Editoriales y Opiniones

Perjurio deliberado y público, porque ninguno de los dos funcionarios del Ejecutivo juramentados el 1 de junio tiene intención de cumplir la Constitución, tal como prometieron. Es cínico hacer un juramento sabiendo bien que se lo violenta en el mismo acto de prometer solemnemente observarlo. Todos sus invitados también lo sabían. Algunos de ellos tienen en su haber sendos discursos en defensa de la democracia, la ley y los derechos humanos. Aun así, todos se prestaron a legitimar un acto, en sí mismo, ilegal e inmoral. El éxito transformó la ilegalidad y la inmoralidad en legalidad y moralidad, y su celebración en una feria de vanidades.

Las falsedades que jalonaron el discurso de Bukele volvieron frívolas sus reiteradas invocaciones al nombre del Dios. La seguridad actual no es ningún milagro, sino obra de una represión indiscriminada, brutal e inhumana. Tampoco ha sido el médico lúcido que ahora dice ser. En los tres primeros años constitucionales trató a las pandillas igual que sus antecesores: negoció secretamente con ellas desde que fue alcalde y así consiguió ingreso en sus territorios, votos y reducción de los homicidios. Pero el acuerdo no duró. Explotó intempestivamente, a comienzos de 2022. Desairado, frustrado y encolerizado, lanzó una feroz represión contra los pandilleros y los sectores populares donde operaban. Así consiguió el resultado que ahora presenta como “milagro”.

La invocación de la intervención divina oculta el inconmensurable sufrimiento humano ocasionado por ese presunto milagro. La otra cara de la seguridad actual es la ferocidad de un régimen que atropella la dignidad humana. El Dios de Jesús no hace esa clase de “milagros”. La fuerza destructiva no es lo suyo, sino el perdón incondicional, el amor y la libertad. Creó a la humanidad libre, incluso para pecar. Y fue consecuente con su decisión, hasta el extremo de dejar a su Hijo querido en manos de sus asesinos. La libertad conlleva ese riesgo, uno que Bukele no se atreve a asumir, porque solo desea esclavos sumisos. Si alguna razón hay para el asombro es el haber contenido inesperadamente a las pandillas.

La inexistencia de un plan bien pensado no justifica atribuir su éxito a un milagro. El resultado es simple casualidad. No hay tampoco ningún plan para fabricar el anunciado “milagro económico”. Bukele solo sabe que las cuentas no le cuadran, que la pobreza extrema es cada vez mayor y que las deudas con los inversionistas, los jubilados y los proveedores se le acumulan. Una cosa es cierta, no habrá ninguna intervención divina extraordinaria. El Dios Creador entregó a la humanidad la responsabilidad de conservar su creación y a sus habitantes. Le duele la muerte del justo, pero respeta la libertad entregada. No obstante, Él se ha reservado la última palabra.

Bukele utilizará el mismo método que en la seguridad: probar y adoptar aquello que le funcione, sin considerar el costo para las mayorías. De hecho, ya se los advirtió. Muy probablemente les impondrá cargas mucho más pesadas. Impuestos regresivos más altos, supresión de los subsidios y pensiones todavía más exiguas. Eso sí, el “milagro económico” no ocurrirá con menoscabo de los lucrativos negocios de su familia y sus allegados, sino de las mayorías empobrecidas y vulnerables. La advertencia la dirigió a ellas, no a sus invitados al Palacio Nacional y a los festejos posteriores.

La dictadura no escatimó gastos en la puesta en escena de su inauguración. El paseo triunfal sobre largas alfombras rojas por las dependencias de un palacio remozado, embanderado y enflorado; el despliegue de dorados en los herrajes y los capiteles; la guardia de capas negras con forro azul estilo nazi o dictadura chilena; y la chaqueta de corte napoleónico con aplicaciones doradas en el cuello alto y las mangas exhibieron una riqueza inexistente y un poder cada vez más frágil. Los fastuosos aires imperiales de la inauguración anuncian más decadencia que novedad.

