Editoriales y Opiniones

La brecha entre la valoración personal de Bukele y la de su gestión muestra un desfase interesante. Mientras aquella acumula puntos (8.15), en particular, por la seguridad y el autoritarismo, su gobierno los pierde (7.85). Entre temores y contradicciones, la opinión pública distingue entre el liderazgo personal y la gestión gubernamental. La diferencia es quizás más relevante que el descenso en la valoración positiva de Bukele. Tal vez el dato más revelador de la última encuesta del Iudop sea que los colaboradores del mandatario no están a la altura de las expectativas sociales. La discrepancia plantea el dilema de seguir igual o cambiar de rumbo.

Aproximar el desempeño gubernamental a la valoración del liderazgo personal implica cambiar radicalmente la gestión del poder. Bukele se rodeó de incondicionales, sin considerar su idoneidad para el cargo. Las áreas peor valoradas, según la encuesta, son la economía nacional y familiar, y el acceso a la vivienda y la salud. En general, toda la actividad gubernamental, excepto la seguridad, registra valoraciones más bien bajas.

La reprobación de los diputados es notable. La opinión pública dice que no la escuchan ni se ocupan de sus necesidades, aunque reconoce que legislan exclusivamente para Bukele, al igual que los jueces, que también acatan sus órdenes. La Corte Suprema está desaparecida. La valoración de los alcaldes no va a la zaga. También es negativa, por no cumplir las promesas ni cuidar de la población. El reordenamiento de las jurisdicciones municipales entregó al oficialismo las alcaldías, sin que ello se tradujera en un mejor servicio. Los resultados se reflejan en la caída de la popularidad del partido oficial. Solo un tercio se identifica con él, el resto dice no ser afín a ningún partido político.

La excesiva centralización de la gestión gubernamental, vendida como más eficiencia y mejor servicio, no se traduce en buen gobierno. La poca estima del desempeño de los poderes legislativo y judicial, y de la administración municipal aconseja replantear su futuro inmediato. Los primeros no tienen independencia para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y los alcaldes, además, no disponen de los recursos para atender a la gente. Una sola persona, por muy inteligente, formada y avezada que sea, no puede dirigir satisfactoriamente una gestión gubernamental de por sí multifacética y compleja. Prueba de ello es que la centralización se ha convertido en parálisis e incompetencia.

Aun en el caso de que Bukele tuviera la mejor de las intenciones y ordenara sabia y sensatamente, los datos muestran que los mandados carecen de capacidad y disponibilidad para cumplir sus órdenes cabalmente. Si estas fueran desatinadas, probablemente ninguno de sus colaboradores se atrevería a señalarlo y a proponer alternativas. Por otro lado, la concentración extrema del poder hace a Bukele directamente responsable de la gestión gubernamental. Juega a su favor que la gente achaque el mal gobierno a sus colaboradores, no a su liderazgo. Aún no ha hecho la conexión, incluso desea que se perpetúe en el poder. Eso le presta tiempo para evaluar y cambiar el rumbo.

El cambio de dirección es difícil, pero posible. Superar la contradicción entre un liderazgo claramente positivo y una gestión gubernamental pobre implica deshacerse de los colaboradores ineptos, aun cuando sean leales, y reemplazarlos por otros bien formados, honrados y deseosos de servir a su pueblo. Aunque razonable, la operación es complicada. En primer lugar, muchos de los candidatos al desempleo manejan información de primera mano sobre las interioridades del régimen, con la cual pueden chantajear a la familia Bukele. Y si la extorsión no funciona, pueden exponer sus trapos sucios para vengarse.

La segunda complicación es encontrar personas cualificadas y dispuestas renunciar a su tranquilidad y a jugarse su prestigio para colaborar con un gobernante autoritario y muy cuestionado por varios informes sobre corrupción y negociaciones con el crimen organizado. En este sentido, el cambio de dirección pasa por reconocer públicamente errores, incluso delitos, tan graves que pondrían en peligro su permanencia en el poder. Obviamente, esta no es una opción, al menos por ahora.

Previsiblemente, el régimen continuará como hasta ahora, aun con el riesgo de ahondar todavía más el malestar registrado por la encuesta. Rehuir los reclamos de las mayorías populares y recurrir a la represión para contener a los descontentos erosionarán el liderazgo personal de Bukele a mediano plazo. El desgaste de su partido, que ya no es opción para la gran mayoría, no es buen presagio.

