El Primer Café

Economistas coinciden en que el país no llegará a cumplir las metas de crecimiento esperadas por el Ministerio de Hacienda durante este año, en medio de una recesión técnica por haber llegado a dos trimestres con cifras negativas en esta materia.

El exministro Carlos Ominami planteó que "lo que tenemos aquí en Chile formalmente es una recesión técnica, porque tuvimos un primer trimestre con crecimiento negativo y el dato que hay es un crecimiento levemente negativo también para el segundo trimestre. Esto no hay que sobreinterpretarlo, pero me parece que el dato más inquietante es que la inversión tampoco repunta. El aumento es del orden del 2 por ciento, la confianza empresarial incluso ha disminuido".

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, comentó que "efectivamente el crecimiento para este año es difícil, prácticamente imposible, que llegue al 1,8 como espera Hacienda, porque para que eso pase el segundo semestre tendría que tener un crecimiento cerca del 4 por ciento, que es muy poco probable que se dé".

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, compartió "la preocupación respecto a la inversión. Uno esperaba que las expectativas hubieran sido mejores, que los números hubieran sido distintos. Hay que ver lo que viene, no sabemos si a lo mejor estaban esperando que se aprobara el proyecto con la rebaja tributaria y ahí tomar decisiones de inversión, puede ser, vamos a verlo en el futuro, pero eso es lo que me parece más preocupante y ojalá que cambie".

Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "estamos en una inesperada crisis de expectativas, todos los indicadores de expectativas salieron bajos y se está contagiando con las expectativas empresariales. Hay una preocupación mayor, no es extrema, pero es importante (...) debiéramos converger a crecer en algo así como un 2 y tanto por ciento".

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El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tiene viabilidad en sus actuales condiciones, debido a las atribuciones que entrega al Presidente de la República y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación. "Yo creo abiertamente, y lo digo con total responsabilidad, que el proyecto en las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional", sostuvo el parlamentario oficialista.

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, respaldó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aseguró que el texto presentado recogió parte de las aprensiones manifestadas por su partido ante el borrador inicial. Sin embargo, reconoció que la propuesta deberá ser discutida y modificada para conseguir los votos requeridos.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que la controversia no enfrenta a quienes defienden la seguridad con quienes buscan mantener la situación actual, sino que plantea una discusión sobre los límites democráticos del poder presidencial. "El debate que el gobierno nos ha propuesto es un debate entre democracia y autoritarismo. Y eso es", afirmó.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al Ejecutivo de promover una herramienta que podría utilizarse contra sectores opositores y puso en duda su eficacia para enfrentar la crisis de seguridad. Couble también cuestionó la ausencia de control parlamentario y planteó que una situación extraordinaria podría ser discutida rápidamente por el Congreso.

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El diputado socialista Raúl Leiva acusó al Gobierno de impulsar una discusión que "vuelve a polarizar al país" mediante la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado, que contempla un nuevo estado de excepción, inhabilidades para condenados y regímenes penitenciarios diferenciados.

"Creo que lo que se hace es polarizar y profundizar una discusión", afirmó Leiva, quien agregó que la propuesta abre un debate "que vuelve a polarizar al país y pone o enfrenta a los buenos y a los malos, como se pretende hacer". El legislador llamó al Ejecutivo a abordar la delincuencia con una mirada transversal y recordó que la creación del Ministerio de Seguridad Pública buscó instalar esta materia como una política de Estado.

El diputado republicano Agustín Romero rechazó las críticas y defendió la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar la realidad actual de la delincuencia. "A ese hay que combatirlo con toda la fuerza que se pueda. Y si es necesario modificar la Constitución, bueno, tendremos que modificarla", enfatizó.

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró que varias de las críticas formuladas contra el primer borrador fueron recogidas por el Ejecutivo antes del ingreso de la reforma. "A todos nos hubiese gustado que hubiese un mejor trabajo prelegislativo, pero tanto la intervención de Andrea Balladares como la intervención de Guillermo Ramírez son anteriores a las modificaciones que el Gobierno introdujo al proyecto", explicó.

