Editoriales y Opiniones

La política de seguridad actual en El Salvador es brutal, alejada y contraria a la Constitución y a la jurisprudencia interna, ajena a los estándares internacionales y violatoria de derechos humanos. Además, no hay institución ni persona alguna capaz de ejercer sobre ella un control independiente.

Es cierto que las comunidades pueden organizarse para una mejor convivencia, prevenir el delito, mantenerse en comunicación constante para cuidar los espacios y solicitar coordinadamente a las autoridades competentes el mantenimiento de calles, instalación de escuelas, unidades de salud, presencia policial permanente o la construcción de infraestructuras en la zona. Pero estas actividades no sustituyen el deber estatal de ejercer control sobre cada parte del territorio del país y asegurar que cada uno de sus habitantes disponga de trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad, propiedad, libertad y todos los derechos contemplados en la Constitución. Cuando el Estado abandona los territorios y se desentiende de sus pobladores, es muy probable que las estructuras criminales ejerzan controles y hagan difícil la tranquilidad en la colectividad.

A pocas horas de cumplir el mandato de nueve años, los miembros de la Sala de lo Constitucional deliberamos y sentenciamos un caso que nos comprometimos a no dejar inconcluso: la situación de los desplazados a causa de la violencia generada por las pandillas. En concreto, se trató de una demanda de amparo interpuesta por varias familias, quienes reclamaron al Estado por no garantizarles sus derechos a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y residencia, y a la propiedad. Los hechos relatados por los demandantes reflejaron el poder y el control territorial de las estructuras criminales, quienes golpearon a varios miembros de las familias, les obligaron a desnudarse buscando tatuajes de la pandilla contraria, realizaron agresiones a menores, les amenazaron con matarlos, les exigieron dinero y les ordenaron dejar sus viviendas en cuestión de horas. Las familias no tuvieron más opción que abandonarlo todo y buscar refugio en otras zonas del país.

En aquel entonces, el gobierno central de turno no reconocía abiertamente la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado y en las audiencias otorgadas para defenderse de los señalamientos dentro del proceso, todas las autoridades demandadas (Asamblea Legislativa, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y Comisión Coordinadora del Sector Justicia de la Unidad Técnica Ejecutiva) negaron las violaciones constitucionales y adujeron la realización de algunos actos destinados a la protección de las personas frente al accionar delincuencial, tales como asignar claves a las víctimas en los procesos administrativos para reservar sus identidades, ofrecer protección física a los demandantes, aprobar el programa “Plan El Salvador Seguro” y emitir normas como la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos. Pero esas acciones fueron insuficientes para frenar la violencia cruel y despiadada de los pandilleros.

Frente a estas realidades, en el proceso constitucional quedaron reforzados los hechos que ya eran notorios: las maras o pandillas ejercían control total en diferentes zonas geográficas y en sus habitantes; las omisiones estatales permitieron o facilitaron la expansión de las estructuras criminales y la diversificación delictiva; y sus ataques eran sistemáticos y generaban terror en la población, lo que obligaba a muchas personas a dejar sus trabajos, estudios, bienes materiales, amistades y sus arraigos. Algunas personas tenían la opción de migrar a causa de la violencia y de acceder a protección internacional en sus nuevos destinos, mientras que otras se vieron obligadas a desplazamientos internos.

Es responsabilidad del Estado garantizar a los habitantes el disfrute de los derechos reclamados por los demandantes; la protección de esos derechos no debe ser trasladada ni delegada a nadie más. El auténtico combate del fenómeno de la violencia, el compromiso del Estado como rector de las políticas públicas y, en definitiva, la recuperación de territorios implica, en primer lugar, crear condiciones para el fomento de empleo que permita a las personas y a las familias vivir con dignidad, garantice estabilidad laboral y un salario suficiente para cubrir las necesidades. En segundo lugar, articular una estrategia intensa que facilite la educación formal gratuita de los niños, niñas y adolescentes, la creación de escuelas en condiciones adecuadas, la contratación de maestros y maestras en cantidad suficiente y la enseñanza de buena calidad. En tercer lugar, construir zonas de esparcimiento sano, como parques, espacios para la práctica de deportes, cine, teatro, grupos de lectura y aprendizajes de oficios. En cuarto lugar, proveer servicios de salud de fácil acceso, infraestructura adecuada, personal médico suficiente, con medicamentos disponibles y apropiados para las enfermedades.

En la sentencia se estableció que la recuperación de los territorios debe ir acompañada de medidas de prevención y control del fenómeno de la violencia. Por ello, se le encomendó al presidente de la República involucrar en esa misión a los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, de Educación, de Salud y de Hacienda, a la PNC y a la oficina de Inclusión Social, para que todos de manera coordinada implementaran las políticas orientadas a prevenir y controlar la violencia derivada de estructuras criminales. Asimismo, se impuso el deber de destinar presupuestos específicos para alcanzar progresivamente tales objetivos.

Ni en la sentencia, ni en las deliberaciones que la precedieron se contempló la idea de que la recuperación de los territorios significaba la militarización de las comunidades. La historia de nuestro país ha demostrado que el Ejército carece de la preparación necesaria para prevenir e investigar el delito; su entrenamiento está orientado a la eliminación del “enemigo”, puesto que ha sido concebido para defender la soberanía del Estado y la integridad del territorio, de acuerdo con nuestra Constitución. Además, los uniformes militares, las tanquetas y las armas de guerra no generan sensación de seguridad ni de paz dentro de la población.

