Sin duda alguna, la designación de Francisco Díaz para un nuevo período de seis años al frente de la policía sandinista no es más que un premio por su servilismo absoluto a la dictadura bicéfala y perversa de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No se trata de un reconocimiento a su labor, ni mucho menos a la institucionalidad de la Policía, sino de una recompensa por su papel como ejecutor de la maquinaria represiva que mantiene al régimen en el poder a costa de la sangre, el sufrimiento y la opresión del pueblo nicaragüense.

Díaz no es un jefe policial, es un verdugo al servicio del régimen, un operador de la represión que ha convertido a la policía en una fuerza de ocupación interna, responsable de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de opositores, activistas, periodistas y ciudadanos comunes. Su lealtad no es a la ley ni a la seguridad pública, sino a los caprichos de la pareja dictatorial, quienes le aseguran impunidad a cambio de su obediencia ciega.

La juramentación de 30 mil “policías voluntarios” no es otra cosa que la institucionalización de las fuerzas paramilitares, las mismas fuerzas criminales y asesinas que ejecutaron la masacre de 2018 y que continúan hostigando, golpeando y secuestrando a cualquier persona que se atreva a desafiar el terror del régimen. No es coincidencia que este anuncio ocurra en el contexto de la conmemoración de Monimbó, un símbolo de resistencia popular que el régimen pretende secuestrar y pervertir en un intento desesperado de reescribir la historia ¡No lo van a lograr! La memoria de Monimbó está viva.

El nombramiento de Díaz hasta 2031 deja claro que la dictadura sandinista no tiene intención alguna de ceder el poder por medios democráticos. Ortega y Murillo están construyendo un estado policial permanente, donde los jefes de la represión reciben condecoraciones en lugar de juicios, y donde la Constitución y las leyes son simples decoraciones que se ignoran a conveniencia del tirano. Pero la historia ha demostrado que ningún régimen que se sostiene en el miedo y la violencia es eterno. El pueblo de Nicaragua, que ya ha resistido décadas de dictaduras y que continúa valiente y resiliente sabrá librarse de este nuevo capítulo de opresión.

La dictadura en Nicaragua ha convertido la represión en su pilar de existencia, dejando un rastro de víctimas que aún esperan justicia. Desde el asesinato del periodista Ángel Gahona hasta la muerte de Alvarito Conrado, un adolescente de 15 años que solo intentaba llevar agua a los manifestantes, la impunidad ha sido la norma.

Pero la justicia internacional comienza a abrirse paso. El Parlamento Europeo ha condenado la intensificación de la represión y exige medidas concretas, como la activación de la cláusula democrática del acuerdo con la UE y la denuncia de Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional.

La dictadura no puede seguir beneficiándose de tratados como el CAFTA mientras mantiene a un país entero bajo secuestro. La comunidad internacional debe tomar acciones urgentes para poner fin a la impunidad y hacer que los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes.

Porque Nicaragua volverá a respirar.

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia católica con un comunicado insultante y sin precedentes, contra el Vaticano. Este ataque, además de ser una muestra de desesperación política, refuerza el aislamiento internacional del régimen y confirma su intento de imponer una Iglesia subordinada al Estado, en la línea de los regímenes totalitarios que han buscado destruir la autonomía del catolicismo. Este es un acto de amedrentamiento contra los fieles y un intento de aislar a la Iglesia en su papel profético de denuncia contra la represión.

La decisión de desconocer el nombramiento de monseñor Rolando Álvarez como obispo de Matagalpa es un acto de violación a la libertad religiosa y al derecho internacional, pues la Iglesia católica, como institución universal, tiene la facultad exclusiva de nombrar a sus autoridades sin interferencia del Estado. Este intento del régimen de controlar la Iglesia nicaragüense es un claro reflejo del galicanismo autoritario, que busca romper la comunión con Roma y establecer una estructura religiosa dócil a sus intereses. No lo va a lograr!

La dictadura sandinista ha convertido a la Iglesia en uno de sus principales enemigos porque la considera una voz moral de resistencia ante sus abusos y su represión. Sin embargo, la historia demuestra que los intentos de los regímenes autoritarios por someter la Iglesia han fracasado, y el régimen de los Ortega-Murillo no será la excepción. La fe del pueblo y el compromiso de la Iglesia con la justicia y la verdad seguirán siendo más fuertes que cualquier intento de manipulación del poder.

El Ejército de Nicaragua ya no defiende a la nación; es el brazo armado de la dictadura Ortega-Murillo. La extensión del mandato de Avilés es un premio al servilismo y la corrupción. Oficiales enriquecidos con negocios turbios y propiedades confiscadas han traicionado su misión, mientras Ortega los usa como herramienta de represión y vende su lealtad a Rusia, China, Irán y Cuba.

