Dos nuevos escándalos de presunta corrupción sacuden al Gobierno de Gustavo Petro.
El primero involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de integrar una presunta red de tráfico de influencias para gestionar contratos, cargos y decisiones en distintas entidades del Estado. Petro sostiene que los corruptores serían los empresarios que intentaron sobornarlas y les pidió a las hermanas que los denunciaran y devolvieran cualquier dinero que hubieran recibido.
El segundo caso surgió tras las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, quien denunció presiones para trasladar más de 1,2 billones de pesos a la UNGRD, aprovechando la declaratoria de emergencia por el fenómeno de El Niño. Rodríguez sostiene que esos recursos ya estaban destinados a proyectos para atender las inundaciones de La Mojana y alertó sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
La respuesta del presidente no se concentró únicamente en aclarar las denuncias. Petro calificó a Rodríguez de manipuladora e incompetente, divulgó información sobre una incapacidad médica y cuestionó a los medios por entrevistarla sin investigar previamente su condición de salud.
¿Puede utilizarse la salud mental de una persona para desacreditar sus denuncias? ¿Por qué el presidente responde con ataques personales en lugar de explicar qué ocurrió con los contratos y los recursos públicos? Y, si se exigiera demostrar que alguien está en pleno uso de sus facultades antes de hablar, ¿ese criterio también tendría que aplicarse al propio jefe de Estado?
Además, hablamos del partido entre Junior y Millonarios en Barranquilla, que ahora podría presentarse, en tono de humor, como un clásico entre medios capitalinos, después de que la ciudad fuera declarada capital alterna de Bogotá.
Cerramos con el buen comienzo de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se disputan entre el 24 de julio y el 8 de agosto.
Menos ruido. Más contexto.