El régimen se encuentra en una encrucijada que, dadas las circunstancias, no tiene solución viable. Si no cambia, se adentrará más aún en un callejón sin salida. Alterar el rumbo implica renunciar a su identidad autoritaria y represiva. La irracionalidad, la imprudencia y la ambición son una mezcla funesta.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por decreto legislativo, cada 30 junio se celebra en El Salvador el Día del Abogado. En ese marco, es oportuno recordar que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por las Naciones Unidas, afirman que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

En su sentencia 6-2020, la legítima Sala de lo Constitucional recordó que en el derecho europeo caló la idea de que la “extrema injusticia no es derecho”, mejor conocida como la fórmula de Radbruch. Según este profesor alemán de filosofía del derecho y de derecho penal, “por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero, además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad”.

Ahora bien, las graves violaciones a los derechos humanos son un supuesto de injusticia extrema. Que los abogados analicemos (y los estudiantes de ciencias jurídicas también) si las leyes son derecho extremadamente injusto, es parte de la esencia de esta profesión. Es decir, se debe cuestionar, analizar, denunciar, no obedecer a ojos cerrados sin importar si las normas jurídicas afectan o no a las personas.

¿Habrá algo que celebrar en el Día del Abogado cuando las normas jurídicas ya no cumplen con el rol de proteger a las personas? ¿Cómo se puede celebrar girando la vista hacia otro lado ante las afectaciones a derechos humanos? ¿Por qué hemos dejado de hablar sobre el respeto a los derechos humanos siendo profesionales de derecho? Sin Estado de derecho no habrá ninguna libertad que ejercer. ¿Por qué hay jueces que se convierten en la “simple boca que pronuncia las palabras de la ley” (como lo manifestaba Montesquieu) cuando el artículo 185 de la Constitución les da la facultad de no aplicar las leyes cuando estas violen los preceptos constitucionales? ¿En qué momento las autoridades judiciales dejaron de garantizar el debido proceso?

El 6 de junio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados externó su preocupación por la decisión judicial en la que se ordenó la detención provisional de la abogada anticorrupción Ruth López. La relatora recordó que el debido proceso no es opcional y que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial.

Esta misma relatora, en mayo de 2025, durante una visita a Guatemala, afirmó que “la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”. Asimismo, dijo que “esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder, se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”. Y añadió: “Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad, y no como una puerta trasera para la misma”.

Nos parecen aplicables estas afirmaciones al contexto salvadoreño, porque dan cuenta de una epidemia que enferma a nuestra región centroamericana. Si algo nos han enseñado el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya, y otros defensores es que no es posible que los derechos fundamentales de la persona queden sujetos a la discrecionalidad de los mismos entes frente a quienes se pretenden hacer valer (algo que ya decía la jurisprudencia constitucional).

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaba que la revisión judicial de una detención debe ser inmediata, especialmente las realizadas sin orden judicial, y que la Corte Interamericana ya indicó que no es proporcional el plazo de 15 días para ese control, incluso bajo la suspensión de garantías. La Comisión reiteró la obligación del Estado de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas.

En nuestro país hay un grave retroceso en el respeto a los derechos, y por ello la tarea para el profesional del derecho es aún más retadora. Los abogados debemos asumir y ejercer el derecho a defender la democracia. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso López Lone y otros vs. Honduras, este derecho constituye una específica concreción del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende, a su vez, el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión.

* Sandra Santos, académica del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Revestido de honorabilidad, Bukele arremetió de nuevo contra sus críticos. Esta vez, contra quienes identificaron a sus fiscales, sus jueces y sus troles. Los amenazó con encarcelarlos bajo el régimen de excepción por delincuentes. Nadie duda de la verosimilitud de la amenaza. Poco después, ProPublica dejó maltrecha esa honorabilidad al divulgar los resultados de una investigación llevada a cabo por agentes federales de Estados Unidos, que encontraron delitos reales, no imaginarios. Irónicamente, la investigación fue solicitada por el Trump del primer mandato. La vida siempre sorprende.

