Editoriales y Opiniones

En los países democráticos la Constitución se toma en serio. Generalmente, las Cartas Magnas se redactan en momentos importantes de la historia de su países. Para regular las relaciones entre los ciudadanos y los políticos, distribuyen el poder del Estado en tres sectores básicos, independientes uno del otro: legislativo, ejecutivo y judicial. El Salvador escribió su Constitución actual en un contexto de guerra y posteriormente la reformó para facilitar la participación ciudadana y el control del poder. Aunque quedaba mucho por hacer para perfeccionarla, no era un mal instrumento para defender derechos y mantener una cierta independencia de poderes. En la actualidad, con la reforma del artículo 248 de la Constitución, el oficialismo ha convertido la Carta Magna en un papel mojado al servicio del Ejecutivo.

En efecto, el artículo 248 regulaba las posibilidades de reforma constitucional. El primer paso era aprobar la reforma con la mitad más uno de los votos de los diputados. Y se exigía una segunda votación por parte de la siguiente Asamblea Legislativa, que debía ratificar la reforma con dos tercios de los votos de los legisladores. Así, se obligaba a separar en dos Asambleas la aprobación y se aumentaba el número de votos para dar por definitiva la reforma. En la actualidad, teniendo el oficialismo más de dos tercios de los diputados, es suficiente con que una misma Asamblea Legislativa apruebe en dos votaciones la reforma constitucional, pudiendo hacerlo incluso en un solo día. Se facilita así el cambio exprés de la Constitución, debilitando la seguridad jurídica e impidiendo que la ciudadanía dé su opinión e incida sobre cambios sustanciales para la convivencia.

De momento, la reforma se utilizará para sacar de la Constitución el artículo 210, que garantizaba la deuda política para fortalecer la independencia de los partidos. Pero el futuro queda en las manos de una Asamblea Legislativa totalmente dependiente del Ejecutivo, capaz de reescribir o eliminar cualquier artículo que incomode al mandatario. En otras palabras, la Asamblea ha cedido el poder absoluto a la Presidencia de la República, y ello, a la luz de los abusos cometidos durante el régimen de excepción, no augura nada bueno para los derechos de las personas. Si antes de esta reforma constitucional se consideraba que el sistema de gobierno de El Salvador era híbrido, por mezclar componentes democráticos con formas autoritarias de gestión, hoy se abre la puerta a la instauración de un régimen autoritario en toda regla.

El exceso de poder conduce a una especie de ebriedad del mando. Los grandes novelistas latinoamericanos han descrito con maestría la brutalidad y el desvarío a los que ha conducido el poder absoluto. Centroamérica, en particular, ha experimentado la violencia, locura y paranoia de múltiples dictadores. Más allá de cómo se utilice esta reforma orientada claramente al autoritarismo, es importante acudir a la historia y observar los resultados tanto para la gente que padeció los excesos del poder absoluto como para quienes lo ejercieron. Los pueblos sufrieron y la mayoría de dictadores terminaron hundidos en el desprecio ciudadano. Dialogar, reflexionar y escuchar razones es la única manera de evitar un futuro que presenta trazas claras de inestabilidad, confrontación y abuso.

Una llamada telefónica y una visita del secretario de Estado sustituyeron el encuentro personal de Bukele con Trump en la juramentación de este, que fue una celebración de la gloria, del triunfo y de la ambición. Y una oportunidad única pérdida para Bukele. Tal vez consideraron que no está a la altura de los libertarios, los autoritarios, los negacionistas y los milmillonarios amigos de Trump. Al parecer, “el dictador más cool del mundo mundial” no fue considerado digno. Tal vez hubo invitación, pero declinó asistir. Habría sido uno más entre los mandatarios de países más grandes y poderosos y, peor aún, un pobretón en medio de los grandes ricachones que rodean a Trump. En cualquier caso, la “reinvención” de El Salvador no es tan extraordinaria como para invitar a su autor a codearse con el poder capitalista de Estados Unidos.

La llamada telefónica tampoco parece haber sido muy grata. El silencio de este lado de la línea habla a gritos. En lugar de informar de su conversación con su supuesto amigo, Bukele anunció la condonación de abultadas multas de tráfico que ya estaban anuladas por fallos tecnológicos y se regodeó de su soledad en la cumbre de la popularidad global. La Casa Blanca, como es usual en esa clase de llamadas, informó escuetamente de los temas conversados. Trump elogió a Bukele por su liderazgo regional y su ejemplo para el resto del hemisferio. Si este se sintió halagado, debiera tener presente que, en julio del año pasado, durante la campaña electoral, lo criticó duramente por enviar criminales a Estados Unidos.

