Editoriales y Opiniones

Un medio ambiente sano garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos

Es frecuente desear la bendición y la guía de Dios. Bukele suele expresar ese deseo a sus interlocutores más estimados. En general, la invocación es una expresión de benevolencia. Se desea el bien y la dirección divina. Pero a veces, esa piedad esconde motivaciones mundanas. Los poderosos se revisten de piedad para ocultar sus maldades y sus crímenes.

Dios es bueno y desea el bien de todos los seres humanos, sin excepción. En consecuencia, les ofrece ayuda para recorrer el camino de la búsqueda del bien y la felicidad. Nunca impone su voluntad. Respeta la libertad humana hasta el punto de aceptar el desvarío. No interviene ni condena. No reclama ni juzga. Se adelanta para ofrecer su misericordia y su perdón. Dios aguarda pacientemente el regreso de sus hijos descarriados para acogerlos y abrazarlos. El es padre o madre que espera el regreso de los hijos perdidos y, cuando retornan, lo abraza y hace fiesta.

La guía y la ayuda de Dios están ofrecidas, pero deben ser aceptadas y puestas en práctica. Entonces, su bendición se hace presente. La aceptación de la voluntad divina se concreta en la vida diaria. No basta, pues, invocarla. La tradición bíblica recoge el criterio para verificar si esa vida se ajusta de los deseos de Dios. La Escritura subraya que se preocupa de manera muy especial por las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Los profetas claman que Dios quiere derecho y justicia, no sacrificios y largas plegarias. Por tanto, aceptar la guía de Dios es asumir como propias sus preocupaciones.

El rico y el poderoso que desea a un igual la bendición y la guía de Dios pronuncia palabras huecas. Si dijera verdad, le desearía la conversión, porque él ya habría escuchado su llamado y viviría de acuerdo a su voluntad. La conversión del uno y del otro no es imposible, pero es sumamente difícil. Volverse hacia Dios implica renunciar a lo que más estiman: su riqueza y su poder. Por lo general, estas personas no están dispuestas a dar ese paso y a hacerse cargo de la miseria de la humanidad. En el mejor de los casos, hacen “caridades”, que, por muy cuantiosas que sean, son puntuales y pasajeras. Y, frecuentemente, las utilizan para promoverse como personas bondadosas y, de paso, las descuentan de la declaración de la renta. La estructura explotadora y opresiva permanece intacta. Las bendiciones mutuas entre estas gentes son mundanas. Se complacen altaneramente en sus riquezas y su dicha.

Estas bendiciones desean, en realidad, que la riqueza y el poder del bendecido se multipliquen, que su dicha sea aún más grande y que aumente la admiración de los demás y la envidia de quienes aspiran a imitarlos. Es comprensible que los poderosos que están en buenos términos se deseen mutuamente fortuna y poderío. Pero esos deseos no son conformes con la voluntad de Dios y, en consecuencia, no portan ninguna bendición. Más aún, lo colocan al servicio de las ambiciones de sus amistades. Dios deja de ser Dios para convertirse en instrumento de la acumulación de riquezas, por lo general, mal habidas. De esa manera, la expresión piadosa es, de hecho, blasfema.

La ayuda que Bukele presta a colegas como el presidente de Costa Rica no trae bendiciones para El Salvador. Ciertamente, la ayuda al necesitado, por insignificante que sea, no será olvidada en el reino de los cielos. Pero la ayuda interesada, que busca reconocimiento y aplausos, no es tomada en cuenta. La ayuda bendecida es la que entrega desinteresadamente todo lo que se posee, como la viuda que depositó en la alcancía del templo todo lo que tenía para vivir. Y esto es, precisamente, lo que Bukele no hace. Da como los ricos de ese templo, lo que sobra y para que los otros alaben su generosidad.

El dios de Bukele es milagrero. Hace portentos “a la carta”. No para favorecer a aquellos que tanto le preocupan, sino para el engrandecimiento de Bukele, que así envuelve en un aura sagrada sus logros. Cree que Dios está a su servicio al igual que sus aduladores y fanáticos. Ese dios es falso y sus bendiciones vacías. Si se dejara guiar por Dios, sería el defensor de la rectitud, del derecho y la justicia. Los miserables de este mundo encontrarían en él apoyo, consuelo y esperanza.