El control territorial se ha desnaturalizado por el reparto de competencias paralegales —verbales y tácitas— al Ejército y a la Policía para que efectúen allanamientos ilegales en los domicilios, interroguen de modo intimidatorio a la población, invadan el derecho a la intimidad mediante revisiones arbitrarias de los teléfonos celulares e incursionen ámbitos privados que solo deberían ser limitados por una orden judicial. Se ha amplificado la facultad para detener a cualquier persona y en algunas actas policiales suele aparecer que el detenido ha sido señalado por una llamada anónima, o por la “voz pública”, como miembro o colaborador de pandilla. En muchos casos, las capturas se realizan sin investigaciones previas, objetivas, verificables y razonables.

Lo anterior ha estado acompañado por un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, fiscales y jueces que no son independientes, y un conjunto de reformas a las leyes penales que permiten el juzgamiento por jueces y juezas sin rostro o con identidad reservada. Asimismo, se ha extendido la validez de los testimonios de referencia (esos policías que recibieron llamadas anónimas o escucharon de la voz pública el señalamiento) y se han devaluado las garantías judiciales, como el debido proceso y el derecho a la defensa.

Ante ello, es indispensable fortalecer el Estado de derecho, respetar la independencia de los poderes públicos, reconocer los límites de las competencias institucionales y autocontenerse. Se requiere que las leyes sean discutidas en el seno de la Asamblea Legislativa, pero también se necesita una Sala de lo Constitucional capaz de declarar la inconstitucionalidad de una ley, aunque haya sido aprobada y sancionada por consenso. Esos jueces constitucionales pueden invalidar elecciones de funcionarios por sus vínculos políticos partidarios; frenar las autorizaciones al Ejecutivo para endeudamientos públicos; limitar las actuaciones de la Fuerza Armada o detener autorizaciones administrativas que causen o puedan causar impacto negativo al medioambiente.

Para cualquier gobernante de nuestra región latinoamericana cuyo país tenga características similares a las de El Salvador, el mayor desafío es combatir eficazmente el crimen con métodos modernos y científicos, y a la vez ser respetuoso de los derechos humanos y asegurar a toda persona acusada de un delito las garantías judiciales conforme a los estándares internacionales. El radicalismo exacerbado, el control total de las instituciones y la imposición de la fuerza bruta instrumentalizando a todo el aparato estatal parece ser la vía más fácil para alcanzar la popularidad, sobre todo cuando es acompañado de abundante propaganda que enfoca la figura del presidente y oculta las precarias condiciones de los derechos sociales y culturales, como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Son estas señales inequívocas de que se está muy lejos de prevenir desde la raíz y para siempre la violencia extrema.

* Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y docente.

Recientemente se canceló el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), una institución que, pese a recibir escasos recursos y no destacar por un manejo transparente, transmitía una preocupación, al menos formal, por la situación de los jóvenes en el país. Sus pequeños logros estuvieron relacionados con los deportes y algunas tareas comunales aisladas. El Injuve servía para decir que las autoridades se preocupaban por los jóvenes, aunque sus resultados fueran magros en un contexto en el que la juventud era víctima de la delincuencia o se sumaba a ella con la intención de sobrevivir, poblaba mayoritariamente las cárceles, tenía serias carencias educativas y encontraba pocas oportunidades de desarrollo en el mercado laboral. Y la situación de las mujeres jóvenes era todavía peor: expuestas al abuso machista, condenadas muchas a ser madres adolescentes y a trabajar en solitario por la manutención y desarrollo de sus hijos. Mientras una minoría de la juventud logra escalar posiciones sociales a base de herencia, esfuerzo o recomendaciones, al resto le queda una triple opción: conformarse con la transmisión generacional de la pobreza o la vulnerabilidad, emigrar hacia el norte u optar por salidas contrarias a la ley.

Con la eliminación del Injuve, todo queda igual, pero se dificulta implementar políticas públicas dedicadas a promover y mejorar la situación de los jóvenes. Incluir esta institución en una dirección recién creada que realizará múltiples funciones difícilmente facilitará la formulación de acciones que rompan la tradición de abandono de la juventud. En los cuatro años del Injuve durante el Gobierno actual, sus logros fueron igual de reducidos y parcos que los de las anteriores administraciones. Las medidas aisladas que la gestión de Bukele ha tomado en beneficio de los menores de edad, en especial de los que están escolarizados, no resuelven el problema de una juventud sin perspectivas de encontrar un futuro digno.

Los estudios sobre la población salvadoreña señalan una tendencia clara al envejecimiento de nuestra sociedad. En treinta años, el número de adultos mayores se habrá duplicado; habrá menos jóvenes y, por tanto, aumentará la carga para quienes estén en edad laboral. Además, no hay perspectivas de una pensión digna. Una política orientada a los jóvenes debe insistir no solo en prepararlos, sino en abrir posibilidades de emprendimiento y trabajo digno. Pensar que la inversión extranjera, el turismo y las remesas solucionarán los problemas socioeconómicos y productivos de El Salvador es una ilusión vetusta que no ha conducido más que a desengaños.

