La crisis política que se desató en el gobierno esta semana tiene como motivo cental el intento de ocultar chats de Whatsapp de la época en que se estaba tramitando el pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset, denunciado en fiscalía por Carolina Ache en fiscalía.
Y esa denuncia, a su vez, tiene como una de sus prueba principal el audio de conversaciones telefónicas de noviembre de 2022 entre quien entonces era subsecretaria de Relaciones Exteriores y el entoces ministro Francisco Bustillo.
Según contó Ache en fiscalía, ella, asesorada por su abogado, decidió grabar aquellas llamadas telefónicas ya que Bustillo venía sometiéndola a una presión insoportable.
Por un lado, lado la instructora de una investigación administrativa interna de Cancillería le pedía a Ache los intercambios que ella había mantenido por Whatsapp con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, en setiembre y noviembre de 2022 pero al mismo tiempo Bustillo le insistía en que ocultara aquellos documentos e incluso le sugería que los hiciera desaparecer.
Las grabaciones de esas llamadas, que tomaron estado público en la tarde del miércoles, pocas horas después de la audiencia en fiscalía, han sido discutidas intensamente en el sistema político y en la opinion pública y derivaron, el mismo miércoles de noche, en la renuncia de Bustillo.
Ahora, en medio de la controversia varias voces se preguntaron: ¿fue lícito que Ache haya grabado conversaciones de forma secreta y las haya presentado en fiscalía? ¿Ache actuó de buena fé? ¿Esas grabaciones tienen valor ante la justicia?
La respuesta breve es sí. Incluso hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2019 que analizó este asunto y se pronunció de manera muy clara.
Profundizamos en este asunto con el Dr. Alejandro Abal, quien ha trabajado en este tema.