Días pasados, de esta semana, se ha presentado en el Congreso de los Diputados por parte del Ministro Wert la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial cuyo objetivo, según el Ministro, es dar un instrumento a la Administración General del Estado para que regule dicho Patrimonio más allá de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Es decir, que el posterior Reglamento que desarrollar la ley podría haber anulado, de haberse hecho en su momento, la decisión de Cataluña sobre la supresión de los toros sin que hubiera que recurrir a un Tribunal Constitucional que se lo está pensando demasiado, y que no está en absoluto apurado por un Gobierno que da una de cal por otra de arena (blanca, insípida, inodora) pero arena al fin y al cabo.