Editoriales y Opiniones

Los que los especialistas llaman el “sesgo de confirmación” explica por qué un mismo hecho o suceso es valorado de diferente manera por diferentes personas, incluso de forma diametralmente opuesta, llevando a enfrentamientos e imposibilitando el diálogo. El término no es nuevo; lo acuñó el psicólogo inglés Peter Wason en la década de los sesenta del siglo pasado. Las investigaciones de este y de otros científicos mostraron que cada persona tiene o adopta unas creencias o ideas que da por verdaderas sin haberlas comprobado. Y una vez que esas ideas o creencias son asumidas profundamente, la persona solo da crédito a la información que las confirma y rechaza todo aquello que las ponen en tela de juicio. Este sesgo o tendencia se da particularmente en cuestiones que tienen un fuerte componente emocional. Por ejemplo, si alguien cree que alguien es bueno, recoge toda la información que confirma la bondad de esa persona y desecha todo dato o hecho de signo contrario. Y si no le es posible desecharla, relativiza la información que va en contra de su creencia.

En términos sencillos, las personas ven lo que quieren ver, oyen lo que quieren oír. A esta tendencia es a la que los especialistas llaman sesgo de confirmación. A diferencia de lo que se pueda pensar, no es algo voluntario; es un proceso inconsciente e independientemente de la condición personal. De hecho, el premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, afirmó, a propósito del sesgo de confirmación, que incluso los científicos lo padecen: al comprometerse a rajatabla con una teoría, tienden a ignorar los hechos que no la validan, concluyendo que el error está en esos hechos, no en la teoría que defienden. También los médicos, cuando creen firmemente en un diagnóstico, pueden tender a buscar información que lo confirme y desestiman los datos que apuntan en otra vía.

En la actualidad, el sesgo de confirmación es el combustible que dinamiza las redes sociales; las afirmaciones y noticias falsas proliferan en las plataformas virtuales y en cierto tipo de medios de comunicación. Puesto que buena parte del contenido de las redes sociales es pensado y diseñado para reforzar creencias y prejuicios, la opinión pública termina siendo manipulada. Los hechos, los datos duros de la realidad se desechan a conveniencia, como si fuesen inventos o pequeñeces que no empañan lo que ya se cree. El sesgo de confirmación anula el pensamiento crítico; las personas solo ven y escuchan las cuentas y medios de comunicación que confirman y refuerzan sus creencias.

Es en este contexto que debe entenderse el afán mediático del actual Gobierno. Un afán que no busca informar a la población, sino propiciar el sesgo de confirmación de modo que la mayor cantidad posible de salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, vivan de espaldas a la realidad, afincados en un conjunto de creencias e ideas falsas, cuya defensa nada tiene que ver con la razón y todo con las emociones. Gracias a ese esfuerzo, muchos creen que estas autoridades son en verdad distintas a las anteriores y que todos los hechos de corrupción y las injusticias que perpetran son simples inventos de opositores. Así, el único El Salvador posible es El Salvador imaginario.

La mentalidad electoralista ya flota en el ambiente, y con ella, las voces de los candidatos. Los de la oposición, que han guardado silencio durante más de tres años, han encontrado la palabra para anunciar que participarán en las próximas elecciones, como si el electorado los aguardara ansioso. Hay quien piensa que puede ganar la presidencia y la mayoría legislativa y municipal en solitario; la ideología trasnochada y la soberbia partidaria pesan aún demasiado. Por su lado, el oficialismo no tiene ideología, pero sí arrogancia. Cuenta con ella para retener el poder total del Estado.

Asombra que, después de tan largo silencio, la oposición, de repente, tenga algo valioso que ofrecer a la gente. Si le interesara, habría mantenido una actitud beligerante y lúcida desde el comienzo del régimen actual. Si la derrota política la dejó sin ideas y palabra, lo honesto sería retirarse discretamente por la puerta trasera. Lo único que puede ofrecer es, otra vez, la hegemonía partidaria, la cual, en sí misma, tendría efectos transformadores o revolucionarios, según el color del partido. El desengaño con los partidos que hicieron la guerra y fueron luego incapaces de construir una sociedad menos desigual, menos injusta y más pacífica todavía persiste.