El elogio no era más que un simple trámite diplomático para comunicarle enseguida el papel que le había asignado en las deportaciones masivas. Su cometido es doble: contener la emigración de salvadoreños y recibir a los deportados de terceros países, incluidos los miembros de una organización criminal transnacional. Indudablemente, Bukele aceptó detener la emigración. Pero no podrá cumplir su palabra. La gente huye del terror estatal y urgida por la pobreza. Bukele no está dispuesto a prescindir de la herramienta de dominación más exitosa ni a velar por el bienestar de la ciudadanía. Al contrario, ahora la pobreza es más grande y más profunda. Las generaciones más jóvenes no tienen futuro en El Salvador de Bukele.

Tampoco está preparado para recibir a las decenas de miles de salvadoreños que Trump deporte. No hay albergue capaz de contener a tantos en condiciones aceptables ni programa de reinserción laboral, porque no hay empleo. La deportación masiva aumentará la presión sobre unos servicios sociales exhaustos, complicará aún más la vida de miles de familias que sobreviven de las remesas, reducirá el consumo con un impacto negativo en el comercio y la banca, y la escasez de dólares desestabilizará aún más las finanzas públicas.

El arribo de deportados de terceros países agudizará la crisis de sobrevivencia. Sin posibilidad de asilarse en Estados Unidos y sin poder retornar a sus países de origen, estos deportados permanecerán atrapados en El Salvador indefinidamente. Los etiquetados como terroristas o criminales serán recluidos en las cárceles de la dictadura. El panorama es preocupante y deprimente. El papel de Bukele en los planes de Trump pone en entredicho la reinvención del país.

El Salvador sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Un espacio para abandonar a los latinoamericanos descartados por indeseables. Un vertedero humano. Trump aborrece el sur del río Bravo, excepto la Argentina de Milei. El país del café, del surf y de los volcanes será también el basurero de Trump con la complicidad de Bukele. La moneda de cambio, si la hay, es desconocida. Una cosa es segura, no favorecerá al país.

Las redes digitales de Bukele han dejado en evidencia su intrascendencia como líder y como gobernante. Los troles del oficialismo se han contentado con reproducir imágenes de encuentros pasados y con destacar el elogio de Trump a un liderazgo que no es reconocido en la región, excepto en la Costa Rica de Chaves, y a un modelo sin repercusión hemisférica, excepto en Milei. Disimulan mal su desconcierto.

Sorprendentemente, el Bukele abanderado de la soberanía nacional, que repitió innumerables veces que nadie le diría qué hacer y cómo hacerlo, se doblegó sin rechistar ante un Trump imperial. Su postura es tan entreguista como la del siglo pasado. Un baño de realidad nunca viene mal.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las deportaciones de migrantes latinoamericanos han comenzado en Estados Unidos. Muy probablemente el Gobierno de Trump será incapaz —por lo oneroso de la medida y por insuficiencias logísticas— de alcanzar la masividad que anunció, pero lo visto hasta ahora ha sido suficiente para causar gran impacto. Las redadas han sembrado temor en los migrantes indocumentados y en sus países de origen, por las consecuencias de posibles deportaciones masivas.

Las deportaciones de Trump y el modo humillante de ejecutarlas son reflejo de la criminalización de la migración, un prejuicio que es compartido por una buena parte de la población estadounidense, incluso por ciudadanos de origen latino. La medida emana del racismo y la xenofobia que azuzan Trump y la gran mayoría de republicanos. Los argumentos para justificarla no resisten la crítica. No es que al mandatario se le olvide que su madre fue inmigrante escocesa y que sus abuelos paternos llegaron de Alemania. Para Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa, la campaña contra los y las migrante descansa en cinco mitos.

El primero, los migrantes están invadiendo los territorios. Esto es falso; estadísticas oficiales indican que la migración internacional se ha mantenido relativamente estable durante años, representando el 3% de la población mundial. En el caso de Estados Unidos, diversas instancias oficiales estiman que el número de migrantes indocumentados en ese país se mantiene en torno a las 11 millones de personas desde hace años. El segundo mito es que los migrantes reciben más ayudas que la población originaria; sin embargo, la realidad es que ellos aportan más al Estado de lo que reciben, contribuyendo significativamente a la generación de riqueza, al desarrollo y a la innovación. De acuerdo al Instituto de Política Fiscal y Económica, los trabajadores indocumentados en Estados Unidos pagaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos en el año 2022. Otras instancias estiman cantidades similares.

