El Estado pretende transformar los problemas sociales en problemas de orden público, con la finalidad de que la sociedad asuma con miedo el “alarmante aumento de la inseguridad ciudadana”, reclamando más policía en los barrios, criminalizándose, no solo al pobre como delincuente potencial, sino a la pobreza en general, eliminándose la solidaridad, legitimando la represión policial, aumentando el apego al poder y ocultando el problema original (la causa de la pobreza) haciendo emerger un problema nuevo que antes no existía (la inseguridad ciudadana), ofreciendo la solución (siempre represiva), consiguiendo que no se hable del problema de la pobreza, sino de la inseguridad que generan los pobres. Ser pobre es símbolo de sospecha policial, suficiente para ser identificado y un indicio para ser detenido, proponiéndose la cárcel, el auténtico símbolo del desamparo, como solución totémica a todos los problemas.
Nos hablan de inseguridad ciudadana en el país con el índice de criminalidad más baja de la Unión Europea y con la proporción de personas en prisión más alta, con cárceles llenas de personas pobres, pero pobres de solemnidad, mientras las actividades protagonizadas por personas pertenecientes a las clases sociales más favorecidas gozan de impunidad.
Por Endika Zulueta