Ante la ambición electoralista de quienes aspiran a repetirse en el poder y de quienes aspiran a desbancarlos, cabe preguntar, ¿para qué quieren gobernar? Los antiguos lo hicieron muy mal. Su desgobierno abrió las puertas a los Bukele y estos no son diferentes, excepto que lo encubren hábilmente. De hecho, esta es una de sus prioridades. Los partidos más recientes, ¿ofrecen algo radicalmente diferente o son, más bien, comparsas del partido gobernante?

¿Saben acaso los pretendientes al poder cómo sanear las finanzas públicas y honrar la inmensa deuda sin aumentar la carga tributaria de las mayorías?¿Tienen claridad sobre cómo reactivar la economía, aumentar la productividad, multiplicar el empleo formal y digno de tal manera que no sea necesario enviar temporalmente desempleados al norte? ¿Han pensado cómo sanear las cuentas nacionales y aumentar la inversión en educación, salud, vivienda y medioambiente? ¿Tienen claro cómo superar la crisis causada por la mala gestión de las pensiones? ¿Cuentan con un plan para disminuir la desigualdad y la pobreza?

¿Qué harán con los casi 70 mil prisioneros? ¿Cómo garantizarán la seguridad ciudadana, controlarán eficazmente el territorio y respetarán los derechos ciudadanos y humanos? ¿Mantendrán la seguridad y la policía militarizadas? ¿Replegarán el Ejército a los cuarteles? ¿Reducirán su presupuesto para aumentar el gasto social? ¿Restaurarán la independencia de los poderes del Estado y pedirán cuentas a los usurpadores por sus desafueros? ¿Erradicarán los vicios heredados del pasado y explotados diestramente por los Bukele? ¿Fortalecerán y consolidarán la institucionalidad democrática? ¿Aceptarán con buen ánimo la crítica y la protesta social?

¿Serán intolerantes con los corruptos, en particular con los poderosos que han proliferado a la sombra del Estado? ¿Tendrán valor y capacidad para llevar ante la justicia a los corruptos del régimen de los Bukele? ¿Cortarán por lo sano la corrupción en su propia gestión? ¿Proporcionarán información completa y verás sobre ella? ¿Investigarán pronta y eficazmente las denuncias de corrupción? ¿Detendrán la depredación del medioambiente? ¿Revisarán la legislación para ponerla al servicio del bien general y acomodarla a la normativa internacional?

¿Saldarán las cuentas pendientes con las víctimas de los crímenes de guerra? ¿Buscarán a los desaparecidos hasta dar con su paradero? ¿Sentarán a los responsables de tantos crímenes ante la justicia? ¿Cumplirán con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? ¿Promoverán la verdad y la justicia? ¿Repararán el daño causado a las víctimas de la guerra y del régimen de excepción de los Bukele?

Las tareas son ingentes y los recursos humanos y materiales escasos. Sin embargo, ¿qué sentido puede tener ansiar el poder para mantener el ordenamiento heredado del pasado y profundizado por los Bukele? Participar en las elecciones por el prurito de ser elegido y reemplazar un poder con otro no es más que ambición y vanidad. Continuar en el poder por simple placer es enfermizo. En ambos casos, los candidatos engañan al electorado. Hacen promesas que saben bien que no cumplirán. Las candidaturas no obedecen al deseo de servir al bien general. En el mejor de los casos, este es servido de forma derivada

La candidatura tiene razón de ser si dispone de planes concretos y viables, si cuenta con un capital social y político para sacarlos adelante y, sobre todo, si es lo suficientemente atrevida como para gobernar a favor de las mayorías, con metas concretas e indicadores objetivos de cumplimiento. Lo demás es demagogia y alevosía. Tal vez sea mucho pedir a unos políticos socializados en el autoritarismo, la corrupción y la violencia. Sin embargo, no hay otra salida. La alternativa es continuar sumergidos en la ilusión de un bienestar que nunca se concreta. Cuando parece estar al alcance de la mano, se aleja.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por su origen histórico, lo común en cada Primero de Mayo es que la clase trabajadora enarbole demandas relacionadas con su situación laboral; es decir, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, mejoras en las prestaciones y en las pensiones, respeto y ampliación de derechos. Esas demandas estuvieron presentes en la marcha del pasado lunes en San Salvador. Los funcionarios públicos despedidos por el oficialismo, tanto del Gobierno como de las municipalidades, exigieron respeto a la estabilidad laboral y a la debida indemnización por despido. Por su parte, las gremiales magisteriales exigieron aumentos salariales y el respeto a la ley de la carrera docente. Otros grupos pusieron el énfasis en exigir el respeto al derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y el cese de las prácticas de acoso a los afiliados y a los representantes sindicales. Sin embargo, la marcha de este año trascendió lo laboral; en la manifestación se encontraron una gran variedad de demandas que expresan la actual insatisfacción de diversos sectores de la sociedad salvadoreña.

