Editoriales y Opiniones

Un año ha pasado desde que, el 7 de octubre de 2023, la organización palestina Hamás lanzó el que es considerado el ataque más mortífero en la historia de Israel, el cual se saldó con 1,200 personas asesinadas (en su mayoría civiles), 5,400 heridos y 251 rehenes (97 de ellos siguen cautivos). El operativo provocó indignación generalizada. Sin embargo, el hecho no puede comprenderse en toda su magnitud sin considerar los factores históricos, sociales y estructurales que explican las extremas condiciones de precariedad en las que viven los palestinos en la franja de Gaza. Ignorar la permanente negativa de Israel a cumplir los acuerdos de Oslo de 1993, que buscaron sentar las bases para un Estado israelí y uno palestino conviviendo en paz, es una omisión imperdonable. No traer a cuenta la progresiva invasión de Israel a territorios palestinos y el bloqueo y asedio que estos han sufrido durante los últimos 15 años es no comprender la complejidad del problema.

Rendir homenaje a los 1,200 israelís asesinados hace un año es de rigor, al igual que denunciar la respuesta de Israel al ataque de Hamás: las víctimas mortales por la represalia israelí en la Franja de Gaza suman ya 41,467; de ellas, 11,300 son niños y niñas. Además, se registran 95,921 heridos y el 90% de la población ha sido desplazada. La ONU estima que más del 70% de todas las viviendas de las familias de Gaza han resultado destruidas o dañadas desde el comienzo de los operativos. A la luz de estas evidencias, es un eufemismo calificar como desproporcionada la reacción de Israel; el término apropiado es genocidio. Nadie, ni siquiera Estados Unidos, ha podido evitar que Israel pase por encima de los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos. Israel ha bombardeado escuelas, hospitales, hospicios y guarderías con total impunidad.

Lo que pasa en Gaza y que se extiende progresivamente a otros territorios esta lejos de ser una guerra entre iguales, porque los recursos con los que cuenta Israel son incomparables a los de sus adversario. Por ejemplo, el PIB israelí es 488,500 millones de dólares; el de Palestina, 5,407. El ingreso per cápita de un israelí es 50 veces mayor al de un palestino. Para profundizar en la desigualdad de recursos, Estados unidos, desde que inició el conflicto, envió 17,900 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Además, el 23 de abril de este año, el Senado de Estados Unidos, aprobó otros 26,400 millones.

El fracaso de la sociedad mundial para poner paro al castigo indiscriminado contra millones de palestinos marca un hito en la actual etapa oscura de la humanidad. Para detener el genocidio en Gaza no basta con llamar a la paz a Israel y Palestina; se deben tomar medidas serias que ayuden a lograr ese objetivo. Quienes proveen las armas y los equipos tienen gran responsabilidad en esta tragedia, así como las lecturas históricas interesadas, los intereses geoestratégicos y la narrativa religiosa que justifican la violencia.

Hace casi exactamente 30 años se aprobaba en la OEA la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entró en vigor hasta 1996. El Salvador, probablemente preocupado por el alto número de desaparecidos durante la guerra civil, nunca ratificó la Convención. La simple formulación del primer artículo debía sin duda asustar a las autoridades de aquella época. Decía y dice: “No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales”. Ante la falta de voluntad del Estado, a la sociedad civil le tocó asumir, en aquellos momentos, el deber de humanidad de luchar contra las desapariciones.

Cómo no recordar al P. Jon Cortina, que con un grupo de campesinos emprendió la difícil tarea de buscar niños desaparecidos, teniendo un éxito notable. Pero la historia siguió su curso y tanto las maras como algunos miembros de la PNC, aliados a grupos de exterminio, continuaron cometiendo el delito de desaparición forzada. Con el régimen de excepción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido a El Salvador sobre la posibilidad de que este delito se esté cometiendo. Un delito que, por cierto, es permanente y continuo hasta que no se revela el paradero del desaparecido. Y que durante ese tiempo hace sufrir terribles ansiedades y dolores a los familiares. Un dolor que aumenta día a día al ignorar la suerte del desaparecido, al no saber si está siendo sometido a tortura o tratos crueles y degradantes, y al recibir con frecuencia maltrato de parte de las autoridades ante la lógica insistencia en preguntar por su pariente, producto de la angustia y de la lentitud con la que se tratan los casos.

