Editoriales y Opiniones

Editorial UCA

06/10/2023

La legalización del traspaso de bienes públicos a manos privadas no es nuevo en el país. Ha sido una artimaña clásica de la clase política, realizada casi siempre sin que la gente se dé cuenta o sin que provoque mayor indignación. En una nueva reedición de esa costumbre, el miércoles 4 de octubre, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) transfiera equipos, maquinarias e inmuebles a una sociedad anónima. La cesión de bienes asciende a más de 14 millones de dólares a favor de Constructora El Salvador, una empresa creada el 26 de abril de este año; la identidad de sus accionistas y directivos es un misterio.

Esta acción del oficialismo es muy similar a otras de los Gobiernos de Arena. Primero, se presenta el asunto como algo bueno para el país en la medida que, dicen, mejorará la eficiencia de una instancia pública. Segundo, se utiliza una empresa ya constituida o se crea una nuevapara transferir bienes y dinero público. Tercero, los accionistas o dueños de la empresa son prestanombres o gente muy cercana al poder político. Al final, el proyecto no resulta ser lo prometido y el dinero público se evapora. Con la cesión de bienes a la empresa privada se busca evitar la fiscalización de los recursos y disponer de ellos a conveniencia, con lo cual la vía para el aprovechamiento queda despejada.

Durante la administración de Antonio Saca, la CEL pasó a funcionar claramente como una especie de caja chica de uso discrecional del Gobierno. Con ese dinero se creó la empresa Inversiones Energéticas (INE), de la cual la CEL era la accionista mayoritaria. De la INE nació la Geo, que, según estimaciones, generaba ganancias netas superiores a los 100 millones de dólares anuales. De ahí surgió el escándalo por el contrato con la empresa italiana ENEL para que explotara energía geotérmica en Ahuachapán y Usulután. En 2014, durante el juicio por las irregularidades del contrato con esa empresa, la experticia financiera de la Fiscalía General de la República estimó que el acuerdo provocó pérdidas a la CEL por 1,824 millones de dólares.

En tiempos del FMLN se creó el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), que comenzó a funcionar en 2015. La infraestructura requerida para el Sistema se construyó gracias a un préstamo del Estado por 45 millones de dólares. La administración del proyecto se le otorgó a un grupo de empresarios, que creó el Sistema Integrado Prepago (Sipago). Todo ello sin realizar licitación ni pasar por la Asamblea Legislativa. El conflicto con los empresarios que no fueron incluidos en el paquete derivó en tres demandas ante la Sala de lo Constitucional, que en 2019 declaró inconstitucional el uso privativo de la vía que utilizaba el Sitramss, con lo que el proyecto quedó en punto muerto, perdiéndose así millones de dólares de la hacienda pública.

Nada ha cambiado con la administración de Bukele. En 2020, el Gobierno utilizó la empresa Perforadora de Santa Bárbara, propiedad de La Geo, subsidiaria de la CEL, para crear Diario El Salvador. Mientras el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmaba que ese diario no recibiría fondos públicos porque era una empresa, Bukele sostenía que el nuevo periódico sería una empresa propiedad del Estado, cuyas ganancias se utilizarían en obras de beneficio social. Lo cierto es que Diario El Salvador es una marca inscrita por la sociedad anónima El Diario Nacional. La empresa escapa al control de la Corte de Cuentas y su representante legal, al momento de su fundación, trabajaba en el Gobierno y era hombre de confianza de la familia Bukele.

El Gobierno de Bukele también transfirió fondos públicos a una empresa privada en el caso de la Chivo Wallet. La billetera electrónica pertenece a una empresa creada hace más de dos décadas por la CEL. El 24 de agosto de 2021, dicha empresa pasó a llamarse Chivo S.A. de C.V. y recibió una inversión inicial de 60 millones de dólares provenientes de Bandesal, destinados exclusivamente a la compra de bitcoin. De nuevo, como en el caso de la INE, del Sitramss y de Diario el Salvador, la empresa de la Chivo Wallet no está obligada a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública ni puede ser auditada por la Corte de Cuentas. Esta empresa tiene un administrador único con capacidad legal para disponer de los recursos sin ninguna restricción.

Estamos, pues, ante un modo evidentemente corrupto de administrar el dinero público. En la confluencia de Ejecutivo, CEL y empresa privada, el gran perdedor ha sido siempre el pueblo salvadoreño. Así fue y sigue siendo. Lo hicieron Arena y el FMLN; lo hace hoy Nuevas Ideas. El saqueo público continúa.

