Kuartoscuro

La dinámica del crecimiento urbano tiende a la totalidad, pero lo que desaparece sepultado por este desarrollo implacable es también, y sobre todo, la ciudad. Así, aquello que se extiende con el proceso de urbanización en el capitalismo tardío es lo que algunos han denominado Antípolis: la negación de la ciudad, entendida como forma histórica de habitar el espacio, para dar paso a algo sin forma determinada, que fluye constantemente, destruyendo a su paso aquello de lo que se nutre para crecer. El depósito común de memoria que se iba sedimentando en las ciudades sucumbe ante esta transformación urbana sin precedentes.

Una ponencia de Juanma Agulles (Cul de sac)

La creación de ciudades inteligentes es el servicio de los espacios urbanos a un capitalismo totalitario que ha declarado la guerra al territorio.Una conferencia de Miguel Amoros que nos acerca al urbanismo inteligente, los modelos de Smart City y las lógicas del capitalismo tecnológico, un modelo para gestionar las ciudades y controlar a quienes las habitan.

Jorge del Cura, representante de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) destaca la dificultad extrema de poder demostrar hechos acontecidos en la prisión "porque los muros también sirven de pantalla para poder no poder ver había sido el que sucede dentro" y analiza la situación que se vive en España, y que ha provocado redacción de informes, recomendaciones y condenas por parte de las instituciones europeas y Organizaciones Internacionales. También denuncia a levedad de las penas impuestas al funcionariado cuando son condenados por torturas o malos tratos. Y la existencia de la tortura blanca de componente mas psicológico que físico, que cuenta con prácticas muy extendidas como son el control de las visitas de familiares y vis a vis a familiares, los traslados de centro penitenciario, traslados de módulo o el empleo de regímenes de aislamiento. Resalta la importancia de la existencia de protocolos y formación para las y los abogados para que conozcan el procedimiento de denuncia ante situaciones de malos tratos o de torturas en la prisión

Los mercados proponen e imponen. El estado dispone y se arma contra sus súbditos. Los súbditos claman con nostalgia por una vaga noción de ciudadanía. La regla de oro de la tasa de ganancia y su inseparable reverso –la explotación- engendran una variedad amorfa de monstruos tecnocráticos que, llegado el momento, no dudan en proponer muy racionales soluciones. A día de hoy, la pregunta es si el Leviatán neoliberal seguirá siendo capaz de aplicar soluciones cada vez más severas para asegurar una regla de oro cada vez menos factible. La cuestión es qué nivel máximo de desequilibrio entre crímenes estatal-corporativos –desde arriba- y criminalización selectiva –hacia abajo- puede alcanzarse en un statu quo de paz social, entendido este como el escenario de injusticia sostenible que aún no activa los recursos más extremos del estado de excepción. Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

Las tendencias penales del neoliberalismo español evidencian una aguda esquizofrenia punitiva. La última reforma del Código Penal, que se discute en estos días, busca establecer las condiciones para una contracción del subsistema penitenciario en el contexto general de un refuerzo del sistema penal. Muchas de las reformas recientes están siendo aplicadas en un marco regulatorio administrativo –la expulsión de extranjeros pobres como sustitutivo de la cárcel es un ejemplo. Mientras se proyectan algunas medidas de “austeridad punitiva” –como una extensión de la libertad condicional que incluye más controles fuera de la cárcel y más posibilidades de reingreso-, la misma reforma da una vuelta de tuerca hacia el excepcionalismo mediante medidas como la “prisión permanente revisable”.

Por Daniel Jiménez

La cárcel goza de buena salud como mecanismo de represión de ciertas poblaciones y de dispersión social de miedo para prevenir el delito. Nuestros políticos estiman que el encarcelamiento es una buena respuesta a los desórdenes que llamamos crímenes. Si uno conoce la realidad de la prisión siente dolor a causa de esa institución total y de sus efectos. Nuestras prisiones están llenas de pobres gentes, son un lugar privilegiado de reproducción de la desigualdad social. Resulta inaguantable la sobrerrepresentación en la población penitenciaria de marginados, migrantes del Sur (un lugar en el mundo que se extendió hacia el Este) y desfavorecidos en general. Más ahora que se ha hecho visible la entidad sistémica de la corrupción pública y el grave daño social que producen los delitos de los poderosos. Un sistema que niega sistemáticamente la aplicación de los medios penitenciarios de rehabilitación –permisos, progresión de grado, libertad condicional–, facilita de manera escandalosa la descarcelación de los pocos condenados por delitos económicos, que se benefician de su aparente buena integración social. No es necesario, parece decírsenos, tratamiento alguno, son reintregables de manera inmediata al mercado.