Varias agencias gubernamentales de Estados Unidos integraron una comisión federal para investigar a la MS-13. Pronto, los agentes ampliaron el horizonte de las averiguaciones para incluir a Bukele, a sus parientes y a catorce de sus altos funcionarios. Encontraron pruebas sólidas para acusarlos de lavar dinero, de desviar fondos de la Usaid a las pandillas, de negociar con ellas, de impedir la acción fiscal y judicial, y de obstaculizar las averiguaciones de la propia comisión federal. Estos señalamientos no son caprichosos, como los de Bukele; están respaldados por documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses antiguos y actuales.

La comisión también halló evidencia de la conspiración para encubrir el pacto con la MS-13. Los funcionarios de Bukele desaparecieron a los líderes. A cuatro, buscados por los agentes federales por homicidio, los sacaron de la cárcel. A otros los ayudaron a fugarse. La extradición de los que permanecían detenidos fue impedida por los magistrados y el fiscal de Bukele. Algunos de los pandilleros detenidos están acusados del asesinato de ciudadanos estadounidenses y de conspirar para asesinar a un agente del FBI. En la investigación federal, Bukele aparece como valedor de los líderes de las pandillas.

Poner a buen recaudo al liderazgo familiarizado con el pacto que lo llevó al poder y le facilitó gobernar en los primeros años es esencial para su sobrevivencia. Solo consiente en la extradición de aquellos líderes ajenos a sus tejemanejes con la cúpula de las pandillas. Bukele sabe que la comisión federal reunió pruebas que pueden ser usadas para respaldar acusaciones penales y causarle daños políticos irreparables. Conjuró el peligro al conseguir que Trump le devolviera a los líderes procesados en los tribunales estadounidenses. En consecuencia, los fiscales retiran los cargos alegando razones de seguridad nacional y política exterior. La embajadora en Washington saludó la decisión como un gran logro diplomático. Bukele puede descansar tranquilo. Los hallazgos de la comisión federal probablemente no lo sentarán en el banquillo de los acusados, pero ensombrecen aún más un liderazgo hasta hace poco aparentemente irresistible.

Los senadores demócratas de Maryland, Virginia y California, contrarios a financiar con los impuestos estadounidenses las cárceles de Bukele, profundizaron el desprestigio. Solicitaron bloquear las propiedades en suelo estadounidense de doce funcionarios de Bukele, cancelarles o negarles la visa, e impedirles transacciones económicas. La lista la encabeza su vicepresidente, la engrosan varios ministros y concluye con el fiscal general y el presidente del banco central. Además, piden usar el poder estadounidense en las instituciones internacionales para suspender la asistencia financiera al país. La petición difícilmente prosperará, pero oscurece aún más los nubarrones que se ciernen sobre la imagen de Bukele en el exterior.

Y, por segunda semana consecutiva, The Economist volvió a la carga. En esta ocasión, al comprarlo con el presidente de Ecuador, lo descalifica como “envalentonado” o “perdonavidas”. Aunque es frecuente relacionarlos por la juventud, la afición a las redes digitales y el enfrentamiento con el crimen organizado, el ecuatoriano rechaza como absurda la similitud, porque a él le interesa fortalecer la educación y la salud públicas, y crear empleo para la juventud vulnerable.

La purga de los magistrados y los fiscales, y el acoso y la intimidación de los funcionarios salvadoreños que investigaron a Bukele, sus parientes y sus funcionarios, y que también colaboraron con los federales no han conseguido encubrir la podredumbre. La evidencia reunida por los agentes federales pone en entredicho su fama de azote de las pandillas. Las nuevas revelaciones corroboran el pacto con ellas y la corrupción del régimen.

El acuerdo con Trump detuvo la millonaria investigación federal y sus posibles consecuencias judiciales, pero no las políticas. Bukele se consume en una dictadura sin propuesta. Incluso la seguridad a la que debe su fama está en función del ocultamiento del origen inconfesable de su poder. Y la honestidad, otro valor destacado antaño, ha quedado hecha añicos por las investigaciones periodísticas.