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El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, advirtió que la reforma constitucional sobre seguridad puede terminar jugando en contra del Gobierno, debido a que algunas de las medidas conocidas contemplan inhabilidades, nuevas facultades y restricciones de derechos.

Arqueros sostuvo que comparte los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que, en las condiciones conocidas hasta ahora, su partido no puede respaldar las modificaciones porque debilitan la institucionalidad.

Un planteamiento más cauteloso expresó Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, quien llamó a esperar el ingreso formal de la reforma antes de evaluar sus disposiciones.

Pezoa sostuvo que modificar la Constitución no constituye por sí mismo un problema, siempre que las medidas propuestas tengan una justificación y permitan combatir de mejor manera al crimen organizado.

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El diputado republicano Luis Sánchez defendió en El Primer Café el vistoso despliegue comunicacional adoptado por el Gobierno el jueves durante en el traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel de Talca, en el marco del denominado "Plan Cancerbero".

"Yo no lo encuentro para nada exagerado. Esto es una señal no sólo para la ciudadanía -que sin duda es muy importante (darla)- sino también para el crimen organizado", dijo Sánchez

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre señaló que el epílogo de la megarreforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast, disputado una vez finalizada la fase de su tramitación regular en el Congreso, fue "correcto" y "apropiado desde la lógica económica".

Aunque el militante PPD mantiene su visión mayormente crítica sobre la iniciativa, valoró que el Tribunal Constitucional haya acotado la aplicación de la invariabilidad tributaria, haya dejado sin efecto la indemnización a inversionistas por resoluciones de calificación ambiental revocadas, y que el Gobierno repusiera, vía veto presidencial al Congreso, la norma sobre anatocismo.

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El economista Alejandro Micco señaló que las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump están configurando un escenario global que recuerda en alguna medida a la Guerra Fría, y que es probable que permanezca incluso cuando él ya esté fuera de la Casa Blanca.

El académico de la Universidad de Chile comentó los dichos del embajador de China, Niu Qingbao, quien -aludiendo a Estados Unidos- llamó a Chile a "resistir con firmeza" las injerencias externas que intentan "limitar o debilitar la cooperación" y el comercio.

El economista Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, opinó que "la globalización es una tendencia que ya está instalada y es muy difícil echar marcha atrás, pero sí va a haber ajustes. La globalización nos pasó por el lado muy rápido y no estuvimos preparados para tomar mecanismos que pudieran canalizar las distintas fuerzas que se fueron generando. Y desde esa perspectiva resurgen estos sentimientos proteccionistas", indicó.

"Aquí lo engancho con la invariabilidad tributaria: a mí no me extrañaría que de aquí a poco andar viéramos otros países tomando medidas como nosotros acá en Chile", dada la necesidad de "eliminar la discrecionalidad y generar condiciones para que los inversionistas puedan saber bajo qué reglas van a tributar durante la vida de los proyectos", señaló Díaz.

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Los secretarios generales del Frente Amplio, Andrés Couble, y del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvieron un rudo debate a propósito de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Couble abrió los fuegos señalando que el FA reconoce a la seguridad pública como "una de las principales urgencias ciudadanas", pero se quejó de que, en la discusión de medidas particulares, la derecha suele imputarle una "defensa de los delincuentes y del crimen organizado", lo que estimó "un poco ridículo y una simplificación del debate".

"Me parece complejo que no estén disponibles a cortarles derechos a delincuentes, a criminales", respondió Vicente Bruna. "En Chile la realidad actual implica que el crimen organizado tortura personas, descuartiza personas, aparecen personas en contenedores bajo tierra... ¿Cómo es posible que el Frente Amplio pretenda que se mantengan esos derechos sociales a personas como ellos, si son criminales?", se preguntó.


