A 37 años del más cruento golpe cívico militar en la historia de nuestro país, recordamos a los compañeros y compañeras militantes populares que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y exiliados por luchar en pos de una sociedad sin explotadores ni explotados.
Aquellos que no buscaron medidas paliativas para combatir la pobreza sino un cambio estructural, un nuevo orden que terminara con la injusticia que genera una desigualdad flagrante entre las clases sociales.
Aquellos que lucharon desde tan disímiles trincheras sembrando sueños y rebeldía.
Aquellos que nos dejaron el legado que tomamos, porque aún falta concretar el ideal de una sociedad y un mundo donde la consagración de los derechos se transforme en algo cotidiano.
Aquellos que lucharon por una revolución, hoy nos vuelven a convocar como cada 24 de marzo.
Ellos están presentes y en ellos nos miramos cuando, codo a codo, enfrentamos al poder que oprime y reprime. Su entrega es el ejemplo que nos guía y nos empuja en cada paso que damos juntos contra el sistema explotador.
Hoy, como hace más de 30 años un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos, gremiales, políticas, sociales y culturales volvemos a convocarnos en forma unitaria y pluralista levantando la bandera de los DD HH consagrados universalmente por la Lucha de los Pueblos. Derechos que van más allá de exigir el juicio y castigo a los genocidas, por el que tanto luchamos.
Recordamos, porque fuimos y somos parte, la heroíca resistencia del Pueblo en la feroz dictadura, reflejada en las primeras rondas de las Madres de Plaza de Mayo a las que se fueron sumando miles de compañeros en Argentina y en el extranjero. La resistencia en Bahía Blanca convocó a muchos compañeros y compañeras que tendieron sus manos para acompañar los pasos de aquellas mujeres inclaudicables e incansables que, ocultadas por los medios informativos locales, por la burocracia sindical, la jerarquía de la iglesia católica, las cámaras empresariales, nunca dejaron de reclamar por sus hijos.
La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por Alfonsin y de los Indultos de Menem, que garantizaron la impunidad de los genocidas, fue producto del reclamo popular histórico y trajo la reapertura de las causas. La dilación en el inicio de los debates, la muerte o la fuga, y la escasa cantidad de imputados nos sigue dejando un sabor amargo. La muerte de Martinez de Hoz, ideólogo de la Dictadura con “Prisión Domiciliaria” en un exclusivo edificio de Retiro sin condena efectiva es un paradigma de la estrategia de impunidad que consiste en dilatar los juicios para garantizar la “impunidad biológica”.
El balance de los últimos 10 años transcurridos, muestra que 422 personas fueron llevadas al banquillo de los acusados desde el inicio de los juicios: 378 fueron condenadas y 44 absueltas. De ese total, sólo 55 cuentan con condenas firmes. Y en los 13 juicios que se encuentran en curso en el país, se juzga a 232 imputados en relación con los casos de más de 1800 víctimas.
En nuestro país funcionaron más de 500 campos de concentración, y al día de hoy no hay ni siquiera un condenado por cada campo. Las causas siguen siendo fragmentadas y la Secretaría de DD.HH, pese a ser querellante, no ha actuado para la unificación de las mismas. Tampoco el Gobierno Nacional procedió a abrir los archivos de los organismos de inteligencia en donde podrían encontrarse los nombres y legajos de los represores y el esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos.
Cabe destacar, sin embargo que, en esta ciudad, el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Tarea del Tribunal conformado, dio como resultado condenas ejemplares a los represores juzgados y entre los hechos destacados el Tribunal ordenó a los juzgados federales investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados propuestas por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad del cura católico Aldo Vara, responsabilidad que hacemos extensiva a la Cúpula Eclesial de la Iglesia Católica.
Es necesario que la opinión pública y la movilización popular empujen y acompañen el desarrollo de los dos juicios que están ya elevados: la causa “La Escuelita 2” (que debiese comenzar en marzo) y la causa “Armada Nacional” donde, entre otros, se toma el secuestro y asesinato de los obreros gráficos de La Nueva Provincia Heinrich y Loyola, todavía sin fecha de inicio. Exigimos el esclarecimiento, Juicio y Castigo por los más de 40 asesinatos perpetrados por la AAA entre setiembre de 1974 y el inicio de la Dictadura y una adecuada protección y acompañamiento de los testigos para que no vuelva a ocurrir lo de JORGE JULIO LOPEZ donde en ésta, su segunda desaparición, el gobierno tiene la responsabilidad de no haberlo protegido, de la ineficiente búsqueda en estos 6 años y de su esclarecimiento. Está claro que sin JORGE JULIO LOPEZ no hay NUNCA MAS.