Desgastado y atrapado, se apropió del principio que reza que la mejor defensa es el ataque. Persigue para no ser perseguido. Las increíbles novedades tantas veces prometidas tienen muy pocas posibilidades para concretarse. Bukele no tiene más propuesta que permanecer a como dé lugar. La novedad la extravió hace tiempo, si es que alguna hubo alguna vez.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José M. Tojeira

A inicios de este año el secretario general de la ONU decía que “los derechos humanos están siendo asfixiados uno a uno, por autócratas, el patriarcado, las guerras y el sistema financiero mundial moralmente en quiebra”. Y pedía a todos los seres humanos de buena voluntad, así como a los gobiernos democráticos, hacer “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. A lo largo de lo que va del año, solo unos pocos meses, hemos ido viendo como la situación se descompone cada día más. La política errática y arbitraria del presidente de Estados Unidos ha incidido en la prolongación o exacerbación de guerras, mal trato y odio a los migrantes, violaciones a Derechos Humanos y alegría de los gobiernos autócratas, que se sienten justificados por el modo caprichoso de ejercer el poder en el país del Norte. El problema de no respetar los Derechos Humanos es la profunda deshumanización que provoca tanto en los que los violan como, en ocasiones, en los que sufren en su carne el mal trato.

El problema repercute también entre nosotros. El acuerdo para encarcelar en El Salvador a personas expulsadas de Estados Unidos ha sido una fuente de violaciones de derechos básicos. Impacta recientemente que venezolanos que llegaron recientemente al país no hayan podido visitar a sus familiares privados de libertad en el CECOT. Presos algunos de ellos que ni siquiera tienen un proceso abierto ni acusación seria en su contra. Con razón nuestros obispos pedían que cesara ya el régimen de excepción y que no nos convirtiéramos en una cárcel internacional. La reciente detención de defensores de Derechos Humanos como Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, Ruth Eleonora López y Enrique Anaya ha provocado que tanto a nivel internacional como internamente crezca la preocupación por la situación salvadoreña. Porque perseguir defensores de derechos no solo conduce a la interrupción de lo que llamamos Estado de Derecho, sino que además arrastra a una descomposición moral de la sociedad. Ya hemos visto entre fanáticos de la política repetir ataques en las redes contra quienes defienden derechos, incluso animando al Estado a cometer nuevas violaciones. Hacer la guerra, sea estatal, personal, jurídica o mediática contra quienes defienden a los injustamente golpeados o detenidos es caer en una forma de violencia que destruye la necesaria solidaridad de los países para construir un desarrollo coherente con la dignidad humana.

Los Derechos Humanos, en definitiva, además de estar garantizados por la Constitución y por un buen número de Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro propio país, constituyen una moralidad externa al poder. Y esto último es sumamente importante porque quienes tienen poder político o incluso económico quieren con frecuencia decirnos lo que es correcto o incorrecto en nuestro comportamiento. Y la moral o la ética no dependen de lo que diga el poder, sino de lo que dice la conciencia humana acostumbrada universalmente a distinguir lo bueno de lo malo y a irlo plasmando en sus reflexiones y decisiones universales, muchas de ellas amparadas por el pensamiento de las diversas religiones. Si el individualismo consumista actual impulsa a convertir los derechos en una simple dependencia del poder, el espíritu humano, consciente de la igual dignidad humana y de la fraternidad universal nos dice lo contrario: que los Derechos Humanos son fruto de la experiencia universal del bien y en ese sentido una norma que está por encima de toda ley dada desde el poder de un grupo o una persona. Defender derechos es en ese sentido defender el sentido verdadero de la humanidad y del bien común que todos debemos buscar. Y por eso, cuando se detiene sin causa clara a defensores de Derechos Humanos, es importante que todas las personas de buena voluntad pidan verdad y libertad para los injustamente detenidos.

En El Salvador de los últimos 50 años, la falta de certezas ha sido crónica. Salir de la incertidumbre de una guerra civil sin vencedores fue una de las bases racionales de la solución negociada y pacífica del conflicto armado. Pero la firma de la paz no supuso romper la incertidumbre económica, a la que se sumó una inseguridad pública provocada por la injusticia social y por pandillas cada vez más violentas. Además, la desconfianza en el sistema judicial, en las instituciones estatales en general e incluso en las redes de protección social continuó activa, llegando hasta la época actual. En el caso de nuestro país, la incertidumbre responde a problemas estructurales de larga data y, lejos de disminuir, va en aumento. Si bien quizás un 25% de la población encuentra seguridad y estabilidad dentro de las fronteras, las grandes mayorías viven sin tener la seguridad mínima para planificar su futuro.