El oficialismo no se ha demorado en colocar la reelección de Bukele bajo la bendición de Dios. “En nombre de Dios, ¡aquí vamos!” ha exclamado el presidente de la legislatura, quien agregó la siguiente petición: “Que Dios te ayude, amigo mío, te guarde y te siga bendiciendo, a ti, a Gaby, a Layla y a la bebé, que pronto estará con ustedes”. Quienes imploran estas bendiciones no caen en la cuenta de que la fe que supuestamente las mueve exige una determinada conducta. Están convencidos de que Dios está de su parte y, en consecuencia, bendice su régimen injusto y violento. Dios estaría tan satisfecho con ellos que desea que sigan en el poder. Así, pues, el dios del oficialismo bendice la reelección y promete toda clase de beneficios.

La idea de Dios del oficialismo tiene su atractivo, pero adolece de una confusión grave, que conviene dilucidar. Una cosa es creer en Dios, invocarlo y apelar a él, y otra, muy distinta, conocerlo. Lo primero cae en el campo de la religión y la superstición; lo segundo tiene que ver con lo verdaderamente cristiano. La Biblia advierte que es posible establecer una relación idolátrica no solo con el ídolo, “hechura de manos humanas”, sino también con el mismo Dios verdadero. Esto ocurre cuando se lo falsifica en provecho propio y se presenta como obediencia a su voluntad lo que es simple manipulación. Este es el caso del oficialismo. Utiliza a Dios para justificar la reelección y, por tanto, la prolongación de la injusticia y la violencia, del despilfarro y la incompetencia. En su temeridad, el oficialismo presenta sus desmanes como obediencia a la voluntad divina.

El desvarío es tal que la invocación del “amigo” de Bukele tiene tonos dinásticos. Implora la ayuda, la protección y la bendición divinas no solo para este, sino también para su esposa y sus hijas. Aun cuando solo fuera un arrebato afectuoso, no puede evitar desvelar que la dictadura pretende prolongarse en la descendencia de Bukele. Algo que él mismo ha promovido, al utilizar a su hija mayor, una menor de edad, con fines propagandísticos, con la anuencia de la madre, una acérrima defensora de los derechos de la infancia. La exposición pública del heredero del trono es un recurso de las monarquías tradicionales para que, al faltar el mandatario actual, no quede duda de quién debe ocupar su lugar. Las monarquías actuales son más discretas, quizás porque la sucesión está institucionalmente asegurada. De todas formas, es paradójico que la pretensión dinástica de la familia Bukele haya sido explicitada por el presidente de una legislatura teóricamente republicana.

Este funcionario está persuadido de que “Con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país”. El oficialismo coloca el pueblo al lado de Dios como otra razón de ser. Otra manipulación clamorosa, porque el régimen no camina de la mano del pueblo. La actividad legislativa, presidida por este funcionario, desprecia su sentir y su pensar. Solo cuenta la voluntad de Bukele. La sumisión de los legisladores es tan completa que no discuten los proyectos de ley, no leen los documentos ni escuchan a las partes afectadas por sus votaciones. Los diputados legislan para Bukele, ocupan un escaño para servirlo y satisfacen diligentemente sus deseos. En este sentido, los legisladores del oficialismo han hecho de Bukele un ídolo ante el cual se inclinan y sacrifican el bienestar del pueblo al que dicen representar y servir.

En segundo lugar, la popularidad de Bukele debe tomarse con cautela, porque se mueve por impulsos emotivos irracionales, en concreto, por el odio. Es, en consecuencia, una popularidad manipulada y dirigida. La estrategia reelectoral gira en torno a la construcción de relatos basados en la desinformación y el odio. A sus estrategas les parece más importante derrotar que ganar, razón por la cual convierten al “otro” en un ser odioso. Indudablemente, los discursos repetitivos que suscitan emociones fuertes impactan en la población. El odio, combinado con otras emociones básicas como la ira, explota la dimensión más emocional de la opinión pública, al mismo tiempo que desplaza a la razón. El odio resiste el olvido y fija ciertas ideas. El odio es una herramienta eficaz para provocar unas reacciones determinadas en beneficio exclusivo de Bukele y su familia.