Todavía quedan en distintas organizaciones de la sociedad civil y el estado, civiles que actuaron en la última dictadura. Algunos lo hicieron como personal civil de inteligencia, cuya tarea estaba vinculada a marcar a nuestros compañeros hoy desaparecidos y asesinados. A modo de ejemplo, podemos citar a Gerardo Martínez Secretario General de la UOCRA, al Juez de Faltas local Ricardo Germani, protegido por el oficialismo local y al Camarista Federal Nestor Montezanti. Este es otro caso emblemático pues continúa impunemente dictando clases amparado por los sectores de poder que gobiernan la Universidad.
También quienes desde su participación en la Justicia fueron cómplices de la tortura y partícipes necesarios del plan de exterminio como los Dres. Hugo Sierra y Gloria Girotti, Secretarios del Juez Federal Madueño (ya muerto) quien fuera procesado oportunamente. En esta breve enumeración no podemos olvidar a los miembros de la triple A entre los que se destacan, la patota sindical vinculada al Secretariado de la CGT local, que sembrara el terror a mediados de los ´70.
Esta cadena de complicidades políticas y sindicales con la represión llega hasta hoy y se manifiesta en el asesinato del compañero Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Apoyamos el Pedido de Perpetua a Pedraza y los otros miembros de la Patota Asesina y a su vez exigimos el castigo a todos los imputados y la investigación de la complicidad política y empresarial.
En este crimen, en la represión de las Asambleas contra la Megaminería, de los Estatales de Santa Cruz, aparecen al amparo del estado, matones ejecutando una verdadera “Tercerización de la Represión”.
La continuidad de la práctica de la tortura en las comisarías y el gatillo fácil cobró, según la CORREPI, la vida de 3600 personas desde el retorno de la democracia, en su mayoría pibes de los barrios populares. Uno de los casos más visibles es el de Luciano Arruga y en nuestra ciudad el crimen todavía impune de Giuliano Gallo. Valoramos en ese sentido las iniciativas por desterrar la práctica de la tortura de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires por parte de diferentes organizaciones como la CORREPI y la Comisión Provincial de la Memoria.
Otras violaciones a los derechos humanos se originan en el avance de la sojización sobre los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos originarios, por el impacto de la megaminería y del fracking sobre el agua. En estos casos la violación a la Derechos Humanos es doble: se los priva primero de recursos esenciales como el agua o la tierra, y luego cuando protestan se los criminaliza, se los reprime, llegando al asesinato como ocurre con los Qom en Formosa, con los campesinos del MOCASE, con las luchas de las Asambleas en Andalgalá, Tinogasta y Laguna Brava, y los sin techo de Libertador Gral. San Martín en Jujuy por citar algunas. Son las consecuencias de un Sistema Económico que siembra miseria, genera luchas y represión por parte del Estado en favor de los Grandes Empresarios beneficiarios e ideólogos de la dictadura que siguen enriqueciéndose hoy.
En ese marco la decisión de pagar la Deuda Externa contraída fraudulentamente por la dictadura sigue generando ajustes sobre los trabajadores que se evidencian por ejemplo en la lucha de los estatales por la salud y la educación, la precarización de las condiciones de trabajo o los reclamos de los jubilados por el 82% móvil (con fallo favorable de la Corte Suprema no cumplidos por el ANSES) en momentos que el gobierno se apresta a pagar a los fondos buitres.
La represión a las luchas sociales ha ido creciendo. Comienza con 16 muertos durante la represión a los saqueos originados por la hiperinflación de 1989 durante el gobierno de la UCR. Durante el gobierno de Menem se producen los asesinatos de Victor Choque en Tierra del Fuego, de Teresa Rodriguez en Neuquen y los 7 muertos por el estallido del Arsenal de Fabricaciones Militares en Río III. El gobierno de la Alianza comienza con el asesinato a manos de Gendarmería de los trabajadores Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes. En Salta en el 2000 y 2001 se producen las muertes de Anibal Verón (policía) y Carlos Santillan y Jose Barrios (Gendarmería) y el gobierno de la Alianza termina con el asesinato en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 de 38 manifestantes. El gobierno de Duhalde llega a su fin con los asesinatos de Kostecki y Santillan. Desde el 2003 se han producido una veintena de muertes en manifestaciones sociales: podemos citar la del maestro Carlos Fuentealba por la policía en Neuquen, los 3 asesinados del Parque Indoamericano (Policía Federal), el obrero rural Erazo victima de la policía en Mendoza, los Qom Mario y Roberto Lopez en Formosa y 7 muertes dudosas más de miembros de esa etnia, Miguel Galvan y Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, Daniel Solano de la Fruta desaparecido en Rio Negro, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, los 4 muertos del desalojo de la Ocupación del Ingenio Ledesma en Jujuy, por ejemplo.