El sistema americano de derechos humanos nos recuerda que las desapariciones pueden convertirse en ocasiones en crímenes contra la humanidad. Es cierto que El Salvador tiene una legislación dura contra las desapariciones. Pero la legislación no soluciona el problema cuando no se trabaja adecuadamente en la búsqueda de los desaparecidos. A Carlos Abarca lo desaparecieron dos meses antes de que comenzara el régimen de excepción. Los más de mil días de ineficiencia policial y fiscal agravan la desaparición. Fue humillante, cruel y vergonzoso que un miembro de la PNC le dijera a la madre de Carlos que no merece la pena gastar dinero en la búsqueda porque es casi seguro que el joven está muerto. Toda madre tiene derecho a saber la suerte de un hijo. Y si está muerto, recuperar sus restos, conocer las condiciones en que falleció y enterrarlo en un lugar decente donde se le pueda recordar.

Carlos Abarca se está convirtiendo en el símbolo del desinterés del Estado ante un delito tan grave como la desaparición forzada. Todos sabemos que no es un delito raro en El Salvador. La semana pasada se encontró una fosa clandestina con restos humanos. Las noticias nos dicen que diversas familias con parientes desaparecidos se acercaron al lugar, ubicado al final de la colonia Cumbres de San Bartolo. Trabajar con la mayor celeridad posible, hacer exámenes de ADN, informar a las familias, investigar la identidad de quienes asesinaban y enterraban en las fosas son tareas que deben ser realizada sin lentitud y sin excusas. Más allá de a quién pertenezcan los restos encontrados en la fosa, Carlos Abarca y la persistencia de su madre deben permanecer en nuestra memoria y ser un continuo acicate para que todos pidamos verdad y justicia tanto en su caso como en el de todos los desaparecidos.

El anuncio del proyecto de presupuesto nacional para el próximo año trae malas noticias. Mientras la Presidencia de la República se receta un aumento de 27 millones de dólares y se le asignan casi 53 millones más a la Fuerza Armada, a la salud se le recortan 90 millones; al Ministerio Público, más de 50; a educación, 31; y a seguridad y justicia, 15. Ciertamente, en el primer Gobierno de Nuevas Ideas hubo un sustantivo aumento del presupuesto en educación, pero en este campo siempre es necesario más. Frenar y retroceder significa atrasar el desarrollo del país. Y lo mismo puede decirse respecto a los recortes en la salud y la seguridad.

La Fuerza Armada no es tan importante para el futuro como la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Valorarla más que a los instrumentos naturales y normales de desarrollo humano es desatinado. Aunque se pueda decir que en realidad no recibe más que una tercera parte del presupuesto de salud, no tiene justificación aumentarle tan notablemente el presupuesto mientras los rubros fundamentales descienden. Y menos si se considera que también cultura, trabajo y medioambiente experimentarán una merma.

El descenso de la criminalidad constituye una oportunidad para impulsar el desarrollo humano e invertir en una PNC que en el pasado se vio superada por la actividad delincuencial. Aún son tareas pendientes mejorar la capacidad de investigación interna, lograr un trato humano y cordial con la población, formar y capacitar para la persecución de delitos complejos, dotar a los agentes con vehículos y sistemas de comunicación adecuados. Invertir en la Policía en estos tiempos de relativa tranquilidad es la mejor manera de prevenir la violencia. Y si paralelamente se mejora la salud y la educación de la población, más fácil será avanzar en cultura de paz. Además, invertir en los jóvenes, en su salud y en su educación, es una tarea urgente dada la tendencia al envejecimiento de la población salvadoreña. Solo una población bien formada podrá enfrentar los retos de un porvenir en el que las cargas sociales serán más pesadas.

Ahora bien, no es nueva la idea del Gobierno de Nayib Bukele de recortar gastos del presupuesto de la nación para satisfacer al Fondo Monetario Internacional y obtener acceso a crédito; muchos países lo han hecho antes, trasladando así los excesos financieros del Estado al bolsillo de los contribuyentes. Es lo más fácil. Y en El Salvador se hará recurriendo a la fórmula más cómoda: que sufran más los que menos tienen. En este sentido, la famosa medicina amarga no es más que una reedición de una de las recetas típicas del capitalismo salvaje.

