La Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa. Esta reforma avalada por el Congreso e impulsada por el gobierno federal en 2019 para ampliar el catálogo de delitos graves, fue frenada por considerar que atentan a los Derechos Humanos. En este episodio, Mariel Ibarra, editora de Política de Expansión, y los analistas Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor hablan sobre qué pensó AMLO al respecto de esto, qué alcances tiene esta resolución y quiénes son los más afectados con la prisión preventiva en México. Además, ¿afecta de verdad la lucha en contra de la corrupción?

Leemos sus comentarios en las redes de @ExpansiónMx, @Viri_Ríos, @CarlosBravoReg y @MarielIbarraf.