La estabilidad laboral es hoy un privilegio. El recorte de plazas en el Estado, el desalojo de ventas informales y la expropiación de tierras han perjudicado la economía de muchas personas. El salario mínimo, por otra parte, continúa siendo demasiado mínimo para cubrir las necesidades básicas. Y la economía nacional no crece lo suficiente como para generar esperanza de mejorías en los sueldos. Con la ola de agresividad antiinmigrante, migrar es una apuesta cada vez más incierta. Si Estados Unidos no ceja en la persecución de quienes no tienen regularizada la permanencia en el país, las remesas podrían venirse abajo. Asimismo, la inseguridad jurídica ha aumentado exponencialmente. La guerra jurídica contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos muestra un sistema judicial muy poco confiable, ajeno al derecho convencional y constitucional. Si en el pasado ya había jueces corruptos, hoy los jueces libres e independientes son una rara excepción. Y la prolongación del régimen de excepción se ha convertido en un factor que compromete el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la defensa de derechos básicos. El miedo a expresar el pensamiento, especialmente si es crítico, va en aumento. Y si a todo lo anterior se suman las amenazas del cambio climático, de la explotación minera a cielo abierto y del egoísmo individualista del “sálvese quien pueda”, no sorprende que una profunda incertidumbre caracterice hoy al país. Aunque la propaganda pinta un El Salvador de ensueño, la realidad erosiona cada vez más la confianza en el futuro.

Todo ser humano necesita contar con un mínimo de esperanza y optimismo para el sano desarrollo de su historia personal y social. La incertidumbre, en cambio, tiende a reducir las expectativas de futuro, conduce al estancamiento y daña la moral. Nadie desea vivir en un país en el que sus ciudadanos alivian sus crisis escondiéndose en las redes sociales en vez de ser protegidos por un espíritu comunitario que les brinde apoyo y cohesión. Para reducir la incertidumbre es indispensable poner fin al régimen de excepción, respetar los derechos humanos, cesar la guerra jurídica contra la oposición, reconstruir una judicatura independiente y abrir un diálogo franco entre el Gobierno y la sociedad civil. Persistir en las causas de la incertidumbre solo garantiza subdesarrollo.

Dos escuelas remodeladas por día no es un buen tema para relanzar la marca Bukele en el mercado de las redes sociales. La promesa de recuperar aceleradamente la infraestructura escolar es de 2021. Desde entonces forma parte del repertorio del discurso oficial. La repetición es obligada, dado el reiterado incumplimiento. Pero la reiteración no la hace más creíble. El tema es espinoso. Más allá de confiar o no en la promesa, la meta ha resultado ser demasiado grande para las posibilidades de Bukele. La reducción de tres a dos escuelas por día no es suficiente.

No es una cuestión ideológica ni política, sino de posibilidades reales. Los datos oficiales, como dice el mismo Bukele, son irrebatibles. Por tanto, tampoco es una cuestión opinable ni de interpretación. La web oficial registra 28 centros escolares intervenidos. En tres, las obras están concluidas. En la mayoría (25), están “en ejecución”. En seis de ellos, el avance es superior a la mitad. La intervención en catorce de esos centros fue anunciada en 2023 y 2024. En algunos de los veinticinco centros con obras “en ejecución”, los trabajos comenzaron hace un año. En seis se omite el avance y en trece no supera la mitad. En uno de San Miguel, la intervención comenzó hace un año y solo ha avanzado el 20 por ciento. Los trabajos caminan lentamente.

La necesidad de ratificar su interés en la educación nacional hizo que Bukele alegara que no ha cerrado centros escolares, al menos 67, sino que los ha “unificado”; y que exagerara su compromiso con la Universidad de El Salvador (UES). Poco tardó esta es precisar sus afirmaciones. Desde 2021, no ha aumentado sustancialmente el presupuesto de la UES; el incremento al que el mandatario se refirió fue un refuerzo para la educación en línea durante la pandemia, en 2020-2021. No entregó doce edificios nuevos, sino siete y sin transferir la propiedad. De los veinticinco que prometió intervenir, solo dieciséis experimentaron algunas mejoras. La ligereza mostrada en el manejo de los datos puede deberse a que Bukele no está bien informado o que no les presta mucha atención. Sea lo que sea, corre el riesgo de ser desautorizado.