Los medios clásicos de mejorar las capacidades de la gente y darle mejores oportunidades de vida son la educación, la salud y la seguridad social y ciudadana. Países con problemas de desarrollo que se volvieron altamente desarrollados en la segunda mitad del siglo XX invirtieron masivamente en esas áreas. Darle más recursos al ejército mientras se recorta la inversión social y se ofrecen descuentos de renta a los grandes inversionistas no conducirá al bienestar de El Salvador.

En la Asamblea General de la ONU, Bukele incursionó territorio hasta ahora inexplorado. Se presentó como profeta de calamidades. En el lenguaje tremendista de la ultraderecha, anunció la hecatombe del mundo libre. Pero no todo está perdido. El país que reinventó se alza como un faro luminoso en medio de las tinieblas que envuelven a las naciones. Dijo saber bien de qué hablaba, porque él ya había pasado por la decadencia y había dado con la solución.

No propuso cambiar el rumbo de este mundo que camina irremediablemente hacia su aniquilación. Por ahora no se atrevió a tanto. Su medicina es más modesta. Ofreció El Salvador reinventado como nueva arca de Noé donde quienquiera puede entrar para “capear la tormenta”. Mientras las otras naciones padecen la división, la preocupación, el peligro, la hostilidad, las tinieblas y el pesimismo, en El Salvador prevalecen la seguridad, la tranquilidad, la luminosidad fulgurante y el optimismo. Bukele puso a disposición de la comunidad internacional el refugio que ha construido en El Salvador para ponerse a salvo de la extinción.

En efecto, en dicho refugio, la seguridad, la libertad y la independencia son plenas y van de la mano, acompañadas por “la floreciente industria turística”. Dentro de sus fronteras no existe la censura, no se encarcela a la oposición, sino solo a “los malos”, no se confisca la propiedad privada y se respetan en su totalidad los derechos humanos de “los buenos”. En síntesis, este país “no tiene comparación” y el éxito personal de Bukele es “innegable”.

En realidad, los males de la humanidad le tienen sin cuidado. Mientras los otros gobernantes que hicieron uso de la palabra en la Asamblea General se refirieron a la crítica coyuntura internacional desde perspectivas diferentes, Bukele se presentó como el paradigma de todos ellos. Les echó en cara que sus naciones no solo no son seguras, libres, independientes y vivibles, sino también decadentes y condenadas a la destrucción. Él, en cambio, es un éxito rotundo. Hablar en estos términos, en un foro donde está representada una gran variedad de países, incluidas las potencias, es petulancia y altanería.

El mensaje fue recibido con indiferencia. Quizás más de alguno, en su excentricidad, lo encontró divertido. Bukele no convence y el aplauso general sigue sin llegar. La indolencia de la comunidad internacional es comprensible. No hay libertad cuando la mayoría pasa hambre, no tiene acceso a la salud, está desempleada y sufre riesgo medioambiental. No hay libertad si existe miedo a expresar opiniones contrarias a la oficial y a denunciar la corrupción. Tampoco cuando se bloquea a los seguidores de los funcionarios y de las instituciones públicas por considerarlos enemigos. No hay libertad si la información pública está secuestrada.

No es cierto que la oposición no sea perseguida y encarcelada. No es cierto que haya respeto a los derechos humanos. No es cierto que la propiedad privada está garantizada, tal como lo desmienten las repetidas confiscaciones. Ni la libertad de expresión, ni la propiedad están protegidas en un país donde Bukele controla el sistema judicial. Las cosas no andan nada bien cuando busca médicos especializados en otros países, porque los nacionales desertan.

Es totalmente falso que la población salvadoreña, sin excepción, se haya “unido para trabajar y apoyar cada una de [las] decisiones” de Bukele. La protesta multitudinaria de las organizaciones sociales el 15 de septiembre dice lo contrario. El descontento es cada vez mayor y más combativo. El temor a las represalias retrocede ante la indignación y la cólera. Las filtraciones de algunos de los trapos sucios de la dictadura es otro indicador de ese malestar. Hasta ahora, Bukele dominaba indiscutiblemente las redes digitales. La exposición de algunas de las intimidades impresentables de su régimen lo ha colocado a la defensiva.

