Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno ante el desconcierto general, ya que se esperaba un hombre más comprometido con la democracia. Sin embargo, se trata de una operación largamente planeada por el Rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda.

El nuevo gobierno, calificado de ‘penenes’ por la prensa, contaba con el apoyo del Rey. El PCE se manifiesta legalmente por primera vez y piden amnistía y el establecimiento de las libertades.

El Gobierno hace pública una declaración programática defendiendo la soberanía popular y el gobierno representativo. Se aprueba la amnistía para los presos políticos. Suárez emprende contactos con los líderes de la oposición, entre ellos Felipe González y Santiago Carrillo.