Los poderosos acostumbran presentarse como creyentes piadosos, incluso caritativos. Así silencian su conciencia, se revisten de respetabilidad, o quizás crean también que Dios está de su lado. No viven para buscar el bien de los demás, sino para la riqueza y el halago. Están poseídos por el ansia de tener y amontonar. No es suficiente invocar la guía de Dios, tal como acostumbra Bukele. Hay que escuchar su palabra, apropiársela y ponerla en práctica.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta semana se presentó el análisis socioeconómico de El Salvador 2024, que cada año realiza el Departamento de Economía de la UCA. El estudio confirma que la economía del país beneficia a unos pocos y afecta a la mayoría, como siempre ha sido. En esa línea, revela un aumento en la productividad del trabajo y una disminución del salario medio real. Ello está en sintonía con el informe mundial sobre salarios 2023 de la OIT, que muestra que, por primera vez en lo que va del siglo, el crecimiento de los salarios ha pasado a ser negativo, mientras que la productividad ha seguido creciendo. Es decir, hoy se rinde más en el trabajo, pero se gana menos.

Los más afectados por esta disminución del salario real son los empleados que ganan menos, los trabajadores de la economía informal y las mujeres asalariadas. De acuerdo al informe de la UCA, este grupo dedica una mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos y servicios de primera necesidad, que son precisamente los que aumentan más rápidamente de precio. En lo que más gastan es en vivienda; sus alimentos son muy poco variados; necesitan recurrir a préstamos para llegar a fin de mes; tienen limitada o nula cobertura de salud; y su capacidad de compra de artículos para el cuidado personal, calzado, recreación y otros es escasa, cuando no inexistente.

A las familias que viven con un salario mínimo del sector industria y comercio ($365.00 mensuales), restando los productos de la canasta básica de alimentos, solo les quedan unos 50 dólares para todo lo demás (alquiler de vivienda, educación, vestimenta, etc.). En los últimos 25 años, ningún salario mínimo ha sido suficiente para que un hogar de cuatro personas salga de la pobreza y viva dignamente.

En materia de agricultura, el estudio indica que el campo sigue abandonado. A pesar de ello, las personas dedicadas al cultivo de granos básicos ascienden a 363 mil 400. El 90% de ellas son productores de subsistencia; es decir, cultivan para su propio consumo, sin posibilidad de venta. Los granos básicos se cultivan en tierras marginales con muy poca fertilidad, propensas a la erosión y deslizamientos. A nivel de la cartera general de créditos, lo destinado para granos básicos no llega ni al 1% del total.

Para colmo, el sistema tributario es regresivo: pagan más los que menos tienen. Los dos principales impuestos, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, gravan con la misma medida a los más pobres y a los más ricos. Y otros impuestos que afectarían a los que más tienen, como los tributos al patrimonio y a los activos, no se aplican. De acuerdo a la investigación, los hogares más pobres gastan un 20% de sus ingresos en el IVA, mientras que los más ricos solo el 10%. Del total de la producción de bienes y servicios en el país, que ronda los 34 mil millones de dólares, cerca de una tercera parte (35.6%) va para los trabajadores que sostienen al 80% de la población, mientras que más del 40% del PIB es para el 20% de la población.

El análisis del Departamento de Economía de la UCA permite concluir que la marginación de los beneficios del desarrollo sigue adelante, agravando la desigualdad y orillando a más familias a caer en la pobreza o migrar. Y esta dinámica continuará hasta que no se ponga en el centro de la economía la vida de la personas, especialmente de los trabajadores. Mientras no haya un sistema fiscal progresivo, mientras se construyan solo viviendas de lujo, mientras se sigan pagando salarios que no alcanza para lo mínimo, la historia de El Salvador continuará sin pasar la página de la pobreza, la exclusión y la violencia.

Por muy obvio que sea, es necesario repetirlo (y esa necesidad desnuda la deshumanización imperante): los presos son seres humanos, personas que han cometido delito y que por ello han perdido el derecho a la libertad de movimiento. En ese sentido, la cárcel, al menos en teoría, sirve para proteger al resto de ciudadanos y rehabilitar a quien ha delinquido. La condición de presos no anula la dignidad humana de los recluidos; aunque privados de libertad, mantienen sus derechos básicos. Por lo general, son vidas humanas marcadas por el dolor, la frustración y sentimientos negativos ligados al abandono, la pobreza, la violencia o la exclusión.

En los 33 meses de régimen de excepción, miles de personas que el propio Gobierno ha reconocido como inocentes, aunque no quiera cerrar sus casos, han sido apresadas. La pronta y cumplida justicia que garantiza la Constitución ya no aplica. Muchos han estado más de un año detenidos sin que haya nada más contra ellos que una acusación falsa o un perfil mal hecho de la Policía. Son víctimas de una ley aplicada con arbitrariedad, pero ni el Gobierno, ni el sistema judicial, ni la Fiscalía los considera como tales. El lenguaje utilizado por el poder en torno a las víctimas del régimen de excepción es un claro ejemplo de crueldad y de manipulación verbal.