El tercer mito afirma que los migrantes causan inseguridad en los países a los que llegan. Otra falsedad. No hay evidencia científica de que la migración aumente los índices delincuenciales; al contrario, algunos estudios señalan que la criminalidad es menor en ciudades con alta migración. El cuarto mito: los migrantes le quitan los empleos a la población originaria. Diversas investigaciones demuestran que las personas migrantes por lo general ocupan puestos en los que la población local no está dispuesta a trabajar, como la atención a la tercera edad, la agricultura y el servicio básico en restaurantes y hoteles. Y el quinto mito, muy propio de Trump, es que los muros detienen la migración. Lo que está comprobado es que las medidas que endurecen los controles fronterizos son ineficaces, causan muerte y deshumanización.

La campaña de Trump contra los migrantes se basa en premisas falsas. De llegarse a concretar la masividad de las deportaciones, los efectos no solo serán perniciosos para los migrantes, sino también para la economía de Estados Unidos, pues la recaudación tributaria se verá reducida y no habrá quién se ocupe de las tareas sencillas pero esenciales que realizaban los expulsados. Cuando Trump apunta contra los migrantes, apunta también contra una de las bases que hacen posible el modo de vida estadounidense.

Un día después de la toma de posesión presidencial, Donald Trump participó en un servicio religioso en Washington como parte de las tradiciones del inicio de un nuevo gobierno. En su discurso inaugural, Trump había anunciado, entre otras medidas, la deportación masiva de los que denominó “miles de delincuentes”; que en Estados Unidos solo habrá dos géneros: hombre y mujer; y que la soberanía del país sería reclamada y la seguridad recuperada.

En ese contexto, la obispa episcopal Mariann Edgar Budde le pidió a Trump, de forma directa, que tuviera piedad de aquellos que viven con miedo, como la comunidad LGBT, los inmigrantes indocumentados y los refugiados. Con fineza y valentía habló en nombre de Dios (justo y misericordioso) y del pueblo amenazado. Sus llamados son elocuentes.

Con respecto a la comunidad LGBT, dijo: “Señor presidente, millones de personas han depositado su confianza en usted y, como dijo ayer a la nación, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que se apiade de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”.

Luego, abogó por los migrantes: “Y las personas que recogen nuestras cosechas, limpian nuestros edificios de oficinas, trabajan en granjas avícolas y plantas de envasado de carne, lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales: puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas, monasterios y templos”.

Y en el mismo espíritu de los profetas bíblicos que mantenían una actitud compasiva hacia los huérfanos, viudas y extranjeros, hizo un llamado a la hospitalidad, no a la hostilidad: “Le pido que tenga piedad, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean llevados, y que ayude a quienes huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero, porque todos fuimos extranjeros en esta tierra”.

Mariann, quien es defensora de causas como la igualdad racial, la prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma migratoria y la plena inclusión de las personas LGBTQ+, habló con valentía profética. Es decir, habló en nombre de Dios: justo, cercano, compasivo. Frente al “todopoderoso” Trump, ella se constituyó en portavoz y boca de ese Dios. Conocedora de las angustias y esperanzas de las personas y las colectividades, habló también en nombre del pueblo. Tiene los pies puestos en la tierra y el corazón en Dios y en los que sufren. Y como los antiguos profetas, es una persona amenazada. Desde que le pidió a Trump que mostrara misericordia hacia las personas que temen por sus vidas, ha recibido amenazas de muerte; algunos de los seguidores de Trump han pedido que ella también sea deportada; y el mandatario expresó su disgusto por el sermón, calificándolo de “poco emocionante”.

Ahora bien, la ceremonia tenía como objetivo rezar por la unidad de la nación. Unidad que, para Mariann, debe fomentar la comunidad por encima de la división. Unidad que sirva al bien común. En su predicación cuestionó si era posible ese tipo de unidad en los Estados Unidos, y si debería importarnos. Y a renglón seguido añadió: “Espero que nos importe porque la cultura del desprecio que se ha normalizado en este país amenaza con destruirnos”.

Asimismo, Mariann habló de los fundamentos de la unidad que requiere la nación estadounidense. Desde las tradiciones y textos sagrados sugirió que hay al menos tres. El primero, honrar la dignidad inherente a todo ser humano. “Eso significa no burlarse, descartar o demonizar a aquellos con los que discrepamos”. Es preferible, dijo, “debatir respetuosamente nuestras diferencias y, siempre que sea posible, buscar un consenso”.