Un grupo importante de los manifestantes reclamaban por el régimen de excepción y los abusos cometidos durante el mismo, y exigía la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente. Otro demandó la libertad de los presos políticos y poner fin a la persecución política. Otros se pronunciaron contra la reelección presidencial. No faltaron tampoco las protestas por el alto costo de la vida, que está afectando la economía de las familias de los sectores sociales con recursos más limitados. También participaron en la marcha grupos que exigieron el respeto a la Constitución de la República, al Estado de derecho y a la separación de poderes, y poner un alto a las violaciones a los derechos humanos. Dada la poca posibilidad de expresarse por otros medios, la manifestación del Primero de Mayo fue un espacio propicio para exponer el descontento ante los atropellos del Gobierno.

Por su parte, el Ejecutivo siguió su guion acostumbrado: utilizó a la PNC para obstaculizar la asistencia a la marcha de personas procedentes del interior del país; con retenes impidió el paso de buses hacia la capital. Además, al igual que el 15 de septiembre del año pasó, organizó una marcha en apoyo a su gestión, presionando a los funcionarios para que participaran. Quiso así dar la imagen de que también tiene trabajadores y ciudadanos de su parte. Fue esta una nueva muestra de que en El Salvador se irrespetan libertades fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y manifestación.

Mucha atención debería poner la actual administración a este tipo de manifestaciones y a las diversas demandas. En lugar de bloquearlas y pretender acallarlas, impidiendo la participación masiva de la población, deberían escuchar las peticiones y reflexionar sobre las razones de fondo. En esto, como en otras muchas cosas, el Gobierno de Bukele no se distingue de los anteriores; padece del mismo mal: incapacidad de escuchar a la ciudadanía. Si los Gobiernos de Arena y del FMLN hubieran escuchado las demandas —ampliamente difundidas— de la gente y las hubieran atendido como correspondía, su historia política fuera totalmente otra, diferente a la bancarrota ética y electoral en la que se encuentran. Nada da pie para afirma que el destino de Nuevas Ideas será diferente.

En el marco de lo que ha llamado una “guerra contra las pandillas”, el Estado ha logrado una disminución significativa de la delincuencia en el país. Artículos periodísticos evidencian que se percibe una aparente calma en muchas colonias que antes eran asediadas por dichos grupos criminales que durante décadas tuvieron en sus manos el control de los territorios y que causaron un gran daño a la sociedad. Con la militarización de las calles salvadoreñas, en el marco del régimen de excepción, muchos negocios dejaron de pagar renta y muchas personas ya no tienen que preocuparse por no pasarse a una cuadra que era controlada por una pandilla contraria.

Pero que la violencia merme y que las pandillas ya no tengan el mismo poder ni una estructura clara, no es sinónimo de desarrollo para nuestra sociedad. La desarticulación de las pandillas nos ha costado la pérdida de derechos humanos necesarios para una sana convivencia, fundamentales para construir un país democrático. Esta forma de combatir la delincuencia ha marcado la vida de más de tres mil personas que, capturadas injustamente, han sido liberadas por el mismo sistema después de pasar varios días o meses sin que se les haya respetado el debido proceso y la presunción de inocencia.

Además, ha costado la democracia, que aunque era imperfecta, servía como guía para construir un mejor país, basado en el diálogo, la búsqueda de la verdad y la justicia. Ha costado que los salvadoreños normalicen el irrespeto al debido proceso, la falta de separación de poderes y la concentración del poder en una sola persona.