Se supone que los inocentes no deben estar en la cárcel. Si son inocentes y están encarcelados, son víctimas. De los cerca de 80 mil detenidos en el marco del régimen de excepción, se ha liberado a 8 mil, afirma Navib Bukele. Es decir, él mismo reconoce que personas que no tenían ninguna culpa sufrieron prisión. Y cuando dice: “Vamos a liberar al 100% de los inocentes”, reconoce que todavía hay más. El vicepresidente se ha referido a estas víctimas llamándolas “daños colaterales”, una expresión brutal que busca restarle importancia a esta terrible injusticia.

Por su parte, aunque el fiscal general dijo que “toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, añadió que los que son liberados “están con medidas cautelares”, o sea, el juicio contra ellos queda abierto y pueden ser llevados de nuevo a la cárcel cuando el sistema judicial lo estime conveniente. En otros momentos, las autoridades han dicho que quienes están presos sufren esa condición “porque tienen el perfil” propio de los miembros de las pandillas. Así, por un simple perfil, que no es en sí mismo un delito o una prueba de nada, guarda prisión una enorme cantidad de personas. Estas víctimas tienen derecho a reparación de los daños sufridos.

El régimen de excepción no debe renovarse en 2025. La PNC tiene suficientes recursos para mantener la paz conseguida. El órgano judicial debe poner en libertad a todas las personas sobre las que no tenga indicios claros de que han cometido un delito. La Fiscalía debe recibir mayor apoyo en personal, en capacitación técnica y en recursos financieros. Quienes a causa del régimen han perdido injustamente el trabajo, la salud o la estabilidad familiar deben recibir una reparación que les permita retomar su vida sin lastres ni estigmas. Finalmente, hay que investigar tanto a los directores de los centros penales como a la dirección general del sistema carcelario para deducir responsabilidades en los casos de violaciones a derechos humanos.

La polémica sobre la minería metálica plantea dos incógnitas. La primera pregunta por la identidad de los intereses que Bukele defiende con tanta fuerza. ¿Los del país o los de una multinacional? Es difícil responder que protege los primeros. En los más de cinco años en el poder se ha caracterizado por promover los intereses de unos cuantos privilegiados, incluido su clan familiar. Si en este caso su posición es sólida, ¿por qué arguye retorcidamente y apela a la confianza de los incondicionales? En definitiva, les pide confiar en su liderazgo, así como lo hicieron cuando reprimió a las pandillas. No es lo mismo. Ahora les pide confiar en que distribuirá la riqueza nacional.

La discusión comenzó con un anuncio sorprendente. El Salvador está asentado sobre “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, dijo. Luego agregó, para espolear la codicia, que, además de oro, hay otros muchos metales muy cotizados en los mercados. Este fabuloso tesoro, hasta ahora escondido y felizmente descubierto por él, introducirá al país en el primer mundo. Un objetivo imposible sin contaminar todavía más uno de los medioambientes más devastados de América Latina.

El pragmatismo y la mentira superan este escollo. Bukele promete una “minería moderna y sostenible”, con “tecnología de ahora” y, por tanto, “responsable” y con “costos ambientales bajos”. Pero el único procedimiento conocido para extraer oro es un proceso químico que usa metales pesados y cantidades ingentes de agua. En consecuencia, la prohibición está justificada. Una contrariedad para un Bukele decidido a todo. Presionado por unos intereses desconocidos, se revuelve contra ella por considerarla absurda. Pero El Salvador no es el único país que ha prohibido la minería metálica, tal como sostiene Bukele. Otros también lo han hecho, total o parcialmente. No satisfecho, compara al país con los países del mundo rico. La comparación es simplista, superficial y sesgada. El Salvador no ingresará en ese exclusivo club de la mano del oro.

La naturaleza de las multinacionales contradice el discurso inocente del oro. Estas no entienden de responsabilidades ni de riesgos humanos y medioambientales, sino de explotación y ganancias máximas. La respuesta a esta nueva dificultad es Bukele, quien se ofrece como garantía contra la depredación multinacional. Prueba de su solvencia para asumir ese papel es su hasta ahora desconocida preocupación por la contaminación de las aguas superficiales y la promesa de “hacer bien” las cosas, a diferencia del pasado, cuando los gobernantes corruptos vendieron el país a multinacionales extractoras. Pero eso no es suficiente. No posee credenciales que lo acrediten como defensor del medioambiente. Al contrario, el cambio climático no figura en su agenda. En nombre del desarrollo, no solo ha despreciado abiertamente el cuidado de “la casa común”, sino también persigue judicialmente a los ambientalistas comunitarios.

