El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero fueron víctimas de desaparición forzada; otros 6 estudiantes fueron asesinados, así como 3 personas más que no pertenecían en la escuela. Desde entonces, los padres y madres de los desaparecidos exigen justicia. Diferentes investigaciones señalan que tanto la policía federal y estatal, así como el ejército y el crimen organizado están vinculados con las desapariciones; esto produjo que miles de personas salieran a las calles a pedir justicia en todo México: decenas de universidades se fueron a paro y las y los jóvenes tomaron las calles.

Sobre esto hablamos con Rosario Morales, historiadora, mamá, artista e integrante de la red Maternidad Expandida. Ella participó activamente hace 10 años en las movilizaciones por la aparición con vida de los 43 normalistas. La charla buscó ser una manera de compartir experiencias de movilizaciones que se realizaron a lo largo de todo el país.

Rosario narró cómo fue la influencia de esta participación política en Guadalajara, señalando que fue un parteaguas en su vida, al ser el inicio de su politización. Menciona que se dió cuenta de cosas que antes no pensaba, visualizaba el mundo de otra manera al encontrarse con otrxs en las calles y en las escuelas, y vivir la experiencia de marchar junto a miles y leer y discutir junto con sus compañerxs cambió su vida.

Rosario menciona que es lamentable que a 10 años no haya justicia, sin embargo, reconoce que la injusticia ante los normalistas fue como una semilla que generó que miles de jóvenes salieran a las calles y se organizaran, se activaran políticamente, y se produjeran muchos más movimientos, se hiciera música, arte y distintas formas de lucha en todo el país.

La violencia que se desprende de disputas al interior de crimen organizado se constata en el estado de Sonora a través de la medición de delitos como homicidios dolosos y desaparición forzada, pero se observa también en persecuciones, operativos y enfrentamientos a balazos en las calles de ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado, y en zonas estratégicas menos pobladas, como Sáric y Altar. Actos que en no pocas ocasiones han sido protagonizados por menores de edad.

Este es uno de los efectos más lamentables de la situación, expuso para la Boca Nostra el Dr. Antonio de Jesús Barragán Bórquez, investigador del COLSON y del CIAD: el reclutamiento de infantes para ser utilizados en la primera línea, como sicarios. Este problema, insiste el académico, se encuentra falto de respuestas efectivas debido, en parte, al desconocimiento: ¿Cuántos sicarios hay tras las rejas, cuántos en libertad? ¿Cuántos son menores de edad?

La situación se acentúa, cuando, al cierre de la entrevista del pasado sábado, el sociólogo puso sobre la mesa lo que viene después ¿hay condiciones para pensar en la reinserción, en la rehabilitación de esta población?

Hoy conversamos con Diana Coronado, abogada y doctorante en Derechos Humanos, sobre las implicaciones de la reforma al Poder Judicial para la ciudadanía.

Diana nos explicó que la reforma judicial tiene implicaciones porque afecta la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial con la transición de 12 a 9 ministros y el cambio en la forma de elección de estos ministros a través de votaciones populares, lo que plantea incertidumbres sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia. Sin embargo, dijo que lo que realmente hay poner en el foco de la discusión es el cuello de botella del acceso a la justicia en México mediada por los recursos monetarios y los actos de corrupción.

Diana comenta que, antes de emitir cualquier juicio, la población necesita comprender cómo funciona el sistema judicial, pues la falta de información puede llevar a malentendidos, mientras que el análisis objetivo de la situación actual debe pasar por observar la eficacia del sistema en cuanto al número de demandas recibidas y atendidas, el tiempo y el costo para la ciudadanía.

La abogada enfatizó la importancia de la división de poderes y la necesidad de respetar las reglas jurídicas para mantener la soberanía, lo que incluye entender que los jueces y ministros deben tener una formación que les permita argumentar y justificar las decisiones que deben tomar en asuntos de vital importancia para el acceso a la justicia. Al final del día, no dice Diana, lo más importante es crear una cultura jurídica que nos permita entender nuestros derechos, para poder participar en los cambios del sistema judicial de manera informada y abordar los asuntos realmente críticos.

Para ella, la reforma debió abordarse con un mejor proceso respetuoso de los principios de la división de poderes, y no por cuestiones de mayorías no analíticas, pues esto pone en riesgo derechos ciudadanos fundamentales.

La Asamblea general permanente de San Gregorio Atlapulco nace a partir de la resistencia de esta comunidad frente a proyectos hidráulicos que se llevarían a cabo en esta zona de Xochimilco y que nunca fueron puestos a consulta con los y las habitantes de este pueblo, resistencia en la cual fueron victimas de represion a manos de mas de mil granaderos mandados por el gobierno de la CDMX.

En esta ocasión Hortensia Telésforo nos comparte el trabajo comunitario que ha realizado la asamblea a lo largo de 6 años de organizacion, trabajo comunitario , lucha por la reivindicación de sus derechos como pueblo indígena y el acoso, hostigamiento y represion que han sufrido por parte de la alcaldia de Xochimilco y el gobierno de la CDMX.