La ayuda y la sabiduría de Dios, reiteradamente invocadas por Bukele en su primera comparecencia como dictador, cayeron en el vacío, según la lógica religiosa del pastor argentino. Prometió múltiples y abundantes bendiciones a quienes cumplieran la ley de Dios, una ley que ya había sido violada por partida doble. Bukele no piensa cumplir la Constitución ni procurar el bienestar del pueblo salvadoreño, sino el suyo propio y el de sus hermanos. Al mentir, usó también el nombre de Dios en vano, por quien juró lo que no cumplirá. Jesús fue aún más lejos, al pedir no jurar por nada y al agregar que todo lo que se diga más allá del sí y del no viene del Maligno. Este primer pecado pone en entredicho las innumerables bendiciones prometidas por el pastor argentino.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 1 de junio, Nayib Bukele se convirtió en el primer mandatario inconstitucional de El Salvador después de la firma de los Acuerdos de Paz. Y recurrió a un escenario ostentoso para legitimar su segunda investidura: un palacio, banderas, simbología castrense y una voz en off que repetía sin cesar que se convertía en el “presidente constitucional de la República”. En su discurso, Bukele confirmó su desapego por el Estado de derecho y su falta de compromiso con los principios fundamentales de la democracia.

Reconoció que domesticó a las instituciones que ejercían un contrapeso y que, según él, impedían alcanzar los deseos de la gente: “El 1 de mayo de 2021 quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la Sala Constitucional anteriores y en menos de un año, el 1 de mayo de 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región”. Bajo el argumento de que “el gran pueblo salvadoreño” confió en él y lo prefirió “en tres elecciones distintas,” justificó los mecanismos utilizados para perpetuarse en el poder.

El acto de toma de posesión fue diseñado con el objetivo de acentuar la relación directa con sus simpatizantes y ensalzar su figura como el principal artífice de los cambios realizados. Ni sus diputados, ni sus funcionarios, ni su partido tuvieron presencia discursiva; todo se redujo a una apología a su persona como sanador de la enfermedad de la inseguridad, como el único capaz de resolver los problemas del país. En esa línea, estableció los ingredientes para mejorar la economía: “Uno, la guía de Dios; dos, el trabajo incansable del Gobierno; y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen”.

Su reelección inconstitucional fue presentada como la voluntad de Dios, quien lo ha guiado durante su mandato. El discurso religioso se manifestó en las alusiones a la Biblia y en su autoproclamación como líder mesiánico destinado a cumplir una gran misión que solo merece apoyo y aplauso. Por otra parte, se aseguró de hacer patente el poder del ejército: bajo la lógica de un desfile militar de independencia, desplegó simbología castrense a través de marchas sincronizadas, uniformes ostentosos y exhibición de armamento. De ese modo, reforzó el vínculo entre lo militar y lo civil, enfatizando su rol de comandante de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas.

Al referirse a los resultados de su gestión en materia de seguridad, Bukele calificó como “burocracia” el apego a las reglas y procedimientos que las autoridades deben seguir para respetar los derechos de la ciudadanía en un proceso legal. Y redujo a los ciudadanos a súbditos, cuyo rol es obedecerle y apoyarle sin cuestionamientos. Por ello, al final de su discurso, pidió a los asistentes hacer un juramento de fidelidad absoluta, que incluyó la exigencia de “nunca escuchar a los enemigos del pueblo”.

En definitiva, el acto de investidura marcó el inicio de “un cambio de paradigma”; uno en el que la democracia es un estorbo; el culto a una persona, la religión oficial; y la ignorancia de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y sobre las apuestas concretas del Gobierno en materia económica y de seguridad social, una constante necesaria. Un paradigma en el que el país y la historia nacional empiezan y acabarán con Nayib Bukele.

Vivimos tiempos complejos. El nuevo presidente, que es el mismo del quinquenio anterior, ha pedido seguir y apoyar al pie de la letra los pasos que dé el gobierno hacia el desarrollo, aunque para ello haya que tragar medicina amarga. Una petición que en el pasado han usado líderes de otros países en tiempo de guerra o de catástrofe nacional. Aunque la lucha contra la desigualdad y la pobreza requiere sacrificio, está por ver si esa será la lucha fundamental del nuevo gobierno. Para tener confianza en ese camino el gobierno actual debe corregir algunos problemas que pueden frustrar los intentos de un desarrollo equitativo y solidario. Porque el desarrollo de unos a costa del sacrificio de muchos, que es el esquema que se siguió en la colonia y que ha continuado como dominante en El Salvador prácticamente desde la independencia, no es el camino que lleve ni al desarrollo, ni a la convivencia pacífica, ni a la amistad social.

Ese esquema desigual a corregir se da en el régimen de excepción cuando se trata de superar la violencia dañando con violencia también a un buen grupo de personas inocentes. El nuevo gobierno, después de haber controlado básicamente la violencia, tiene la oportunidad de mantener la paz social apoyándose en las instituciones sin necesidad ya de una ley y un modo de proceder que restringe exageradamente derechos básicos y que ha abusado del poder en perjuicio de gente pobre. Aprovechar la situación de tranquilidad para fortalecer las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana y no renovar las medidas del régimen sería una buena medida. Abrirse más al diálogo y no ver la crítica como un acto de enemistad sino como una oportunidad de discernimiento, es también la mejor manera de posibilitar un camino de desarrollo social en el que la colaboración sustituya al modelo autoritario.