Tampoco es cierto que el oro elevará sustancialmente el nivel de vida de la población. Bukele promete que “nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina”, porque “le van a comprar la casa en un montón de dinero”. Ese no es el caso de centenares de propietarios forzados a malvender sus tierras y viviendas para hacer espacio al cemento y al asfalto. ¿Por qué habría de ser distinto en el caso de la mina? Los vecinos no conseguirán un mejor nivel de vida. Más bien, esta será más dura. Habrá expropiación de tierras, expulsión de población y enfermedades asociadas a la contaminación de las aguas y del entorno. Los únicos que sacarán provecho son la multinacional y sus intermediarios locales. Probablemente, ni siquiera contribuirá a aumentar la recaudación fiscal, porque será colmada de exoneraciones.

La segunda incógnita es aún más difícil de despejar. La defensa de los intereses de la multinacional y sus socios locales es innecesaria. Basta ordenar a los diputados la derogación de la prohibición de la minería metálica y la aprobación de concesiones para la empresa extractora. El procedimiento no es nuevo. Tal vez pensó que la apología del oro suscitaría una nueva oleada de popularidad, pero se ha equivocado. El rechazo inmediato, dentro y fuera del país, lo ha puesto a la defensiva.

Dios no “colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies” para enriquecer a una multinacional y sus patrocinadores locales, ni para contaminar, ni para destruir la vida. Indiscutiblemente, Dios desea el bien, pero no el de unos cuantos privilegiados, sino de la humanidad entera y nunca a cualquier costo. La creación tiene un límite más allá del cual se encuentra la muerte.

El brillo del oro alimenta fantasías desorbitadas y codicias insaciables. El oro desata una vorágine con consecuencias fatales para quienes se dejan atrapar. El oro mata la vida humana y ambiental, y, como todo asesino, es un gran mentiroso.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Son varias las razones por las que la minería es inviable en El Salvador; la principal, la crítica situación del territorio nacional. El país es el más pequeño del continente y el que sufre el mayor deterioro ambiental; el más deforestado solo después de Haití; el que menor disponibilidad de agua tiene, en cantidad y calidad, para toda su población, por lo que es el más cercano a padecer estrés hídrico. Esto se conjuga con un irrisorio presupuesto para la atención de emergencias ambientales. Más aún, todos los posibles proyectos mineros estarán sobre la cuenca del río Lempa (ya en decadencia), que da agua a cerca de 1.5 millones de personas.

La conciencia de esta situación llevó a que en 2017 se tomara la decisión de prohibir la minería metálica, privilegiándose así la salud y el bienestar de la gente. De hecho, la mayoría de países que han prohibido la minería metálica a cielo abierto lo han hecho por cuestiones ambientales y sociales. Turquía (1997), República Checa (2000), Austria (2000), Alemania (2002) y Costa Rica (2010) son parte de la lista. En 2010, la Unión Europea prohibió la extracción de minerales a cielo abierto mediante el uso del cianuro en todo su territorio. En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo.

Para superar el rechazo, la industria minera y sus defensores propalan diversas falsedades. Por ejemplo, es falso que la minería genere empleos y desarrollo económico. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, solo genera el 0.09% de los trabajos a nivel planetario. En la mayoría de casos, los empleos peor remunerados y en peores condiciones son para los lugareños, mientras que los puestos más altos y mejor pagados se reservan para extranjeros. La minería es una industria de enclave, es decir, no aporta riqueza a la región donde se desarrolla ni permite crecer a las poblaciones aledañas. Las minas tienen un promedio de vida de entre 10 y 15 años, y cuando se acaba el oro, las empresas se llevan la riqueza y dejan tras de sí ríos y mantos acuíferos contaminados con sustancias tóxicas, cerros pulverizados y comunidades sin trabajo. La actividad minera no debe ser pensada en término utilitarios, de dinero y empleo, sino en cómo afecta a la naturaleza y a la sociedad.

La industria minera está en expansión debido al aumento de la demanda de materias primas a raíz del crecimiento de la población y el avance de la tecnología. Pero por sus efectos nocivos, las grandes empresas transnacionales buscan trasladarse a partes del planeta en las que la flexibilidad legal o la corrupción les dan vía libre para obrar sin límites. Para las poblaciones de los países pobres, la minería trae consigo conflictos sociales, daños al medioambiente y graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es el Valle de Siria, en Honduras; a siete años de iniciadas las operaciones mineras, 19 de los 23 ríos se secaron. Este lugar, que antes fue un rica zona agrícola y ganadera, asemeja hoy un desierto.