La sociedad que se mueve por esos impulsos es manipulable y dirigida. Por tanto, no es libre, sino sometida a los caprichos de la familia presidencial. El apoyo popular a la reelección no es genuino, sino una ficción. Eficaz para los fines dictatoriales, pero artificial. Dios y el pueblo son dos manipulaciones perversas que no redundan en una sociedad más humana, realizada y plena.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace unos días, un joven se quitó la vida en una concurrida calle de San Salvador. Más allá de la conmoción del momento, esta tragedia debe mover a una reflexión seria sobre lo que el hecho dice y exige de nuestra sociedad. Según las estadísticas, en promedio, nueve salvadoreños se quitan la vida cada semana; casi 500 al año. La mayoría de los suicidios ocurren en el ámbito privado, por lo que pasan desapercibidos. Sin embargo, se den en público o en privado, suponen un llamado de atención sobre el estado de la salud mental en el país.

A lo largo de su historia, El Salvador ha vivido situaciones y dinámicas que han golpeado física y psicológicamente a su población. El conflicto armado, la criminalidad pandilleril, la pobreza y la falta de oportunidades, las desapariciones, las masacres, la desintegración familiar por la masiva migración, los abusos sexuales, el desplazamiento forzado, la variada violencia de una cultura profundamente machista son algunas de las principales causas de traumas de largo aliento y alcance. Y a esa lista se sumó la pandemia de covid-19, que obligó al encierro, trastornó las relaciones sociales y causó cuadros generalizados de estrés, depresión y ansiedad. No reconocer esta realidad es un grave error, pues no permite tomar acciones para proveer de atención psicológica o psiquiátrica a las muchas personas que lo requieren.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, una de cada 10 personas adultas padece de estrés postraumático y 2 de cada 10 muestran algún grado de depresión. En el caso de los adolescentes, la situación es aún peor: el 22.4% tiene estrés postraumático o siente angustia moderada, y 4 de cada 10 presentan síntomas de trastorno depresivo. Esta realidad contrasta con la capacidad instalada del sistema público para la atención de la salud mental. Al inicio de este año, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social disponía de 55 psiquiatras y 50 psicólogos para atender a los derechohabientes. Por su parte, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud contaba en 2018 con un total de 147 psicólogos y 32 psiquiatras, la mayoría de ellos en San Salvador. Es evidente que con este personal no es posible atender la demanda en materia de salud mental.

No en pocas ocasiones se ha tratado de hacer consciencia sobre el problema; diversos sectores de la sociedad han llamado a fortalecer el sistema de salud a nivel nacional incorporando más especialistas que atiendan la salud mental. Sin embargo, las autoridades del ramo sigue pasando de largo frente al tema. Hace aproximadamente un año, se propuso a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Salud Mental para crear clínicas psicológicas y psiquiátricas en las unidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en toda institución pública de salud, e implementar una línea telefónica de ayuda. La propuesta fue rechazada y archivada. Este tipo de decisiones son contrarias a los intereses y la vida de la población. Mantenerse indiferente ante esta crisis nacional de salud mental es apostar por la multiplicación de tragedias y renunciar al anhelo de una convivencia social sana.

Rodolfo Cardenal

28/09/2023

En la Asamblea General de Naciones Unidas, Bukele no dijo nada nuevo. El discurso giró alrededor de su exitosa política de seguridad, la soberanía y la independencia nacional decimonónica, y sus sueños de grandeza. Todos temas conocidos. El discurso es pobre en contenido y expresión. Palabras como “renacer”, “potencial”, “grandeza”, “valentía”, “orgullo”, “soberanía” e “independencia” se repiten descuidadamente. Un indicio del agotamiento del mensaje y de la pobreza de vocabulario de los escribanos. Con todo, el discurso tiene la virtud de poner en evidencia los embustes presidenciales.

La política de seguridad no es tan exitosa como pregona. Los espacios públicos son más seguros ahora a raíz del encierro de decenas de miles de pandilleros. Pero el vacío dejado por estos no ha sido ocupado por la actividad gubernamental, sino por rateros de diversa ralea. Mantenidos a raya por los pandilleros, estos han regresado. En buena medida, porque no tienen otro medio de vida que la ratería. La alta tasa de desempleo, agravada por la expulsión del comercio informal de los centros históricos, se traduce en decenas de miles de unidades familiares sin un medio de vida digno. Por otro lado, las cúpulas de las pandillas gozan de libertad y de buena salud. No deja de ser desconcertante que unos pandilleros perseguidos como terroristas no hayan ofrecido resistencia a las fuerzas represivas que los detuvieron y que su armamento, variado y letal, haya desaparecido misteriosamente. La mansedumbre de estos terroristas es asombrosa.