El segundo pilar es la honestidad, afirmó, tanto en las conversaciones privadas como en el discurso público. “Si no estamos dispuestos a ser sinceros, no sirve de nada rezar por la unidad, porque nuestras acciones van en contra de las propias oraciones”. El tercer fundamento para construir unidad, según Mariann, es la humildad: “Todos la necesitamos porque todos somos seres humanos falibles”. Y añadió: “Quizá seamos más peligrosos para nosotros mismos y para los demás cuando estamos convencidos, sin lugar a dudas, de que tenemos toda la razón y que los demás están totalmente equivocados”.

La crítica profética de la obispa Mariann, pues, ha sido un signo esperanzador para todos aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos, en su dignidad y en sus sueños. La crítica profética es un freno al poder absoluto. Jesús de Nazaret, principal fuente de inspiración de Mariann, también ejerció esa crítica con determinación y audacia. A él se le atribuyen estas palabras: “Los reyes de las naciones las dominan y los que las tiranizan se hacen llamar bienhechores. Entre ustedes no debe ser así; al contrario, el mayor de ustedes que se haga como el más pequeño, y el que gobierna como el que sirve”. Hay aquí una óptica distinta del poder, que lleva a unir en lugar de dispersar, que recupera el servicio al bien común como objetivo primordial de la política, que hace compatible justicia y derecho y, sobre todo, que abre paso a la actitud diligente para proteger y promover la vida de todas las personas, especialmente de los más marginados o empobrecidos.

* Carlos Ayala Ramírez, profesor de la Escuela de Pastoral Hispana en la arquidiócesis de San Francisco y del Instituto Bíblico Teológico Pastoral de la diócesis de Oakland, en Estados Unidos.

En el actual gobierno las reservas de información crecen como la espuma. Qué hay debajo de tanta reserva no se sabe, porque las explicaciones que se dan son demasiado variadas. Se reserva información por seguridad nacional, porque es secreto comercial, para que no nos roben las ideas, y por muchas otras variadas razones. Se reservan estudios de factibilidad de obras, construcciones, contratos y compras públicos, gastos en medicinas, consultorías y los famosos estudios de la supuesta cantidad de oro que existe en el país. De vez en cuando se decide que la información que se pide es inexistente. Algunos Ministerios no actualizan sus índices de información desde hace algunos años. La gente tiene acceso a la propaganda oficial pero no a la información pública. Con tanta reserva de información y simultáneamente tanta propaganda de maravillas y éxitos gubernamentales, quienes tienen sentido crítico desconfían cada vez más de la rectitud con la que se estén manejando los asuntos públicos. Y es normal que la desconfianza crezca. Porque donde no hay cuentas ni información clara, la tendencia a la corrupción suele crecer. La falta grave de información es típica de los paraísos fiscales. Y todos sabemos que la trampa y el engaño están con demasiada frecuencia en sus bancos y negociaciones.

Nosotros no somos un paraíso fiscal, pero tampoco un paraíso a secas. La pobreza, el deterioro ecológico, la contaminación de los ríos, las desigualdades, un sistema judicial débil y dependiente, la fragilidad y limitaciones de nuestras instituciones de protección social chocan con las catalogaciones de país de desarrollo medio alto con el que nos califican algunas instituciones internacionales. Que en medio de la crisis de confianza ciudadana que ha desatado la nueva ley de minería se nos diga que no se pueden mostrar los supuestos estudios existentes sobre la cantidad de oro y otros minerales valiosos que también supuestamente abundan en el país, raya en el desprecio absoluto a la inteligencia ciudadana. La excusa de decir que son secreto comercial, sin informar quién hizo esos informes, cuánto dinero le costó al Estado, si es que le costó a algo, o cuándo se hicieron, difícilmente se puede considerar secreto comercial. Pero ni eso se dice, pidiendo una fe ciega en las palabras del líder. El hecho de que en ocasiones se nos hayan dicho mentiras evidentes, hace sospechar que se nos niega información para que no descubramos mentiras.

Negar información puede tener alguna ventaja en el corto plazo. Pero en el largo o el mediano termina llevando al fracaso. Primero porque cansa a la gente. Si el país es, al menos teóricamente, de todos, y la persona, como dice la Constitución, es “el origen y el fin de la actividad del Estado”, negar información a la gente y rechazar la rendición de cuentas, genera desconfianza y sospechas de todo tipo. Somos un país pequeño en el que mucha gente se conoce, tiene contactos, ve cosas, comenta, y querer silenciar la debida información no satisface a nadie. En el tema del oro en particular, ya hay gente diciendo que no hay más información que la que pueden dar la empresas mineras interesadas en tener explotaciones rentables para ellas. Por otro lado, las instituciones que reclaman información o simplemente derogación de la ley actual de minería, son instituciones mucho más serias, humanistas y solidarias que las empresas mineras. Escuchar a la Iglesia y a otras instituciones sería bueno para el gobierno. Rechazar sus peticiones y reflexiones solo provocará un decrecimiento de la confianza en las instituciones estatales. Insistir, en ese contexto, en reservar información tanto respecto a los riesgos de la minería como a la supuesta cantidad de oro existente o las relaciones no mencionadas con compañías extractivistas, no hace más que aumentar la incomodidad y el descontento de muchos ciudadanos. Dialogar con transparencia es mucho mejor camino tanto para mantener la aprobación ciudadana en el largo plazo como para lograr un desarrollo humano rico en valores y solidaridad.