Entender que la relación de los seres humanos con la naturaleza se funda en el extractivismo y el lucro es en gran medida la causa del deterioro del planeta y del cambio climático. La naturaleza es para todos, para las generaciones presentes y futuras. Para el cristianismo, el destino de los bienes naturales exige la solidaridad con quienes vienen después. Y dado que los bienes son cada vez más escasos, su uso debe regirse por el principio de la justicia distributiva, propiciando un desarrollo sostenible que garantiza la sustentabilidad ambiental.

Hace quinientos años, los conquistadores españoles justificaban la guerra y el robo a los indios diciendo que estos sacrificaban personas a sus dioses. El obispo Bartolomé de Las Casas, que estaba en contra de las guerras y el robo, y defendía a los indios decía: “Los españoles han sacrificado más indios en cada año a su diosa muy amada, la codicia, que en cien años los indios a sus dioses”. Y también afirmaba que el oro era el verdadero dios de los conquistadores. Todos en El Salvador recordamos las palabras de monseñor Romero que aseguraba que la primera causa de los conflictos y la violencia en el país era la idolatría de la riqueza. Hoy, cuando oscuras nubes gubernamentales desean eliminar la prohibición de la minería metálica invocando una supuesta enormidad de oro, es necesario recordar a estos dos obispos y a mucha otra gente que, inspirados en ellos y en las necesidades de nuestra sociedad, lograron que se prohibiera dicha industria.

Y es que la minería metálica es muy agresiva. Las empresas canadienses, chinas y estadounidense tienen fama bien ganada de ser depredadoras y destructoras del medioambiente. En Argentina, la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que trabajan asociadas, han sido responsables de al menos cinco derrames tóxicos. En Sonora, México, ha habido frecuentes derrames contaminantes de varias minas canadienses y estadounidenses. Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene una densidad de población que no llega a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El Estado de Sonora es casi nueve veces más grande que El Salvador y su densidad es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En otras palabras, hay mucho territorio poco poblado. Incluso así, los derrames tóxicos han hecho severos daños. Frente a esos países, El Salvador es un país territorialmente pequeño y con una densidad de población de aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, un país muy poblado, con gente por todas partes. Los daños acá podrían ser catastróficos, y más si los vertidos tóxicos alcanzaran al río Lempa, cuya cuenca baña al menos dos terceras partes de nuestra patria.

Es probable que haya personas que piensen que la minería podría suavizar la angustiosa situación económica de El Salvador. O en otras palabras, volver menos amarga la medicina que, según el Gobierno, necesita nuestro país. No son así las cosas. Las mineras de capital extranjero aportan posibilidades de trabajo, pero destruyen el medioambiente y dañan por siglos terrenos que podrían ser productivos. Viendo los cráteres envenenados y deforestados que dejan las minas a cielo abierto cuando se van sus dueños, nadie puede negar esto último sin mentir. Las empresas mineras contaminan el aire al remover tanta tierra, levantan polvaredas tóxicas y eliminan los árboles en los terrenos donde trabajan. Usan en demasía el agua para lavar la tierra en la que el oro se esconde en pequeñas partículas y envenenan las aguas superficiales con sustancias como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, que utilizan para separar el oro de otros metales con los que está mezclado. Si se produce un derrame de las aguas que almacenan en pequeñas represas para reutilizarlas, los daños en nuestro país serían gravísimos.

Estas empresas dañan además los acuíferos subterráneos cercanos a la mina, por las filtraciones del agua que utilizan. Entran en conflicto con las comunidades del entorno. Contaminan el aire de nuestras aldeas y pueblos, les quitan tierras y agua, y envenenan la convivencia con su propaganda divisiva y su odio a los defensores del medioambiente. Y por si fuera poco, en un país como el nuestro, con amenazas de terremotos, inundaciones y deslaves, los riesgos de tragedia son muy elevados. Solo el ídolo de la riqueza de empresas extranjeras, extractivistas y egoístas, puede contemplar insensible y fríamente los peligros para un país pequeño, superpoblado, con riesgos climáticos y sísmicos, y con problemas serios de pobreza y vulnerabilidad, y tratar simultáneamente de engañarnos hablando de minería verde. Si las mineras llegaran a venir, al final, cuando se hayan llevado el oro para sus tierras, nos dejarán como herencia más pobreza de la que encontraron al llegar, más personas enfermas y físicamente reducidas por la contaminación y los accidentes. Es totalmente cierto lo que nos decía el domingo monseñor José Luis Escobar: “Sabemos que las empresas mineras se llevan todo y dejan a los países el 1%. Es un saqueo. Después de 500 años que se vuelva a repetir, no es justo”.

