Esta semana la Comisión de Trabajo despachó a la sala el nuevo informe del proyecto que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. La propuesta también establece que las relaciones deberán hacerse siempre desde un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género. Hay que recordar que el proyecto nombrado Ley Karin se presenta a raíz del suicidio de Karin Salgado en el 2019, una TENS que fue víctima de acoso laboral y violencia en su espacio de trabajo. 

Al respecto la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, comentó “Queremos agradecer la votación unánime de la Comisión Trabajo y Previsión Social, que lo que hace es avanzar poniéndonos al día en materia de acoso laboral a nuestra legislación, con el convenio 190 de la OIT sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. La ley y la política hoy día se han puesto al servicio de un derecho fundamental de las personas, que es poder trabajar en un espacio libre de violencia”.

106 empresas del rubro energético están solicitando al Gobierno prohibir la huelga en sus instalaciones, buscando para ello ser calificadas como “servicios esenciales”. La decisión se basa en el artículo 362 del actual Código del Trabajo, el cual, por mandato de la Constitución de 1980, permite que ciertas empresas sean calificadas como servicios esenciales, restringiendo así el ejercicio esencial de la huelga de sus trabajadores.

Frente a esta situación, el Sindicato N°1 de Metrogas S.A., el Sindicato de Trabajadores Electrogas y el Sindicato Regional Interempresas de Trabajadores y Trabajadoras de Enel Generación Chile S.A, presentaron esta semana una carta defendiendo su derecho a huelga, dirigida a los ministros de Trabajo, Economía y Defensa, organismos encargados de realizar la calificación y decidir sobre el derecho a huelga de estos trabajadores y trabajadoras.

Los argumentos entregados en la carta, que cuenta con el apoyo jurídico de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores, apuntan a la inconstitucionalidad del artículo 362 y a su contravención de los tratados internacionales firmados por Chile, además de la existencia de otras instituciones en el Código del Trabajo, como los servicios mínimos, que permiten conjugar el respeto por el derecho huelga junto con la protección de otros intereses de la comunidad.

La ministra del trabajo Jeannette Jara abordó el incremento en los despidos por necesidad de la empresa, esto ya que en el informe de la dirección del trabajo se notificó que entre enero y junio los despidos por este motivo alcanzaron 229.589, el mayor nivel desde el 2020. Pese a que desde la entidad afirman que este reporte no debe ser considerado como cifra de desempleo los despidos van al alza ya que los datos que informó el instituto nacional de estadísticas dieron cuenta que en abril y mayo las personas cesantes subieron 18,3% y 15% anual. 

Al respecto la secretaria de estado contextualizó que hemos vivido un proceso de ajuste en la economía donde se ha ido enfriando a fin de también obtener una menor inflación, por eso jara sostuvo que en estos efectos que se han producido hay un alza en materia de despido por necesidades de la empresa que durante lo que va transcurrido del año ha tenido una lógica descendente. 

Una Constitución Política para las y los Trabajadores de Chile. Ese es el nombre de las dos iniciativas populares de norma (IPN) elaboradas por la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT Chile) y que alcanzaron – e incluso superaron – los 10 mil apoyos que necesitaban para ser discutidas en el Consejo Constitucional.

Y aunque fueron presentadas más de 1.300 iniciativas populares de norma, solo 31 alcanzaron el mínimo de firmas requeridas para ser discutidas y consideradas dentro del borrador de la propuesta constitucional. Entre ellas, por supuesto, las iniciativas de la Central.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, en general y en particular, el proyecto de ley del Gobierno que fortalece los beneficios del Seguro de Cesantía y flexibiliza los requisitos de acceso a este instrumento de la seguridad social. El proyecto fue Originado en el acuerdo que alcanzó el Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el año pasado, en el marco de la negociación por el alza del salario mínimo.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo propone robustecer los beneficios que entrega el Seguro de Cesantía. En primer lugar, se plantea incrementar las tasas de reemplazo de las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Al mismo tiempo, la iniciativa formula incrementar las tasas de reemplazo y los límites mínimos y máximos de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó los aspectos de intermediación laboral contenidos en el proyecto, el que fortalece el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) otorgándole la administración y fiscalización de los programas financiados por el Fondo de Cesantía Solidario.