La versión presidencial del origen de la guerra contra ellos es igualmente sorprendente. En la tribuna de la ONU, Bukele atribuyó su victoria a la supresión de la independencia del poder judicial y la seguridad jurídica. Una decisión, según él, valiente. Una prueba irrefutable de su liderazgo que, a juzgar por los resultados, constituye un éxito admirado por muchos. Un ejemplo de las ventajas del ejercicio de una soberanía nacional ilimitada. La verdad es muy diferente. La eliminación de la independencia de la administración de justicia es anterior al régimen de excepción. En ese momento, Bukele estaba en buenos términos con las pandillas. El entendimiento le permitió presumir de la disminución de los homicidios. El mismo objetivo del régimen de excepción, implantado cuando el acuerdo se rompió. La dictadura no está relacionada con la desaparición de las pandillas de las calles. Tampoco es El Salvador el país más seguro. Ninguna de las fuentes especializadas disponibles le concede esa distinción, un hecho que no ha pasado desapercibido a los medios más perspicaces. La exageración resta legitimidad al reclamo presidencial.

La justificación del acierto de la dictadura con “la migración a la inversa”, una salida novedosa del discurso de la ONU, suena a música celestial en los oídos estadounidenses, pero no es más que lirismo presidencial. Bukele sueña con que la diáspora se dispone a retornar en tropel, atraída por la seguridad, los paisajes y las olas. Las visitas han aumentado junto con la normalización de los viajes después del parón de la pandemia. El grupo que piensa o añora regresar, según los datos disponibles, es el de los jubilados, respaldados por una pensión estadounidense. La inmensa mayoría de los jóvenes y los adultos jóvenes desea emigrar. La cantidad de salvadoreños en territorio mexicanos sigue siendo elevada. El empobrecimiento y la falta de oportunidades, por un lado, y el miedo generado por la arbitrariedad militar y policial y la falta de garantías judiciales, por otro, son motivos poderosos para huir del país de Bukele. Tampoco existen registros del aumento de la inversión de la diáspora en el país. Otra cosa son las remesas, que permiten malvivir a decenas de miles de familias y contribuyen a mantener a flote la economía.

El aborrecimiento visceral al sistema de Naciones Unidas no impide que Bukele comparezca ante su Asamblea General para vender sus logros y, sobre todo, su imagen de hombre fuerte, decidido y creador de realidades admirables. La opinión de la comunidad internacional le importa mucho. Por eso, sus críticas y sus llamados a respetar la institucionalidad democrática y los derechos humanos hieren dolorosamente su sensibilidad. Por eso se siente más cómodo estableciendo relaciones diplomáticas con las dictaduras africanas más antiguas. Pero las censuras no cesan. La última es de la Unión Europea, que ha pedido acabar con el régimen de excepción y adoptar políticas sociales y de integración social de largo plazo para complementar la política de seguridad.

La comparecencia de Bukele ante la Asamblea General de la ONU revela señales de agotamiento. El discurso presidencial no da más de sí. Suelen decir que la mentira repetida adquiere credibilidad. Pero si el mentiroso, envalentonado por su éxito, abusa de los embustes, deja al descubierto el engaño.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Quien tiene poder, sea físico, armado, económico, intelectual o religioso, y aprovecha su condición para abusar de una persona traiciona valores básicos de humanidad. La violación es el acto más grave dentro de la cultura del abuso. Frente a la reciente violación de una niña por parte de un soldado, la reacción ciudadana fue tan intensa que a las autoridades no les quedó de otra que exhibir públicamente y llevar a los tribunales tanto al abusador como a los otros militares que le dieron cobertura. En general, el país registra una enorme cantidad anual de abusos sexuales, en su mayoría dirigidos contra menores de edad. El año pasado hubo más de diez mil embarazos de niñas y adolescentes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El número indica la existencia de una cultura de abuso machista muy grave.