Ante un problema social tan complejo que fue ignorado por distintos gobiernos durante más de 30 años, los salvadoreños entregamos como ofrenda (algunos voluntariamente y otros con desconocimiento) lo único que reconoce y protege la dignidad de todos: nuestros derechos. La pregunta es entonces: ¿Cuál será nuestro camino? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta que una medida represiva y militar que resultó efectiva en corto plazo no puede ser permanente para la construcción de una mejor sociedad.

* Mario Rogel, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Artículo publicado en el boletín

En el país, los desfiles y manifestaciones del 1 de mayo suelen reivindicar exigencias y reclamos de los trabajadores. Y eso es justo y adecuado, porque el mundo del trabajo no goza de la suficiente protección. El salario, la seguridad laboral, los seguros de enfermedad, el tiempo de parto y lactancia para la mujer, el sistema de jubilación tienen deficiencias y deben ser mejorados en muchos aspectos. Pero además de estas y otras reivindicaciones concretas, el mundo del trabajo debe abrirse a problemas estructurales graves que anulan los derechos laborales de la población. El trabajo informal, el subempleo, las labores del hogar y en el campo carecen en general de protecciones mínimas. Reclamar los derechos del trabajo formal olvidando a otros sectores de trabajadores y trabajadoras solo ratifica la injusticia estructural de la sociedad salvadoreña, que otorga algunos beneficios a unos mientras no valora ni protege a otros. En la práctica, el trabajo en el hogar, tan cargado sobre las mujeres, no está regulado, a pesar del extraordinario valor de las actividades de cuido para el desarrollo de las personas y para la convivencia social.

Aunque haya algunas críticas contra el neoliberalismo o contra empresarios concretos, el problema de la relación entre trabajo y capital no se trata a profundidad. El pensamiento de tradición comunitaria, incluido el de la Iglesia católica, parte de la prioridad del trabajo sobre el capital. Qué significa esto en las relaciones laborales concretas, no suele pensarse ni debatirse hoy en día. Sin negar el derecho del capital a recuperar inversiones y a tener lo suficiente para realizar otras, la redistribución de la riqueza no es justa ni decente en El Salvador. La desigualdad es hiriente y por diversos aspectos se puede decir que mucho empresarios creen que con dar a sus empleados lo mínimo para sobrevivir están cumpliendo con la función social que les corresponde. La prioridad del “destino universal de los bienes”, afirmación básica de la doctrina social de la Iglesia, es un tema tabú para el capital. Dar pasos hacia la justicia social, lema y finalidad de la Organización Internacional del Trabajo, debería ser la reivindicación clave cada 1 de mayo.

El papa Francisco decía recientemente que “el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos”. En nuestro contexto, el 1 de mayo debe tener como tema esencial acrecentar la solidaridad y la justicia social. El maltrato a los pobres, los bajos salarios, las exiguas pensiones, la avaricia, la negativa de muchos ricos a que se suba el impuesto sobre la renta a los más pudientes y la igualdad de derechos laborales de la mujer son temas que requieren una seria reflexión, o al menos generar inconformidad. Son también tareas de planificación, reivindicación y conquista. Nada mejor para el bien común que satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos y dignidad.

Los Estados de excepción no son novedad en Latinoamérica. Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú, por ejemplo, los han implementado. Los Gobiernos siempre han presentado la medida como una herramienta para enfrentar una situación grave que afecta a la población, pero en realidad la han terminado aplicando no solo con ese fin. Como su nombre lo indica, el Estado de excepción es una medida excepcional, a la que se acude para enfrentar un grave problema; y se caracteriza por la suspensión temporal de una serie de derechos para salvaguardar otros más importantes mientras se recupera la “normalidad”. Sin embargo, la historia latinoamericana de los Estados de excepción muestra que estos, lejos de proteger a los ciudadanos, se implementan para que los derechos humanos fundamentales puedan ser violados con impunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es el Perú de Alberto Fujimori (1990-2000), que aprobó el Estado de excepción y lo prorrogó varias veces con la justificación de combatir el terrorismo, un flagelo que tenía a la población cansada y atemorizada. Diversas investigaciones demostraron que la medida no fue implementada para lo que se decía. Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, publicado en 2011, que recopila y analiza las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado peruano (1980-2000), el Estado de excepción fue utilizado para “perpetuar la violación de los derechos humanos” y “reprimir a opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”. En el mismo sentido se había pronunciado unos años antes (1998) Amnistía Internacional: “Fue utilizado principalmente para restringir las libertades civiles, silenciar a la oposición política y facilitar la detención arbitraria, la tortura y otros abusos”. Incluso funcionarios de primer nivel del Gobierno fujimorista terminaron reconociendo esa verdad.