Hace unos días, los Obispos de Frontera y Responsables de Movilidad Humana de Norte, Centroamérica y el Caribe publicaron una carta pastoral dirigida a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad. En el texto se invita a la solidaridad con los migrantes y a revertir las causas de fondo de las migraciones forzadas: pobreza, desigualdad, falta de acceso a derechos básicos, degradación ambiental, crisis agroalimentaria... El afán de lucro, el individualismo, la corrupción público-privada, los regímenes autoritarios, las alianzas militares con grupos corruptos de las élites y la violencia delincuencial (en particular la de los narcotraficantes) fuerzan a mucha gente a huir de su país.

En este contexto, la Iglesia latinoamericana, en actitud de salida hacia el mundo, considera a los migrantes como “la carne sufriente de Cristo”, rechaza la explotación y al maltrato de las personas en movilidad, y pide apertura personal a la solidaridad. Centra su tarea solidaria en cuatro palabras: acoger, proteger, promover e integrar. Los obispos agrupados en la red de movilidad humana, junto con los obispos centroamericanos, se comprometen a impulsar que esas cuatro palabras sean patrimonio de todos los cristianos a lo largo de este corredor de migración que es Centroamérica. Migrantes que llegan desde muy diversos países, más allá de América Latina incluso. Acogerles desde la fraternidad, protegerlos de los abusos, apoyarles en sus derechos e incluso en el trabajo, e integrarlos fraternalmente respetando su cultura se convierten en tarea de todos y en responsabilidad básica frente al sufrimiento humano.

El apoyo a los migrantes debe ser para todas las personas de buena voluntad un asunto de compromiso transversal. No es un asunto específico y particular de religiosos o un interés exclusivo de algunas ONG; es simple y sencillamente un deber de humanidad. De una forma u otra, todas las familias tienen migrantes entre sus antepasados. Los primeros cristianos fueron llamados “los del camino” no solo porque seguían el camino de Jesús, sino porque caminaban por pueblos y ciudades anunciando el Evangelio. Los migrantes caminan en pos de su propia liberación, saliendo de tierras que los excluyen del desarrollo integral, pero que no logran privarles de la esperanza.

Los obispos piden en su carta abandonar la idea de que la pastoral y el apoyo a los migrantes es una función particular de unos pocos. El apoyo a los migrantes debe ser tarea común, así como el cuidar y defender a quienes se comprometen a esa misión, que ya tiene mártires. Los países de la región se han alimentado de migraciones, han intercambiado talentos y liderazgos, han recibido la ayuda de quienes se han marchado de su tierra sin por ello perder sus raíces y han visto la migración como un derecho. Corresponde ahora crecer en solidaridad con los migrantes, más aún porque siguen aumentando las amenazas contra ellos. Peligros y abusos tanto de delincuentes como de gobiernos convierten el camino del migrante en un signo de inhumanidad. Nos toca a los cristianos y a todos los seres humanos de buena voluntad convertir la ruta migrante en lugar de encuentro y solidaridad.

Esta semana, Nayib Bukele afirmó que “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”. Esta riqueza, según Bukele, ha sido dada por Dios y “puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”. Más allá de la palabrería, lo cierto es que el agua, un bien natural del que muchas religiones también afirman que ha sido dado por Dios, está en todo y hace que todo sea; sostiene la existencia de manera innegable, todos los seres vivos dependen de ella, y la minería es uno de sus enemigos más mortales.

En El Salvador, esta dependencia se ve más marcada porque la cuenca de la principal fuente de agua, el río Lempa, abarca casi a la totalidad del país. En un estudio de la UCA se determinó que más del 90% de la población depende directa o indirectamente de este río, incluyendo a 1.5 millones de personas que reciben agua potable en el área metropolitana de San Salvador. Además, más de once mil industrias extraen agua de él y el 28% de la electricidad que se genera a nivel nacional se debe a su cauce. En contraste, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 93% de los recursos hídricos evaluados en su red de monitoreo tienen una calidad entre regular y mala, y el 97% no cumple con las características mínimas para ser usados con fines recreativos. De estos 123 sitios que analiza el Ministerio, casi la mitad pertenece al Lempa, por lo que puede afirmarse que, aun sin las afectaciones que podría llegar a ocasionar la minería a gran escala, la fuente de agua de mayor importancia para la población salvadoreña ya está agonizando.