De Rubén Darío mucha gente conoce la poesía que comienza diciendo “Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver”. Ese tesoro, sin embargo, hay que cultivarlo. No puede ser que los jóvenes se pudran en la cárcel, se consuman en trabajos mal pagados y sofocantes, o se vayan del país para huir del maltrato y la pobreza. La supresión del Injuve es signo de un profundo desinterés por el futuro, porque solo habrá futuro si se invierte adecuadamente en la juventud. Los esfuerzos por atender a la primera infancia no darán resultados si no tienen una continuación seria y bien planificada en una política de juventud que tenga en cuenta los problemas de este sector en la actualidad y en los próximos años.

Es común escuchar que “la salud es lo primero”, porque estar sano es condición necesaria para estudiar, trabajar y llevar una vida plena. Por ello, los médicos y las personas que velan por la salud suelen ser apreciadas. Además, los profesionales de la salud se comprometen públicamente a cumplir los valores universales que defienden la vida. En no pocos países, la calificación requerida para entrar a las facultades de medicina suele ser más elevada que para otras carreras. Quien escoge estudiar medicina sabe que le esperan largos años de preparación y una exigencia permanente de excelencia y actualización. Y es por esta exigencia que los errores médicos suelen ser muy criticados y objeto de duras sanciones. En nuestro país, incluso se publica el nombre del galeno en cuestión y se le exhibe ante los medios de comunicación, prescindiendo del derecho a la imagen y del principio legal de presunción de inocencia.

Por su puesto, no se trata de idealizar la profesión. Es imposible dejar de lado que en ciertos casos la medicina se ha convertido en un negocio cuyos precios son prohibitivos para muchas personas. Los pacientes pasan a ser clientes y la salud ya no se entiendo como un derecho, sino como una mercancía. Pero esta no es la generalidad. La pandemia de covid-19 evidenció la importancia, gran valentía y entrega de los trabajadores de la salud. Fueron los más expuestos a contagiarse y a sufrir emocionalmente por el estrés de una situación fuera de regla. En El Salvador, el personal de salud no tuvo otra alternativa que sacrificarse para atender a los enfermos sin contar con las herramientas necesarias para ello. De acuerdo a organizaciones del sector, más de 230 miembros del personal de salud perdieron la vida desde el inicio de la pandemia, y se estima que la cifra puede ser mayor debido al subregistro por falta de pruebas clínicas. En reconocimiento a esa entrega, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para otorgar una compensación económica de treinta mil dólares a los familiares del personal de salud fallecido durante la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha honrado ese decreto.

En la nueva coyuntura nacional, en la que la ley es absolutamente prescindible, en las que las órdenes de los jueces no valen nada ante los caprichos de quien detenta el poder y en la que la verdad camina hacia la extinción, el gremio médico está sufriendo lo que ya padecían todos los sectores y personas que han cuestionado las medidas gubernamentales. El distanciamiento entre el gremio médico y el Gobierno es un reflejo de la escasez de medicamentos en los hospitales y del evidente deterioro de la atención en salud por la fuga de especialistas. Las solicitudes de diálogo que el gremio ha formulado a las autoridades para resolver los problemas han sido infructuosas, pues el oficialismo solo entiende de imposición. Defender a sus compañeros de profesión es motivo de escarnio y de despido. En la actualidad, la profesión médica no solo es denostada, sino acosada. Este desprecio por los médicos del sector público es la consecuencia lógica del desprecio por la población que necesita de ellos.

Las columnas sobre las que descansa la dictadura no son confiables. En un comienzo, su solidez era incuestionable, pero el tiempo ha producido fracturas que amenazan su estabilidad. El poder de atracción del “dictador más cool del mundo mundial” parecía irresistible. Un nuevo creador que haría totalmente nuevo el país. La entrega rápida y masiva parecía confirmar que el invento funcionaba. Sin embargo, el descontento y la frustración de los puntales descartados han comenzado a abrir fisuras en el edificio presidencial.

Otro de sus pilares primarios, la exclusiva relación con el Ejército, también parece debilitarse. La lealtad de los altos mandos ha sido comprada con la adquisición de armamento y equipo caro e innecesario. Ninguna de las dos guerras presidenciales en curso los necesita, pero sus guerreros disfrutan en grande con juguetes nuevos. La incondicionalidad militar, como la de los otros funcionarios, ha sido comprada. No responde a principios ni a un proyecto. Tampoco conoce la ética. Si aparece un donante más generoso con mayor disponibilidad de fondos, tenderán a abandonar al patrocinador actual. La crisis financiera, menos conocida por el secreto que la esconde, es otro puntal que se tambalea. Prueba de ello es la “generosa” oferta de la banca nacional de ampliar los plazos de la deuda de corto plazo.

Una de las grandes debilidades de la dictadura, además de la falta de dinero, es su dependencia de voluntades a la venta. Los peones obedecen a pie juntillas, defienden lo indefendible, legislan desde la ignorancia, adulan sin escrúpulos y mienten descaradamente por un cargo público, que les da acceso a una parcela de poder con posibilidades indecibles para obtener dinero fácil. Así complementan un salario de por sí alto. Ambos, el dinero sucio y el salario provienen de los impuestos de la ciudadanía. Su bienestar es secundario. Lo primero es lo primero, es decir, yo. Los demás sálvense como puedan. Por eso, la exclusión de las listas electorales extingue la devoción y la fidelidad. Sin retribución no hay seguimiento.