Es difícil saber si habla de buena fe o si es un redomado embaucador. Si lo primero, habla sin datos, tal vez porque su círculo íntimo lo mantiene en la ignorancia para no perturbar sus quimeras. Si lo segundo, no debiera mentir por respeto a ese pueblo al cual dice sentirse obligado y para no usar el nombre de Dios en vano, un nombre que invoca venga o no a cuento, quizás en busca de legitimidad.

Los apremios de la realidad no propician “las aspiraciones espirituales”, tal como Bukele aseguró en New York. La prioridad de las mayorías es asegurarse un “mínimo vital”, sistemáticamente negado. En su país no hay cabida para todos. Los extranjeros —en particular, los estadounidenses— encuentran más espacio que los propios salvadoreños, sobre todo los empobrecidos, quienes, con sobrada razón, siguen abandonando el arca de Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Mientras a cinco líderes comunitarios de Cabañas se les procesa por su presunta participación en un asesinato cometido en 1989 durante la guerra civil, la gran mayoría de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que conmocionaron al país y al mundo duermen bajo el manto de la impunidad. Todo asesinato o desaparición merece ser investigada y aclarada, por supuesto, pero en El Salvador hay crímenes de guerra que, pese a haber sido investigados y documentados, incluso con declaraciones de testigos fiables, permanecen impunes. El magnicidio de monseñor Romero sigue sin justicia, al igual los asesinatos durante el conflicto de sacerdotes, pastores evangélicos, alcaldes y defensores de derechos humanos, entre otros. ¿Por qué el sistema judicial se empeña en mantener presos a unos líderes comunitarios acusados por un testigo protegido que primero dijo que presenció el crimen y después, que le habían contado?

En El Salvador, la destrucción del medioambiente está a la orden del día. La contaminación de ríos y lagos es cosa ordinaria. Grandes proyectos urbanísticos y de turismo arrasan con bosques, destruyen zonas de recarga hídrica y desalojan comunidades y personas. Todo ello sin que las autoridades digan algo. En ese marco, el caso de los ambientalistas de Cabañas ha despertado la solidaridad nacional e internacional. Cientos de organizaciones de todo el mundo, comunidades, instituciones de la sociedad civil, congresistas y senadores estadounidenses, relatorías especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, incluyendo a la relatora para Defensores de Derechos Humanos, han exigido la liberación de los cinco de Cabañas ante la debilidad de la acusación.

Que a estos líderes comunitarios les dediquen tiempo, fiscales, jueces y magistrados para lograr que sean condenados solo es explicable por su trayectoria organizativa y su liderazgo en la lucha contra la minería metálica; una lucha que culminó con la prohibición de dicha industria en 2017. Las comunidades y organizaciones que apoyan a los líderes campesinos están convencidas de que la verdadera razón de la persecución es quitarlos de en medio ante un posible retorno de la minería metálica en el país.

En El Salvador de estos tiempos, a los victimarios se les protege con la impunidad y se condena al olvido a las víctimas; a los corruptos se les premia y a los honrados se les margina o despide; a los que denuncian los crímenes se les encarcela; a los que defienden la tierra y el agua se les procesa; y a los que destruyen la naturaleza se les alaba. En este momento del país, mentir es la norma y decir la verdad es motivo de escarnio. El desenlace del caso demostrará si la justicia, como en los tiempos de monseñor Romero, solo muerde a los descalzos o si es capaz de resistir los designios de los poderosos, ceñirse a ley y a las pruebas, y en base a ello, liberar a los cinco de Cabañas.

