos.

Cuando se impulsan reformas electorales que no necesariamente operan como se argumenta se puede sospechar que son otras las intenciones. Cuando las reformas se aprueban, incluso en contra del texto de la Constitución, es obvio que lo que está en juego es la democracia o la parte democrática en un régimen híbrido. En este caso, las elecciones y las reformas electorales sirven, paradójicamente, para acabar con lo democrático del régimen político.

* Álvaro Artiga González, académico del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.