Por primera vez en los seis años de gobierno de Nuevas Ideas se ha dado un confluencia de hechos que erosionan con fuerza la popularidad gubernamental. La economía golpea a los sectores populares y de clase media vulnerable; es decir, al 75% del la población. A ello se suma, por un lado, una ola de despidos en las dependencias del Estado que crean resentimiento con las autoridades y dañan a las familias; y por otro, el Ejecutivo ha dado pie a un mayor deterioro medioambiental. Si bien es cierto que algunos proyectos de desarrollo causan daño a la naturaleza, se puede y debe buscar siempre reponer y mejorar el medioambiente. Lejos de ello, ni se ven, ni se conocen planes serios para proteger los pocos recursos naturales de los que aún dispone el país. Aprobar la posibilidad de minería metálica a cielo abierto es condenar a El Salvador a un deterioro que llevará a más pobreza y más migración. El relato de un horizonte de riqueza extraordinaria gracias al oro y otros minerales raros no es más que fantasía y propaganda. Los riesgos y los daños asociados a la minería son mucho mayores que la ganancia que se pueda conseguir.

Y a todo lo anterior se añade el tema de los derechos humanos. Las recomendaciones de la mayoría de naciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU piden al país un sistema de justicia decente y el fin de los abusos que produce el permanente régimen de excepción. Cada vez más salvadoreños se preguntan si es necesaria una estructura legal tan plagada de injusticias para mantener la seguridad ciudadana conseguida. Que un alto porcentaje de presos tenga que ser alimentado por sus familiares y que estén prohibidas las visitas, incluso de los abogados, resulta escandaloso en cualquier Estado de derecho. Y de ello comienzan a cobrar conciencia cada vez más compatriotas. Además, se cierne sobre el país un futuro difícil si se cumplen las amenazas del presidente Trump de expulsar a millones de migrantes. Es posible que Nayib Bukele, gracias a su relativa cercanía con Trump y con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, pueda atajar la crisis. Pero la amenaza está ahí, y una baja en las remesas implicaría un duro golpe para las economías nacional y familiar. Esto sin hablar del drama que supondría la llegada de miles de compatriotas con escasas posibilidades de incorporarse a la vida productiva.

La conjunción de estos problemas ha erosionado la popularidad de Bukele. Aunque aún goza de mucha popularidad, ha llegado a su nivel más bajo. Y no hay ninguna señal de que la intensidad de estos problemas vaya a disminuir. Dar regalos quizás aminore la baja en el apoyo de la ciudadanía. Pero ninguna dádiva será suficiente para maquillar las carencias estructurales del país. El diálogo es el único camino de solución en el mediano y largo plazo. Las soluciones autoritarias cansan. Si bien no es del agrado de Bukele recordar los Acuerdos de Paz, estos continúan siendo un ejemplo de lo que son capaces la razón y el deseo de un mejor futuro para todos. Dar marcha atrás en algunas acciones y abrirse a la búsqueda de un sano entendimiento con la sociedad es mucho más sabio que tratar de imponerse con base en propaganda mentirosa, regalos o la fuerza bruta.

“¿Cómo es eso?”, emplazó Bukele a los contrarios a la minería metálica. “¿Cómo va a ser que está destruyendo el río?” si “minería todavía no hay, va a haber”. Asombrado, responde, “yo, como cualquier persona con un poquito de inteligencia, preguntaría qué es lo que está contaminando ahorita”. Cierto, minería no hay, porque fue prohibida en 2017. Sin embargo, su impacto contaminador todavía persiste. Las industrias mineras se llevaron los metales valiosos y dejaron sustancias químicas altamente venenosas, las cuales se agregan a las heces fecales, las aguas servidas, los desechos industriales y cañeros, los desarrollos inmobiliarios, los fertilizantes, los insecticidas, las aguas negras de la cárcel modelo para pandillas y la destrucción del entorno de las megainfraestructuras como el aeropuerto oriental.