En su discurso de toma de posesión el a la vez nuevo y antiguo presidente habló con entusiasmo de la libertad. Bueno sería en ese sentido dar garantía de libertad de expresión, especialmente a los periodistas. Algunos de ellos, a causa de diferentes amenazas, muchas de ellas en las redes, han acudido al autodestierro. Aunque la libertad de expresión sigue siendo una realidad vigente en El Salvador, es cierto que las amenazas e insultos en las redes la opacan. No es buena señal que algunos periodistas tengan que optar por un “autodestierro” no querido. En Nicaragua, en donde el gobierno se ha convertido en una verdadera dictadura, no solo hay desterrados y desnacionalizados por el delito de tener opinión propia, sino también muchas personas que han optado por el autodestierro. Aunque nuestra situación es diferente a la de Nicaragua, es necesario garantizar con mayor fuerza y eficacia la libertad de expresión y la capacidad de dialogar ante la diferencia de opiniones en vez de recurrir a la amenaza.

Y finalmente el otro tema que se debe corregir es la problemática que sufre nuestra gente en el campo de la economía, el punto más débil del quinquenio pasado en las encuestas. Nuestro país ha sufrido durante doscientos años una economía diseñada para favorecer a los que tienen más y repartir pequeñas migajas a las que solemos llamar las mayorías populares. El presidente ha prometido medicina amarga en este campo. Ojalá esa medicina no sea la medicina de siempre. Creeríamos en ello si viéramos una reforma fiscal que grave más a quienes tienen más y corrija la desigualdad impositiva actual entre el IVA que pagamos todos y el impuesto sobre la renta en el que deben pagar más quienes tienen más. En ese campo hay mucho que hacer. Las redes de protección social, tan débiles, tan desiguales y tan poco universales en El Salvador, es otro tema a corregir y mejorar. En este campo de la economía la gran mayoría necesita que la situación mejore. Ojalá confiemos más en el diálogo que en soluciones iluminadas desde pequeños grupos, interesados desmedidamente en el enriquecimiento de los más ricos.

El sábado pasado Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, tras un proceso de reelección que violenta la Constitución, unas elecciones con un alto abstencionismo y un apoyo muy mayoritario entre quienes votaron. En su discurso de toma de posesión insistió en sus logros, especialmente en el de la seguridad, y acudió, una vez más, a un mensaje sobre la nueva era que se abre para El Salvador, en contraste con un pasado lleno de errores. Señaló también el reconocimiento internacional, así como el apoyo del pueblo salvadoreño, que él considera prácticamente unánime. Atribuyó a Dios sus éxitos y se comprometió a trabajar en el campo de la economía, la cual, según las encuestas de opinión pública, concentra las preocupaciones ciudadanas.

Como en tantos otros discursos de toma de posesión, las promesas de un futuro feliz fueron abundantes, incluso habló de nuevos milagros por venir. Y por supuesto, no hubo autocrítica ni rendición de cuentas. La experiencia de los primeros cinco años lleva a esperar un régimen de propaganda intenso y algunas obras que puedan presentarse como éxitos espectaculares. El régimen de excepción probablemente continuará y seguirá pesando como una amenaza frente a cualquier crítica. Y dado el mesianismo que se observa en el discurso de Bukele, es fácil suponer que la línea autoritaria y cerrada al diálogo seguirá dominando el estilo de gestión. Las referencias a aplicar medicina amarga en la economía despiertan el temor de que se adopten medidas económicas neoliberales que aumenten la miseria y la desigualdad.

En contraste, en su oración en el acto de toma de posesión, el arzobispo de San Salvador insistió en la necesidad de fortalecer las redes de protección social; atender desde ellas a los sectores más vulnerables, incluidos los campesinos y los pueblos indígenas; y luchar contra la impunidad y contra todas las formas de violencia. Se pronunció a favor de que la economía del capital sea superada por una economía al servicio de la persona humana y pidió una justicia sin acepción de personas.

