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El 28 de julio se conoció la noticia en la que la jueza 44, Sandra Heredia, condenó al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y soborno, delitos cometidos durante su periodo como Senador. La noticia sacudió al Centro Democrático y llegó días antes de que el gobierno de Gustavo Petro cumpliera tres años en el poder. En medio de una creciente polarización política, el país también enfrentó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, tras un atentado el 7 de junio, hecho que ha sido calificado como magnicidio. Estos acontecimientos marcan un momento crítico para Colombia, que se prepara para las elecciones presidenciales de 2026. En A Fondo, analizamos este contexto con dos invitados: León Valencia, exguerrillero del ELN y director de la Fundación Pares, y Pedro Medellín, politólogo y director del programa de América Latina en el Centro Internacional de Toledo para la Paz.

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Muchos de los que votamos por Gustavo Petro nunca imaginamos que Alfredo Saade, llegaría a ser jefe de despacho en Presidencia. Aunque se presenta como pastor cristiano —algo que niegan varias organizaciones religiosas—, su carrera política comenzó en Cúcuta y está ligada a figuras tradicionales como Ape Cuello, poderoso cacique conservador del Cesar. Antes de su nombramiento, tuvo un contrato con la Unidad de Gestión del Riesgo, hoy envuelta en escándalos de corrupción. Su llegada al gobierno ha sido documentada por el periodista Jacobo Solano, quien ha revelado sus conexiones con clanes políticos del Cesar.

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Hace tiempo se tenía pendiente un diálogo con Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y figura central en los recientes acontecimientos tras la declaración de culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe por parte de la juez 44, en un proceso judicial que comenzó hace casi 13 años. Cepeda, quien fue víctima en ese caso, ha estado al frente de esta lucha desde sus inicios. Además de hablar sobre el funcionamiento de la justicia penal en Colombia, es inevitable mencionar la triste noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió dos meses después de sufrir un atentado contra su vida, cuyo autor aún no ha sido identificado.

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En A Fondo, Daniel Coronell nos habla de un modus operandi: comprar testigos para encubrir un proceso de manipulación vinculado al bloque Metro. Siempre hay una cadena —a veces Wilder Molina, otras Sergio González— pero el método es el mismo. Otros terminaban pagando por delitos que beneficiaban al expresidente Uribe, sin que a él le pasara nada. Lo novedoso es que, por primera vez, un expresidente es condenado penalmente y que, tras años de evadir la justicia en varios casos, finalmente algo le sucede a Uribe.

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Hoy en A Fondo con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia durante seis años, presentó en julio su último informe ante el Consejo de Seguridad. Esta misión, creada en 2016 tras el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, tiene como objetivo verificar la implementación de dicho acuerdo y apoyar la resolución pacífica de conflictos. También supervisa los ceses al fuego, como el acordado con el ELN durante el gobierno de Gustavo Petro, aunque actualmente esa mesa de diálogo está en pausa.

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Cecilia Vicuña, artista visual, poeta, cineasta y activista chilena, acaba de publicar Cartas nunca enviadas y otros papelitos con Laguna Editores. En este libro revela una etapa poco conocida de su vida: su paso por Colombia en los años 70, donde vivió durante cinco años entre Bogotá y Cali. Llegó con el corazón roto tras la muerte de Salvador Allende, su presidente, y encontró en el país un entorno cultural vibrante que marcó profundamente su obra. Esta experiencia fue clave en la formación de la gran artista que luego recibiría reconocimientos como el León de Oro en la Bienal de Venecia (2022). Hoy, nos acompaña en A Fondo para conversar sobre su libro y su historia.

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Las ciclorutas, que tanto valoramos en Colombia, están en el centro de una nueva polémica. Todo por una ley reciente, sancionada por el presidente Gustavo Petro, que permite que motos eléctricas circulen por estos espacios que siempre han sido para bicicletas. Aunque algunos lo ven como un paso hacia la movilidad eléctrica, muchos lo consideran el comienzo del fin de las ciclorutas como las conocemos. Esta iniciativa fue impulsada por un senador del Partido de la U. En A Fondo, invitamos a Juan David Quintero el Concejal de Bogotá, defensor del espacio público y ciclista de corazón ha intentado frenar la medida, logrando que por ahora la Secretaría de Movilidad prohíba el paso de motos eléctricas en las ciclorutas. Pero esa decisión, aunque bien intencionada, podría no durar mucho.

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Luis Eduardo Llinás es considerado el funcionario más poderoso del gobierno de Gustavo Petro, aunque hasta ahora había permanecido fuera del foco mediático. Por primera vez se habla públicamente de él, luego de que el presidente le otorgara el control de dos entidades clave en inteligencia financiera y control fiscal: la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), encargada de investigar el lavado de activos, y la DIAN, responsable del recaudo de impuestos y del control de los puertos. Hace un mes, Llinás realizó 22 nombramientos a dedo en las seccionales de la DIAN, cargos altamente codiciados por las mafias del narcotráfico y del contrabando, que desde hace tiempo ejercen influencia en los puertos. Una reciente investigación publicada por Cambio y retomada en el programa A Fondo revela un perfil de este poderoso funcionario, mostrando cómo estaría utilizando su influencia no para combatir el contrabando ni el lavado de activos, sino presuntamente en beneficio propio.

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Alvaro Uribe, quien fue recientemente condenado por los delitos de fraude procesal y soborno a un funcionario público. Enfrenta otros procesos judiciales relacionados con graves violaciones a los Derechos Humanos, actualmente en manos de la Fiscalía. Entre ellos se encuentran el caso de la masacre de Ituango (1996-1997) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998. Estos hechos ocurrieron durante el periodo en que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, y la justicia ha vinculado su nombre a dichas violaciones debido a su posible responsabilidad o conocimiento de la participación de grupos paramilitares en esos crímenes.

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