Los descartados, incluso los castigados, representan una amenaza potencial para la paz dictatorial. Sin empleo o con uno mal pagado, con un nivel de vida disminuido y despojado del aura asociada al círculo de poder, en cualquier momento pueden armarse de valor y relatar lo que han visto y vivido en el interior del régimen. De hecho, algunos de sus valedores connotados de la primera hora ahora dicen exactamente lo contrario. En cierto sentido es comprensible. Las discrepancias no son ideológicas, políticas o éticas, sino oportunismo humillado, que busca revancha. Cuando el poder no retribuye, los peones se revuelven contra él. El segundo mandato no tendrá la aceptación del primero ni la misma solidez.

La inseguridad anuncia nuevas purgas y castigos. El dictador ya advirtió a los inquietos y los descontentos: “Las líneas de investigación son muchas y complejas, sería contraproducente dar demasiada información al inicio”. La mano dura caerá sorpresivamente sobre ellos, como ladrón nocturno, sin apelación ni defensa. La incondicionalidad ha dejado paso al descontento entre los excluidos. Las luchas internas de poder, la ineficiencia administrativa, que comienza obras con conclusión pospuesta indefinidamente, y el caos organizativo empujan a apoyarse cada vez más en la represión, una solución no confiable. El terror es temporalmente paralizante, hasta que los represaliados pierden el miedo y se ponen en movimiento.

El poder de atracción y de convicción no es absoluto. No puede ser de otra manera. El Chief Executive Officer del nuevo país no es divino y, en consecuencia, la entrega tampoco puede ser total. En el mejor de los casos, es similar a la de las divinidades grecorromanas, cuyos devotos les daban culto y les ofrecían sacrificios a cambio de protección y favores. La relación era estrictamente comercial. Un dando y dando, con mucho de chantaje. Si la respuesta divina no llegaba o era insatisfactoria, los devotos abandonaban a la divinidad y salían en busca de otra más prometedora. El culto al dictador es muy similar. La entrega es total, mientras hay retribución.

Inevitablemente, el ejercicio del poder desgasta y si desgobierna, el daño es mayor. El deterioro no corroe solo los estamentos superiores de la estructura dictatorial. Los indicios de podredumbre en sus estratos inferiores son cada vez más. Los policías, “los jueces de la calle” y los de despacho, extorsionan y tiranizan a la población, igual que los pandilleros a los que persiguen. No se conforman con ser simples instrumentos represivos. También desean participar de la rapiña de sus jefes. La supresión de la institucionalidad concentra el poder en el dictador, pero también fomenta el descontrol y la criminalidad en todos los niveles. El edificio dictatorial de los Bukele, tan cuidadosamente construido, muestra fracturas que presagian decadencia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el año 2022, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), se registraron 83,180 nuevos hogares en condición de pobreza extrema en El Salvador respecto al año 2019. Al hablar de pobreza extrema, nos referimos a que los ingresos no logran cubrir ni una sola canasta básica.

En el país, la canasta básica únicamente está conformada por alimentos, dejando fuera al resto de bienes y servicios que son necesarios para una vida digna, como: la salud, la educación, la vivienda, entre otros. En el área urbana, la canasta básica incluye 22 alimentos[ Canasta básica urbana: tortillas, arroz, res, cerdo, aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche de vaca, naranja, plátano, guineo, frijoles, azúcar, cebolla, chile verde, tomate, güisquil, repollo y pan francés. Según el Banco Central de Reserva (BCR) el costo mensual de la canasta básica urbana a mayo de 2023 era de $247.87.], mientras que la canasta básica rural solo incluye 15[ Canasta básica rural: tortillas, arroz, res, cerdo, aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche de vaca, naranja, plátano, guineo, frijoles y azúcar. Según el BCR el costo mensual de la canasta básica rural a mayo de 2023 era de $188.84.]; la canasta básica salvadoreña es la que registra la menor cantidad de alimentos en Centroamérica. Lo anterior, ha sido señalado previamente en el informe de Análisis Socioeconómico de El Salvador (ASES) del Departamento de Economía de la UCA desde el 2019.

Esta situación resulta preocupante especialmente en el actual contexto inflacionario. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, entre agosto de 2021 y mayo de 2023, los precios de los alimentos se han incrementado en un 20.8%, condicionando sustancialmente el poder de compra de los hogares, la satisfacción de sus necesidades y exponiendo la fragilidad de los presupuestos familiares.

En los últimos años, las presiones sobre el costo de la vida han aumentado cada vez más en los hogares salvadoreños. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) lo deja en evidencia; en dicho estudio la mayor parte de la población identifica algún aspecto vinculado a la economía como el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador.

El estudio indica que 52 de cada 100 salvadoreñas y salvadoreños consideran que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado con el actual Gobierno. Dentro de ese grupo, 8 de cada 10 personas indicaron que la principal razón por la que la economía del país está en esa condición guarda relación con el aumento de los precios de la canasta básica, el alto costo de la vida y el desempleo.

Mientras 45 de cada 100 personas perciben una mejoría en la situación económica del país con esta administración; entre quienes sostienen esta postura, aproximadamente 5 de cada 10 salvadoreños atribuyen dicha condición al incremento de la seguridad en las calles y al actual cese del pago de extorsión.