Fujimori llegó a la presidencia peruana con la promesa de terminar con el terrorismo utilizando mano dura; creó y lideró un régimen autoritario que sometió a todos los poderes del Estado, a la institucionalidad pública y a los medios de comunicación, causando severos y variados perjuicios al país. Uno de ellos es una aguda inestabilidad política que sigue activa; más de 20 años después del fujimorismo, el país andino ha tenido seis presidentes en los últimos seis años. Muchos peruanos que vieron en Fujimori la solución definitiva contra el terrorismo terminaron arrepentidos de haberlo apoyado a la luz de los atropellos que su Gobierno cometió.

En definitiva, a la luz de una lectura histórica, los Estados de excepción suelen ser fruto de un afán de aprovechar con fines políticos una realidad que golpea a la gente (un desastre, una guerra, una situación de inseguridad generalizada); un afán que lleva a convertir lo excepcional en norma y a aplicar la medida a todo el que resulta incómodo para el poder. Así, el Estado de excepción se vuelve una gran atarraya en la que caben analistas, periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores contra la minería, políticos de oposición y toda persona que dice verdad. Es cuestión de cada quien y de los pueblos tener clara esa lección.

La admisión de algunas celebridades locales de las redes digitales en el recinto legislativo puede resultar contraproducente para sus patrocinadores. La misión encomendada es difícil. Tendrán que ampliar su agenda, pero no tardarán en descubrir que la actividad legislativa es, de por sí, tediosa. Mucho más cuando se encuentra al servicio de un poder que ordena y manda. En el recinto legislativo, las ideas y la discusión sobran. Ahí no hay sorpresas. Solo poses, aplausos y fotografías. Los diputados se congratulan por unos proyectos de ley y unas decisiones que no suyas, sino de Casa Presidencial. Si los youtuberos son “creadores de contenido” y medianamente sensatos, no tardarán en descubrir que ahí hay poca materia prima para crear.

Entonces, el entusiasmo inicial menguará. Si no abandonan el puesto, aburridos y desencantados, puede que decidan entretenerse a costa de los legisladores. Tal vez comiencen con los de la oposición, algo que saben hacer bien. Pero este material es escaso. Son pocos y el oficialismo no les da espacio para expresarse y decidir. El contenido caerá en los tópicos y las producciones perderán interés. Agotada esta aproximación, les quedan los diputados oficialistas y sus aliados que, al ser mayoría y dominar la actividad legislativa, prometen más contenido. Si los toman en serio, encontrarán que dan poco de sí. Si la emprenden contra la ramplonería predominante, los expulsarán. Tal vez por eso les dieron credenciales solo para un mes. Sea lo que sea, la presencia de los youtuberos expone a los diputados a la vigilancia estrecha y a la crítica irrespetuosa y cínica. Propagarán lo que la prensa profesional no se atreve a difundir por respeto básico al oficio. La apertura a estas celebridades de las redes es un riesgo para la proyección idealizada de la actividad legislativa del oficialismo.

Si esto llegara a suceder, los youtuberos prestarán, sin pretenderlo, un valioso servicio a la sociedad. Exhibirán, desde su peculiar perspectiva superficial y grotesca, la pobreza y el servilismo de los representantes de los Bukele. Si, por el contrario, los youtuberos satisfacen las expectativas de quien los admitió en la legislatura, sus producciones adolecerán de aburrimiento, el interés de sus seguidores tenderá a decaer, así como también los likes. Sus creaciones no solo perderán atractivo, sino que se desnaturalizarán al asimilarse al orden establecido de los Bukele. El éxito de la producción youtubera estriba, en gran medida, en su aparente independencia y autonomía, que confieren a sus creaciones una identidad y una autenticidad únicas.