En la línea del arzobispo, la población debe insistir en una reforma fiscal que ponga el mayor peso de la recaudación en los sectores de mayores ingresos, sin recurrir solamente, como han hecho todos los Gobiernos de la posguerra, al IVA y a los tributos que golpean con más fuerza a la población empobrecida. La salud, la educación y las pensiones deben convertirse en redes de protección social eficientes y universales. Y la seguridad ciudadana debe dejar de depender del régimen de excepción y pasar a manos de instituciones que no necesiten eliminar derechos básicos para perseguir y controlar la criminalidad. Aceptar sin quejarse todas las acciones del Gobierno es un mal consejo y una peor decisión. Más bien lo que se requiere es diálogo con quienes piensan distinto, pues el desarrollo humano pasa por la colaboración de todos. La idea de convertir a El Salvador en un país de porristas tiene nada de proyecto de nación y demasiado de pesadilla.

La reinvención del país dirigida por Bukele arrasa con todo aquello que no contribuye a que el mandatario brille en solitario. Solo él puede ocupar el escenario nacional, un derecho de exclusividad apropiado arbitrariamente. El monopolio incluye la historia nacional, que comienza con su presencia en la vida política. La historia anterior es despreciable comparada con la actual. De ahí la aversión a los acuerdos de 1992 y sus protagonistas, y a la memoria histórica de comunidades martirizadas durante la guerra como la de El Mozote. La reinvención intenta despojar a los sobrevivientes de su memoria e imponer una versión edulcorada muy a gusto de la dictadura. Los procesos judiciales abiertos están estancados, ya que la guerra y sus víctimas son simple farsa. La única verdad admitida es la de Bukele. La animadversión ante el pasado tiene mucho de envidia.

La vorágine reinventora se llevó por delante el piso centenario del Palacio Nacional, que terminó en un botadero a cielo abierto, en una de las quebradas que atraviesan la zona metropolitana, donde se acumula basura de toda clase. La dictadura se ha apropiado y ha resignificado este edificio emblemático y el centro histórico de la capital, en su afán por erradicar las huellas más destacadas del pasado nacional y reemplazarlas con contenido creado por Bukele y los suyos. Los fascismos erigen monumentos gigantescos que hablan de la grandeza de su dictador. A pesar de su gigantismo, esas estructuras tienen la misma vida que este y se convierten en vestigios de un pasado vergonzoso.

La versión salvadoreña de ese fascismo aspira a despojar al pueblo de su identidad para sustituirla por otra creada por Bukele y los venezolanos. La empresa es atrevida y arriesgada. Otros ya han transitado por esas veredas sin conseguirlo. El poder colonial derrotó militarmente a los pueblos originarios de la región, los conquistó económica, social y políticamente, pero nunca pudo apoderarse de su conciencia. Los conquistados nunca estuvieron dispuestos a entregarla. Sabían que en ella estaba en juego no solo su libertad, sino también su vida y su identidad. Por eso resistieron hasta el final. Detrás de las incontables rebeliones de la época se encuentra esa conciencia, cuya libertad posee un componente rebelde. El colonizador se valió de todos los medios a su alcance para avasallarla, sin lograrlo.

La oligarquía terrateniente y agroexportadora, el ejército y el catolicismo tradicional contaron con la conciencia popular para imponer su poder explotador y opresor, el cual revistieron de voluntad divina. Pidieron resignación y paciencia a cambio de premios eternos. En la década de 1960 comenzó a emerger una nueva conciencia, convencida de que esa realidad no era voluntad divina. La manipulación del sentir y del pensar popular habían llegado a su fin. La nueva conciencia se expandió, se organizó y luchó por su derecho a la vida, la libertad y la dignidad. Liberada de su ceguera, esa conciencia popular amenazó la estabilidad del orden oligárquico y militar, que reaccionó con la represión y el terror.

La dictadura se apresta a dar el último paso para consolidar su poder total. Aspira a apropiarse de la identidad y la conciencia nacional. Sin este paso, su conquista no es completa. Los avances conseguidos no son despreciables, pero su hegemonía está lejos de ser absoluta. La identidad y la conciencia nacional resisten en sectores sociales cada vez más amplios, víctimas de los desafueros del régimen impuesto por los hermanos Bukele. La ambición de poder, de riqueza y de supremacía empuja imprudentemente hasta límites peligrosos para su estabilidad. En la misma medida en que aumenta su voracidad, estrechan sus posibilidades. La quiebra de una cooperativa aliada, que financiaba algunas de sus actividades, es el último eslabón de una larga cadena de desmanes. El poder tiene la virtud de nublar el entendimiento de sus devotos, mientras que la falta de respuesta entibia el fervor de los seguidores.