En el marco de la declaración de zonas afectadas por catástrofe para las regiones desde Valparaíso al Biobío, debido al sistema frontal de los últimos días y sus efectos en distintos ámbitos, incluyendo el productivo, la Dirección del Trabajo (DT) emitió el Ordinario N°872, de fecha 27 de junio, que aborda aspectos relacionados con el deber de protección, por parte de los empleadores, de los derechos de los trabajadores.

En ese contexto, una situación que se repite en este tipo de emergencias es la de aquellos dependientes enfrentados a eventos imprevisibles e irresistibles, como la afectación de sus casas o cortes de caminos producto del sistema frontal, que les impidan cumplir normalmente con sus funciones o impliquen retrasos en el inicio de su jornada laboral.

Si bien cada situación debe analizarse en particular y, sin perjuicio de la facultad de los Tribunales de Justicia, teniendo presente los hechos de connotación pública se podría estar en presencia de situaciones de atrasos o ausencias justificadas en estas circunstancias imponderables, las que consecuencialmente no habilitan a sanciones laborales por parte del empleador.

La empresa The Process Edge Consulting Group lanzó el sitio web www.auditesuscuentas.cl con el objetivo de gestionar la devolución de los dineros cobrados indebidamente por las Isapres a cientos de miles de afiliados desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que declaró inconstitucional el cobro basado en tablas de factores.

A través de esta plataforma, un equipo multidisciplinario de consultores en salud integrado por auditores contadores forenses, ingenieros informáticos y abogados con amplia experiencia y conocimiento técnico en contabilidad y regulación financiera de las Isapres, auditará las cuentas individuales de quienes lo soliciten para calcular el monto exacto adeudado por las aseguradoras de salud y solicitar judicialmente la devolución completa del dinero.

Esta deuda se origina porque las Isapres no rebajaron, según correspondía, los precios de los planes cuando los beneficiarios cumplieron la edad en que su tabla de factores obligaba a tal disminución. Esta situación afecta a centenares de miles de personas que han pasado o están en el sistema Isapre desde 2010 a la fecha y tiene la misma raíz que la deuda, cercana al billón de pesos, que las aseguradoras enfrentan hoy tras un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022.

En Ginebra, Suiza, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, realizó el depósito del instrumento de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual tiene orientaciones que apuntan a erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

El acto fue realizado por una delegación tripartita que se reunió con el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, en la sede del organismo. La comitiva estuvo encabezada por el subsecretario Boccardo; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gerente legal de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Boccardo expresó que con este hito se cumple uno de los objetivos y compromisos del programa de gobierno del Pdte Boric y se avanza en materias para tener espacios libres de violencia, para que hombres y mujeres puedan desempeñarse de igual manera en los lugares de trabajo”.

Desde el 5 al 16 de junio, delegados de trabajadores, empleadores y gobiernos de los 187 Estados miembros de la OIT se reunirán para abordar una amplia gama de temas, problemáticas y desafíos más importantes del mundo del trabajo en la 111ª Centésima decimoprimera Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

Entre otros puntos, se tratarán cuestiones relacionadas a una transición justa hacia economías sostenibles e inclusivas, aprendizajes de calidad, y la protección de los trabajadores.

En la Conferencia se abordarán temáticas con un impacto a largo plazo en el mundo del trabajo, como:

A solo dos días de que se aprobara en su último trámite legislativo, la ley que eleva de forma gradual el salario mínimo a $500 mil ya fue publicada en el Diario Oficial, por lo que se transformó en una realidad.

La Cámara de Diputados dio el visto bueno a la iniciativa el pasado lunes, que incluye además subsidio a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan enfrentar esta subida del salario mínimo, que comenzará a regir a partir de este mismo mes.

La normativa establece el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, a través de la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.