Esta messa redonda descifra y pone en el candelero la realidad penitenciaria de este estado.

Las ponencias corresponden a Tokata, Aratz Estonba Iturriza (ex-preso y abogado) y José Solis (ex-preso participante del motín de Quatre Camins) y está enmarcada en la presentación del proyecto 3,5m2 desarrollado por alumnos del máster de fotografía, para denunciar el sistema carcelario.

En nuestras cárceles hay condenados a penas eternas de prisión. Sin horizonte de reinserción o de recuperar la libertad. Personas que extinguen penas de cárcel por encima de los límites legales de cumplimiento que fija el código (triple de la pena mayor, 20, 25, 30 y 40 años; ¿les parece poco?). Sin contar a los condenados por delitos terroristas, 177 presos cumplen penas superiores a los 30 años y otros 56 castigos que desbordan los 40 años. Se trata de condenas no acumulables, porque los hechos se cometieron con posterioridad a la fecha de las otras sentencias, lo que impide someterlos, en una interpretación literal de la ley y del criterio de la conexidad procesal, a los límites máximos. Alguien tendría que dar respuesta a ese grave problema, una auténtica cadena perpetua encubierta, que cuestiona todos los principios aplicables para el trato de los presos y condenados.

Un ponencia de Julián Ríos

Los golpistas del verano de 1936 aplicaron una represión exterminadora sobre quienes se habían atrevido a pensar que era posible vivir en una sociedad diferente. Una conducta que sus propios jefes denominaron de limpieza social y que ha sido considerada como un holocausto.

Primero se llevó a cabo mediante la «aplicación de bando de guerra». Los enemigos eran secuestrados, encarcelados y, en muchos casos, terminaban asesinados, siempre bajo la decisión última de las autoridades militares. Después, a partir de marzo de 1937, se puso en marcha el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia (PSU). Una forma de consejo de guerra que buscaba mantener el terror.

En Cádiz, en ese año, se instruyeron 456 con casi 1.300 procesados. Los realizaron jueces, abogados y fiscales civiles militarizados y fallaron tribunales de militares golpistas. Eran vecinos de todas las localidades de la provincia. Más de un centenar de ellos fueron condenados a muerte y otro medio millar a diversas penas de prisión.

El fracaso de la asonada del 18 de julio de 1936 transformó una operación de pocos días en un conflicto abierto. Primero bajo la forma de operaciones de columnas. Después, como una guerra convencional. Controlar y eliminar a los enemigos fue un objetivo prioritario para los golpistas. La muerte, la física y la civil, la cárcel, el trabajo esclavo, la depuración profesional y las humillaciones y vejaciones cayeron como rayos sobre hombres y mujeres fueran burgueses liberales comprometidos con el régimen republicano o trabajadores, urbanos y rurales, reformistas o revolucionarios. Los asesinatos se «justificaban» por su resistencia al golpe. En 1937, con la puesta en marcha de la Justicia del Terror, la facultad de Medicina gaditana, las salas de plenos de diferentes ayuntamientos y otros locales en Arcos, Villamartín, San Fernando, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Jerez se convirtieron en escenarios de las representaciones que eran estos consejos de guerra. Más de un tercio de las víctimas eran vecinos de la sierra gaditana

La Justicia del Terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz. De José Luis Gutiérrez Molina.

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La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, vacía de contenido el derecho de reunión y manifestación, con múltiples requisitos y prohibiciones que hacen impracticable este derecho so pena de multas de hasta 600.000 euros.

Lo primero que hay que tener claro es que esta no es una ley aislada, sino que forma parte de una estrategia de este Gobierno, que ha hecho una ley adaptada a cada tipo de movilización que ha surgido en estos años de crisis. Así prohíbe situaciones que pueden identificarse con un escrache, una ocupación de una entidad bancaria o una convocatoria como rodea el Congreso.

En definitiva, criminaliza los movimientos sociales, llevándose al ámbito administrativo las sanciones penales, sorteando así los tribunales de justicia. Lo que busca es disuadir a la gente a que salga a manifestarse y agravar la reincidencia –pues habrá hasta un listado de reincidentes-. Esta Ley cuestiona la democracia misma y el Estado de Derecho.

Pero además de “injusta” la Ley es una “chapuza”, porque está llena de incertezas, vaguedades e imprecisiones.

Una conferencia de David Bondía

Julen Arzuaga hace un recorrido histórico sobre la represión y coerción a los movimientos sociales y políticos desde la transición que se han trasformado en practicas de guerra sucia añadiendo leyes y medidas de excepción a esa disidencia política.

A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.

Una ponencia de Iñaki Rivera Beiras