Las mejoras señaladas por la población en materia de seguridad han tenido un impacto en su cotidianidad y en sus economías familiares debido a la percepción de que pueden salir a trabajar a partir de las medidas implementadas con el régimen de excepción. Sin embargo, lo anterior no se traduce, necesariamente, en una mejora a los salarios o en mayores fuentes de empleo. De hecho, la encuesta del Iudop revela, que dentro del grupo de la población que reportó mejoras en su situación económica familiar (35.8%), solo un 3.5% lo atribuye al aumento del salario mínimo y a la existencia de más oportunidades laborales.

El garantizar el bienestar económico es una responsabilidad directa del Estado salvadoreño, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución. En los contextos de aumentos sostenidos de los precios, como el actual, es requerido que el Estado actúe a través de una clara política económica que permita, al menos, garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Al consultar sobre la capacidad del actual Gobierno para controlar el alza de los precios de los productos de la canasta básica, más de la mitad de la población salvadoreña (59.2%) indicó que el Gobierno controló en poco o nada dicho incremento. Las subidas de precios de los alimentos conducen no solo a reducir la ingesta nutricional de las personas, sino también a reducir otros gastos del hogar que son igualmente esenciales para el día a día.

Lo que el Gobierno no soluciona en materia económica debe resolverse en los hogares salvadoreños. La encuesta del Iudop también revela que 10 de cada 100 salvadoreños declararon tener ingresos mensuales inferiores al total de los gastos realizados en sus hogares en el mismo período. El 54.5% de ese grupo declaró tener ingresos mensuales que no superan los 300 dólares. La cuarta parte de la población que reportó ingresos inferiores a sus gastos (25.9%) declaró que para cubrir esta brecha entre el ingreso y el gasto de sus hogares era necesario realizar actividades adicionales como trabajos complementarios, ventas informales de productos, entre otros.

La ausencia de medidas gubernamentales estratégicas en materia económica no ha permitido un cambio significativo en las condiciones de vida de los hogares salvadoreños, especialmente, en los hogares más pobres. Mientras tanto, los frágiles presupuestos de las familias continúan absorbiendo silenciosamente el actual encarecimiento de la vida en el país sin vislumbrar ninguna certeza de mejoras en el corto plazo.

En El Salvador, la desaparición de personas es una realidad que viene de antaño y que lamentablemente no cesa. Las miles de desapariciones dan cuenta de la magnitud de una tragedia que ni siquiera el régimen de excepción, que en teoría busca garantizar la seguridad de la población, ha logrado interrumpir. En la actualidad, las desapariciones están directamente relacionadas con el actuar del crimen organizado, las distintas formas de violencia social y estatal, y con la migración irregular. Si bien el número de desaparecidos ha tenido una leve disminución en los últimos años, sigue siendo elevado, lo que muestra que es una práctica sistemática y habitual en nuestro país. Según datos de Fespad, entre 2019 y junio de 2023 se registraron 6,443 casos de personas desaparecidas. De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, se observa un incremento del 28% entre el primer trimestre de este año y el mismo período del año anterior.

La muerte de un ser querido es siempre dolorosa, pero el dolor se mitiga mediante los procesos de duelo, la sepultura del cuerpo y la certeza del fallecimiento. Ello no ocurre en el caso de las desapariciones, pues la familia vive en incertidumbre constante acerca del paradero de su pariente, lo cual genera más dolor y da pie a una situación de angustia diaria. Es por ello que las desapariciones son consideradas un crimen de lesa humanidad con carácter imprescriptible. En el fondo, pues, se trata de un problema de derechos humanos, tal como señala la ONU: “Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber ‘desaparecido’ de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores”.

A pesar de lo que esta tragedia significa, no parece que a las autoridades les preocupen las miles de desapariciones que tienen lugar en El Salvador, puesto que, hasta donde se sabe, no están tomando las medidas necesarias para atender, combatir y erradicar el flagelo. Más bien han tratado de minimizarlo y restarle importancia. Sin embargo, la multitud de casos no se puede esconder. La magnitud del problema y su impacto en la sociedad son suficiente motivo para generar e implementar una política nacional que permita la búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas. Es desolador que sean las mismas familias las que, en medio de su dolor, se dedican a buscar a sus parientes dada la incapacidad y displicencia del Estado.

En este momento, existen dos comisiones nacionales de búsqueda: la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador, y Conabusqueda, enfocada en la localización de las personas adultas desaparecidas en esa mismo momento de la historia salvadoreña. Ninguna de ellas recibe del Estado los recursos y el apoyo requeridos para cumplir con éxito su cometido. Sin embargo, en ambas hay el conocimiento y la experiencia imprescindibles para diseñar e implementar una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

El Estado no puede desentenderse del tema. Su obligación es velar por el bienestar de la población y trabajar por la erradicación de todos los delitos. Ignorar las desapariciones es un modo de permitir el crimen y dejar en la impunidad a los victimarios. Las organizaciones de derechos humanos están solicitando una respuesta del Estado y, a la vez, indicando el camino a seguir: la aprobación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas que permita prevenir, investigar, judicializar, reparar integralmente y dar garantías de no repetición del delito. Además, piden que se cree un registro nacional de fosas y un plan de exhumaciones; se establezca una mesa de diálogo con los familiares y las organizaciones de derechos humanos; que las instituciones gubernamentales actúen diligentemente y con transparencia en las investigaciones correspondientes; se apliquen sanciones adecuadas a los victimarios; y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos asuma su rol, atienda a las víctimas y a las organizaciones sociales, y resuelva sobre la responsabilidad por acción u omisión de las y los funcionarios vinculados con esta temática. Todos ellos deberían ser elementos para una política nacional de prevención y búsqueda de personas desaparecidas.

