El estudio de la historia y presente de la política latinoamericana, implica interactuar en reiteradas ocasiones con rupturas del orden constitucional. Entre las formas que adoptan estas rupturas políticas, el golpe de estado en latinoamérica destaca como una de las más habituales. Bien como una herencia del pretorianismo de la vida política desde las independencias del siglo XIX, bien como rasgo corporativo del estado moderno del siglo XX, los golpes con sus variantes han sido expresión de la fragilidad democrática de nuestra región.

Si bien en la actualidad no son el principal mecanismo de cambio político, pocos países están totalmente eximidos de su ocasional ocurrencia. Para el siglo XXI, sus mecanismos y procedimientos han registrado importantes cambios, especialmente en el empleo de la fuerza y el papel de las fuerzas armadas.

En efecto, las imágenes de comandos militares tomando por asalto la casa de gobierno, imponiendo una Junta Militar y decretando la suspensión de las garantías constitucionales parecieran estar en desuso en siglo XXI. Sin embargo, su rol arbitral ha estado presente detrás de otras instancias del Estado. Siendo protagonistas principales tribunales, parlamentos e incluso medios de comunicación, políticamente comprometidos con estas deposiciones forzosas.

Casos como el de Venezuela en 2002, Ecuador 2005, Honduras 2009, Paraguay 2012 Brasil 2016 y más recientemente Bolivia 2019 representan verdaderos desafíos analíticos para un concepto que debe ampliarse. Adaptándose teóricamente a las nuevas formas que presentan estos cambios políticos no electorales.

Para responder este cambiante tema, contamos con el apoyo analítico del politólogo Fabricio Pereira. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). También vicedirector de Wirapuru, Revista Latinoamericana de Estudios de las Ideas de Chile.

Con él analizamos la historia de los golpes de estado, su desarrollo conceptual en el tiempo y especialmente profundizaremos en el caso del juicio político contra la ex-Presidenta Dilma Rouseff. Particular caso, que con el paso de los años y ante las irregularidades documentadas del propio proceso judicial, representaría uno de los más recientes golpes institucionales.