Valerse de la contaminación existente para defender la minería metálica es un sofisma malo. Bukele argumenta que es inocua, porque no se le puede atribuir la contaminación actual. Pero de aquí no se sigue que no vaya a contaminar, como ya lo ha hecho antes de 2017. La minería limpia es materialmente imposible; la minería amenaza con reducir aún más el acceso al agua, que utiliza en cantidades ingentes. En su arrebatada defensa, Bukele señaló perjuicio: dejó caer que provoca insuficiencia renal en los trabajadores y los vecinos de la explotación.

Los ofrecimientos de vigilar la industria minera y de preservar el medioambiente no son confiables. Bukele no tiene poder para supervisar, auditar y fiscalizar la actividad extractiva. Tampoco tiene capacidad para ello y mucho menos voluntad política. Un pequeño descuido tendría consecuencias catastróficas. Las normas que Bukele dicte serán una formalidad para guardar las apariencias. Las multinacionales no están interesadas en la minería limpia y el medioambiente les tiene sin cuidado. Las minas abandonadas son fuente de contaminación durante décadas.

Por otro lado, en los cinco años y medio de poder absoluto, Bukele no se ha distinguido por defender el medioambiente. No ha clausurado ninguna de las fuentes principales de contaminación que él mismo señaló. Eso iría contra los intereses de su familia y sus socios capitalistas, propietarios de algunos de los desarrollos inmobiliarios más grandes. Tampoco se ha hecho cargo de la insuficiencia renal, pese a gobernar el país con la incidencia más alta. El saneamiento de las zonas más densamente pobladas y la educación de sus habitantes no figuran en su agenda. Carecen de atractivo turístico. El bienestar animal está por encima de la salud pública.

Desde una perspectiva positiva, Bukele no tiene argumentos válidos. Tampoco negativamente. Pretende desacreditar a la oposición alegando su apatía ante la contaminación. Olvida que esta, desde hace ya mucho tiempo, ha denunciado la contaminación y la indolencia gubernamental y ha exigido medidas paliativas y preventivas, que han caído en oídos sordos. Algunos líderes del movimiento ambientalista han sido asesinados, otros encarcelados y muchos más acosados por “las fuerzas del orden”.

Las organizaciones medioambientalistas lograron la prohibición de la minería en 2017; ante la supresión de dicha decisión, han retomado la lucha con determinación. Sorprendentemente, no están solas. Un movimiento social amplio y variado, consciente de lo que está en juego, se ha aglutinado a su alrededor. Ni las multas electrónicas, ni el subsidio del agua y la electricidad han contenido su beligerancia. La resistencia se extiende como mancha de aceite hasta el punto de amenazar la buena salud de la dictadura.

La protesta social ha respondido de forma contundente a los cuestionamientos de Bukele. La inocuidad y el control gubernamental no son creíbles. La promesa de riquezas nunca antes vistas no impresiona. La gente sabe bien que, si acaso las hubiera, no son para ella. En los más de cinco años en el poder, Bukele no solo no ha elevado el nivel de vida de la gente, sino que este es ahora inferior al de 2019. La distribución desigual de la riqueza nacional es aguda e histórica. Inesperadamente, Bukele despertó una fuerza social amplia, variopinta pero unida, dispuesta a combatir y a resistir su última ocurrencia.

Su lógica está contaminada por los intereses económicos familiares y de alguna multinacional aún no identificada, y por una vanidad desbocada. Si se sale con la suya, desgastará su capital político y pagará un costo elevado en popularidad. Los Bukele no arriesgarían tanto por amor al bien común. En las dependencias de Casa Presidencial deambulan ambiciones poderosas.

Si consiguen extraer oro del subsuelo salvadoreño, los Bukele se enriquecerán aún más y podrán circular con pie firme en los círculos de la oligarquía financiera, pero la vanidad del jefe del clan saldrá mal parada. Dice no querer que “después digan ‘hizo todo bien, pero en la minería la regó’”. Eso es, justamente, lo que se dirá.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A lo largo de la posguerra, los políticos y las élites han jugado con la necesidad de los salvadoreños prometiendo soluciones a sus grandes y graves problemas; hasta la fecha, siempre lo han defraudado. Primero, dijeron que la paz exigía perdón y olvido, e impusieron la impunidad a través de la ley de amnistía. Además, no crearon los mecanismos requeridos por los Acuerdos de Paz para superar las injusticias estructurales en el campo económico y social. En lugar de ello, implementaron medidas neoliberales que acrecentaron la desigualdad y, así, facilitaron el surgimiento de la violencia delincuencial. En 1994 prometieron hacer de El Salvador una “gran zona franca” que traería desarrollo al país y riqueza para todos. Pero las maquilas solo se tradujeron en empleos mal pagados y volátiles. En el segundo período presidencial de Arena, se privatizó las empresas estatales, reduciendo la capacidad del Estado para la necesaria y urgente reconstrucción posconflicto.