En la actualidad, al igual que en otros tiempos, hay temas urgentes que no se tratan. Al contrario, priva ante ellos una especie de tranquilidad peligrosa, sobre todo a largo plazo. En El Salvador en particular, lograr la seguridad alimentaria es un tema urgente. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador aparece en el promedio de los años 2018-2020 con saldos comerciales deficitarios en el campo de los alimentos. Nuestro país es comercialmente deficitario incluso en el sector de los productos agropecuarios, en los que América Latina en su conjunto tiene un abundante superávit. Mientras otros países de América Latina cuidan la producción agrícola para asegurar la soberanía y seguridad alimentarias, el campo salvadoreño está descuidado. Y mientras permanecemos tranquilos con nuestro déficit comercial, pensando que siempre podremos comprar fuera los alimentos, estos no han hecho más que crecer de precio desde 2007. Con altibajos, pero con una tendencia fuerte al encarecimiento.

Es cierto que la guerra de Ucrania ha incidido en la escasez de algunos productos y, en ese contexto, en el encarecimiento. Pero también el calentamiento global amenaza con disminuir la producción de las cosechas. La India, que es el segundo país con mayor producción de trigo en el mundo, había diseñado un plan de aumento de su producción para sustituir los déficits que producía la guerra de Ucrania. Pero le afectaron unas olas de calor y de sequía, y tuvo que revertir su proyecto para cubrir las necesidades de su población. La adaptación al calentamiento global y la problemática climática continuarán presionando en favor del aumento de precios en los productos alimenticios. El hecho de que los fertilizantes y los combustibles tengan también tendencias al alza agrava la situación, dada la dependencia de los agricultores a estos productos.

Despreocuparse del campo, permitir amplias construcciones en lugares de clara vocación agrícola y con frecuencia importantes reservorios de agua, mantenerse en un déficit comercial en la mayoría de los rubros alimentarios es una especie de suicidio. El hambre salta los muros, decía un viejo adagio. “Comer primero, luego la moral”, decía un coro de personas empobrecidas en una obra de teatro de Bertol Brecht. Despreocuparse por la seguridad alimentaria es llevar al país a la desintegración social. Entre las diversas acciones gubernamentales que han contribuido al apoyo popular que tiene el actual presidente, una es el apoyo con canastas alimentarias que se le dio a las familias durante la pandemia. Pero dar alimentos sin producirlos en el país no es solución en el mediano y largo plazo, en el que se prevé un encarecimiento de los alimentos y una mayor dificultad para producirlos. El turismo, la modernización de El Salvador, las remesas venidas del exterior no son remedios para la carestía alimentaria. Cuando el hambre aprieta, los problemas sociales crecen. Y El Salvador ya ha sufrido demasiado a causa de otros problemas sociales en el pasado.

Cuando los problemas son previsibles y solucionables con políticas públicas, es un grave error no diseñar caminos de solución para los mismos. En el tema de los alimentos y la producción agrícola, satisfacer las necesidades básicas de la población es indispensable para la paz social. Nuestro país ha tenido una tradición agrícola importante en Centroamérica, pero hoy el campesinado no encuentra relevos en la juventud. El campesino joven, acechado en tiempos pasados por la violencia, con una formación mayor que la de sus padres, acosado en algunas zonas por el régimen de excepción, prefiere migrar a quedarse en un tierra que da pocas satisfacciones a quien la cultiva. No hay políticas de apoyo ni salarios o ingresos que permitan una vida medianamente digna. El calentamiento global amenaza y el liderazgo político parece pensar que a El Salvador no le afectará ni el crecimiento del nivel del mar, ni las sequías alternando con terribles temporales. La toma de conciencia y el apoyo al campo son dos necesidades urgente. Si las tenemos en cuenta, podremos pensar en un El Salvador con mayor capacidad de integrarse en el mundo del desarrollo equitativo y digno.

En los tiempos que corren, en el campo de la política están confluyendo, cada vez con mayor fuerza, la mentira y el fanatismo para justificar cualquier acción de las autoridades. Si antes hubo corrupción en el sistema judicial, hoy quienes están en el poder pretenden controlar a los jueces para que no haya corruptos. Y en la limpia general del sistema se van tanto jueces probos como corruptos, que son sustituidos por magistrados fieles y obedientes al Ejecutivo. Si las instituciones de derechos humanos lanzan alguna crítica, se las acusa de defender criminales. La táctica es repetir incesantemente lo mismo para sustituir la verdad objetiva por un criterio establecido políticamente. Si en otros tiempos se tomaban decisiones arbitrarias desde el poder absoluto, hoy se toman desde la repetición sistemática de la mentira, que descalifica a toda persona o institución que se convierte en obstáculo para los fines de quien está al frente de la institucionalidad estatal.