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El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, manifestó su disposición a "contribuir y ser propositivos" en la discusión por la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo del Gobierno. Sin embargo, Soto señaló que "eso no significa que hay que ser ingenuos y que hay que confiar en el Gobierno, porque ya varias veces ha intentado pasar gato por liebre. Por lo tanto, tenemos que estar también vigilantes respecto del detalle de los proyectos".

En la misma línea, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, apuntó que "estamos hablando en base a supuestos, porque nadie conoce el texto" concreto, pese a que el lunes se realizó la ceremonia pública encabezada por el Presidente Kast. Por tal motivo, dijo, "Raúl Soto tiene razón: no sabemos si este inciso primero es lo que se dice (en la prensa) y después viene un caballo de Troya".

El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, afirmó que "esta discusión es extremadamente importante" y la oposición tiene algunas aprensiones que hay que considerar, como lo planteado por Soto respecto a la sanción mediante derechos sociales.

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El exministro Ricardo Solari opinó en El Primer Café que el Presidente José Antonio Kast "se está poniendo el parche antes de la herida" al cuestionar la validez de las cifras de reducción de pobreza indicadas por la encuesta Casen. "Él piensa y seguramente cree que, eventualmente, si se hiciera una medición pronta, los datos no serían tan buenos (para él)", señaló.

Luis Ruz, presidente del centro Democracia y Comunidad, complementó señalando que "si uno va a la evolución de los datos se da cuenta de que la pobreza en Chile, en general, viene retrocediendo, salvo el periodo de la pandemia y lo que hubo después. El problema está más bien en cómo se han generado, en paralelo, ciertas condiciones de desigualdad comparadas con lo que hicimos (previamente), pero la Casen muestra que la pobreza viene bajando".

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla presagió "un camino auspicioso" para la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno. Eso sí, Ubilla señaló como un punto "sensible" la creación de un estado de excepción constitucional nuevo, en espacios territoriales acotados, con foco en la seguridad pública, donde las Fuerzas Armadas "puedan actuar directamente sobre la población civil". En este aspecto, advirtió, el desafío principal es "dibujar muy claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el barrio o comuna".

Y el director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, alertó sobre la normalización de los suicidios en Chile, en medio de la virtual indiferencia de la clase política, los medios de comunicación y los propios ciudadanos.  Arqueros lo describió como "un fenómeno silencioso, pero cotidiano", que "no ha sido parte de la agenda de ningún Gobierno".

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El anuncio de una reforma constitucional en materia de seguridad, incluido en la agenda ACOT que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast, generó dudas en el panel de El Primer Café de Cooperativa.

El abogado Jorge Correa Sutil comentó que "el anuncio fue muy sorprendente" porque "el artículo primero de la Constitución dice que es deber del Estado dar protección a la población. Es exactamente lo mismo. Entonces el Presidente anuncia que por primera vez va a ocurrir lo que ya ocurre. Ahí hay un error manifiesto en el discurso presidencial que deja muchas dudas de por qué dice algo como eso".

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien participa en la Comisión de Constitución, coincidió en relativizar la necesidad de una reforma constitucional y puso el foco en la agenda legislativa de seguridad. "Yo creo efectivamente que esto está contenido, tal vez no sé si específicamente en lo que diga relación con grupos terroristas, pero creo que el derecho está salvaguardado ya en la Constitución. Pero sí a la agenda de seguridad en general le tengo mucha fe", señaló.

Nicolás Eyzaguirre, exministro de Segpres en el Gobierno de Michelle Bachelet, cuestionó el anuncio en duros términos, enmarcándolo dentro de un patrón que atribuyó al gobierno. "Este gobierno peca de una suerte de grandiosidad ideológica. Como en este caso la reforma constitucional para proteger la seguridad de las personas cuando, como muy bien lo dice Jorge, ya está en la Constitución", comentó.

El exsenador Ignacio Walker, por su parte, coincidió en que el énfasis debiera estar en la ley, los reglamentos y la gestión, y valoró que la agenda de seguridad busque acuerdos entre gobierno y oposición "para hacer frente a este realmente flagelo que está viviendo la población".

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