A finales de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto para el Futuro, un largo documento en el que los países se comprometen a trabajar en favor del desarrollo sostenible y eliminar la pobreza y el hambre en el mundo; trabajar en la construcción de la paz y seguridad internacionales, dando un “no” a la guerra y buscando solucionar a través del diálogo todos los conflictos; dar acceso a la población a las ventajas de la ciencia y la tecnología actual, especialmente incorporando a todas las personas a las ventajas de los sistemas digitales. Y simultáneamente optar por frenar las amenazas del cambio climático; comprometerse con la justicia intergeneracional y apostar por el bienestar de la juventud y las generaciones futuras; y transformar la gobernanza mundial, dándole nuevos recursos a las Naciones Unidas y abriendo la participación equilibrada en el Consejo de Seguridad de países de regiones hoy poco representadas.

El Salvador, que ya ha destacado por el rechazo de algunos funcionarios a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que hace pocos años se negó a firmar el Pacto de Escazú en favor del medioambiente, se abstuvo en la votación del Pacto para el Futuro, a pesar de que en el discurso interno se prometen muchas cosas semejantes a las que se hallan en aquel. Poco después de que el país se significara en contra del Pacto con su abstención, Bukele se presentó a la Asamblea General de la ONU y habló de El Salvador como uno de los pocos países con brillo espectacular entre las naciones. No es extraño que el discurso se realizara ante una sala casi vacía. Si hace un poco más de cinco años tuvo una intervención desafiante y llamativa en la Asamblea General, la nueva fue demasiado defensiva y con abundantes contradicciones entre el discurso y la realidad del país.

Con la excepción de Nicaragua, El Salvador Venezuela, Argentina y un par de casos más, la naciones latinoamericanas respaldaron el Pacto. Es difícil explicarse los objetivos de la política exterior salvadoreña y los réditos que pueda obtener el país negándose a suscribir un acuerdo no coercitivo que defiende el Estado de derecho, la herencia de justicia y paz a las próximas generaciones y a los jóvenes actuales, y el acceso generalizado a las ventajas de la cultura digital. El Gobierno de Bukele es un claro promotor del acceso a Internet en el campo educativo, más allá de los fallos que pueda haber en el desarrollo de sus esfuerzos. Le encanta hablar de la paz en el interior del país, pero no está claro que tenga una posición pacifista y dialogante en política internacional. En el plano nacional, la tendencia al con nosotros o contra nosotros lleva hacia una polarización cada vez más amarga y poco coherente con la cultura de paz que propone el Pacto.

Hablar continuamente de un futuro extraordinariamente bueno para el país y a la vez negarse a firmar un acuerdo internacional de valor moral y de perspectivas de futuro digno, deja un mal sabor de boca. La política internacional es importante para nuestro país. Nayib Bukele tiene razón cuando exige respeto a El Salvador. Pero menospreciar a otros países, presumir de cierta superioridad sobre ellos, negarse a acompañar esfuerzos vinculados a los derechos humanos y a la erradicación de la pobreza, no es una actitud política que favorezca la inclusión de El Salvador en los esfuerzos mundiales en favor del desarrollo.

En el país, la preocupación por la economía es generalizada. Nayib Bukele lo sabe y ha prometido centrarse durante el próximo quinquenio en la solución de los problemas económicos. Habla con frecuencia de inversiones que aportarán fuentes de trabajo, atraerán capital extranjero y generarán desarrollo y bienestar. Promete, además, una etapa de medicina amarga que administrará a través de las medidas requeridas para arreglar la economía y lograr un futuro más próspero. Sin lugar a dudas, Bukele hace bien cuando se preocupa por el tema, porque la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades aquejan a demasiada gente. Sin embargo, es una incógnita qué puede significar en la práctica la medicina amarga. Porque la receta aplicada en el terreno de la seguridad ha generado —para usar un término muy querido por el Gobierno— “daños colaterales” intolerables. Se justifica, pues, la pregunta de quién sufrirá en esta ocasión los excesos de la nueva medicina amarga. Porque las víctimas de las políticas gubernamentales no son simples daños colaterales, sino personas que requieren el reconocimiento público de su inocencia, la presentación de disculpas y, en determinados casos, una indemnización por el daño causado.

