El 5 de febrero de 2018, el hijo del asesinado líder de la comunidad mexicana Mariano Abarca así como diversos organismos de derechos humanos hicieron una presentación ante el Comisionado de Integridad del sector público canadiense (PSIC) pidiendo una investigación sobre la actuación de la embajada de Canadá en México y su apoyo a  las operaciones de la minera canadiense de la compañía Blackfire Exploration en Chiapas.

La presentación afirmaba que  los actos y omisiones de la Embajada de Canadá podrían haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca y que la Embajada podría no haber respetado la política de reportar sospechas de corrupción.

Esta es la primera vez que una falta de la embajada de Canadá en respetar las pautas de la política es objeto de una queja ante el PSIC.

El 17 de abril de 2018, los demandantes recibieron notificación de que el Comisionado se negó a investigar la denuncia. En respuesta, solicitaron una revisión judicial ante el Tribunal Federal de Canadá el 16 de mayo de 2018. Argumentaron que la decisión del Comisionado se basó en una interpretación limitada de su mandato, con una conclusión errónea y sin argumentos válidos.

El 18 de julio de 2019, el juez de la Corte Federal Keith Boswell admitió que "quizás Mariano Abarca no habría sido asesinado "si la embajada" hubiera actuado de cierta manera". Sin embargo, se negó a ordenar al Comisionado que investigara.

El juez basó su conclusión con el argumento de que las políticas de responsabilidad social, empresarial y de derechos humanos no tenían un carácter vinculante entre los diplomáticos canadienses.

Mariano Abarca. Foto: Justice4Mariano

La apelación

En respuesta, el 16 de agosto de 2019, la familia Abarca y los organismos que la apoyan presentaron una notificación de apelación  ante la Corte Federal de Apelaciones.

Después de casi diez años en su búsqueda de justicia por el asesinato de Mariano, esperan que los tribunales canadienses finalmente ordenen al PSIC investigar los actos y omisiones de la Embajada de Canadá en México, que creen contribuyó a poner a Mariano Abarca en mayor peligro antes de su asesinato.

“Desde el punto de vista de las organizaciones que apoyamos a la familia Abarca es importante que el gobierno canadiense reconozca la gravedad de los hechos que ocurrieron y que produjeron el asesinato de Mariano Abarca. Por un lado tiene que ver con ordenar una investigación imparcial, independiente del Comisionado para que se pueda conocer sobre las acciones y omisiones de la Embajada canadiense en México, antes y después del asesinato de Mariano Abarca. Por otro lado, la familia desea la investigación para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir lo mismo con otros defensores del medioambiente”.

- Kirsten Francescone, de Alerta Minera Canadá.

El último recurso

No hay otras vías para buscar justicia en Canadá por hechos que han ocurrido en el exterior, explica Kirsten Francescone. Por esto, el caso es muy importante porque permitiría llevar a cabo una investigación justa, que es lo que pide la familia Abarca.

Esto beneficia a todos los canadienses y se encuadra dentro del concepto de interés público, dice la activista de Alerta Minera Canadá.  Es importante saber cómo actúan los funcionarios para  evitar causar daño a otras personas en el exterior como fue con Mariano Abarca, dice.

¿Por qué el rechazo al pedido de justicia de la familia Abarca?

Porque no sería el único caso, dice Kirsten Francescone.

“Los organismos defensores de derechos humanos  junto con los abogados queremos saber cuál será el miedo político que tiene el gobierno al no querer investigar el caso”.

Una probable explicación es por lo que podría significar en el futuro.