La Comisión de Apoyo a los Juicios se movilizó junto a otras agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles para llevar a las puertas del Juzgado Federal Nº1, que subroga el Santiago Ulpiano Martínez, el repudio por la desición del magistrado de rechazar las detenciones e indagatorias de Vicente Massot y Mario Gabrielli, director propietario y ex secretario de redacción de La Nueva Provincia, respectivamente.
Al empresario y al periodista, al igual que a los fallecidos Diana Julio de Massot y su hijo Federico, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia les imputaron participación en el terrorismo de Estado ejecutando acciones psicológicas desde las páginas del diario y coautoría por reparto de roles en los secuestros y homicidios de los obreros gráficos y dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
El documento de la Comisión destacó que interviene en la causa "la misma corporación judicial que con la complicidad del silencio del poder político pretende perpetuar la impunidad de la que gozan los sectores más privilegiados. LNP no solo es su medio de comunicación, sino también parte de ese bloque de poder".
"Esa misma corporación pisa fuerte en la Cámara de Apelaciones que ahora deberá intervenir en la causa. Allí no solo están los autores de las 36 excarcelaciones de genocidas que repudiamos oportunamente en la calle sino que, a pesar de que se excuse formalmente, es integrada y fue presidida por Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército", agregó.
Tras el acto, el concejal Raúl Ayude (FIC) dijo a FM De la Calle que "hay fundamentos como para citarlo (a MAssot), para que declare, para que preste testimonio de lo que fue su accionar antes del golpe, durante el golpe y posterior al golpe. Me parece que las editoriales hasta el día de hoy siguen reivindicando lo que sabemos que fueron delitos de lesa humanidad y creo que la justicia no estuvo a la altura de las circunstancias".
"Indudablemente la apoyatura empresarial, civil y eclesial de lo que fue la última dictadura encuentra más dificultades que los militares que participaon materialmente de la situación. Esto no es nuevo, también sucede con la muerte de Carlos Fuentealba y muchos asesinatos, de los autores intelectuales o de los soportes económicos de los asesinatos de las estrtucturas de represión", manifestó.
Por su parte, el abogado de la APDH Walter Larrea opinó que el fallo es "absolutamente repudiable desde todo punto de vista, no solamente porque apela a una pobreza argumentral para rechazar el pedido sino porque ni siquiera hace lugar a algunas consideraciones de mucho peso que estaban contenidas en el pedido de la fiscalía".
"Me parece que viene a complementar esta sensación de impunidad de la pata civil de la dictadura militar en Bahía Blanca y la zona y no casualmente tratándose de La Nueva Provincia, un diario que más allá de su poderío económico es una usina ideológica y que aun hoy sigue batiendo el parche con la misma argumentación que en la época de la dictadura, será más arduo el camino pero confío en que finalmente se podrá llevar ante los estrados de la justicia", sentenció el querellante.