Aunque la reacción ante el caso de la niña fue positiva, traslució cierta hipocresía. En la sociedad salvadoreña, la agresión sexual contra mujeres y niñas es algo que pasa a diario, pero no todos los días se denuncia. Se necesitan casos especialmente mediáticos para que la indignación se desate, cuando en realidad se requiere enfrentar el problema sistemáticamente en la educación, en la cultura religiosa, en la cultura ciudadana y en el seno de la familia. El Estado tiene la responsabilidad de educar a la población para revertir la tendencia a ocultar, incluso justificar, los abusos. Y hay actitudes machistas en otros campos que deben superarse.

El hecho de que el país haya sido incapaz de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo muestra la cultura machista que persiste tanto en el Estado como en la empresa privada y los sindicatos, que son los encargados de velar por los derechos de las trabajadoras. Dicho convenio exige que las trabajadoras del hogar sean inscritas en el Seguro Social con los mismos derechos que cualquier trabajador formal. Pero aún abunda la idea de que el trabajo en el hogar no es tanto una labor que merece paga, sino una especie de obligación natural de la mujer. La comisión tripartita, conformada por representantes del Estado, la empresa y los sindicatos, ha obstaculizado la aprobación del convenio 189. Por ello, no hay duda de que es parte de la cultura machista que teóricamente todos condenamos.

La indignación ante el abuso es necesaria, pero los golpes de pecho no bastan. A fin de no caer en la hipocresía, es obligatorio trabajar metódicamente por la erradicación de costumbres e ideas que llevan al abuso. Una sociedad en la que la hipocresía tiene fuerza difícilmente avanza hacia el desarrollo equitativo, pues la hipocresía implica aceptar la mentira como fundamento válido de la convivencia social. Tanto la persona hipócrita como la sociedad que cae en el mismo defecto pueden mantener magníficos discursos, hablar de valores y de respeto a la igual dignidad humana, y hacer todo lo contrario. Los escritores clásicos, en cuenta Cervantes, decían que el mal se disfraza con frecuencia de ángel de luz. Condenar con altisonancia un caso de abuso y permanecer indiferente ante la cultura machista que lo posibilita es cómodo, incluso tranquilizador, pero nunca reducirá el número de víctimas de este delito atroz ni el sufrimiento que provoca.

“La justicia es como la culebra, solo muerde a los descalzos”, dijo monseñor Romero hace décadas, repitiendo lo que escuchó de un campesino. El doloroso significado de esa frase no ha cambiado: con los ricos y los que roban a manos llenas, las leyes son indulgentes o francamente permisivas; por el contrario, golpean con dureza a los pobres que cometen alguna ratería, e incluso a los inocentes. Siempre atento a los deseos de quienes detentan el poder, el sistema de justicia se ha ganado su propio descrédito. Duras penas para los que roban gallinas por hambre, pero protección para los funcionarios que roban miles de sacos de alimentos destinados a familias pobres. Por supuesto, también siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema; jueces que han sabido mantenerse rectos en un contexto de manipulación y corrupción. Aunque cada vez son más escasas las dos características principales de un juez íntegro: independencia e imparcialidad, hay algunos que no se desvían del camino de la ética.

El caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, acusados por un homicidio cometido en 1989, se ha convertido en una vitrina de las arbitrariedades características del estado de excepción. Durante los casi ocho meses que estuvieron detenidos, los acusados sufrieron maltrato, hambre y hacinamiento. Tan escandalosas y numerosas han sido las irregularidades que rodean al caso que este alcanzó trascendencia internacional. Así lo atestiguan los dos pronunciamientos de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la carta en la que 17 congresistas estadounidenses le solicitaron al secretario de Estado de su país que abogara por los detenidos y el respaldo de más de 250 ONG del extranjero que han acompañado la lucha de la comunidad de Santa Marta por obtener justicia.

Jurídicamente, el caso no parece tener asidero. Probablemente porque no puede probar la participación de los detenidos en el delito del que los acusa, la Fiscalía no apeló la decisión de la jueza de instrucción de Sensuntepeque de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliar. Además, las contradictorias declaraciones de un testigo, cuya identidad se desconoce por estar bajo régimen de protección, en lugar de apuntalar la acusación la han debilitado. Algo a lo que también ha contribuido la infructuosa búsqueda de los restos de la mujer asesinada. No hay indicios razonables para seguir el proceso. La solicitud de la defensa de un sobreseimiento definitivo amparado en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, a la que la Sala de lo Constitucional devolvió la vigencia con la anulación de la ley de amnistía, pone a prueba al sistema judicial.