Los fascismos y los populismos se derrumban víctimas de sus propias carencias e incompetencias. Sus restos están destinados al basurero de la historia. Entonces, los desencantados se sorprenden de cómo pudieron ser tan ingenuos e insensatos. El orgullo y la prepotencia de los incondicionales son sustituidas por la vergüenza. Suelen excusarse a sí mismos diciendo que no sabían, que cumplían órdenes, que no tenían opciones. Es la experiencia populista y fascista.

La adversidad despierta la conciencia popular. Es el revulsivo más eficaz contra los encantamientos de los regímenes dictatoriales. La acumulación de promesas incumplidas es inapelable. La enajenación de la conciencia popular nunca se consuma totalmente, porque es constitutivamente libre y rebelde.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El dictado está acompañado de un aura de infalibilidad. El dictador está convencido de ser infalible, y el reducido círculo de asesores y expertos en marketing que lo rodea ratifica constantemente esa convicción. El convencimiento está tan profundamente arraigado que ignora la realidad, porque se le presenta como una amenaza para su identidad más profunda. De ahí que se quede con la parte que se ajusta a su punto de vista e ignore, tergiverse o falsee la que lo cuestiona. A veces, no le queda más remedio que sacarse de la manga un distractor. Los funcionarios confiesan la misma creencia. De hecho, solo actúan por órdenes específicas del infalible. Hace poco, los comunicadores presidenciales impidieron que el funcionario a cargo de la integración social respondiera una pregunta sobre el impacto del régimen de excepción en su proyecto de ferias, espectáculos y entretenimientos populares.

El vacío creado por la ausencia de institucionalidad es llenado a medias por los dictados presidenciales. Las primorosas producciones audiovisuales de Casa Presidencial contribuyen a ello, al proyectar unos logros que, en el mejor de los casos, aún están en sus comienzos. Presentan “el hágase” presidencial como “hecho” y el “a sus órdenes, señor presidente” como “misión cumplida”. Sin embargo, los dictados presidenciales no abarcan la totalidad del Estado, demasiado complejo para su visión simplista y abstrusa de la realidad. La impotencia y la apatía se traducen en incompetencia y, en definitiva, en caos administrativo. La situación actual de las alcaldías redimensionadas o las innumerables obras de infraestructura empezadas y abandonadas sin acabar ilustran la torpeza presidencial.

El dictador necesita sentirse apreciado, admirado y amado. El 1 de junio se sumergirá en un mar de aclamaciones y elogios. No tanto porque la vida de las mayorías sea bastante mejor hasta el punto de reducir su emigración, sino por su capacidad para la escenografía, la cual hace las delicias de sus devotos. Él, a su vez, les corresponde con repetidas declaraciones de entrega y amor. Sus seguidores desean ansiosamente ser parte de esa transacción amorosa, porque tienen insatisfechas sus propias necesidades de reconocimiento y afirmación. Ansían pertenecer a algo o ser parte de algo grandioso, nunca antes visto. Por eso, no renuncian a su devoción, aun cuando saben que el personaje idolatrado no es perfecto. Le creen aun sabiendo que les miente, porque no están dispuestos a renunciar a su vínculo de dependencia y a flotar en el vacío. Por tanto, lo exoneran de toda responsabilidad. Bukele es incapaz de dañarlos. No dudan de su compromiso y su entrega.

Los malos son los soldados, los policías y los funcionarios que abusan a sus espaldas. Si estuviera al tanto de sus maldades, ya los habría sancionado severamente. A veces, incluso quienes tienen familiares detenidos en las cárceles tienden a disculparlo. Algunos se contentan con señalar a soldados y policías ingratos. Otros se conforman resignadamente con aceptar su suerte por un teórico bien superior. Y otros aguardan la justicia divina. La mutua dependencia de Bukele y sus seguidores constituye la fuerza política más poderosa del país, pese a que esa dependencia es muy desigual. Los incondicionales no se encuentran en el mismo nivel que el objeto de su adoración. Bukele está muy por encima y muy distante de ellos.

Tampoco es tan cool como aparenta. Las peticiones de auxilio, algunas desesperadas, chocan contra una especie de tótem, mudo, inexpresivo e impasible. Sus colaboradores más cercanos aseguran que si lo cuestionan, se irrita, monta en cólera y arremete impulsivamente contra los inconformes. Incluso en la intimidad es infalible. La voluntad presidencial no admite discusión alguna. Es un dictum para ser acatado y obedecido, so pena de atenerse a las consecuencias.

