La justicia ordenó para el próximo viernes el desalojo de una residencia en Pocitos donde viven 34 inmigrantes venezolanos y cubanos debido a las deudas de la administradora del negocio con los dueños de la casa.
El integrante del Núcleo de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades y colaborador de la ONG Idas y Vueltas Leonardo Fossatti contó en Puntos de vista que están al tanto de la situación desde principios de año y explicó que los afectados pagaron como debían pero la encargada no efectuó los pagos correspondientes. “Es algo frecuente que el encargado de la administración diga que no recibió el dinero o se vaya y la población queda ahí enfrentando la problemática”, acotó.
Los extranjeros que viven en la pensión reclaman una prórroga de 30 días para poder buscar un nuevo lugar, argumentando que no es su responsabilidad la situación porque estaban al día con sus alquileres.
Fossatti es optimista con que puedan conseguir la prórroga antes del viernes. “Hoy se sentarán con los abogados para conseguir una prórroga. La experiencia dice que lo han conseguido”, acotó.
A su entender, la situación sirve para poner sobre la mesa el tema del acceso de los inmigrantes a la vivienda y remarcó que es un problema que en líneas generales abordan desde la ONG y desde hace cuatro años trabajan en esa línea.
“Lo que sucede es que una vez más asoma la punta del iceberg pero es algo bastante cotidiano que, con más o menos intensidad, va a seguir sucediendo hasta que no se tome una solución a un tema muy complejo”, consideró el integrante de Idas y Vueltas. En ese sentido, subrayó que hay que buscar una mejor regulación de las pensiones para que estos episodios no sigan ocurriendo.