Por su parte, Francisco Flores ofreció convertir al país un centro financiero y logístico de calidad mundial. En ese marco, se legalizó la libre circulación del dólar, con lo cual El Salvador perdió capacidad de política monetaria y se redujo la capacidad adquisitiva de la gente. Para demostrar que lo del centro logístico iba en serio, Antonio Saca construyó un puerto marítimo en el departamento de La Unión, el cual nunca ha operado a plenitud. También prometió combatir la pobreza e incorporar a la vida productiva a los sectores en desventaja económica y marginación social. En su discurso de toma de posesión, adquirió tres compromisos puntuales: garantizar la seguridad ciudadana, trabajar por la concertación sociopolítica y defender la legalidad y la democracia. Lo que pasó es ya conocido. La clase política se aprovechó del Estado para esquilmarlo, la delincuencia no disminuyó a pesar de las manos duras y los problemas nacionales se agudizaron.

Después de 20 años de Arena, llegó el FMLN. “Nace la esperanza y llega el cambio” fue el eslogan de campaña con el que ganó la presidencia en 2009. Buena parte de la población se ilusionó y dio la oportunidad al primer gobierno de izquierda. Los cambios profundos nunca llegaron. No hubo reforma fiscal, el neoliberalismo permaneció inalterado, la economía no despegó y la justicia social continuó siendo materia pendiente. Más aún, los nuevos funcionarios copiaron el estilo y vicios de sus predecesores; el partido dejó de escuchar a sus bases y se volvió electorero, tal como los otros institutos políticos. La segunda administración efemelenista se puso como objetivo profundizar los supuestos cambios, pero en realidad lo que se agudizó fue el enfrentamiento entre el Estado y las pandillas.

Hastiados de Arena y del FMLN, en 2019 la gente puso sus esperanza en quienes dijeron ser diferentes a los mismos de siempre. Ellos prometieron cero corrupción, pero hoy el dinero no alcanza, han endeudado al país a niveles alarmantes y no rinden cuentas de nada ni a nadie. Ofrecieron mejorar la educación, pero tienen en abandono a la única universidad pública de país y, en general, al sistema educativo estatal. Prometieron llevar el desarrollo a las comunidades, pero redujeron el Fodes al mínimo y reconfiguraron los municipios a su conveniencia electoral. Aunque han logrado paz social, ello ha sido con base en la violación de los derechos humanos, la cooptación de los poderes del Estado y la anulación de la mayoría de mecanismos y principios democráticos. La imposición del bitcoin, la reelección inconstitucional y la amenaza de un futuro brillante empanado en oro son otras de sus obras. La de El Salvador es, pues, la historia de un fraude reiterado.

En países como el nuestro, con problemas graves de pobreza, los subsidios son importantes. Pero solamente tienen eficacia si entran dentro de políticas públicas orientadas al desarrollo y si están focalizados en aquellos grupos o personas económicamente más marginadas o impedidas de acceder al desarrollo. Regalar el pago de agua y luz un mes, no es un subsidio, sino un regalo. A los pobres les alivia los costos de un mes, pero no los pone en la senda del desarrollo.

Dejar de cobrar todos los meses tres metros cúbicos de agua al 20% los hogares en mayor pobreza, sí es un subsidio, porque les rebaja un costo mensual que pueden aplicar a otras necesidades. Esto si recibieran agua, porque la mayoría de los más pobres tienen problemas con el acceso normal y frecuente al agua. Para que los subsidios sean eficaces tienen que estar bien focalizados en los que los necesitan y promover el acceso a derechos humanos que parte de la población tiene limitados por la ausencia de recursos.

E incluso ser complementados con otras disposiciones que los hagan más eficaces. Regalar una computadora a los estudiantes del sector público puede ser un buen subsidio, en cuanto apoyo al conocimiento y al aprendizaje. Pero debe ser complementado con las capacidades del profesor que impulse el uso positivo del ordenador y con el acceso gratuito a internet, al menos en el interior de las escuelas.

Lo peor que puede hacerse con los subsidios es cambiarlos por una especie de regalos en busca de mantener la popularidad política de quien los otorga. Eso alcanza para mantener la popularidad un tiempo. Pero normalmente las economías no pueden soportar el gasto en regalos que no reproducen avances en el desarrollo.