Muy pagados de sí mismo están los responsables de esta decisión. Si piensan que la labor legislativa es tan fascinante como para aumentar los seguidores de los youtuberos, viven en otro mundo. Si esperan que estos difundan lo que la prensa profesional censura por presuntas motivaciones políticas y perversas, son ingenuos. No se puede difundir una actividad inexistente. Claro, siempre se puede inventar, lo cual ya hacen sin acudir a la legislatura. Si buscan una mayor incidencia en la opinión pública de cara las elecciones legislativas del próximo año, las cuentas no les salen. La mayoría legislativa, lo que han dado en llamar “la gobernabilidad” de Bukele, se tambalea. La dificultad es la misma. Hay poco para mostrar y menos para entusiasmar, y ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo.

El perfil de los diputados actuales es idóneo para proporcionar esa gobernabilidad a Bukele, pero es totalmente inadecuado para representar los intereses del pueblo al que dicen deberse. El interés y el sentir popular no forman parte de la agenda legislativa. El punto único de dicha agenda es Bukele. El autoritarismo y la centralización, equivocadamente etiquetados como “gobernabilidad”, han anulado de tal manera la actividad legislativa y la personalidad de los legisladores que ahora resulta cuesta arriba seducir al electorado. No sería extraño que la desconexión de los diputados de la gente y su realidad, y la abstención dispersen el voto más de lo deseado. Desde esta perspectiva, los youtuberos tienen la difícil tarea de ilusionar a un electorado más indolente que movilizado.

Esa misma incertidumbre ha llevado al oficialismo a apostar por el voto de la minoría de expatriados pudientes y privilegiados. El plan es reforzar las posibilidades de los candidatos del departamento de San Salvador. La mayoría de los inmigrantes no tiene papeles, ni empresas, ni negocios, sino dos o tres empleos simultáneos para sobrevivir ellos y la familia que dejaron atrás. Sus prioridades son permanecer, trabajar y enviar remesas. Ninguna de ellas figura en la agenda legislativa. Sus así llamados representantes no se han ocupado de defender su regularización migratoria, sus derechos laborables ni el derecho de sus familiares a una vida digna y humana.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso

21/04/2023

El Salvador se ha caracterizado por ser una sociedad profundamente consumista. Esto lo sabemos desde hace muchos años. Un estudio de hace diez años atrás ya mencionaba la preocupación de que por cada cien dólares que se producían en El Salvador, la sociedad consumía 102.40 dólares. Esto nos permitió tener el gran honor de ser, en el ranking, la tercera sociedad más consumista del mundo. Nunca está bien una casa que gasta más de lo que gana. Lo sabemos. Pero esto sigue siendo así, solo que ahora es más difícil demostrarlo. La gran mayoría de gastos que se hacen desde el Estado salvadoreño han sido puestos en reserva por al menos siete años. Pero todos los indicadores parecen señalar que las finanzas no están muy bien para las grandes mayorías.

Mientras tanto sabemos de otros temas. Seguimos siendo una sociedad número uno, en otros nuevos rankings. Por ejemplo, somos el país con más población carcelaria en el mundo por encima de Ruanda y Turkmenistán que ocupan los lugares dos y tres en dicho conteo. Y tenemos otras cosas que no tiene nadie más, un presidente popular, una población con índices muy bajos de educación, un país con uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Podemos seguir, pero queremos llamar la atención en un punto importante. Somos el país que ha oficializado que los procesos de comunicación pública, no serán auditados por el periodismo, sino por generadores de opinión, youtubers e influencers.

El investigador Willian Carballo mencionó, justo hace diez días, que las audiencias salvadoreñas creen más en los youtubers que en los periodistas. Esta creencia, que no es exclusiva de El Salvador, parece ir en aumento, pero quizá el experimento más interesante de la batalla comunicacional largamente librada por este gobierno ha sido entender que en la sociedad agonizante, antes de jubilar por completo los procesos de información y varias de sus profesiones asociadas ante los procesos de Inteligencia Artificial, es posible acelerar el viejo y arraigado consumismo: que reinen los youtubers.

