Sólo en Estados Unidos entran y salen de los penales diez millones de personas cada año. Los internos tienen la obligación de trabajar y cualquier empresario del sector privado puede contratar presos como mano de obra. De hecho, las prisiones se han convertido en verdaderas factorías que se aprovechan de una mano de obra barata y cada vez más numerosa. Manufacturación de ropa, muebles, gafas, calzado…

Varias compañías estadounidenses dedicadas a este negocio se han establecido en otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el único país europeo que posee prisiones totalmente privadas.

Sin embargo, la mayoría de las naciones europeas ha optado por un modelo intermedio: las cárceles semiprivadas. En Francia existen 23 prisiones de este tipo. La vigilancia y la dirección de los centros penitenciarios sigue en manos de la Administración pública y todo lo demás está gestionado por el sector privado.

“El negocio de las cárceles” aborda desde diversos puntos de vista la controversia sobre la privatización de los sistemas penitenciarios. Para las autoridades de Estados Unidos, el país líder del libre mercado, no existen dudas: lo ven como una necesidad. Los detractores de esta invasión de empresas privadas en el ámbito de un sector tradicionalmente público plantean que, al igual que la seguridad nacional, la judicatura o la política exterior, los convictos deben seguir bajo el control y la tutela del Estado y no debe imponerse a este principio un criterio económico.