La justicia debe sancionar a quien viola la ley y proteger a las personas a las que se les acusa sin fundamento. En una democracia verdadera, no se castiga la crítica que ejerce la ciudadanía a las acciones del Estado, sean cuales sean. Pero en un país de gobierno dictatorial, la ley cae pesada sobre aquellos que señalan los abusos e ilegalidades del poder. Los ambientalistas detenidos han jugado un papel clave en la lucha contra la minería metálica, que una vez más busca instalarse en el país. Todo apunta a que ese ha sido en verdad su delito.

Desde hace años, diversos sectores de la sociedad salvadoreña insisten en la necesidad de políticas públicas, programas y acciones que tengan por objetivo la superación de la pobreza y la exclusión, y el combate a la desigualdad; algo esencial para transformar efectivamente al país y lograr que un día todos sus ciudadanos puedan realizar sus proyectos de vida. Asimismo, ello contribuiría a la reconstrucción del tejido social y a la superación de la grave situación de inseguridad ciudadana que ha caracterizado a El Salvador por décadas.

Lamentablemente, muy poco se ha hecho hasta la fecha en esta dirección. Cuando se conformó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se elaboró un ambicioso plan de trabajo en el que colaboraron diversos actores y al que se asignaron importantes recursos. Sin embargo, los fondos se destinaron principal y mayoritariamente a las acciones de represión y persecución del crimen, quedando relegadas las acciones de prevención de la violencia.

Aunque la seguridad ciudadana haya mejorado notablemente en los últimos años, El Salvador sigue necesitando planes e inversión para combatir la pobreza y la exclusión de manera estructural. La falta de oportunidades y la exclusión de amplios sectores sociales es una de las causas más importantes del surgimiento y crecimiento de la delincuencia. Si bien hoy se ha privado de libertad a un gran número de personas en conflicto con la ley y ello brinda sensación de seguridad, la exclusión sigue afectando a más de una tercera parte de la población. Exclusión que inicia incluso antes del nacimiento, se consolida por las graves deficiencias del sistema educativo y se perfecciona por la falta de oportunidades de empleo digno. Si esta situación no se resuelve, la seguridad ciudadana no estará garantizada en el mediano y largo plazo.

La más reciente iniciativa del Ejecutivo en esta materia, una ley que, a través de la creación de una nueva dirección, busca integrar a la sociedad a los grupos actualmente excluidos de la misma, adolece de al menos dos fallas. En primer lugar, no se articula con otros esfuerzos en la misma línea, tanto públicos como privados, y deja fuera a instituciones clave como los ministerios de Educación, Desarrollo Local y Trabajo. En este sentido, el sistema nacional de integración dará pie a la duplicidad de esfuerzos. En segundo lugar, los recursos que se asignan son claramente insuficientes para la magnitud del trabajo que se requiere hacer. En el mejor de los casos, la redacción de la ley es confusa a ese respecto: la nueva dirección dispondrá de unos 30 millones de dólares, la mitad de los recursos que recibía el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), con los que deberá echar adelante tanto el trabajo de integración como los programas de educación y capacitación que actualmente realiza el Insaforp.

En un país como el nuestro, con un índice de pobreza superior al 35%, con una tasa de empleo decente que no llega al 30% de la población económicamente activa, con un gran número de personas privadas de libertad, la integración social es un reto gigantesco que requiere muchísimo más que 30 millones de dólares y una nueva fase de un plan de control territorial que nadie conoce. Debe ser una prioridad de carácter nacional, con todo lo que ello significa en capital humano, recursos financieros y mecanismos interinstitucionales. Solo así será posible que nuestra sociedad se acerque al nivel de bienestar con dignidad que todos merecemos.

En otros países, muchas empresas priorizan el tema de los derechos humanos en sus planes de responsabilidad social empresarial, pues saben que no es suficiente con la legislación que impone multas y diversos tipos de sanciones. En esa línea, desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene trabajando un tratado vinculante internacional que garantice que las grandes empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Ello implicaría que las personas afectadas en sus derechos por la actividad empresarial sean indemnizadas y exista la posibilidad de abrir juicios contra las transnacionales. Esto último posibilitaría que las naciones en vías de desarrollo, que con frecuencia contratan empresas transnacionales para el desarrollo de sus obras, prefieran a las que pertenecen a países que haya firmado el tratado, para tener así más garantías de obtener mejores resultados en caso de realizar un reclamo.