No obstante, la convicción de ser infalible no es suficiente. Si la opinión pública los rechaza o los desprecia, esos dictados presuntamente verdaderos flotan en el aire. La abstención en las dos elecciones recién pasadas puso de manifiesto el límite de la infalibilidad presidencial. La ausencia de una dirección lúcida no proporciona materia para la infalibilidad. No hay propuesta, sino reacción improvisada a las coyunturas, la cual no considera la disponibilidad de recursos, la capacidad de ejecución y las consecuencias del incumplimiento.

El dictador cuenta con la fidelidad de sus amantes y a estos, de momento, les basta con ser parte de sus delirios de grandeza, sin importar que se hundan en la precariedad. La entrega incondicional al proyecto presidencial ha trastornado el sentido común y la intuición popular, tan aguda para detectar las imposturas. Pero no todo está perdido. La creciente dificultad para sobrevivir y la generalización de los escándalos de la corrupción amenazan la credibilidad de la dictadura. La infalibilidad no da para tanto.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Desde hace ya un tiempo, la situación económica es percibida por la mayoría de la población como el principal problema familiar y del país. 73 de cada 100 salvadoreños así lo expresaron en la encuesta hecha por el Iudop después de las elecciones de este año. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2023, la pobreza y los pobres han crecido en los últimos cinco años, alcanzando su nivel más alto desde 2018. Casi dos millones de compatriotas viven en pobreza (relativa o extrema). La economía nacional falla. Y falla porque fallan los gobernantes y la ciudadanía.

Históricamente se han atendido más los derechos civiles y políticos, descuidando los económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales y la participación activa en la vida política y social. Así, son civiles los derechos a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de expresión y de opinión, por citar algunos. Y son derechos políticos el derecho al voto, a postularse a cargos de elección popular o a participar en los asuntos públicos del país.

Los derechos económicos, sociales y culturales, en cambio, hacen posible que las personas gocen de un nivel de vida adecuado, están directamente relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas para vivir con dignidad. Algunos derechos de esta categoría son el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la cultura y a la seguridad social. El cumplimiento de la gran mayoría de estos derechos requiere de recursos económicos y de la voluntad política de los gobernantes.

Hasta la fecha, los sucesivos Gobiernos del país han destinado muy pocos recursos al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Se paga, por ejemplo, una suma millonaria a empresas tecnológicas para el conteo de votos y se deja de invertir en viviendas accesibles para la población. Se destinan ingentes recursos para cárceles, mientras la calidad de la educación se hunde. Por otra parte, la ciudadanía no ha asimilado que la satisfacción de las necesidades para llevar una vida digna es uno de sus derechos. Por ello, a excepción del derecho al agua, el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales no es motivo de protesta cívica. Es poco probable que la gente proteste por la destrucción del patrimonio nacional, porque el salario no le alcanza, porque no tiene una vivienda decente.

El problema de fondo es cómo se ha organizado la economía. Las autoridades trabajan más por cumplir las exigencias y expectativas de las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo que por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Hasta hoy, solo se han aplicado modelos de crecimiento económico, pero El Salvador nunca ha tenido una estrategia de desarrollo pensada para beneficio de la mayoría de la población. A la larga, el descuido de los derechos económicos, sociales y culturales atenta contra la estabilidad y la gobernanza de los países. Por sí mismo, el crecimiento económico no lleva a la superación de las injusticias estructurales; en el país más bien ha aumentado la desigualdad. Si los derechos humanos no están en el centro y a la base de las políticas públicas, lo que se está calentando es una olla llena de combustible.

Por llevar su nombre, es lógico que en el aeropuerto del país hubiera referencias ornamentales en honor a Óscar Arnulfo Romero. Pero recientemente se supo que, sin mediar explicaciones, fue removido un mural dedicado a monseñor en uno de los pasillos centrales de la terminal. En su lugar aparece un diseño institucional con la siguiente frase turístico-propagandística: “Bienvenidos a la tierra del surf, de los volcanes y del café”. En un país en el que diversas autoridades públicas no tienen reparo en denigrar partes de la historia nacional, surge la preocupación de si se quiere borrar a nuestro santo de la memoria colectiva. Si bien el Estado es laico, monseñor Romero trasciende la dualidad laico-religioso, como lo demuestra el hecho de que Naciones Unidas designara el día de su muerte violenta, el 24 de marzo, como el día del derecho de las víctimas a la verdad.