El incumplimiento de la promesa de poner a punto los centros escolares no es un descuido aislado. La ejecución de la inversión pública adolece del mismo mal; el año pasado no llegó a la mitad de lo presupuestado. La de educación es aún menor. Otro dato relevante es el uso de los fondos públicos. El país creció bastante menos que el promedio centroamericano, a pesar de disponer de más dinero que sus vecinos. Solo creció el 2.6 por ciento, mientras que los demás superaron el 3 por ciento. Sin embargo, la recaudación fue superior al promedio centroamericano. Esto significa que dispuso de más dinero, proveniente de los impuestos y de la deuda, superior al promedio regional, pese a lo cual creció menos que el resto. Es decir, no usó inteligentemente esos recursos, que gastó en salarios y servicios, en lugar de impulsar el crecimiento económico.

El aumento del gasto público disparó la inflación y el encarecimiento de la vida hizo al país menos atractivo para la inversión directa, que ya, de hecho, lo evita. La pobreza ha retrocedido no por la redistribución de la riqueza nacional, sino por las remesas, las cuales también contribuyen a que el dólar circule. Aun cuando debe mucho a los sacrificios de la diáspora, Bukele no la ha defendido de la criminalización y la persecución de Washington.

Los pocos datos disponibles no respaldan las pretensiones de Bukele. Si los hubiera más favorables, seguramente serían del dominio público. Esa es una razón poderosa para ocultar la información. La rendición de cuentas objetiva y veraz es perjudicial para la credibilidad de Bukele. Aparentemente, al menos por ahora, es mejor esconder, negar y olvidar.

De todas maneras, el estado de abandono de la infraestructura escolar es entendible. El mismo Bukele reconoció públicamente que no había podido cumplir su promesa porque “pensamos que las escuelas estaban en otra situación” y resultó “más difícil de lo que nosotros esperábamos”. Lo que no es comprensible es cómo prometió a ciegas y sin saber a qué se estaba comprometiendo. Después de seis años en el poder es ilógico culpar a un pasado cada vez más lejano.

Asimismo, es difícil adivinar qué quiso decir el 1 de junio al anunciar que lo que está “a punto de construir solo es posible gracias a lo que hemos logrado en estos años”. Ciertamente, en educación y en las otras áreas sociales no se observa mucha construcción, lo cual deja al futuro flotando en una nebulosa. Eso sí, dijo bien cuando agregó que eso “solo será posible con la misma fe”. Solo que fe solo se puede tener en el Dios de Jesucristo. Lo demás es idolatría.

El 26 de mayo se publicaron en el Diario Oficial las nuevas tarifas del salario mínimo. Según Decreto Ejecutivo, las cifras son las siguientes: $408.8 para comercio, industria, agroindustria y servicios; $402.32 para maquila textil; $305.2 para recolección de caña y beneficios de café; y $272.53 para el sector agropecuario y de recolección de café. Las tarifas vigentes suponen un incremento uniforme del 12%.

Se les llegó a considerar los hombres más poderosos del planeta: uno como presidente de Estados Unidos y el otro como el hombre más rico del mundo. Si el presupuesto de El Salvador se mantuviera constante en 10,000 millones de dólares, la riqueza de Elon Musk calculada en 2024 podría cubrirlo durante casi 50 años. Ambos, Trump y Musk, aparecieron muy unidos durante la campaña presidencial estadounidense del año pasado, así como durante los primeros 130 día de la presidencia de Donald Trump. El millonario invirtió cientos de millones de dólares en la campaña presidencial y legislativa, y el nuevo presidente le dio un enorme poder en el manejo del Estado. Hoy son noticia por el pleito que se traen y su ácida discusión en las redes. Trump amenaza con suprimir los importantes contratos que el Gobierno de Estados Unidos tiene con las empresas de Musk, y este le amenaza con el conocimiento de los vínculos del hoy presidente con el millonario Epstein, acusado de abuso sexual de un gran número de mujeres, muchas de ellas menores de edad.