De la misma manera Hortensia nos narra como fue que la asamblea recuperó un espacio comunitario del que habían sido despojados y el cual era utilizado por la alcaldía para fiestas personales y eventos con tintes partidistas. Razón por la cual la alcaldia de Xochimilco puso una denuncia penal en contra de Hortensia, situacion que llevo a miembros de la asamblea y demás personas solidarias a manifestarse de manera pacifica el pasado 5 de Septiembre frente a la alcaldia de Xochimilco exigiendo un alto a la criminalización y el retiro de la denuncia. Manifestación que fue brutalmente reprimida por un grupo de golpeadores y que desencadeno en múltiples detenciones, y hostigamiento a quienes estuvieron presentes ese día.

El pasado 5 de septiembre, un grupo de aproximadamente 50 personas armadas con palos, navajas y armas de fuego, perpetró una brutal agresión contra personas en su mayoría mujeres de la tercera edad que se manifestaban en solidaridad con Hortensia Telésforo maestra acusada de despojo en un proceso que señalan como plagado de irregularidades. La represión se dio en la explanada de la alcaldía Xochimilco. También fueron atacados periodistas que cubrían el suceso.

El saldo de la violencia fue lamentable: decenas de personas resultaron heridas y 5 personas fueron detenidas. La violencia no se limitó a la explanada de la alcaldía, ya que también se registraron agresiones contra los manifestantes afuera de las agencias 2 y 3 del Ministerio Público en Tlalpan, donde 10 personas más fueron detenidas.

Lucia Vásquez, compañera de Pan y Rosas Sonora, quien estuvo presente en los hechos, nos comparte esta crónica de lo sucedido.

Valle de Chalco Solidaridad es un municipio en el Estado de México, y su Museo Comunitario, fundado en 1996, juega un papel crucial en la preservación de la identidad del joven municipio, que cuenta con 30 años de antigüedad. A pesar de su importancia, el museo enfrenta dificultades debido a la falta de recursos y de un espacio propio. Desde su creación, ha sido reubicado un par de veces y actualmente se encuentra en una casona en condiciones precarias, con el acervo arqueológico alojado en un edificio cercano también en mal estado.

El museo, que fue iniciado por grupos vecinales, ha operado bajo contratos de comodato que han expirado, y recientemente se les ha dado un plazo de 15 días para desalojar debido al retraso en la renovación del contrato. La Comisión local busca apoyo de las autoridades para asegurar una reubicación adecuada del acervo, que incluye 4,200 piezas arqueológicas donadas por la comunidad.

El museo es utilizado principalmente por estudiantes en visitas guiadas y talleres, y destaca por su acervo único de piezas prehispánicas de todas las etapas históricas de la cuenca de México, incluyendo máscaras de ónix y un pie de arcilla excepcional, entre otras miles de piezas. A pesar de los desafíos, la confianza y apoyo de la comunidad, así como la colaboración con museos cercanos, han sido fundamentales. La Comisión sigue abierta al diálogo y espera una pronta respuesta de las autoridades para resolver la situación antes del plazo establecido.

Este sábado charlamos con la concejala indígena Myrna Valencia, sobre la participación de la Alianza Yoreme en la 5ta. Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, celebrada el 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos y Comunidades "Samir Flores Soberanes", en la Ciudad de México. En la Asamblea participaron integrantes de distintos pueblos originarios del país, incluyendo a 10 integrantes de la Alianza Yoreme. Myrna nos recordó que las personas indígenas viven en dos mundos: el mundo de las necesidades, la opresión y la vida común, y el otro es ese mundo posible entre tantos hermanos que viven los mismos dolores y coinciden en el sentir y el sufrimiento, y en lo que están enfocados a lograr en un futuro no muy lejano. Myrna relató un resumen de las divisiones del territorio ancestral Yoreme desde la llegada del hombre blanco, y cómo las coincidencias del despojo y la lucha indígena continúan en todo México, y seguirán hasta alcanzar la justicia. La concejala comentó que las comunidades ya no se piensan luchando de manera aislada ante los desafíos por la defensa del agua, enfrentando a enemigos como la minería y la agricultura de los grandes negocios que amasan fortunas mientras empobrecen a las comunidades. En la asamblea se vio también la coincidencia de la incompetencia del gobierno mexicano y los organismos de control hídrico, que profundizan el despojo y facilitan formas más demoniacas de arrebatarle el agua a los pueblos. "No es sequía, es saqueo", es la frase insignia de la asamblea, pues incluso las lluvias se ven dirigidas por el capricho y la necesidad de los poderosos. Myrna señala que la Asamblea tiene la consigna de solicitar a los pueblos que estén alerta, y nos recordó que su identidad sigue viva y que la única justicia posible es recuperar el territorio ancestral, y no una ley agraria que les siga despojando. Además, mencionó el gusto de coincidir que los hermanos Tohono o'odham/Pápagos, quienes dijeron que necesitan capacitaciones en derecho indígena; con la nación Yoeme/Yaqui con la necesidad de acompañamiento y de estar hermanados, y los Macurawe/Guarijíos y la situación del despojo de la presa Pilares. En conjunto, los cuatro pueblos dijeron que esperan que la próxima asamblea sea en Sonora. Finalmente, Myrna comentó que la Alianza Yoreme sigue creciendo, con más de 10 comunidades que se unieron recientemente.