La pensión compensatoria a los ancianos en pobreza, que comenzó hace algunos años, es un buen subsidio. Aumenta los recursos de la gente, el dinero se va a la economía y al gasto, mejora el presupuesto familiar de quienes atienden a los ancianos y mueve un poco el comercio. Pero entre nosotros se ha quedado en una proporción de ancianos muy pequeña y no ha funcionado adecuadamente, interrumpiéndose con frecuencia el pago mensual.

Cuando se da un subsidio hay que darlo en fechas fijas, evaluarlo e irlo ampliando a otros sectores en la medida en que se perciben sus frutos. Los regalos producen agradecimiento durante un tiempo, pero no previenen las crisis ni revierten situaciones. En El Salvador ha habido buenos subsidios, como el dado a las madres a cambio de que exigieran a su hijos pequeños la asistencia a la escuela. La mejora de la educación produce siempre desarrollo y la pobreza es una de las razones para el abandono temprano de la escuela.

A los pobres no podemos verlos como un recurso electoral o un objeto de propaganda política. En nuestro país los políticos han utilizado sistemáticamente a los pobres en su propio interés y beneficio. Las promesas falsas de llegar al desarrollo han sido demasiado frecuentes. En medio de la necesidad se agradecen los regalos, pero es triste que la situación permanezca sin cambios. Los gobiernos prefieren dar regalos en vez de subir el salario mínimo a niveles decentes o mejorar de tal manera las instituciones públicas de servicios básicos que den servicios de calidad a los más necesitados. El culto a la apariencia se refleja en las obras públicas tratando en algunos momentos de mejorar infraestructura básica de servicios, y en otros de impresionar con obras suficientemente grandes como para dar la impresión de desarrollo.

A las personas en pobreza no hay que verlos ni como un problema ni como un objeto de manipulación. Son seres humanos dotados de plena dignidad a los que el Estado, y todas las personas e instituciones de buena voluntad, deben ayudar a convertirse en sujetos de su propio desarrollo. Impulsar los derechos humanos de todos, y especialmente de los más pobres, e incluso subsidiarlos para que lleguen a ser protagonistas de su desarrollo, es tarea del Estado. Y la ciudadanía es responsable de que el Estado cumpla con su obligación.

Recientemente se hizo público un estudio que, a partir de datos del Banco Mundial, muestra que el monto total de las remesas que los migrantes envían a sus países de origen triplica la ayuda que el conjunto de los países ricos da a las naciones pobres. En otras palabras, los migrantes contribuyen más al desarrollo de los países con problemas de pobreza que los países del primer mundo. Las cifras no engañan: la ayuda exterior de los países ricos en 2023 fue de 202 mil millones de dólares, mientras que los migrantes aportaron 781 mil millones en remesas. En América Latina, los países que reciben más remesas son centroamericanos; El Salvador, Honduras y Nicaragua perciben en remesas más del 20% de su producto interno bruto. La función social de reparto de la riqueza, que deberían llevar a cabo los países ricos con sus aportes a las economías en desarrollo, la realizan mucho mejor los migrantes expulsados de sus países por la pobreza, la guerra, la corrupción o la problemática medioambiental. Generosidad y justicia son cualidades en las que los pobres, cuando tienen oportunidad, brillan más que los ricos.

Tiene toda la razón el cardenal Gregorio Rosa Chávez cuando afirma que los migrantes merecen respeto y dignidad. Resulta intolerable desde la fe cristiana que se les maltrate, que se les tipifique como criminales, que sean objeto de desprecio y racismo. No se les puede expulsar de los países de destino solo por no tener papeles. Los migrantes no solo enriquecen con su trabajo y sus impuestos a los países desarrollados, sino que al aliviar la pobreza y las vulnerabilidades de sus países de origen, contribuyen a disminuir las disparidades mundiales y a construir una mayor cultura de paz. Porque las diferencias y desigualdades, al ser en sí mismas formas de violencia estructural, terminan impulsando la violencia y la disfunción social.

En los países con serias deficiencias en el campo de la seguridad social, las remesas han funcionado como un complemento fundamental en el campo de la salud, la educación y la vivienda. Por ejemplo, algunos jóvenes salvadoreños pueden acceder a una educación universitaria solo gracias a las remesas de sus parientes. En ese sentido, para reducir el impacto de algunos de los factores que obligan a migrar, la reducción del costo del envío de remesas debería ser política pública en los países desarrollados. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio estipulan que, a partir del año 2030, el costo de transacción por remesa no será mayor al 5%. El Fondo Monetario Internacional estima que si se cumple con esa meta de la ONU, los países pobres podrían recibir alrededor de 32 mil millones de dólares adicionales cada año. Por ello, respetar a los migrantes y apoyarles debe ser una política pública internacional.