El principio de esta propuesta es muy sencillo y tiene que ver con la construcción de la cultura popular en el país. Los youtubers son parte del pueblo. Y la vida popular, lo sabemos desde las investigaciones que hizo Richard Hoggart en la escuela de Birgminghan, es familiar (por tanto conservadora), profundamente grupal, comunitaria, vecinal, con una moral mixta que mezcla el cinismo contestatario con la religiosidad elemental. La vida popular se vive en el día a día y el periodismo, desde hace mucho, se alejó de esos lugares. El universo del pueblo vive al día, insiste en la improvisación y el sentido del goce.

El actual régimen lo sabe y seguramente muchas personas que lean estas líneas se encontrarán pensando en las muchas cosas buenas que ha hecho el actual régimen y que responden a estos rasgos característicos: es ley de vida, dirán algunos, que una sociedad avanza en la medida en que los sectores populares tienen mejor educación, más acceso a la salud y una vivienda digna. Una sociedad avanza en la medida en que los ricos pagan más impuestos y este dinero se pone al servicio del colectivo. Sin embargo, esas sociedades serias y acartonadas, con personas educadas y medios de comunicación con una tradición que se cuenta por siglos, no gozan.

El régimen lo sabe. Por eso ofrece lo que ofrece. Videomapings maravillosos en un centro de San Salvador que ha sido recuperado de la chusma y que por fin puede recibir a los buenos ciudadanos. Bailes y emociones. No ofrece reciclaje de basura, prohibición de los plásticos o impuestos predial. Ofrece youtubers. No periodistas y contralores. No academia y pensamiento crítico. Debemos mantener lo que los neurolingüistas llaman la causalidad directa frente al análisis sistémico. La mala noticia es que este tipo de pensamiento tiene un tope. Donald Trump, el amigo de nuestro presidente, lo sabe. Y los asesores de nuestro presidente también. Es el momento de volver a preguntarnos el para qué del periodismo en el país de todas las causalidades simples. Es el momento de apostar al pensamiento complejo, a la honestidad y a un compromiso que, más allá del espectáculo, nos lleve de verdad a construir una mejor sociedad para todas las personas.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 119.

Acabamos de celebrar el día de la tierra. Y dadas las circunstancias de nuestro país, es necesario reflexionar con mayor insistencia sobre el tema. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tiene proyectos interesantes, los problemas medioambientales que nos esperan muestran escenarios aterradores. Un estudio de la Universidad Purdue, uno de los centros de educación superior de mayor prestigio en Estados Unidos, afirma que el calentamiento global, si no ponemos remedio, convertirá las zonas tropicales del mundo en áreas inviables para la vida humana. En otras palabras, existe la posibilidad de que El Salvador como país deje de existir. Por otra parte, la revista Nature, una de las publicaciones científicas de mayor credibilidad, decía hace poco en un artículo que “los trópicos serán los primeros en superar los límites históricos de temperatura. Olas de calor continuas amenazarán la biodiversidad y afectarán a los países más poblados y con menor cantidad de recursos para adaptarse”. Se produce así la paradoja de que los primeros países que serán afectados por los cambios climáticos son los menos responsables del calentamiento global, producido por la industrialización de los países del norte. Aunque esperamos que el mundo sepa corregir los ritmos del calentamiento global, las consecuencias para nuestros países siempre serán duras. Prepararnos para ellas es urgente.

En El Salvador hay un proceso de desertificación que hará más grave la situación. Hasta hace poco se decía que la deforestación del país ascendía a un promedio de 4,500 hectáreas al año. Parece que se ha frenado algo. En su Política de Lucha contra la Desertificación, el MARN dice que “factores socioeconómicos como la existencia de pobreza en el 50% de la población, índices bajos en educación, mal uso de la tierra, avance de la frontera agrícola, uso de leña como fuente de energía, demanda insatisfecha de recursos forestales y el acelerado crecimiento poblacional han ocasionado una fuerte deforestación de grandes extensiones de tierras, antiguamente cubiertas por bosques naturales”. Aunque existe un política de reforestación, los avances son pequeños. Y a mayor desertificación, mayores consecuencias desastrosas. El hecho de que las zonas norte de El Salvador sean las más desertificadas explica en buena parte la sistemática migración de los jóvenes de esas localidades rumbo a Estados Unidos. La vida en Chalate es cada vez más difícil por el deterioro productivo de la tierra. Es difícil entender en este contexto el porqué no se han firmado los Acuerdos de Escazú. Coquetear con la minería metálica, como se está denunciando, es coquetear con ladrones medioambientales que nos dejarán más indefensos para luchar contra el calentamiento global.