En algunas circunstancias históricas, a todo un pueblo le toca cargar con esfuerzos especiales e incuso sacrificios para conseguir un bien común. El Salvador lo sabe de sobra, puesto que para lograr el fin de la guerra civil hubo muchas personas que sacrificaron o arriesgaron bienes, seguridad, futuro e incluso la vida. ¿A todos por igual se les aplicará la medicina amarga que cure a la economía o solamente a las clases medias, en buen parte depauperadas, y a los pobres y vulnerables? Para impedir que en esta cura salgan más afectados los que menos tienen y los sectores más vulnerables, justo es mencionar algunos problemas económicos que necesitan arreglo previo.

Fortalecer la economía campesina y la soberanía alimentaria es clave para evitar que los desfavorecidos y excluidos sufran más. La formalización del trabajo informal, que ocupa a casi la mitad de los trabajadores del país, es otra cuestión básica. Sin acceso a la seguridad social y a la laboral, perseguidos por los caprichos estéticos de las municipalidades, la medicina amarga puede causar en ellos durísimos estragos. El sistema irracional y tacaño de las pensiones, dedicado a minorías, debe ser cambiado en beneficio de todos los salvadoreños. Hasta ahora, no es más que un negocio privado al servicio de unos pocos y que deja en un fuerte nivel de desamparo a grandes grupos. Una reforma fiscal progresiva, por la que aporten más quienes más tienen, no solo es una necesidad, sino el único camino justo y decente para equilibrar las desigualdades socioeconómicas. Y finalmente, muy poco se logrará si no se invierte mucho más en salud y educación, y se lucha de verdad contra la corrupción. Cuando se trabajen con seriedad estos temas se podrá hablar de imponer sacrificios en beneficio del bien común. De lo contrario, la medicina amarga no hará más que aumentar las desigualdades y la pobreza.

Los contrapesos y los controles son indispensables para contener la tendencia al desenfreno de la naturaleza humana. No es fácil mantener a raya la seducción del poder y del dinero; los mejores propósitos se estrellan contra ella. Su fuerza casi irresistible estriba en que estimula los instintos más primarios de los seres humanos. La respuesta rápida e irreflexiva pide controles externos para frenar la impulsividad y establecer cierto equilibrio. Cuando esos controles son débiles o inexistentes, la naturaleza humana se desenfrena. Su ambición de poder y riquezas es insaciable. La sociedad salvadoreña es testigo de hasta dónde puede llegar el libertinaje.

“El dinero alcanza cuando nadie roba” fue un comienzo prometedor, que suscitó un entusiasmo genuino. La promesa, en lo que tuvo de verdad, se echó a perder cuando Bukele desmontó los contrapesos y los controles del Estado. Entonces, volvió lo de siempre, cuya exhibición progresiva pone en aprietos a los funcionarios que dan la cara. Bukele argumentó que la institucionalidad estatal los despojaba de la libertad para reinventar el país. Si la reinvención tuvo algo de verdad, se perdió, justamente, cuando derribó la institucionalidad y permitió que los suyos saquearan la nación. Irónicamente, la reinvención nació muerta. El ansia de libertad absoluta la aniquiló, aun antes de dar sus primeros pasos.

Una vez desmontados los contrapesos y los controles institucionales, liquidada la oposición política, neutralizado el gran capital —tan beligerante en el pasado reciente—, acorralado el periodismo independiente y silenciada la profecía de los mártires salvadoreños, el oficialismo se desenfrenó, ansioso de poder y dinero. Al comienzo actuó con timidez, pero una vez cogió confianza, se entregó al libertinaje, desde Casa Presidencial hasta el soldado y el policía que recorren los vecindarios a la caza de víctimas.

La avidez por poder y riquezas es tan voraz que cada vez es más difícil de ocultar. El escándalo causado por la divulgación de la abultada y disparatada nómina de la legislatura oficialista ilustra el desenfreno y sus consecuencias perversas. Arrinconados, los diputados no han dado con mejor argumento que la descalificación y el insulto. Cada vez que alguno intenta justificar la corrupción legislativa, el galimatías es mayor. El escándalo alcanzó niveles superiores a raíz de la circulación de audios que exponen la conducta ilegal e inmoral de su presidente. Sorprendido, desautorizó la fuente, en un espectáculo lamentable.