Tras cinco meses de lucha, represión y criminalización, los pobladores de San Pedro Cholula, Puebla, han logrado clausurar un basurero que recibía desechos de más de 20 municipios, incluso de fuera del estado, como Oaxaca. La negligencia de la empresa ProFaj Hidrolimpieza la cual operaba el basurero había provocado graves afectaciones al medio ambiente y a la salud.

Conversamos con Myriam Vargas, integrante de la radio comunitaria Cholollan Radio, que ha acompañado la lucha de los pueblos cholultecas por la autodeterminación de su territorio. Myriam nos relató cómo enfrentaron amenazas, criminalización y allanamientos durante estos cinco meses de resistencia.

La lucha de los pueblos se centró en la toma de las instalaciones del basurero desde el 21 de marzo, buscando detener el ingreso de los camiones recolectores de basura, lo que provocó enfrentamientos con autoridades, incluso con policías de municipios fuera de su jurisdicción. Además de la lucha en el terreno jurídico, los pobladores optaron por ir a la Ciudad de México y presionar a la PROFEPA para que actuara y clausurara las instalaciones, lo cual ocurrió el pasado 21 de agosto.

Aunque celebra la victoria, Myriam subrayó que aún queda mucho por hacer para resolver la contaminación dejada por el basurero, clausurado por PROFEPA. Los pueblos están plantando árboles alrededor del área afectada como un primer paso hacia la recuperación ambiental, impulsando desde sus territorios la lucha de la vida contra el capital.

El pasado 17 y 18 de agosto se llevó a cabo la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes," ubicada en la Ciudad de México. Este evento ha sido impulsado por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno desde 2022 teniendo como sedes diferentes comunidades indígenas en lucha y resistencia.

El lugar donde se llevó a cabo la asamblea fue, en el pasado, una sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; sin embargo, fue tomado por otomíes residentes en la Ciudad de México como parte de su lucha por una vivienda digna, y ahora funge como un espacio de encuentro y organización para diversas comunidades indígenas.

Entre las declaraciones de la Asamblea, se denuncia que en el territorio mexicano se está imponiendo un reordenamiento territorial que implica la transformación y destrucción total de los territorios, favoreciendo diversos megaproyectos como el llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, entre otros.

Asimismo, denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado 514 mil concesiones, lo que la convierte en responsable directa de la catástrofe que el saqueo ha provocado en las comunidades de todo el territorio mexicano. Señalaron además que la misma CONAGUA, junto con PROFEPA, SEMARNAT y las Comisiones Estatales del Agua, encubren a empresas que vierten desechos en las cuencas, poniendo en peligro la vida de millones de personas.

En el mismo sentido, exigen un alto a la violencia por parte del crimen organizado, paramilitares, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y policías estatales y municipales en contra de la comunidad nahua Santa María de Ostula en Michoacan, Concejo indigena y popular de Guerrero - Emiliano Zapata , y diversas comunidades de las montañas de Chiapas.

A esta asamblea asistieron representantes de pueblos originarios, tribus, naciones, barrios y comunidades indígenas del campo y la ciudad, provenientes de diferentes latitudes del país y del planeta.

“Sierra Madre” es el nombre que se le ha dado al gasoducto que se propone atravesar 6 municipios en Chihuahua y 10 municipios de Sonora, culminando en la futura mega planta de gas natural licuado que se pretende construir en Puerto Libertad, Sonora. El objetivo es transportar el gas obtenido del controversial fracking en el estado de Texas.

Sobre este tema hablamos con Claudia Campero, quien forma parte de la organización Conexiones Climáticas. Claudia nos plantea un escenario preocupante tanto para la salud de las personas como para la fauna terrestre y marina. Nos explicó que el propósito de este gasoducto es transportar el gas obtenido a través del fracking para su distribución en el comercio de los países asiáticos.

Claudia señaló que la planta de licuefacción no solo puede afectar la salud de mujeres embarazadas y de las infancias, sino también que los grandes buques para transportar el gas pueden afectar a la fauna marina. Específicamente, las rutas de los barcos pasarían por las rutas migratorias que las ballenas recorren en el Golfo de California, donde habitan miles de otras especies que también podrían estar en riesgo.

Por último, Claudia nos invita a activarnos políticamente para detener este proyecto, ya que, ante la crisis climática, este tipo de megaproyectos tienden a repartir y socializar los problemas y daños, e individualizar las ventajas y los beneficios.