La memoria es fuente de identidad. Lo que se recuerda permite saber qué somos. Por ello los países buscan recordar su historia, para mantener su identidad. Edificios, personajes, costumbres, productos tradicionales son parte de la memoria nacional. Un pueblo sin pasado y sin identidad se agota. Si los migrantes perdieran absolutamente la memoria y la identidad, dejarían de enviar remesas y no les interesaría votar en las elecciones. En El Salvador ha habido intentos de manipular tanto los recuerdos como la historia en favor de intereses políticos o económicos. Por ejemplo, la independencia se han tratado de manipular en favor de las élites. Presentar las decisiones políticas o de desarrollo como una especie de frontera con el pasado es una forma de afianzarse en el poder, pero ello no cambia la historia. El hecho de que hayan disminuido drásticamente algunas dimensiones de la violencia no quiere decir que haya desaparecido la violencia estructural. Muestra de ello es que la pobreza y la desigualdad permanecen sin cambio o, peor aún, se acentúan.

Tratar de borrar la memoria es un error. Lo fue después de la guerra, con el intento de olvidar a las víctimas de masacres y crímenes de lesa humanidad, y lo sigue siendo hoy, cuando se busca ocultar a las víctimas de la economía, del machismo y del régimen de excepción. Si bien la vida termina siempre sucumbiendo ante la muerte, la memoria hace que la vida resurja victoriosa frente al olvido. La memoria ayuda siempre a mejorar situaciones, a corregir errores y a planificar mejor el futuro. Más allá de las intenciones detrás de lo sucedido con el mural dedicado a monseñor Romero en el aeropuerto, reflexionar sobre el pasado del país con mirada crítica y propositiva es indispensable para construir un desarrollo más digno. San Óscar Romero es de las personas que pueden iluminar el futuro común. Remover un mural dedicado a su figura no lo alejará del recuerdo y del sentir ciudadanos. El Gobierno debe dar explicaciones para despejar la duda de que pretende borrar lo mejor de nuestro pasado.

El mes pasado, el ministro de Trabajo manifestó que la decisión de hacer un ajuste al salario mínimo en 2024 estaba en manos del presidente. Esto llama la atención porque contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo, que afirma que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo el que discute y propone un ajuste a las tarifas de salario mínimo al Ejecutivo, y que este último más bien observa o ratifica la propuesta del ente tripartito. Sin embargo, más allá de la unilateralidad de la decisión de ajustar o no el salario, y de la opacidad sobre los criterios técnicos y políticos que se seguirían para decidir la magnitud de ese ajuste, la reducción en el poder de compra del salario es patente y debe ser atendida con prontitud.

En 2024, un hogar de cuatro personas que depende de un salario mínimo del sector Comercio y Servicios ($365.00 mensuales) tiene $327.59 disponible para gastos, una vez descontados los porcentajes de seguridad social. Teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica alimentaria para cuatro personas es de $273.23, según datos de marzo de 2024, a esa familia solo le restarían $54.36 al mes para satisfacer el resto de las necesidades del hogar, que, según el artículo 146 del Código de Trabajo, incluyen vivienda, vestuario, educación y salud. Evidentemente, es imposible pagar alquiler o cuota de vivienda, gastos de educación, salud y vestuario para cuatro personas con $54. Y a esas necesidades hay que añadir otras no contempladas en el Código de Trabajo, pero ineludibles: gastos de transporte, gastos de telecomunicaciones, implementos para el trabajo de cuidados, etc.

Hace 27 años, en un escrito titulado “La economía imposible”, el jesuita y académico Francisco Javier Ibisate decía lo siguiente: “Los peatones del salario mínimo manifiestan seria ansiedad por el callejón sin salida en el que se hallan”. A pesar del tiempo que ha transcurrido, esa afirmación sigue dolorosamente vigente. El callejón sin salida de quienes ganan el mínimo no solo ha permanecido en el tiempo, sino que se ha estrechado en los últimos años por efecto del encarecimiento de la canasta básica ($36 más cara en marzo de 2024 de lo que era dos años antes) y el incremento en el precio de la vivienda, las telecomunicaciones y una gran variedad de productos. No en balde han empeorado los indicadores de pobreza que se traslucen en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Esta situación de estrechez de los hogares dependientes del salario mínimo no es ajena para los que sobreviven con ingresos ligeramente superiores. De hecho, al revisar la última cifra disponible de cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones (marzo de 2023), se observa que el 54% de cotizantes (466 mil personas, aproximadamente) gana un máximo de 1.5 veces el salario mínimo, es decir, $560.00. Esta dificultad con la que sobreviven los hogares de las familias trabajadoras dice mucho de la economía del país. Una economía en la que el componente de remuneraciones creció 4.2% en 2023 con respecto a 2022, mientras que las ganancias empresariales aumentaron un 7.9 %. Una economía, además, en la que el crecimiento económico de 3.5 puntos porcentuales en 2023 contrasta con el incremento de 4.4 puntos porcentuales de la pobreza entre 2019 y 2023.