En Centroamérica, el ejemplo más claro de esta forma de proceder es la actuación del régimen Ortega-Murillo. Es característica su tendencia a acusar de traición al que hace alguna crítica, de terrorismo al que usa con libertad la palabra, y de rebeldía o mentira a quien no baja la cabeza y descubre las contradicciones del régimen. Esto mientras se repite sistemáticamente que Nicaragua es “cristiana, socialista y solidaria”, encarnando Ortega y Murillo la esencia de esas cualidades. Quienes no siguen las consignas oficiales se exponen al destierro o al encierro, se les clasifica de enemigos y comienzan a ser tratados como cosas que estorban. Cuando el poder se convierte en una fuerza autorreferente, busca despersonalizar a sus enemigos. Así lo hicieron Hitler y Stalin.

En este ambiente de manipulación y de construcción de una realidad alterna caprichosa y arbitraria, debe defenderse siempre el valor de la persona humana. Si hay una verdad objetiva, más allá de las convicciones religiosas, es que la persona humana no pierde nunca su dignidad, incluso cuando es objeto de sanciones y castigos por acciones delictivas. Los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión derivan de la dignidad de la persona y deben ser respetados. Por otra parte, la solidaridad es una condición ineludible para la sobrevivencia, pues lleva a socorrer a quien sufre. Hablar de solidaridad y cristianismo cuando se persigue a la religión y a quienes se solidarizan con el sufrimiento humano muestra la irracionalidad del poder.

La racionalidad humana y humanista, y la mayoría de las religiones buscan la convivencia amistosa, tolerante y dialogante. La instrumentalización de una realidad fabricada desde los intereses de los gobernantes o los partidos políticos lleva a la descomposición de los vínculos sociales y al doble y correlativo ejercicio de la ley del más fuerte y del sálvese quien pueda. Buscar la objetividad de la verdad en los derechos y valores básicos de la persona humana es el único camino de convivencia democrática y el único modo de generar felicidad social a largo plazo.

Los resultados de las elecciones celebradas recientemente en Guatemala, además de infundir esperanza a su pueblo, arrojan luces sobre el resto de países de la región. Hace poco más de dos meses, nadie habría previsto lo que pasó en la primera vuelta electoral del 25 de junio. Todo estaba calculado para que, ganara quien ganara, el Estado siguiera en manos de lo que llaman “pacto de corruptos”, que aglutina a un reducido grupo de políticos conservadores, empresarios, militares y miembros del crimen organizado que manipulan las leyes y las instituciones públicas para garantizarse impunidad. A los candidatos que representaban un peligro para su dominio los eliminaron de la contienda electoral; dejaron a los que consideraban inofensivos. Pero los cálculos les salieron mal.

En la primera vuelta surgió un actor inesperado: el Movimiento Semilla. Su candidato, Bernardo Arévalo, aunque en las encuestas previas aparecía solo con el 2% de la intención de voto, sacó el segundo lugar y pasó al balotaje junto con la Unión Nacional de la Esperanza y su candidata, Sandra Torres. Saltaron, entonces, las alarmas de los miembros del “pacto de corruptos”, que intentaron, con artimañas del Ministerio Público, inhabilitar la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral. Por eso, las elecciones guatemaltecas despertaron tanto interés internacional. La movilización de sectores sociales y de la comunidad internacional provocó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo Electoral decidieran seguir adelante con el proceso electoral con los dos candidatos que la voluntad popular llevó a la segunda vuelta.

El 20 de agosto, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, su compañera de fórmula, ganaron las elecciones con un amplio margen sobre Sandra Torres, quien por tercera vez llegaba sin éxito a una segunda vuelta. La población guatemalteca sabía que el Movimiento Semilla y sus candidatos no eran parte del “pacto de corruptos”, y por eso despertaron tanta esperanza; su sorpresivo resultado en la primera vuelta mostró que era posible llevar al poder a alguien distinto y dispuesto a combatir la corrupción. En realidad, el ruido generado por las elecciones guatemaltecas no vino del desarrollo de la votación, sino del entorno de los actores de poder, legal y fáctico, que ven amenazados sus intereses y no desisten de su pretensión de eliminar o neutralizar al Movimiento Semilla.

Las elecciones guatemaltecas dejan varias lecciones. En primer lugar, contrario a lo que se piensa, a la juventud le interesa la política. Los jóvenes se volcaron masivamente a las calles para ejercer su derecho al voto y, además, la mayoría de las mesas de votación estuvieron integradas por ellos y ellas. En segundo lugar, no es necesario que un partido gaste mucho dinero durante la campaña para llegar al poder. Si de algo careció el Movimiento Semilla en este proceso electoral fue de recursos económicos. El trabajo de ir casa por casa y ubicarse en el imaginario colectivo hizo que el Movimiento Semilla se convirtiera en la alternativa preferida de los guatemaltecos.

Por otro lado, es falso que no se puede ganar unas elecciones sin el apoyo de los grandes medios de comunicación. Por la falta de recursos, el Movimiento Semilla hizo de las redes sociales su principal canal de difusión, y la apuesta dio resultados. En cuarto lugar, el tamaño del partido no garantiza o inhibe la victoria. La Unión Nacional de la Esperanza es el partido más grande del espectro político guatemalteco; en cambio, el Movimiento Semilla es un partido pequeño, sin estructura territorial a nivel nacional. Finalmente, se constató que la observación electoral realizada tanto por actores internacionales como nacionales brinda legitimidad a los procesos. Las elecciones recientes fueron las más observadas en la historia de Guatemala. Además de varias misiones internacionales, hubo un consorcio nacional que realizó una verificación independiente de los resultados. En la primera vuelta, ese recuento independiente respaldó los resultados proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral. Para la segunda vuelta, esa verificación independiente le dio legitimidad al resultado.