No solo se produce un avance en las situaciones de represión contra manifestaciones, ocupaciones y huelgas sino que también se avanza en la Legislación Represiva como las Leyes Antiterroristas (la primera del año 2007) y en las acciones de Inteligencia contra las organizaciones populares como el Proyecto X, un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración que se viene desarrollando desde hace muchos años a lo largo y ancho de todo el país que persigue, investiga, infiltra y hace inteligencia, en especial, sobre referentes sociales, partidos políticos, organizaciones gremiales, dirigentes sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social. Un plan de larga duración como éste no puede llevarse a cabo sin el aval de Poder Ejecutivo y bajo la responsabilidad del Ex Ministro Anibal Fernandez y la actual Ministra Nilda Garré.
La trata de personas es otro de los flagelos que toman visibilidad a través del caso “Marita Verón”. Dichas redes de prostitución no pueden existir sin las complicidades policiales, judiciales, políticas.
Tres ejemplos locales que preocupan son:
La muerte de más de 20 trabajadores en los últimos años víctimas de la precarización laboral.
la respuesta del Estado frente a la ocupación de viviendas del Plan Federal: Frente al déficit estructural de 9000 viviendas y al retraso de más de dos años en la ejecución de las viviendas de Villa Delfina, la respuesta de la Municipalidad de Bahía Blanca fue cercar la ocupación con alambre y rodearla de policías para impedir el ingreso de alimentos y agua, solicitar el desalojo violento del mismo por parte de la policía, judicializar la protesta social y promulgar un Decreto INCONSTITUCIONAL y violatorio de los DD.HH con las firmas del Intendente Bevilaqua y del Secretario de Acción Social Dr. Palomo despojando a los ocupantes del Derecho a la Vivienda y la Asistencia Social. La acción solidaria de muchas organizaciones populares impidió la represión del conflicto.
La creación de la Guardia Urbana Municipal y el nombramiento como responsable de la Organización de la de un Capitán de la Marina egresado del Liceo Naval Militar de Rosario en 1972 y que cursó sus estudios militares y sus primeros años de servicio como Infante de Marina durante la Dictadura Militar. Esto viene a cerrar el círculo de las políticas represivas.
Como síntesis, este 24 de marzo del 2013 de unidad y movilización, reivindicamos la lucha de los compañeros desaparecidos por la construcción de una sociedad donde no existan violaciones a los DDHH. Hoy tenemos 30000 razones y más para continuar la lucha. Levantamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y exigimos:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES CIVILES Y MILITARES.
INICIO YA DE LAS CAUSAS DEL V CUERPO Y BASE NAVAL YA ELEVADAS A JUICIO.
DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA, DESMANTELAMIENTO DEL PROYECTO X Y JUICIO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MILITARES DEL ESPIONAJE. APERTURA Y PUBLICACION DE LOS ARCHIVOS.
JUICIO A LOS RESPONSABLES POR LOS CRIMENES DE LA AAA.
APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA Y DANIEL SOLANO.
FIN DE LAS EXCARCELACIONES DE LOS PROCESADOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.
BASTA DE JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL.
DESPROCESAMIENTO DE LOS MILITANTES POPULARES.
BASTA DE REPRESION POLICIAL E INSTITUCIONAL.
APOYO A LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES – POR LA PLENA VIGENCIA DEL LEGITIMO DERECHO A HUELGA.
PERPETUA A PEDRAZA Y A TODOS LOS RESPONSABLES DEL CRIMEN DE MARIANO FERREIRA.
30000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTE!
Comisión de apoyo a los juicios/CTA Bahía Blanca Coronel Dorrego / SUTEBA / ADUNS / Presidencia y secretaria de DD.HH del Cehum / Cardumen / Colectivo el Aguijón /Colectivo La Cigarra / Murga "Desde el Barro"/Fm de la calle/ Espacio cultural "El Rincón" / Proyecto Sur /G83/Partido de los Trabajadores Socialistas / Corriente 9 de Abril -Lista Marron /Agrupación Tesis XI UNS /Partido Obrero/ PSTU/ Encuentro Amplio / Partido Comunista / Federación Juvenil Comunista/ Movimiento Socialista de los Trabajadores/Comité de reconstrucción del Comunismo Revolucionario.
