¿Cómo hay que tratar a los agresores?
Hay que contribuir a que asuman que tienen un verdadero problema, una sexualidad destructiva no sólo para los demás, sino también para ellos mismos.
Entrenarlos en la aceptación de valores que incluyan la ética aplicada a la sexualidad. Hay que darles a entender que la sexualidad positiva y plena se basa en el placer compartido, la libertad, el respeto, la igualdad entre sexos, etc..
Trabajar su empatía, es decir, su capacidad de ponerse en el lugar de otras personas (las víctimas) y compartir sus sentimientos. Una de las técnicas utilizadas consiste en hacerles escuchar los testimonios de las víctimas para que comprueben la crueldad de estos actos. Aprendizaje del autocontrol. Se les puede enseñar a ser dueños de sus deseos y de su excitación.
Además se debe establecer un servicio coordinado de atención al niño. Es fundamental que las diferentes instituciones relacionadas, de una u otra forma, con el abuso sexual (juzgados, comisarías, hospitales, servicios sociales, escuelas y centros de salud mental) se integren y coordinen. La intervención en el abuso sexual infantil requiere un enfoque globalizador.
La actual confusión y falta de distinción entre las diferentes facetas del problema acarrea con frecuencia intervenciones inadecuadas, contrarias al bienestar del menor, “Así, en un contexto legal, el niño abusado puede ser separado de sus padres debido a que se ha violado una ley y el niño tiene el derecho legal a ser protegido de un abuso posterior.
En términos de salud mental, sin embargo, esta protección legal puede ser un servicio extremadamente malo al niño/a cuando el abuso mismo no ha originado un daño psicológico o evolutivo significativo, mientras que la separación legalmente lícita del niño y la posible ruptura familiar como consecuencia del proceso legal precipita un trauma psicológico secundario y trastorno mental en el niño”.
Como una última solución nos plantean que se haga la denuncia. Algunos psicólogos, afirman que “cuando el abuso es denunciado, y en consecuencia investigado (instruido) y juzgado, el trauma que supone el abuso se prolonga por las consecuencias del propio proceso judicial: lo largo y burocrático que suele ser éste, las traumáticas entrevistas y exploraciones a que se suele ver sometido el menor, la carencia de protección para los niños durante el proceso judicial, que permite en muchos casos, que aun iniciado éste, se produzcan nuevos abusos, y la siempre frustrante incredulidad de la mayoría de los profesionales implicados”.
La denuncia permite que la justicia proteja al niño, aislando al agresor y reduciendo las posibilidades de que el abuso pueda repetirse.
Es un deber social porque la denuncia evita que el agresor pueda abusar de otros menores. El proceso judicial suele forzar a los agresores a seguir un tratamiento terapéutico. Aunque duro y complejo, el proceso judicial y la denuncia puede ayudar al menor a afrontar el abuso si la sentencia culpa al agresor.
De la denuncia por parte de los profesionales puede depender en gran medida que la incidencia del abuso sexual disminuya. “Cuando se pregunta a los agresores qué habría que haber hecho para que no cometieran los abusos responden: que me hubieran parado cuanto antes. La denuncia es una forma de pararles”.
Los profesionales tienen obligaciones legales: deben denunciar los casos que conozcan. Estas y otras soluciones pueden ayudar a prevenir este horrible monstruo que nos ataca y que puede causar graves daños en nuestros niños, niñas y adolescentes.