El desenfreno no es inofensivo. Mientras desvalija la ya maltrecha hacienda pública, debilita a la dictadura, al dejarla sin liquidez y abrir una brecha en su seguridad. El siniestro del helicóptero militar, ya sea “un accidente” o una conspiración, es un indicio crítico de debilidad. Un solo golpe eliminó a la cúpula policial y a un estafador, aliado del oficialismo. Relegarlo al olvido no disminuye la gravedad de lo ocurrido. En otro nivel, en sus interioridades se libra una puja por varias magistraturas. El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia no oculta que quiere nueve años más, por la sencilla razón de sentirse muy cómodo en ese sillón. Si el gabinete permanece, por qué no los magistrados. La continuidad cierra el camino a otros aspirantes a esos puestos. Entre más fiera la competencia, más división. No por razones ideológicas o políticas, que nunca las hubo, sino por apetitos, recelos y envidias.

El desconcierto interno del oficialismo se expresa en declaraciones que dicen más de lo que quisieran o muestran más de lo conveniente. El desbarajuste del oficialismo se observa en las declaraciones de todos sus voceros, sin excepción. Una vez abierta las compuertas de la ambición es muy complicado cerrarlas y contener el desenfreno.

La purga interna no parece ser opción, ya que los más corruptos son los que tienen más poder y liderazgo interno. Retener a los libertinos equivale a conservar la fuente de los escándalos de corrupción y del desgaste, que alimentan el descontento popular, cada vez más general y firme. Si algo dejó claro la protesta de las organizaciones sociales del 15 de septiembre es que el desgobierno es tan inaceptable que han perdido el miedo a denunciar sus desmanes.

La dictadura pensó que la ruta hacia el futuro pasaba por la desarticulación de la institucionalidad estatal. Pero en poco tiempo cayó en lo mismo de siempre con muchos de los de siempre. El principio de novedad lo perdió cuando pretendió gobernar sin contrapesos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

líderes autoritarios

En los últimos años, han tomado fuerza dos dinámicas globales que afectan los sistemas democráticos: la polarización política y la emergencia de líderes autoritarios. En realidad, ambos fenómenos están estrechamente vinculados. Un ejemplo: en 2024 habrá elecciones en más de 70 países; solo 43 de ellas se podrán catalogar como totalmente libres e imparciales. Las agudas desigualdades socioeconómicas y el hecho de que millones de personas no puedan satisfacer sus necesidades más elementales han creado un terreno fértil para la aparición de líderes que se presentan con aura de salvadores y que dicen ser diferentes a los políticos tradicionales, pero que por lo general son simples farsantes que aumentan la precariedad de sus pueblos. Los lobos se disfrazan de ovejas; el caído se presenta como ángel de luz. Conviene, pues, saber distinguir a los buenos dirigentes de los farsantes.

¿Cómo reconocer a un buen dirigente? Primero, es una persona honesta que no cambia sus convicciones a conveniencia. Cuando se equivoca, admite los errores sin tratar de disimularlos. Su conducta y su discurso están en coherencia con el modo en que vive. En segundo lugar, escucha a la gente, pues sabe que sus decisiones afectan a millones. En tercer lugar, no miente ni acepta que sus colaboradores mientan. Y al respecto, vale aclarar que la mentira política es distinta de la mentira común: el mentiroso común lo hace con palabras y en su radio inmediato; el mentiroso político recurre a maquinarias mediáticas para instalar en el imaginario colectivo una mentira como verdad. El cuarto rasgo es que honra su palabra y no ofrece lo que no puede cumplir. En quinto lugar, es transparente, no esconde sus actos ni encubre a sus colaboradores. Si el líder rinde cuentas, sus colaboradores también lo harán. Finalmente, el buen dirigente une a su pueblo, concilia las diferencias y se rodea de personas íntegras, honestas y competentes.