Dicho lo anterior, aunque parezca remozada por las obras de infraestructura, la reducción de los homicidios o el bitcoin, los indicadores antes mencionados nos dicen que se está acentuando el carácter “imposible” de la economía salvadoreña y que nuestra sociedad se aleja progresivamente de la construcción de la dignidad de la persona y del desarrollo humano.

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) mide la opinión ciudadana sobre las pasadas elecciones, que se desarrollaron el 4 de febrero y el 3 de marzo. Si bien más de la mitad de la población considera que fueron limpias y un 22.9% no quiso opinar al respecto, el 22.5% piensa que hubo fraude, sobre todo por las fallas en el sistema informático. En la misma línea, 43.3% de la gente le tiene mucha confianza a los resultados de las elecciones; en contraste, una cuarta parte dijo tener poca. No sorprende, por tanto, que el 79.6% crea que las elecciones reflejaron la voluntad popular.

Ahora bien, la población está dividida en lo referente a la confianza que le otorga al TSE. 48.7% dice que le tiene mucha o alguna confianza, mientras 49.4% declaró tenerle poca o ninguna. A pesar de lo anterior, la población es benévola al otorgarle una nota promedio de 6.77. El 43.8% de los encuestados cree que los fallos del 4 de febrero en el sistema de transmisión fueron un error técnico, una cuarta parte (24.1%) piensa que se trató de un fraude y un 15.8% cree que fue un intento de sabotaje. Ayuda a la especulación que, más de tres meses y medio después de esas elecciones, el TSE todavía no haya dado un informe técnico que explique el origen de las fallas.

Es claro que el gran ganador de las elecciones es el partido oficial. Esto se presagiaba desde la campaña electoral, la más asimétrica desde los Acuerdos de Paz. La encuesta refleja claramente que la mayoría de la población votó por Nuevas Ideas porque apoya a Nayib Bukele. Esto a tal grado que más de la mitad de los que votaron por Nuevas ideas (53.4%) afirmó que no hubiera votado por ese partido si el candidato hubiese sido otro. Salvando las proporciones, más fidelidad partidaria profesan los que votaron por Arena y por el FMLN: 92.9% y 80% de sus votantes, respectivamente, hubieran optado por el mismo partido aunque el candidato hubiese sido otro. Sin embargo, los dos partidos siguen siendo receptores del rechazo de la mayoría de la población.

En lo referente al comportamiento de los votantes, los comicios estuvieron marcados por el desplazamiento del voto y el abstencionismo. De cada 100 personas que votaron por Arena en las elecciones presidenciales de 2019, solo 17 votaron por ese partido en 2024; 47 por Nuevas Ideas. La proporción en el caso del FMLN es un poco mayor: el porcentaje de los que votaron de nuevo por el partido de izquierda en 2024 es del 54%, pero 39% de los que le dieron el voto en 2019 votó por Nuevas Ideas este año. Como era de esperarse, 84 de cada 100 personas que votaron por GANA en 2019 votaron en esta ocasión por Nuevas Ideas.

El 4 de febrero, 52.6% del padrón electoral acudió a las urnas; el 3 de marzo, solo el 30.4%, la participación más baja desde el fin de la guerra en este tipo de elecciones. Por otra parte, la encuesta muestra que, contrario a lo que se suele pensar, la población más joven es la que menos vota. 33.8% de aquellos que les tocaba votar por primera vez no acudieron a las urnas el 4 de febrero. Quienes más se abstuvieron de emitir el sufragio en las elecciones legislativas y presidencial fueron los jóvenes de entre 18 y 25 años (30.3%), la gente de la zona rural (24,1%) y quienes no cuentan con estudios formales (26.5%). La lista se extiende entre los ausentes en la votación del 3 de marzo.

El sondeo también revela que la mayoría de la población no está informada. 81% no sabe cuántas diputaciones se eligieron en estas elecciones y 63.6% no conoce sus derechos políticos. Una buena parte ignora que el sistema de transmisión de datos del TSE falló (35%) y que por eso se implementó un nuevo conteo manual (34%). Finalmente, el sondeo de opinión confirma que el respaldo social a Bukele y su administración descansa en el régimen de excepción y que la estrategia gubernamental más afinada y exitosa es la mediática.