Este Ejército no es del pueblo; es del régimen. Urge sancionar sus activos y desmontar esta estructura corrupta para que, en una Nicaragua libre, decidamos si necesitamos un Ejército o solo instituciones al servicio de la democracia. Hoy, el Ejército ha dejado de ser nacional; es la espada de una tiranía bicéfala.

Rusia, mediante su alianza estratégica con el régimen de Ortega, juega un papel central en el fortalecimiento de las dictaduras en América Latina, utilizando herramientas como el centro de espionaje ruso en Managua. Este apoyo es complementado por Cuba, que aporta experiencia en inteligencia y control social, y China, que brinda financiamiento y tecnología de vigilancia. Juntas, estas potencias forman una red autoritaria global que amenaza los valores democráticos en la región.

Frente a este desafío, líderes de la oposición de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba han organizado un encuentro para coordinar una agenda común que será presentada a las autoridades entrantes de Estados Unidos y Europa. La unidad de las fuerzas democráticas es esencial para contrarrestar la expansión autoritaria y restaurar la libertad en América Latina.

El dictador Daniel Ortega, en cínica contradicción, insinúa ahora de manera velada su disposición a un diálogo. Sin embargo, la historia reciente nos ha enseñado que cada vez que Ortega menciona diálogos, lo hace con la intención de consolidar su dictadura.

Ha utilizado estas instancias no como puentes hacia la reconciliación, sino como trampas para acorralar a sus oponentes, encarcelarlos, despojarlos de su nacionalidad, amordazar a la prensa independiente y expulsar del país a quienes se atreven a pensar diferente.

Hablar de diálogo en estas circunstancias es una afrenta a la esencia misma de la democracia. Un proceso genuino de diálogo debe comenzar con el cese inmediato de la represión y la restitución plena de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses.

Los demócratas auténticos están llamados a defender el diálogo como un principio fundamental de la convivencia civilizada, pero no a cualquier precio. Un diálogo que se desarrolle bajo la sombra de la represión y el abuso no es más que una pantomima, diseñada para legitimar un régimen que ha demostrado su desprecio por la libertad y la dignidad humana.

No se dialoga con la libertad encadenada; se dialoga cuando la justicia y la dignidad vuelven a ser ley.

En este episodio, analizamos cómo la reforma a la Ley No. 641 del Código Penal, impulsada por la dictadura de Daniel Ortega, extiende su represión más allá de las fronteras nicaragüenses. Ahora, no solo encarcelan y expulsan a los disidentes; pretenden juzgar y confiscar los bienes de opositores en el exilio, intensificando la guerra contra los nicaragüenses en la diáspora. Es posible que este anteproyecto de ley esté preparando el terreno para una nueva ola de expulsiones masivas de disidentes nicaragüenses que actualmente son presos políticos. La presencia de numerosos presos políticos es un problema para el régimen, que busca reducir el activismo internacional y acallar la presión de la comunidad internacional. En un posible escenario de excarcelación, el régimen podría usar esta reforma para forzar a los liberados al exilio, despojándolos de su nacionalidad y evitando que se conviertan en voces activas de la resistencia.

En este podcast, analizo cómo Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, ha llevado su paranoia a extremos que lo han aislado tanto de sus antiguos aliados progresistas como de la comunidad internacional. A través de confrontaciones con Gustavo Petro, Lula Da Silva y Gabriel Boric, y su creciente hostilidad hacia cualquier crítica externa, Ortega ha transformado a Nicaragua en un régimen autoritario similar a una "Corea del Norte tropical". Su pérdida de control y el colapso de sus relaciones diplomáticas subrayan la decadencia del régimen que hoy es universalmente condenado por su brutalidad y represión.

En este podcast, exploraremos la decisión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua de alejarse de relaciones diplomáticas con la próspera Corea del Sur, prefiriendo en su lugar establecer relaciones íntimas con la cerrada Corea del Norte. Usando una fotografía desde el espacio que muestra la diferencia en iluminación entre ambas Coreas, analizaremos las implicaciones de esta decisión y cómo refleja la disparidad entre un sistema cerrado y uno abierto.

Este podcast se refiere a la decisión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua de otorgar asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por delitos de blanqueo de capitales. Felix Maradiaga argumenta que esta acción no solo desafía las normas internacionales, sino que también revela una profunda crisis ética y moral en la dictadura sandinista. Maradiaga señala que esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega protege a figuras corruptas, citando ejemplos como la protección ofrecida a Pablo Escobar en los años ochenta. El podcast destaca la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas enérgicas para restablecer el imperio de la ley y el respeto a la justicia en la región