Lo que parece un pleito propio de las revistas del corazón, que con tanto morbo narran el paso del amor al odio de parejas famosas, tiene unas connotaciones morales y políticas importantes. Nos muestran, en primer lugar, la vulnerabilidad del poder cuando este se basa en el dinero o en la capacidad de manipulación política. Decía Maquiavelo, hace ya quinientos años, que “no existe hombre lo suficientemente habilidoso como para adaptarse a todas las circunstancias”. Y ni Musk ni Trump fueron lo suficientemente dúctiles como para llegar a adaptarse mutuamente. El poder, compuesto mayoritariamente de un conjunto de intereses, es siempre vulnerable porque choca con aspectos contradictorios de sus alianzas o con intereses desplazados de la alianza fundamental. Por eso, los que buscan ser amigos en simultáneo de poderes diferentes, económicos y políticos pueden quedar fácilmente en el bando perdedor.

Además, cuando la soberbia del poder se lanza a manipular la verdad o la justicia, como han hecho en repetidas ocasiones Musk y Trump, la pérdida de autoridad está a la puerta. Y con la pérdida de autoridad comienza también a erosionarse y disminuir el poder. John Rawls, reconocido filósofo norteamericano, decía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es del pensamiento […] Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones”. Los dos poderosos amigos hoy convertidos en contrincantes abusaron de la justicia y de la verdad en sus transacciones. Y al final, como todos los tramposos que no tienen las cuentas claras, terminaron en un pleito que solo los debilita. Ambos también estaban rodeados de una especie de culto a sus personas, se pensaban inmunes a cualquier tipo de oposición desde su poder manipulador o económico, y no aceptaban nada bueno en sus opositores tradicionales. Les gustaba y les gusta todavía superar el gobierno de leyes y sustituirlo por su voluntad personal. Hoy su desencuentro los lleva a un dilema sin solución, que solo les retrotraerá a convertirse, como decía Shakespeare de los autócratas, en “un miserable actor que fanfarronea y se agita durante su hora en la escena, y luego no se lo escucha más”.

La lección de este cuento para todos los que gustan o apoyan un régimen de gobierno discrecional en lugar del gobierno de leyes es clara. Insultar, amenazar o meter presos a los opositores políticos solo trasparenta el autoritarismo. También desde el poder se puede caer en la autodebilitante posición de exacerbar las contradicciones al querer eliminarlas.

Recientemente se conoció la condena del exmininistro de Defensa Guillermo García. Sus años como ministro fueron los más brutales de la guerra civil; terribles masacres y otras barbaries se cometieron en su época al frente de la Fuerza Armada. Ello hace pensar que el Ejército tenía una estrategia definida de represión y eliminación física de todo lo que significara o pudiera significar oposición a la política autoritaria y represiva de aquel entonces. La jueza que condenó a García también le ordenó al Estado pedir disculpas a los familiares de las víctimas. Faltó exigirle a la Fuerza Armada que revisara su historia, que renunciara a un pasado de represión y crimen, y que pidiera las disculpas correspondientes. La masacre en El Mozote y otras zonas del país son parte de un modo de proceder que debe ser rechazado públicamente por las autoridades actuales de la Fuerza Armada.

La justicia tardía, aunque positiva tanto para los familiares de las víctimas como para El Salvador en su conjunto, tiene algunos problemas inherentes. En primer lugar, las personas enjuiciadas y condenadas son sombras de lo que fueron. De ser imbatibles en su momento, son ahora ancianos, enfermos, hombres debilitados por el paso del tiempo. Además, no existe en El Salvador ninguna cárcel que reúna las condiciones adecuadas para recluir a personas de la tercera edad. Dada la inhumanidad que impera en los centros penitenciarios nacionales, encerrar a ancianos en ellos no debería ser una opción. Ciertamente, algunos sectores podrían verse tentados a pedir que sufran por lo que hicieron, pero la justicia nunca debe convertirse en venganza.