En contrapartida, hay signos que alertan sobre un mal líder. Primero, suele tener una personalidad narcisista, un trastorno de personalidad que le lleva a sobredimensionar su propia importancia. Necesita ser siempre el centro de atención y admiración; cree que el mundo gira en torno a él. Segundo, tiende a ver la esfera política como un espacio para alcanzar su gloria personal. Tiene una actitud mesiánica y prepotente que lo lleva a despreciar la crítica, e incluso la opinión de sus asesores. Considera su enemigo a quien lo critica y divide a la población entre los que lo aplauden y los que no. Tercero, concentra el poder en detrimento de la división de poderes y, ante todo, buscar controlar los organismos de justicia. En este sentido, para el mal líder, la democracia es un obstáculo. Cuarto, por elevarse por sobre todos los poderes, está convencido de que no debe rendir cuentas a nadie ni a nada. Así, progresivamente pierde contacto con la realidad. En quinto lugar, miente sin pudor frente a quien sea y se cree irreemplazable. Por todo lo anterior, el mal líder busca perpetuarse en el poder.

Si el destino de la humanidad vuelve a pender de un hilo y es cada vez más incierto, en buena parte se debe a la multiplicación de estos lobos disfrazados de oveja, estos caídos que irradian luz gracias a los nuevos reflectores mediáticos.

En El Salvador ha sido frecuente llamar antisociales a los delincuentes comunes. A quienes cometían delitos de cuello blanco se les perdonaba ese calificativo, como si una especie de jerarquía de clase social eximiera de cualquier palabra ofensiva a quienes en algún momento habían pertenecido a una supuesta élite de gente que se considera educada y buena. Tanto unos como otros pertenecen a la misma especie de insociables. Y para aclarar esa palabra, bueno es que acudamos al pensamiento clásico de un filósofo del siglo XVIII que continúa influyendo notablemente en el pensamiento contemporáneo: Immanuel Kant.

Comentaba el filósofo que en las sociedades humanas ocurre lo mismo que en los viveros en los que se cuidan y cultivan árboles con el fin de trasplantarlos. Al mantenerse muy juntos unos al lado de los otros, tienden a desarrollarse rápidamente, porque ninguno quiere quedarse sin la luz que les ayuda a crecer. Y a partir de ahí, trasladaba ese ejemplo a la convivencia humana hablando de la “insociable sociabilidad” de la misma. En otras palabras, el vivir juntos nos ayuda a crecer, pero, al mismo tiempo, no queremos que nadie nos haga sombra. Y al pelear para gozar de la mayor luz posible, con frecuencia impedimos el crecimiento de los demás. De esa “insociable sociabilidad” pueden brotar ambiciones abusivas, guerras, excesos de poder o la simple trampa brutal para que el otro me sirva de escalón, o incluso de abono, para lograr un poco más de crecimiento.

El camino de salida de esa contradicción entre el crecimiento personal y el de otros miembros de la colectividad humana pasa siempre por la colaboración y el servicio. Desde el pensamiento religioso resulta evidente que con frecuencia el amor al prójimo nos conduce a convertirnos en servidores de los demás, limitando algunos aspectos del desarrollo individual. Es otra manera de pensar el desarrollo personal, basándolo más en valores solidarios que en exigencias individuales. Pero también desde el pensamiento humanista el placer de la convivencia y la colaboración generosa lleva en ocasiones a sacrificar oportunidades de crecimiento en beneficio de la alegría de sentirse bien cooperando con otros. En las asociaciones de jóvenes dedicadas a la solidaridad, tanto religiosas como laicas, no faltan los que atrasan sus titulaciones universitarias u otras metas de desarrollo personal por llevar a cabo actividades de voluntariado.

En sociedades como las centroamericanas, la insociabilidad ha trascendido a las estructuras sociales de convivencia. En países asolados por graves desigualdades socioeconómicas y culturales, las estructuras básicas de convivencia democrática suelen convertirse en instrumentos de crecimiento y desarrollo para minorías frente a los deseos de crecer de las mayorías. Los sistemas judiciales se pliegan a los deseos de los más fuertes, la educación o la medicina cuidan y ayudan a crecer más a quienes tienen más, y el Estado, que debía estar constitucionalmente al servicio de la persona humana en general, se vuelve un mecanismo rápido de ascenso social para quienes detentan puestos de poder en el mismo. Insociables, a secas, las estructuras de nuestras sociedades deben regenerarse desde la generosidad y el servicio. Y debemos ser los ciudadanos los que, conscientes de nuestra insociable sociabilidad, luchemos por transformar nuestra sociedad autoritaria en una democracia social y solidaria.