En este contexto, deben acelerarse las políticas protectoras contra el cambio climático. Según algunos cálculos, si el mundo no logra reducir la velocidad actual del calentamiento global, en el año 2047 se alcanzarán temperaturas sumamente complejas para el desarrollo de los países pobres ubicados en los trópicos, como nosotros. En otras palabras, disponemos de 25 años nada más para prepararnos para una situación difícil. Procesos de reforestación urgentes y sistemáticos, reservorios que garanticen agua accesible y sana para toda la población, mejora de los regadíos aprovechando que seguiremos por muchos años siendo un país con abundante lluvia en los seis meses húmedos son tareas indispensables para enfrentar el futuro. El papa Francisco, en su mensaje sobre el medio ambiente, Laudato si, dice que “merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo”. En El Salvador, esa lucha vigorosa contra las consecuencias del deterioro medioambiental nos corresponde a todos. Ojalá logremos poner el tema en la mesa del diálogo y de la acción.

Todos los Gobiernos salvadoreños han recurrido a la mentira, aunque eso no quiere decir que solo se hayan dedicado a mentir. Unos más, otros menos, algo hicieron, aunque no lo suficiente para llevar a El Salvador a un desarrollo equitativo. La gente aguantó durante un tiempo. El partido Arena mintió en muy diversas ocasiones y la gente lo votó durante 20 años. El FMLN despertó esperanzas; al final, no logró cumplir sus promesas. Para disimular, mentía también, y la ciudadanía lo toleró 10 años. Cuando era candidato, Bukele criticaba las mentiras del FMLN y Arena, y así se granjeó el apoyo popular. Las mentiras cansan. Por mucho que en algún momento la gente se las crea, la realidad suele ser más fuerte y termina imponiéndose. No se puede prometer desarrollo y dejar que crezca la desigualdad o que la situación de pobreza permanezca prácticamente inalterada. Como decía en otro contexto una filósofa del siglo pasado, el problema de los Gobiernos que mienten es que nunca encuentran un sustituto para la verdad. La fuerza bruta o la propaganda pueden vencer durante un tiempo a la verdad, pero nunca sustituirla.

Con la opacidad informativa convertida en norma y la negativa de acceso a la información transformada en virtud, el Gobierno de Bukele entra de lleno en la tradición de presentar como buenas acciones que lo menos que puede decirse de ellas es que son ambiguas: favorecen a algunos y dañan a muchos. Además, no faltan los funcionarios de la actual administración que se lanzan a mentir sin pudor y que afirman cosas que ni siquiera tienen visos de realidad de cara al futuro. Es cierto que hay sectores que solo ven lo negativo del actual Gobierno y que este tiene la habilidad de emprender acciones inéditas que agradan a muchas personas. Sin embargo, insistir en la mentira y denigrar a cualquiera que critica la actividad gubernamental no es acertado en el largo plazo. Ni el tiempo, ni la verdad perdonan. Y el salto del gusto al rechazo es lo usual cuando se descubre la mentira. Negar hechos evidentes conduce a la desconfianza. Cuando esta aumenta, también lo hacen los problemas.

El pero del Gobierno actual no es que exagera sus éxitos; muchas otras administraciones en el mundo lo han hecho o lo están haciendo. Distinto es anular los mecanismos de control, negar el acceso a datos a los que el ciudadano debe tener acceso, impedir en la práctica cualquier tipo de auditoría y sustituir la información con propaganda. Si el sistema judicial se ve forzado a obedecer e imitar en los modos de acción al Ejecutivo, el panorama pinta aún peor. La docilidad de los jueces a las consignas de la presidencia de la República implica priorizar la propaganda política por sobre la verdad y la justicia. La propaganda, la utilización hábil de las redes sociales, los regalos y las promesa pueden mantener la credibilidad durante algún tiempo. Pero cuando la injusticia social se mezcla con la mentira la presión es demasiada. Dialogar y escuchar las críticas para corregir errores es siempre lo más sensato. Usar y defender medios injustos para finalidades justas solo provoca, además de confusión, el crecimiento de formas muy diversas de corrupción política.