El fuego de las “Marchas de las Antorchas”, liderada por los “jóvenes indignados” en Tegucigalpa, capital de Honduras, se encendió cuando se develó el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en 2015; en esas acciones se sumaron partidos de oposición y se realizaron más de 10 manifestaciones cada viernes, en el lapso de tres meses y producto de esa protesta ciudadana se estableció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), como parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 19 de enero de 2016.

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El estudio “Transparencia y Rendición de cuentas en gobiernos municipales de Nicaragua” realizado por Expediente Publico describe el comportamiento del ciclo presupuestario de algunos municipios del país y revela cómo la poca transparencia en la ejecución presupuestaria afecta tanto al gobierno central como a los gobiernos municipales.

La historia del Ministerio Público hondureño inicia con su creación en 1993, pero la mayor parte del tiempo ha tenido poca relevancia en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Los políticos corruptos la ven como amenaza a su impunidad y hacen todo lo posible por hacer de esta institución un ente meramente decorativo.

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Según expertos y empresarios entrevistados por Expediente Público, los niveles de corrupción en las adquisiciones han aumentado en los últimos años bajo el régimen Ortega-Murillo, llegando incluso a establecerse una red que involucra a privados y funcionarios.

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En los últimos siete años, Nicaragua ha incrementado el gasto público en educación y este aumento se ha evidenciado en términos de acceso y cobertura, pero el país continúa teniendo el porcentaje de inversión en educación preescolar más bajo de la región centroamericana.

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