En El Salvador se logró prohibir la minería metálica ante el riesgo de daños ecológicos. Eso es positivo y no se debe cambiar. Los constantes accidentes de las empresas mineras y las condiciones geográficas de nuestro territorio justifican totalmente la decisión. Pero existen otros riesgos vinculados a empresas transnacionales; por ejemplo, vertidos de petróleo, derrames de industrias cañeras y contaminación de fuentes de agua. Los grandes proyectos que promete el actual Gobierno suponen la contratación de empresas transnacionales, las cuales podrían afectar derechos básicos de los pobladores del entorno al construir viaductos, aeropuertos, trenes o potabilizadoras de agua de lagos volcánicos contaminada con minerales pesados. Dado que en la Constitución se reconoce el derecho a la indemnización, la violación del derecho básico a una vida sana por parte de una empresa debería estar sujeto a indemnización.

El país se ha negado sistemáticamente a firmar el Acuerdo de Escazú, lo que ha hecho pensar a muchos en una regresión en el cuidado del medioambiente. Una regresión igual de nociva que la tendencia a declarar reserva de información en muchas de las actividades en las que se contrata a empresas transnacionales. El propio mundo empresarial debería ser consciente de que, más allá de posibles sanciones en un futuro no muy lejano, aprovecharse de tratos con el Gobierno para lucrarse ilegalmente o evadir responsabilidad es fuente de enorme desprestigio social. La apertura de la empresa privada a la transparencia, el desarrollo sustentable y al respeto de la dignidad humana debe ser una cuestión de principios. Exigirlo es ineludible para la ciudadanía que anhela una convivencia sana e incluyente.

En un mundo dominado por la imagen, muchas personas, instituciones y gobiernos se esmeran más por cultivar las apariencias que por ocuparse de la realidad. Este es el caso del presidente y el Gobierno de El Salvador. Ambos viven enfrascados en un esfuerzo titánico por pulir las apariencias, desde la imagen presidencial hasta todo lo que se puede promocionar en las redes sociales y los medios de comunicación. Mientras se demuelen aceras en buen estado para construir otras más estéticas y se comprometen 500 millones de dólares para aparentar que el país se está modernizando tecnológicamente, las medicinas en los hospitales escasean, los pagos a proveedores del Estado se retrasan, se cierran instituciones que brindaban servicios a sectores vulnerables y se congela por cuatro años el pago de la deuda y de los intereses a los fondos de los cotizantes de las AFP.

Lo que importa es la imagen. Se presenta a el país como modelo de seguridad, el más seguro de América Latina, pero no se dice nada sobre las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales, sobre las miles de personas inocentes que han sido capturadas, sobre las cientos de muertes no esclarecidas en los centros penales, sobre la suspensión de los derechos a la defensa y al debido proceso. Lejos de reconocerse, eso más bien se silencia y esconde. Se dice que el pueblo es el que manda, pero no se habla del temor a ser encarcelado a causa de una simple llamada telefónica anónima. A fuerza de imagen, a fuerza de un gasto desmesurado en propaganda se quiere hacer creer que el país ha cambiado.

En lo que actual Gobierno menos disimula es en la violación de las leyes, empezando con la Constitución, como si en su entorno el desprecio a la legalidad fuera fuente de prestigio. La ley, la justicia y la religión se utilizan a conveniencia, sin ningún tipo de pudor, para promover el culto al líder y a su versión de la realidad. Pero llegará el día en que no será suficiente con repetir que el dinero alcanza si nadie roba cuando al mismo tiempo se multiplican los casos de corrupción y malversación de fondos públicos. Ser honesto no es cuestión de dichos, sino de hechos. La rectitud pasa por utilizar los recursos para satisfacer las necesidades más apremiantes de la gente; es ser decente, razonable, justo. Virtudes que no son parte del repertorio vital de los actuales funcionarios. Ser honesto implica apegarse a la verdad, no a la conveniencia y el disimulo.