La impunidad de crímenes de lesa humanidad es un cáncer para la sociedad que la tolera. Sin embargo, la justicia tardía también contribuye al deterioro de la convivencia, especialmente cuando llega tan tarde como en el caso de García y de otros como él. La excesiva lentitud destruye la credibilidad de los sistemas judiciales y deja hechos importantes a merced de la política y de las redes de influencia del poder. No es justo ni decente esperar a que los violadores de derechos humanos tengan 80 o 90 años para juzgarlos. En ese sentido, la tarea es crear políticas que rompan la impunidad, eliminen la lentitud tradicional del sistema judicial y corrijan la tendencia cultural a confundir justicia con venganza. Incluso con las limitaciones de la justicia tardía, la sentencia en contra de García debería estimular al sistema judicial y fiscal a revisar sistemáticamente todos los casos pendientes y a agilizar su enjuiciamiento. La lentitud con la que se procesa a los detenidos del régimen de excepción no es un buen presagio para los casos del pasado. Es fundamental evitar que las obligaciones de justicia se demoren, se teatralicen o se conviertan en espectáculo.

Todos los obispos de El Salvador han firmado recientemente una Carta Pastoral en la que analizan la situación social y política salvadoreña, al tiempo que hacen una serie de peticiones en favor del bien común y la justicia. Aunque no son muchos los reclamos y parten todos de la preocupación evangélica por los más pobres, terminan describiendo una realidad triste e injusta, presente en nuestra patria. Algunos de los reclamos se refieren a situaciones crónicas en temas como la salud y la educación que permanecen, a pesar de algunos intentos de mejora, en una situación deplorable. Insisten los obispos con toda razón en que se hagan esfuerzos mucho mayores en esos campos tan estratégicos para un desarrollo inclusivo y justo.

Otras peticiones se refieren a los efectos de un régimen de excepción excesivamente prolongado y que ha creado tensiones e injusticias en el país. Se exige en ese sentido el fin del régimen. Y salen a relucir algunos de sus abusos cuando se pide al Gobierno que no convirtamos el país en una especie de cárcel internacional, o cuando se solicita que el sistema judicial abandone su lentitud y realice con rapidez juicios imparciales, liberando a inocentes, hoy por hoy presos sin posibilidad de defensa. La posición episcopal contra la colaboración con las políticas anti inmigrantes de países desarrollados, que tanto daño pueden producir a las familias salvadoreñas y al propio país, toca de refilón silencios e incluso actitudes de autoridades salvadoreñas que dañan la dignidad de los migrantes. La migración es un derecho, nos dicen nuestros obispos y el desprecio o agresión a los mismos, lo haga quien lo haga, se opone directamente al pensamiento cristiano.

Reclaman, como es lógico, la derogación de la nueva ley que autoriza la minería metálica en el país. Una gran proporción de nuestro pueblo cristiano lo exige y se escandaliza de que las palabras de nuestros obispos no tengan respuesta racional y dialogante. Impacta especialmente en la carta pastoral la exigencia de que no se persiga a los defensores de Derechos Humanos ni a los que defienden el medio ambiente. Los obispos han detectado con claridad el ambiente de irrespeto a los Derechos Humanos por parte del Estado, expresado tanto por autoridades como a través de las redes afines, y por eso piden que no haya persecución. Los ejemplos de Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Ruth Eleonora López son más que evidentes de lo que dicen. Los campesinos, el sector con mayor pobreza en el país, se alegrarán sin duda con esta carta pastoral solidaria con ellos. Es absurdo mantener un salario mínimo del campo inferior al que se señala para los sectores urbanos. Los obispos conocen la marginación de este sector y piden una política seria de apoyo a quienes nos alimentan con su trabajo.

Como cristianos debemos apoyar a nuestros obispos. Fijar y concretar la problemática de El Salvador es necesario para establecer un diálogo fructífero sobre el desarrollo inclusivo y solidario que necesitamos desde hace muchos años. Desde su fuerza y su valía moral los obispos nos están animando a impulsar el diálogo en el país. Solo viendo objetivamente los problemas, se pueden encontrar soluciones adecuadas. La propaganda engañosa, la guerra legal contra opositores, los insultos a quienes tratan de buscar verdad y justicia, las reservas de información, son mecanismos contrarios al diálogo. Difícilmente encontrará el gobierno planteamientos tan objetivos y serenos como los que en esta carta plantea la Conferencia Episcopal. Escuchar y dialogar es el reto del liderazgo político, tanto si quieren tomar en serio la ética como si desean que la Constitución de la República no se disuelva en la corrupción de normas secundarias y mandatos arbitrarios. El bien común, la centralidad de la persona, la justicia social, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, temas todos constitucionales, están en juego. Y los obispos nos llaman a rescatarlos.