En menas pobres como las de El Salvador (menos de 10 gramos de oro o plata por cada tonelada de roca) se utiliza cianuro, un potente veneno de acción rápida que provoca graves quemaduras en la piel y afecta el sistema nervioso, vías respiratorias, tiroides, riñones, cerebro y corazón. La explotación minera también presenta el peligro del drenaje ácido, ya que al excavar rocas que contienen minerales con azufre, se produce ácido sulfúrico, que disuelve otros elementos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El ácido y los metales liberados en este proceso son transportados por las lluvias o por corrientes superficiales a los arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos, provocando condiciones que imposibilitan la vida. Incluso con los mejores sistemas de tratamiento y las eficiencias más altas, cada litro de agua residual generada por las operaciones de la minería tiene el potencial de contaminar al menos 360 litros de agua.

Una vez finalizada la explotación minera, las empresas suelen dejar acumulaciones de roca sobrante con altas cantidades de ácido sulfúrico, metales pesados y cianuro. En el tipo de yacimientos que tiene el país, para extraer un kilogramo de oro deben removerse 100 toneladas de roca de su sitio original, cuya mayoría es dejada como escombreras que, al ser lavadas por las lluvias, contaminan el suelo y los cuerpos de agua cercanos. Según expertos internacionales, por cada kilogramo de oro extraído se emplean alrededor de 130 mil litros de agua, los cuales, al convertirse en aguas residuales, contaminan al menos 46.8 millones de litros de agua de los mantos acuíferos.

Por ejemplo, la mina El Dorado, que operaría en Cabañas y que fue parada para privilegiar la conservación del agua, habría consumido 10.4 litros por segundo, equivalente a 328 millones de metros cúbicos al año, es decir, seis veces más que toda el agua que se consume anualmente en el área metropolitana de San Salvador. Para un país cuyos recursos hídricos ya están en malas condiciones por la sobreexplotación y por la flexibilización de los permisos ambientales, la amenaza de la minería supone condenar no solo al río, sino a toda la población.

La decisión de prohibir la minería de metales no fue algo antojadizo ni ingenuo, sino que se sustentó en preocupaciones legítimas sobre el agua. Si bien el desarrollo es deseable y necesario, no a costa del deterioro sistemático de la principal fuente de agua nacional, de la precarización de la vida de la población y de la destrucción irreversible de los ecosistemas. Tampoco puede pasarse por alto que en otros países se ha desatado represión estatal contra las comunidades que protestan contra los proyectos mineros, ocasionando enfrentamientos violentos y violaciones a los derechos humanos. De hecho, en El Salvador, luchadores históricos en contra de la minería metálica están siendo hostigados, a pesar de que la industria está en pausa; la persecución legal de la que son objeto los líderes ambientalistas de Santa Marta no busca otra cosa que sentar un ejemplo y disuadir a otros. La amenaza, el miedo y la persecución contra los ambientalistas es ya una realidad.

La derogación de ley que prohíbe la minería pondría en riesgo derechos fundamentales de la población, exponiendo al país a enfrentar litigios internacionales. Aunado a esto, El Salvador no cuenta con un plan nacional que le permita balancear, de manera organizada y transparente, la necesidad de desarrollo económico frente a los derechos de la ciudadanía. Bukele ha hablado sobre los supuestos beneficios económicos de la rehabilitación de la minería metálica. No obstante, los grandes proyectos de minería son concesionados a empresas transnacionales que gozan de un alto grado de protección.

Las empresas mineras se reservan el derecho de iniciar arbitraje de inversiones contra un Estado si consideran que su inversión o propiedad ha sido afectada de cualquier forma. Es por este motivo que El Salvador tuvo que comparecer ante tribunales internacionales en 2016 y 2018, para responder por demandas multimillonarias en su contra. Asimismo, los inversores tienen derecho de transferir libremente y sin límite fondos de su inversión fuera del país. Y a ello se suma el vigente régimen legal de exenciones fiscales a operaciones comerciales y de inversión, el cual reduce aún más la expectativa de recaudación del Estado. Lejos de ser benefactores, los proyectos mineros forman parte de la estrategia económica del actual Gobierno, que busca favorecer los intereses de grupos cercanos al poder y despojar de sus medios de vida a las poblaciones más vulnerables.

En definitiva, la minería no es viable en El Salvador. Su implementación va en contra de un medioambiente sano, del derecho humano al agua, del trabajo digno y del desarrollo sostenible. Apostar por la minería es ignorar los devastadores impactos que ha tenido en otras regiones del mundo en condiciones similares a las nuestras: tierras contaminadas, comunidades desplazadas, ecosistemas destruidos y recursos hídricos envenenados. La sociedad salvadoreña no puede permitirse hipotecar su futuro en busca de un oro que traerá consigo más pobreza, desigualdad y degradación ecológica. En un país que ya enfrenta crisis ambientales y sociales profundas, permitir la minería sería abrazar la destrucción a cambio de una riqueza efímera que quedará en muy pocas manos.