Pese a su sorprendente ascenso y éxito, Bernardo Arévalo, hoy presidente electo, no tiene allanado el camino. Enfrenta y enfrentará variadas acciones para sacarlo del juego político y neutralizar su capacidad de maniobra una vez esté al frente del Ejecutivo. Sin embargo, la esperanza ha resurgido en Guatemala; será tarea del nuevo Gobierno tener la lucidez, laboriosidad, honradez y valentía necesarias para no defraudar a la ciudadanía.

“El Estado de derecho nunca [puede ser] objeto de la más mínima excepción, ni siquiera en tiempos de crisis”. La tesis no la ha enunciado una organización de derechos humanos ni un movimiento social de protesta, sino el papa Francisco. No la proclamó pensando en El Salvador de Bukele, sino ante una delegación de abogados del Consejo de Europa, este lunes recién pasado. Sin embargo, la interpelación es válida y muy actual, y, por porvenir del papa, lleva impresa su autoridad humana, cristiana y moral.

La afirmación no es ingenua. El papa es consciente de que corren tiempos de crisis económica, social, de seguridad e identidad que desafían a las democracias occidentales y les exigen una respuesta rápida y eficaz. Pese a ello, pide preservar la democracia y el respeto a la libertad y la dignidad humana. A primera vista, la petición parece conservadora y tradicional. Sin embargo, la colocación de la persona humana y su dignidad en el centro del derecho frente a la creciente marejada autoritaria la vuelve revolucionaria. “El Estado de derecho está al servicio de la persona humana y pretende tutelar su dignidad, y esto”, insiste el papa, “no admite excepciones. Es un principio”.

La persona humana y su dignidad constituyen, por tanto, un límite intraspasable. Ni siquiera, tal como argumenta Bukele, la presión “ante las emergencias puede llevar a la tentación de hacer excepciones, de limitar ?al menos temporalmente? el Estado de derecho”. “El miedo a los disturbios y las violencias” y “la posibilidad de trastornos en los equilibrios establecidos” no son argumentos válidos. Pese a ello, la superación de las crisis no está reñida con la acción eficaz. El desafío consiste en enfrentarlas sin violentar a la persona y su dignidad.

El curso tomado por Bukele es, para Francisco, una prueba irrefutable de cómo “cada vez se extiende más una concepción errónea de la naturaleza humana y de la persona humana, una concepción que debilita su propia protección y abre progresivamente la puerta a graves abusos bajo la apariencia de bien”. El error consiste en “reivindicar cada vez más los derechos individuales, sin tener en cuenta que todo ser humano está vinculado a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están vinculados a los de los demás y al bien común de la propia sociedad”. Dicho de otra manera, la libertad, la seguridad y el bienestar no son verdaderos si no son universales.

La deriva individualista es muy tentadora, pero conduce a “soluciones fáciles e inmediatas”, que responden a una “mala comprensión del concepto de los derechos humanos y a su paradójico mal uso”. En consecuencia, el papa pide mantenerse alertas. Esa clase de soluciones conserva intacta la raíz de las crisis. Pese a ello, esta es la opción de El Salvador de Bukele. Las consecuencias, advierte el papa a sus visitantes, “podrían relegar a los pueblos a ‘purismos angélicos’, a ‘totalitarismos de lo relativo’, a ‘fundamentalismos antihistóricos’, a características éticas ‘sin bondad’ o a ‘intelectualismos sin sabiduría’”. Estos males, que el papa señala como una posibilidad, son realidad cotidiana en el país. El Estado de derecho no está al servicio de la persona, sino que se ha convertido en una “versión falsificada y manipulada según intereses económicos e ideológicos”, y también, cabe agregar, por ambiciones de poder y dinero.

El respeto categórico a la persona y su dignidad no admite ninguna excepción, porque su origen trascendente “prohíbe cualquier violación”. La trascendencia “exige que, en toda actividad humana, la persona se sitúe en el centro y no esté a merced de las modas y los poderes del momento”. Por tanto, la práctica estatal debe estar fundada en la verdad sobre los seres humanos, su origen divino y su destino final. Sin un esfuerzo “constante para buscar la verdad sobre la persona humana, de acuerdo con el plan de Dios, los individuos se convierten en la medida de sí mismos y de sus acciones”.

La interpelación de Francisco es indirecta, pero no por eso menos real. Si bien no se dirige a la sociedad salvadoreña, el papa tiene delante, en lenguaje presidencial, “el mundo mundial”. La injusticia y la violencia no solo son universales, sino también tienden a ser cada vez más mortíferas y destructivas. El Salvador no es la excepción. Probablemente, la denuncia de Francisco pasará desapercibida para la cuenta presidencial en X, muy selectiva y de entendimiento corto.

Las reflexiones del papa interpelan a los cristianos conscientes de su fe y de sus implicaciones prácticas. Negar la apertura trascendente de los seres humanos es negar la creación y a su Creador para aferrarse a un materialismo sin futuro.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.