La “integración” de la sociedad, encomendada a una nueva dirección, no es un objetivo razonablemente asequible. Las dos marchas multitudinarias del 15 de septiembre han puesto de manifiesto la profunda brecha que separa al cuerpo social. En un lado, un ejército armado hasta los dientes más unos cuantos estudiantes de relleno. El desfile es militar, al estilo soviético, norcoreano o chino, no estudiantil. En el otro lado, los agraviados, los humillados y los descartados por la dictadura. Integrarlos es prácticamente imposible. Las fuentes de la exclusión y del descontento no pueden ser cerradas sin desarticular la arbitrariedad y el terror del Estado militarizado. La desintegración no es obra de “muros invisibles […] que están en la mente, en la psicología del miedo”, como asegura Bukele engañosamente. Los muros son reales, opresivos y violentos.

Paradójicamente, él mismo asume la existencia de dos países. Si bien solo habla del que “renace” gracias a sus desvelos, el otro está presente por omisión. El país de Bukele, al cual llama “vitrina”, es el de los turistas y los surfistas, los deportistas y las mises extranjeras. Cuando desembarquen, encontrarán una autopista de primer nivel, bien iluminada y dotada de “un sistema inteligente”; “nuevos complejos con infraestructura cómoda y atractiva” en las playas, y plazas, edificios y jardines esplendorosos en los centros históricos de algunas ciudades. Tanto esmero contrasta con el abandono de Los Chorros, el descuido de la infraestructura educativa, la ausencia de espacios comunitarios, culturales y deportivos en las barriadas populares y la expulsión de la pobrería que malvive del comercio informal, para causar buena impresión en los paseantes de los centros históricos.

El país “vitrina” es un espacio peculiar para los delirios de grandeza. La nueva biblioteca nacional es “la más grande y moderna de toda Latinoamérica”, los juegos regionales recién pasados fueron “los mejores de la historia” y El Salvador es el primer país latinoamericano en contratar “la infraestructura y todos los servicios” de un gigante digital. Es así como “el mundo tiene sus ojos puestos” en esta “vitrina” y “cada vez más personas quieren ser testigos de nuestra transformación”. Pero aquí concluye la lista de los productos exhibidos. No hay más “transformaciones” que admirar. Si las hubiera, no habría dejado pasar la oportunidad para enumerarlas. Aquí no cabe “la reserva” por razones de seguridad nacional.

Agotada la lista, solo queda “creer” que el país está “renaciendo”, que “ha experimentado un cambio profundo” y que “en tan solo cuatro años somos un nuevo El Salvador, con una nueva historia”, lo cual ha sido posible gracias a “nuestra capacidad”. Pero el gigante digital no ha sido atraído por esa capacidad, sino por los 500 millones de dólares que Bukele le entregará en los próximos siete años. La baja ejecución del presupuesto (menos del 60 por ciento en lo que va del año) deja en mal lugar la capacidad operativa de Bukele. El llamado “a todos los salvadoreños” para “estar a la altura de este momento” y “asumir un rol activo y dejar de ser ciudadanos pasivos”, tampoco se sostiene. El país de Bukele no desea ciudadanos activos, sino obedientes a sus dictados. La pasividad actual, que tiene mucho de miedo, es obra de la dictadura.

En una cosa no se equivoca el discurso de Bukele. El país “vitrina” no es más que un sueño. Él mismo lo reconoce, cuando pasa, sin más, del presente al futuro. Hasta ahora, solo ha colocado las “bases sólidas y férreas” de ese sueño, que espera hacer realidad “algún día”. Tan es así que invita a “pensar en grande” y a “construir un futuro que hasta hace poco era inimaginable”. Al paso que avanza la realización de lo inconcebible, envejecerá en el poder. Es decir, el presente es fundamentalmente el mismo de siempre con alguna que otra novedad. La “vitrina” presidencial, en el mejor de los casos, es bastante modesta. No está a la altura de las promesas y las expectativas. Así, pues, Bukele invita a conformase con soñar grandezas futuras.

La integración social no es más que una alusión para justificar la disolución y la apropiación del patrimonio de una institución dedicada a la formación profesional. La superación de la división y la reconciliación social son un pretexto para apropiarse de un dinero cada vez más escaso. Dicho de otra manera, Bukele sacrifica la formación profesional de los menos favorecidos para sobrevivir. Es imposible que la nueva institución pueda prestar un servicio educativo más eficaz y mejor con una reducción presupuestaria del 80 por ciento.

La dinámica de la dictadura empuja a la exclusión, la división y la confrontación. Solo los privilegiados están invitados a disfrutar del país de Bukele. Los demás no cuentan, más bien estorban. Por eso los hace desaparecer.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.