El paraíso en la tierra es una quimera tan antigua como la humanidad. Cada cierto tiempo, aparecen iluminados dispuestos a emprender su construcción, a pesar de los fiascos anteriores. El Salvador de Bukele se ha sumado a esa tradición, donde también figuran el fascismo, el nazismo, el comunismo y las dictaduras de todos los colores. El fracaso incuestionable de sus predecesores no es un buen presagio. No hay razones para pensar que la aventura de Bukele tendrá, contra todo pronóstico, un final feliz. La quimera paradisíaca es seductora, a pesar de sus repetidos reveses. Se suele presentar como un objetivo accesible. Incluso contiene elementos que la hacen verosímil. Pero en sus interioridades anida el gusano de la putrefacción.

La Unión Soviética es un caso pertinente. Se propuso crear un paraíso comunista, pero, en la práctica, se redujo a imponer un nivel de vida con privaciones insoportables y una uniformidad sofocante. La cúpula del aparato partidario, en cambio, se regalaba con las bondades del capitalismo. El autoritarismo desembocó en la dictadura estalinista, una de las más brutales del siglo pasado. En 1989, el paraíso comunista colapsó. El capitalismo neoliberal prometió otro edén de libertad y prosperidad, de las cuales solo gozaron unos pocos. La mayoría todavía aguarda que el rebalse del vaso que las contiene.

La característica más destacada del paraíso de Bukele es la seguridad. Un espacio inundado de luz, de colores y de armonía. Un entusiasta de última hora lo ensalza como “el país de las maravillas festivas”. Los visitantes acuden en masa a admirar fascinados sus creaciones. Más bien pocas, pero vistosas. La concurrencia disfruta de esas amenidades, inconsciente de que esconden el enriquecimiento desorbitado, la estafa financiera disimulada, el abismo que separa a los privilegiados de los desafortunados y el sistema carcelario donde la violación de la dignidad y los derechos humanos constituye el orden del día.

Los habituales de estos espacios maravillosos viven para consumir y para exhibir su consumo, en un ambiente festivo y despreocupado. Aquellos que no pueden participar de esos placeres son negligentes. Ellos mismos se excluyen por falta de iniciativa y trabajo. Asimismo, decenas de miles están encarcelados por su propia culpa. Ellos, en cambio, han sido recompensados por sus méritos. Se creen los mejores, los únicos buenos y los que no tienen nada que aprender de los demás.

Otra característica fundamental que identifica a los paraísos terrenales es su afán por reescribir la historia. Desmontan el pasado y conservan solo aquello que sirve para justificar su propia existencia y para dejar clara su pertinencia y necesidad. Sin embargo, la continuidad de sus construcciones depende de la solidez de la mentira que la sustenta. Bukele invierte ingentes cantidades de dólares en la industria de la desinformación, la propagación del catastrofismo y la difusión del miedo. En consecuencia, la viralización en las redes digitales de datos y sentires alternativos o críticos atenta directamente contra la integridad paradisíaca. Por eso, persigue a sus autores como criminales peligrosos. No le interesa considerar la verdad que pueda haber en esos discursos, sino castigar con mano dura a quienes se rebelan contra la cultura de “la sociedad feliz”.

El paraíso de Bukele, igual que todos los demás, cultiva la cultura de la mentira. La China actual, su socia comercial y una de sus donantes más generosas, ilumina cómo opera esa cultura. El partido comunista mantiene un estricto régimen de vigilancia y control sobre sus ciudadanos para evitar desviaciones de la ideología oficial. El pensamiento, la creación estética, la academia y la opinión deben ajustarse a los lineamientos del partido único y su gran jefe. China es una potencia mundial, que compite con Estados Unidos y Europa, pero es también una sociedad donde la libertad está vigilada y restringida. La prolongación de la revolución maoísta, cuyo “salto adelante” generó una hambruna general y cuya “revolución cultural” ya quiso uniformar la sociedad, depende del acatamiento incondicional de las directrices del partido.

Aparentemente, El Salvador de Bukele es más sosegado y festivo. En realidad, tiene dos caras. Los espacios donde reina la música, el color y la fiesta son la cara simpática y atractiva, que habla de milagro o de paraíso. Los espacios donde reina el terror como el sistema carcelario, los vecindarios populares y las dependencias estatales son la cara oculta, pero real. El acecho y el espionaje son constantes. La censura, la coacción y la humillación son habituales. Las dos realidades son inseparables. Por tanto, el “festivo mundo maravilloso” que celebran los fanáticos es mentira y engaño.

En el mediano y largo plazo, esa dualidad es insostenible, tal como lo demuestran los experimentos anteriores. El germen de la putrefacción ya hace implacablemente su trabajo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.